Las virtudes del oro como activo de inversión
¿Cómo preservar el valor de tus inversiones cuando todo parece desmoronarse? El oro resulta un ingrediente indispensable en cualquier cartera de inversión diversificada por su rentabilidad a largo plazo y su liquidez.
El oro es el metal precioso por excelencia. Escaso y muy apreciado, durante miles de años se ha utilizado para preservar la riqueza. Y es algo que no ha cambiado en el siglo XXI, ya que se ha revalorizado en 16 de los últimos 20 años, como indica Statista.
Tres características fundamentales lo convierten en un activo atractivo para cualquier cartera de inversión: la rentabilidad a largo plazo, ya que los datos son positivos si analizamos su revalorización en las últimas décadas; su papel para diversificar y reducir el riesgo global de nuestras inversiones; y su gran liquidez al poder comprarse y venderse con facilidad, incluso cuando las condiciones de otros mercados son difíciles.
Un escudo frente a la inflación
El oro genera una rentabilidad relativamente sólida en todos los ciclos económicos. Como indica el World Gold Council, en los últimos 50 años el precio de este metal ha aumentado casi un 11% anual de media. Se trata de un porcentaje comparable al de la renta variable de Estados Unidos y considerablemente mejor que el de los bonos estadounidenses.
El oro ofrece una buena rentabilidad en tiempos de bonanza, cuando aumenta la demanda de oro en joyería y tecnología. Pero su poder de atracción crece especialmente en tiempos de dificultades al ser considerado como un valor refugio.
El World Gold Council destaca que el oro ha experimentado una revalorización de más del 20 % de media en los periodos con una inflación superior al 5 %. Según datos de este organismo, casi la mitad (47 %) de la demanda de oro en 2021 fue para inversión y más del 7 % fue a parar a las cajas fuertes de los bancos centrales.
La necesidad de diversificar
Una regla de oro, nunca mejor dicho, para cualquier inversor es no poner todos los huevos en la misma cesta. Dicho de otro modo, destinar todos nuestros ahorros a un único tipo de activo es muy arriesgado porque nos expone a los vaivenes de un solo mercado. Por eso se recomienda diversificar la inversión e incluir diversos tipos de activos en las carteras de inversión, de forma que las ganancias de unos activos puedan compensar las pérdidas inesperadas de otros.
De ahí el gran atractivo del oro como complemento de otros activos, especialmente en momentos en que la renta variable y otras inversiones de mayor riesgo están bajo presión. Las carteras que incluyen este metal tienen menos probabilidades de experimentar subidas y bajadas extremas.
Por otra parte, si comparamos la evolución del precio del oro con el dólar estadounidense y otras monedas que se han utilizado como valores refugio, comprobamos que en el siglo XXI las principales divisas se han depreciado más del 90 % frente al oro. Y si ampliamos la mirada, se observa que en los últimos 100 años las principales monedas han perdido el 99 % de su valor en comparación con este metal.
Sin problemas de liquidez
Una tercera ventaja del oro es que se trata de un mercado global y muy líquido. El valor de los lingotes de oro está estrechamente vinculado al precio del mercado mundial de metales no refinados, que se actualiza las 24 horas del día y es accesible a compradores y vendedores en todo momento.
Los inversores pueden comprar y vender oro siempre que lo deseen, incluso en períodos de extrema tensión en los mercados financieros. Y, obviamente, no sucede lo mismo con mercados como el del arte o las antigüedades, por ejemplo.
Teniendo en cuenta todos estos factores, no sorprende que el análisis del World Gold Council haya concluido que añadir entre un 6 % y un 10 % de oro en las carteras medias de los inversores estadounidenses suponga una mejora tangible de sus resultados, con un buen rendimiento a largo plazo.
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Los países emergentes que forman el grupo de los BRICS lideran un cambio de paradigma geopolítico hacia un equilibrio económico global más justo y equitativo, frente al dominio del G7 en un mundo cada vez más multipolar. Si bien todavía queda mucho camino por recorrer, se están formando los pilares de un nuevo orden mundial.
El tira y afloja geopolítico de los últimos años entre Oriente y Occidente ha puesto de manifiesto un cambio de paradigma que es cada día más evidente. Los ciclos económicos y los mercados financieros se centran cada vez menos en el sistema monetario dominado por los Estados Unidos, dando a alternativas que están reequilibrando el mapa del poder económico global.
En este contexto, la hegemonía occidental se ve amenazada por coaliciones de países emergentes cada vez más influyentes que, a través de su cooperación y competencia, modelan el orden económico y político mundial en detrimento de un statu quo del poder que hasta ahora los ha considerado jugadores de segunda división sin voz ni voto.
Por supuesto que la transición hacia un nuevo orden mundial no será sencilla ni se efectuará de la noche al día, sino que se trata de un proceso largo, repleto de variables y de retos que, más que cambiar drásticamente el sistema internacional existente, pretende reformar y complementar un modelo económico y geopolítico caducado y alejado de la realidad.
Xi Jinping, presidente de la República Popular China, definía así la estrategia a seguir: “China, como país en desarrollo y miembro del Sur Global, ha compartido siempre el mismo destino con otros países en desarrollo, ha defendido firmemente sus intereses comunes y ha presionado para aumentar la representación y la voz de los países con mercados emergentes. Tenemos que abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y la confrontación de bloques, oponernos a las sanciones unilaterales e ir más allá que las pequeñas agrupaciones hegemónicas. Por mucha resistencia que haya, los países BRICS, una fuerza positiva y sana, florecerán”.
La voz de los mercados emergentes
La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que aborda cuestiones de seguridad regional, e instituciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), centradas en temas económicos, complementan la cooperación comercial de los BRICS y son piezas de un mismo ecosistema pensado para ofrecer una alternativa a alianzas como la del G7.
Y es que no hay que ser un gurú de la geopolítica por saber que el poder económico decide quién corta el bacalao en el ámbito global. En este sentido, los BRICS+ representan el 45% de la población mundial, contribuyendo al 25% del comercio y el 31.5% del PIB global.
Esta cifra es inferior al 43% del PIB mundial que corresponde al G7, aun así, la diferencia se irá reduciendo a medida que los principales países BRICS, como India, continúen creciendo a un ritmo superior a la media y que la alianza acoja a más miembros en el futuro.
Hay que tener en cuenta que, a pesar de que el bloque occidental acapara más riqueza, los países emergentes tienen más población y concentran la producción de petróleo. Con la incorporación de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes e irán, los BRICS duplican con creces la cuota de sus miembros en la producción mundial de petróleo, hasta lograr el 43%.
Actualmente, muchos de los países miembros de los BRICS registran tasas de crecimiento del PIB real superiores a las de sus homólogos del G7. Además, Según Goldman Sachs, se prevé que logren una tasa media de crecimiento del PIB que oscilará entre el 189% y el 205% para el año 2050, comparado con una tasa media de crecimiento del G7, que se quedará en el 50%.
En definitiva, a pesar de que queda mucho trabajo por hacer, no se puede negar que la voz del Sur Global cada vez suena más fuerte y clara en el tablero de ajedrez geopolítico mundial. Por lo tanto, la reforma de instituciones y mecanismos supuestamente multilaterales, pero que hasta ahora han favorecido el bloque geopolítico occidental, parece inevitable frente a un reparto más equilibrado del poder global.
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Desde hace meses las cifras oficiales de inflación parecen moderarse. Pero la sensación en los supermercados, en los alquileres y en las facturas es otra. La pregunta ya no es si la inflación bajará, sino si volverá alguna vez a ser como antes.
En los últimos años, los discursos institucionales han insistido en transmitir calma, que la inflación era transitoria. O al menos un simple accidente provocado por la pandemia, por los cuellos de botella logísticos o por la energía. Y que, una vez normalizada la situación, los precios volverían a su lugar. Hoy, aquella promesa chirría. Y cada vez más economistas admiten lo que muchos hogares ya saben: quizá hemos entrado en una nueva normalidad de precios altos.
Durante décadas, las economías occidentales vivieron instaladas en una excepcionalidad histórica: precios estables, tipos de interés bajos y dinero abundante. Cualquier repunte inflacionario era visto como una anomalía puntual que los bancos centrales corregirían con rapidez. La palabra clave era “control”.
Esa narrativa se rompió en 2020. La pandemia desorganizó cadenas de suministro globales construidas con criterios de eficiencia extrema. La guerra de Ucrania disparó los precios de la energía y de los alimentos básicos. Y la respuesta de los gobiernos y bancos centrales —expansión monetaria masiva y endeudamiento público sin precedentes— inyectó una enorme cantidad de liquidez en la economía.
Según datos de Eurostat, la inflación en la zona euro alcanzó máximos históricos en 2022. A pesar de la posterior moderación, el nivel general de precios no ha retrocedido; simplemente ha dejado de crecer tan rápidamente. Y esta diferencia es clave: mientras la inflación puede bajar, los precios rara vez lo hacen.
Factores estructurales que empujan los precios
El problema no es solo coyuntural. Hay fuerzas de fondo que apuntan hacia un cambio de régimen económico. La desglobalización es una de ellas. Las empresas están reconfigurando cadenas de producción para reducir dependencias geopolíticas. Producir más cerca es más seguro, pero también más caro. La transición energética, necesaria e inevitable, implica inversiones multimillonarias que se trasladan a los costes finales. El envejecimiento demográfico presiona los sistemas públicos y reduce la población activa. Y las tensiones geopolíticas permanentes introducen una volatilidad que ya no es excepcional, sino estructural.
A todo ello se suma un elemento a menudo olvidado: la deuda. Los Estados arrastran niveles de endeudamiento que hacen muy difícil volver a un mundo de tipos de interés reales bajos sin generar nuevas distorsiones. En este contexto, una inflación moderada, pero persistente, actúa como una herramienta silenciosa de reequilibrio fiscal.
Precios que suben, salarios que no siguen
Aquí es donde la inflación muestra su rostro más incómodo. A pesar de las revisiones salariales de los últimos años, el poder adquisitivo no se recupera. Los datos del INE muestran incrementos salariales que, en muchos casos, solo compensan parcialmente el aumento del coste de la vida.
El resultado es una erosión progresiva de las rentas medias. No es un impuesto aprobado en el Parlamento, pero actúa como si lo fuera. Los ahorros pierden valor. Las nóminas llegan justas. Y la capacidad de planificar a largo plazo se reduce.
La vivienda es el ejemplo más claro. Alquileres disparados, oferta limitada y salarios que no pueden seguir el ritmo. Pero no es el único. Alimentación, seguros, servicios básicos. Lo que antes era excepcional, hoy es rutina.
Una nueva normalidad incómoda
Asumir que los precios no volverán a los niveles del pasado no es pesimismo. Es realismo. La economía que viene será más cara, más volátil y menos previsible. Esperar una vuelta al mundo de dinero barato y precios contenidos puede ser un error estratégico, tanto en el ámbito personal como colectivo.
Eso no significa resignarse. Significa adaptarse. Entender cómo funciona la inflación estructural. Revisar hábitos de consumo. Repensar el ahorro y la protección del patrimonio en un entorno donde el dinero quieto pierde valor año tras año.
También significa exigir transparencia. Las cifras macroeconómicas pueden mejorar, pero si no se traducen en bienestar real, algo falla. La distancia entre estadística y percepción ciudadana no es un problema de comunicación: es un problema de modelo.
Mirar la inflación de frente
La inflación no es solo un indicador económico. Es una experiencia cotidiana. Y, como toda experiencia persistente, acaba moldeando comportamientos, expectativas y decisiones vitales. Ignorarla o maquillarla con discursos tranquilizadores no ayuda a tomar buenas decisiones.
Entender que quizá hemos entrado en una nueva normalidad de precios altos es incómodo, pero necesario. Es el primer paso para dejar de mirar atrás con nostalgia y empezar a pensar estratégicamente cómo proteger el presente y el futuro. Entender la inflación estructural es el primer paso para protegerse de ella.
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Países como Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Chipre atraen un gran número de empresas multinacionales ofreciendo ventajas fiscales que los permiten reducir significativamente sus obligaciones tributarias. Estas prácticas de elusión fiscal transfronteriza drenan recursos de otros países comunitarios y crean tensiones entre los estados miembros.
La elusión y la evasión fiscal son conceptos jurídicos que pueden parecer sinónimos, pero que tienen una naturaleza legal totalmente diferente. La elusión fiscal consiste a usar prácticas legales para evitar pagar determinados impuestos o reducir al máximo una factura tributaria. A pesar de que esta práctica no es ilegal, muchas veces aprovecha vacíos legales para obtener determinadas exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales. Por otro lado, la evasión fiscal también busca evitar o reducir el pago de impuestos, pero en este caso utilizando prácticas ilegales, por lo tanto, es un delito penal.
Un buen ejemplo de elusión fiscal es lo que hacen muchas multinacionales españolas que tienen filiales en países con baja fiscalidad para reducir la carga de su arquitectura tributaria. Según el último informe “país por país” republicado el mes de abril por la Agencia Tributaria, los trabajadores más productivos de las empresas españolas se encuentran en sus filiales situadas en Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos.
La productividad de estas filiales en refugios fiscales de la Unión Europea que tienen las 123 multinacionales más grandes del Estado español osciló entre los 1,2 millones y los 1,9 millones de euros por trabajador, mientras en otros países europeos que no ofrecen las mismas ventajas fiscales este indicador rondó los 450.000 euros por asalariado.
Esto no pasa por casualidad y tampoco significa que los empleados de estas filiales sean mucho más eficientes que sus homólogos en el territorio español. Estas delegaciones no son centros productivos, sino pequeñas oficinas con poco personal, pero que gestionan mucho dinero. Y de aquí salen las cifras de la elevada productividad de estos trabajadores. Con estas prácticas, España pierde más de 4.700 millones de euros en impuestos en el año.
Ventajas de los refugios fiscales
El caso de Ferrovial, que, a pesar de que había recibido ayudas públicas, cambió su sede social desde España a Países Bajos fusionándose con su filial para cotizar menos, revivió el debate sobre los refugios fiscales en la UE.
La multinacional española alegaba que había elegido Países Bajos como sede por el hecho que este país europeo cuenta con una calificación crediticia triple A (AAA) así como con un marco jurídico “estable”, pero no es ningún secreto que un clima fiscal y regulador más favorable fue el principal desencadenante de la operación de traslado.
Si bien es cierto que el impuesto sobre sociedades está alrededor del 25% en los dos países, los primeros 395.000 euros de ingresos solo tributan un 15% en Países Bajos. Además, el tratamiento fiscal de los dividendos es menos agresivo y existe la posibilidad de reconducir parte de sus bases imponibles a las Antillas Holandesas con un tratamiento fiscal más favorable.
Del mismo modo, Irlanda se ha establecido como la meca de las grandes tecnológicas, financieras y farmacéuticas, atrayendo a más de 1000 multinacionales de estos sectores, en parte gracias a su benévola política fiscal corporativa, pero principalmente porque hasta el 2015 permitía crear dos empresas: una en un paraíso fiscal con los derechos de la propiedad intelectual, y la otra en Irlanda que se usaba para vender al resto del mundo mientras pagaba por estos derechos a la primera.
Nos encontramos con un caso similar en Luxemburgo, Malta y Chipre, donde las empresas españolas pueden llegar a tributar menos de un 3% por su negocio exterior. Estas filiales también destacan por ser las que menos empleados tienen de media. En Malta, el segundo país con menor tipo efectivo y donde las empresas se pueden dividir en dos, como en Irlanda, son 13 empleados de media por filial; mientras que en Chipre son solo 9.
Por último, tenemos el caso de Bélgica, país sobre el cual el Tribunal General de la Unión Europea consideró que las exenciones fiscales que había concedido a empresas multinacionales constituían un régimen de ayudas ilícito, obligando al país a recuperar 700 millones de euros en impuestos no pagados por al menos 35 multinacionales y a cambiar su régimen fiscal. Un caso excepcional en un contexto europeo favorable a los refugios fiscales que da pocas señales de cambiar en un futuro próximo.
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Reuters informa que las autoridades financieras y los bancos suizos estudian introducir una nueva normativa para evitar futuras retiradas masivas de depósitos como la que tuvo lugar justo antes del rescate de Credit Suisse a principios de año.
Era el verano del 2022 cuando empezaban a circular los rumores de que Credit Suisse se enfrentaba a una quiebra inminente. El anuncio del Banco Nacional Saudí (SNB), su principal accionista, que no participaría en otra ampliación de capital, fue la gota que hizo derramar el vaso, provocando una crisis de confianza por parte de accionistas, clientes e inversores que decidieron retirar unos 111.000 millones de euros en fondos durante el último trimestre del año.
En marzo del 2023, el Banco Nacional Suizo (BNS) aprobaba una financiación de emergencia de hasta 57.000 millones de euros para reforzar la liquidez de Credit Suisse en medio de la crisis bancaria. El banco central del país helvético, junto con la autoridad supervisora del mercado financiero (FINMA) y el gobierno suizo, querían ganar tiempo para negociar la venta de Credit Suisse a su rival nacional, UBS.
Pocos días después, UBS absorbía a su homólogo bancario en una operación de rescate diseñada para evitar su desaparición. Aun así, la rapidez en el colapso del segundo banco más grande de Suiza, a causa de la oleada de clientes que retiraron sus depósitos, sorprendió los analistas y reguladores bancarios europeos.
“El caso de Credit Suisse ha demostrado claramente que las salidas de depósitos de clientes pueden ser ahora mucho más rápidas y extensas de lo que prevé la normativa vigente”, declaraba el presidente del Banco Nacional Suizo, Thomas Jordan, en un acto celebrado el 1 de noviembre en Berna.
Una revisión general de la normativa bancaria del país
Desde las quiebras Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank y Credit Suisse, los reguladores financieros de todo el mundo han estado estudiando como evitar un nuevo pánico bancario que desemboque en otra fuga de depósitos incontrolable. En este contexto, solo era una cuestión de tiempo hasta que las autoridades suizas se reunieran con las entidades pertinentes para debatir como implementar nuevas medidas reguladoras que reduzcan el riesgo de un “bank run” o retirada masiva de depósitos bancarios.
Del artículo publicado por Reuters se desprende que las conversaciones entre las autoridades suizas y los principales bancos del país (incluyendo UBS) forman parte de una revisión más amplia de las normas bancarias del país, y podrían dirigirse principalmente a los clientes patrimoniales de los bancos suizos. Más que nada por la especialización de estos en la gestión de patrimonios, por lo cual acostumbran a tener una mayor concentración de depósitos que algunos de sus competidores de la banca comercial.
Las negociaciones están en su fase inicial, pero según las fuentes consultadas por la agencia de noticias con sede en el Reino Unido, entre las medidas que se están debatiendo destaca la opción de escalonar una gran parte de las retiradas de depósitos a lo largo de periodos de tiempo más prolongados. Y también se está estudiando la posibilidad de imponer comisiones a según qué retiradas de dinero. Por otro lado, se quiere premiar con un tipo de interés más alto a los clientes que mantengan sus ahorros durante más tiempo.
En todo caso, un representante del Ministerio de Finanzas dijo que la cuestión de las retiradas masivas de depósitos es parte de una evaluación general del marco regulador de los bancos “demasiado grandes para permitir la quiebra” en Suiza, y que el gobierno tiene previsto publicar un informe sobre el resultado de las conversaciones en la primavera del año que viene.
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Los bancos han cerrado el grifo a la concesión de préstamos porque tienen miedo a un repunte de la morosidad. La dificultad para obtener financiación afecta las empresas y particulares, que tienen que hacer frente a una subida de los tipos de interés y a una reducción de la oferta de crédito disponible.
La subida de los tipos de interés ha disparado los beneficios de la banca hasta cifras récord. Los seis principales bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco) han ganado 19.761 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 23,6% (3.747 millones) más que en periodo anterior. Dicho de otra manera, en los primeros nueve meses del año casi han igualado los beneficios obtenidos durante todo el 2022, en el cual sumaron un registro histórico de 20.800 millones en ganancias.
Las cifras de beneficios todavía son más significativas si restamos la actividad en el extranjero de estos bancos, sumando 9.000 millones de euros en ganancias, un incremento del 55% respecto al año pasado. Esto quiere decir que, si añadimos estas ganancias a los datos de las memorias anuales aportadas por Aebanca, la patronal del sector bancario español, la banca española ha acumulado unos beneficios netos por un valor de más de 180.000 millones de euros desde la crisis financiera del 2008 hasta el 2023. Y aquí hay que recordar que el coste asumido por el Estado, inyectando dinero público para rescatar al sector financiero, supera los 120.000 millones de euros.
A pesar de estas ganancias multimillonarias, los banqueros siguen quejándose del impuesto extraordinario a la banca. Según, Onur Genç, consejero delegado del BBVA, “Los bancos españoles no podrán competir en España”, mientras que su homólogo de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, afirmaba el mes pasado que, “Grabar más a la banca es pegarse un tiro en el pie”, después de que el mes de mayo declarara que, “No es lógico que paguemos más de lo que ganamos”. Por parte del Gobierno, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, no entiende las quejas sobre el impuesto al sector después de los últimos beneficios declarados: “Me extraña que sigamos con este debate”.
Menos remuneración por los depósitos y menor acceso al crédito
El sector bancario del Estado español se ha mostrado como uno de los más lentos de toda la Unión Europea a reflejar las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo con una mejor rentabilidad de los ahorros. Esto ha provocado una fuga de depósitos por parte de muchas familias que han decidido diversificar los ahorros sacando su dinero de los bancos en favor otros productos e inversiones que ofrezcan una mayor rentabilidad.
Además, según se desprende de la Encuesta de Préstamos Bancarios, realizada por el Banco de España, la banca española ha endurecido los criterios y las condiciones aplicadas para conceder préstamos, a causa del miedo a la morosidad. Se trata de una tasa de morosidad crediticia que, si bien subió ligeramente durante agosto (3,56% respecto al 3,5% de junio y julio) cerraba el primer semestre del 2023 en su nivel más bajo en 15 años.
En este contexto, el Gobierno del Estado ha reclamado a las entidades financieras que “extremen la diligencia” y aceleren la concesión de ayudas a las familias endeudadas a tipo variable en dificultades, mediante el Código de Buenas Prácticas. Y es que el Banco de España, durante la semana pasada informó que la banca todavía está pendiente de tramitar un 50% de las solicitudes de adhesión al código para hipotecados vulnerables.
El riesgo de enfriar la economía y la confianza en el sector bancario
La restricción del acceso al crédito provoca que las personas con un mayor riesgo, es decir, que tienen más dificultades para pagar sus obligaciones, o que no tienen historial crediticio, no puedan acceder a financiación. Esta dificultad para obtener financiación la sufren tanto las empresas como los hogares. Aun así, según el Banco de España, durante los últimos tres meses se han moderado las restricciones en el segmento de financiación a las empresas, mientras que se han endurecido las condiciones para los créditos a los hogares.
Por otro lado, el encarecimiento del crédito tiende a enfriar la economía en general, puesto que frena el gasto de los consumidores y las inversiones de las empresas. Así mismo, al reducirse la demanda de bienes y servicios, los precios tienden a moderarse. En el sector empresarial, aumenta el coste del capital necesario para expandirse y se reduce la rentabilidad de las inversiones. Además, es posible que una parte de los inversores reduzcan el dinero que tienen en Bolsa y compren deuda por el aumento de la rentabilidad.
Mientras que las grandes empresas tienen la opción de dejar de financiarse a través de los bancos y pueden optar para acudir a los mercados, las pymes y particulares se encuentran prácticamente excluidos de esta fuente de financiación alternativa. Si a esto añadimos la precaria remuneración del ahorro, no es de extrañar que los sectores de la banca y de los servicios financieros, sean de los que menos confianza generan entre los consumidores del Estado español.
Financia las demandas contra los bancos. Haz justicia y consigue rendimientos por tus ahorros por encima de la inflación gracias a las indemnizaciones que tendrán que pagar los bancos. Toda la información sobre Financia Litigios la encontrarás en 11Onze Recomienda.
La demanda de oro crece un 176% el primer trimestre de 2023, según el World Gold Council. En un contexto de temores económicos generalizados, la subida del oro físico indica que es uno de los valores refugio más buscados. ¿Serás el último de proteger tus ahorros?
Tal como anticipó 11Onze hace prácticamente un año y medio, el oro físico se está convirtiendo en una herramienta indispensable para proteger los ahorros a largo plazo. Por eso Preciosos 11Onze ofrece varias herramientas para que la comunidad pueda usar el oro para resistir mejor el periodo de turbulencias económicas que estamos viviendo. Por un lado, hay el Oro Semilla, que permite conseguir ganancias a corto plazo aprovechando la revalorización constante del oro. Y de la otra hay el Oro Patrimonio, donde la idea es comprar oro físico pensando en el largo plazo.
Oro Patrimonio
Es cómo hemos denominado al oro que vendemos desde el primer día en Preciosos 11Onze, para diferenciarlo del Oro Semilla. Son lingotes de oro de varias medidas, con una compra mínima de 3.000 euros. Y el oro te lo enviamos a casa o se puede quedar en custodia en una cámara acorazada.
¿Por qué el oro se puede considerar un patrimonio como lo podría ser una casa? Porque es un bien que tiende a revalorarse y tiene una alta liquidez. En los últimos años, el oro se ha revalorado un 40% y, solo durante 2022, su precio aumentó un 9,5%. Hay que recordar que en el 2022 la inflación media en España fue del 8,4%. Por lo tanto, las personas que tenían sus ahorros en oro ganaron un poco de poder adquisitivo, mientras que las que los tenían en euros lo perdieron.
Pero el Oro Patrimonio se tiene que ver en perspectiva. Por eso está bien recordar que en enero de 2008 la onza tenía un coste de 883 dólares, mientras que hoy en día ronda los 1.960 – 2.000 dólares, un incremento de más del 100% en 15 años. La perspectiva, pero, sigue siendo alcista. ¿Por qué? Pues porque los bancos centrales están haciendo compras récord de oro, probablemente buscando un patrimonio seguro y tangible sobre el cual apoyar las inmensas deudas públicas. Durante el 2022, el World Gold Council apuntó que los bancos centrales habían comprado 4.741 toneladas de oro, unas cifras que no se lograban desde hacía 55 años.
Las turbulencias y los indicativos
Las crisis bancarias encadenadas de los últimos meses han generado dudas a los depositantes. Del Silicon Valley Bank a Credit Suisse, pasando por el First Republic Bank, la historia se repite. Si añadimos que el último mes de noviembre la visión de la FDIC aseguraba que el volumen de deuda no es sostenible, es normal que mucha gente esté buscando opciones seguras para su dinero. Las retiradas de dinero de las cuentas bancarias están siendo muy elevadas en España, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los movimientos indican, tal como también apuntaba la FDIC, que la gente con más dinero e información está protegiendo de alguna manera sus ahorros sacándolos de los bancos, un comportamiento que puede acelerar nuevos colapsos.
¿Y ahora, qué?
Una de las preguntas a responder es que se puede hacer con el dinero una vez no lo tienes en el banco. En panoramas complicados hay que buscar opciones seguras. Pueden ser bonos, propiedades o productos que cuenten con seguros (como los Fondos Garantizados o el Financia Litigios). Pero si un producto destaca por su histórica seguridad este es, siempre, el Oro Patrimonio.
Los principales bancos del país han obtenido un beneficio anual récord de 26.000 millones de euros, casi un 25% más que el año anterior, a pesar del nuevo impuesto extraordinario al negocio bancario. El alza de los tipos de interés y la poca remuneración a las cuentas de sus clientes han sido claves para los resultados históricos.
Los seis bancos más grandes del Estado español —Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Banco Sabadell y Unicaja Banco— publicarán a lo largo de esta semana los resultados de 2023. Según las estimaciones de los analistas, sus beneficios lograrán un nuevo récord de casi 26.000 millones de euros, un 24,38% más que al ejercicio anterior, todo y el impuesto extraordinario, que los ha supuesto un gasto de más de 1.100 millones.
El grupo Bankinter anunciaba el pasado jueves 25 de enero, que había conseguido un beneficio récord en su historia de 845 millones de euros, lo cual supone un 51% más que durante 2022, cuando ganó 560 millones de euros. La entidad prevé que en 2024 registrará un nuevo récord de beneficios.
El BBVA dará a conocer sus resultados mañana martes 30 de enero y, según analistas consultados por la agencia EFE, se prevé que logrará una cifra de beneficios de 7.835 millones de euros, un 22,04% más que el 2022. El presidente del banco, Carlos Torres, espera repartir un dividendo con cargo a 2023 “claramente superior” al del año anterior.
El miércoles 31 de enero, el Santander publicará sus resultados y se espera que anuncie un beneficio histórico de 10.750 millones de euros, un 11,9% más que los 9.605 millones del 2022, superando por primera vez en su historia los 10.000 millones. Estas cifras de beneficios deben principalmente al aumento del margen de intereses y a la diversificación geográfica del banco.
Después será el turno del Sabadell, CaixaBank y Unicaja Banco, que los días 1, 2 y 6 de febrero revelarán sus cuentas respectivamente. El banco, con sede en Alicante, anunciará unas ganancias de 1.310 millones, un 52% más que el 2022, gracias a las subidas de los tipos y a la buena evolución de su filial británica, TSB. Por otro lado, se espera que CaixaBank haya obtenido 4.862 millones en beneficios, un 54% más que el año y superando a las entidades otras entidades bancarias. Por último, también segundos EFECOM, Unicaja Banco anunciará unos beneficios de 314,5 millones, un 21% más que el año pasado.
Altos tipos de interés que no se reflejan en la remuneración de los depósitos
En un contexto económico en que la elevada inflación continuaba erosionando los ahorros, los clientes de la gran banca recibían con cuentagotas la mejora en la remuneración de sus depósitos, a pesar de que el BCE seguía subiendo los tipos de interés.
Según datos publicados por el Banco Central Europeo (BCE), de los 19 países de la zona euro, los bancos de España y Chipre fueron los únicos que empezaron el año reduciendo la remuneración que pagan por los depósitos a sus clientes particulares. Mientras que en el conjunto de la eurozona los bancos subían los tipos de los nuevos depósitos hasta una media de un 1,65%, la banca española pasaba de una remuneración del 0,64% el diciembre del 2022 a un 0,59% el enero del 2023.
Hacia la segunda mitad del año, pero sobre todo en el último trimestre, algunos bancos reaccionaron de manera discreta y con campañas puntuales para mejorar ligeramente la rentabilidad de los depósitos y evitar la fuga de clientes. Aun así, han mantenido los beneficios de las comisiones mientras incrementaban sus ingresos y márgenes gracias a las subidas de tipos de interés que han encarecido las hipotecas y los préstamos.
Por otro lado, frente a estos beneficios récord, los sindicatos CCOO, UGT y FINE están en pie de guerra y ya han anunciado movilizaciones para pedir un incremento salarial, después de que las negociaciones del nuevo convenio para la banca se estancasen el mes pasado. Y es que, una década después del rescate bancario en España, no solo se han desvanecido las esperanzas de recuperar los miles de millones que se inyectaron a los bancos, sino que la banca española ha convertido en la más rentable y más rácana de Europa.
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En plena reconfiguración del comercio mundial y con bloques geopolíticos cada vez más definidos, las economías que no se adapten corren el riesgo de quedar atrapadas en un tablero en el que ya no juegan. La nueva globalización —fragmentada, competitiva y marcada por la inseguridad financiera— obliga a territorios como Cataluña a repensar su papel en el mundo. El contexto es incierto, pero también está lleno de oportunidades: el reto es saber si el país será capaz de transformarlas en fuerza real.
La “nueva globalización” es la ruptura con el mundo hiperconectado y barato que dominó entre los años noventa y la crisis de 2008. Aquel periodo se basaba en una producción deslocalizada, costes ínfimos y cadenas de suministro que recorrían medio planeta sin fricciones. Todo eso se ha acabado. Las crisis sucesivas —financiera, sanitaria, energética y geopolítica— han puesto de manifiesto la fragilidad de un modelo que dependía demasiado de un único centro industrial y de unas rutas comerciales que ya no son seguras ni estables.
Esta nueva fase viene marcada por la formación de bloques geopolíticos —EUA y la UE, por un lado, China-BRICS por el otro— que convierten el comercio en una extensión de la política exterior. La consecuencia es un retorno de la reindustrialización y de las soberanías estratégicas: aranceles selectivos, controles tecnológicos, restricciones a las exportaciones y una carrera global para asegurar materias primas críticas. La globalización continúa, pero ya no es neutral ni homogénea: es más cara, más fragmentada y más condicionada por la seguridad.
Al mismo tiempo, la volatilidad financiera se intensifica. Tanto Economist Impact como Cesce alertan de un aumento del riesgo país global, impulsado por tensiones geopolíticas, endeudamientos elevados y una mayor incertidumbre regulatoria. Por eso, la nueva globalización no es solo un cambio comercial: es un nuevo orden económico en el que las reglas son más estrictas y en el que la capacidad de adaptación determinará quién prospera y quién se queda atrás.
Cataluña en medio del seísmo global
La nueva globalización sitúa a Cataluña en una posición delicada: a la vez privilegiada y frágil. Es una de las economías más abiertas de Europa: las exportaciones de bienes ya representan cerca del 36% del PIB y rozan los 100.000 millones de euros anuales. Esto implica que cada sacudida mundial se traslada inmediatamente aquí, pero también que cualquier reconfiguración de cadenas de valor —nearshoring, relocalización, diversificación de proveedores— puede jugar a favor del país si sabe ofrecerse como un hub productivo fiable.
El tejido productivo catalán, sin embargo, está expuesto a los sectores donde la sacudida global es más intensa: la química (30% de las exportaciones), la automoción, el agroalimentario o la maquinaria industrial. Son actividades dependientes de energía competitiva, tecnología avanzada y regulaciones exigentes. El sector TIC y de alta tecnología crece, pero lo hace en un campo de batalla marcado por guerras de chips, controles de exportación y una competencia global extrema.
El ciclo reciente de exportaciones muestra este seísmo: 2023 fue un año de récord, pero en 2024 el motor exterior se ha debilitado por la debilidad de la demanda europea y el retroceso de la automoción y de los bienes de equipo. Cataluña sigue exportando mucho, pero en un entorno mucho más incierto y con menos viento de cola.
En paralelo, Cataluña dispone de una base innovadora notable, especialmente en sectores de alta y media-alta tecnología, pero le falta “tamaño” e infraestructuras para competir al máximo nivel. El déficit histórico en logística —corredor mediterráneo, puerto, red ferroviaria, aeropuerto— penaliza su competitividad. En definitiva: el país tiene talento y potencial, pero arrastra cuellos de botella que lo hacen más vulnerable de lo que querría.
Riesgos, oportunidades y obstáculos
La nueva globalización endurece el entorno con aranceles y proteccionismo que afectan a sectores exportadores, mientras que las tensiones en tecnología, materias primas y energía complican el suministro. Los tipos de interés elevados encarecen la financiación y la volatilidad de las divisas añade incertidumbre. A esto se suma un riesgo estructural: la concentración de ventas en pocos mercados —Francia, Alemania e Italia— hace a Cataluña especialmente dependiente de la salud económica europea.
Pero el mismo escenario abre oportunidades que el país no puede desaprovechar. El nearshoring sitúa a Europa en una carrera por producir más cerca, y Cataluña puede posicionarse como nodo industrial y tecnológico. La reindustrialización verde (baterías, hidrógeno, circularidad) y la digitalización encajan con las capacidades del territorio, que cuenta con un ecosistema tecnológico vibrante y talento cualificado. Además, la voluntad global de reducir dependencias de Asia puede traducirse en nueva inversión extranjera si Cataluña ofrece seguridad, agilidad y claridad estratégica.
Los obstáculos internos, sin embargo, siguen pesando con unas infraestructuras insuficientes, un sistema de financiación que limita la política industrial, una presión fiscal menos competitiva y una fragmentación administrativa que encarece y retrasa proyectos estratégicos. Superarlo exige una estrategia clara: diversificar mercados, apostar por sectores de valor añadido, reforzar la industria y las pymes exportadoras, impulsar soberanías energética, logística, financiera y tecnológica, y mejorar la inteligencia económica para anticipar riesgos.
Mirando hacia delante
El mundo no volverá al modelo pre-Covid. Las empresas catalanas son resilientes y competitivas, pero la globalización que viene exige anticipación, visión estratégica y capacidad de decisión. Si Cataluña quiere ser protagonista de este nuevo tablero global, no basta con navegar el riesgo: debe aprender a convertirlo en ventaja. Solo así podrá jugar —y ganar— en la economía del siglo XXI.
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Bruselas quiere asegurar la soberanía de la Unión Europea mejorando la autonomía, competitividad y resiliencia de su sector industrial, para reducir su dependencia en otros actores globales.
El sector industrial de la Unión Europea todavía representa más del 20% de su economía, genera unos 35 millones de puestos de trabajo y equivale al 80% de las exportaciones de bienes, aun así, está en peligro de quedarse a la cola del de las dos grandes potencias del mundo, China y los Estados Unidos, que están promoviendo procesos de reindustrialización masivos.
El desfalco de las cadenas de valor de abastecimiento de materias primas y semiconductores causado por la pandemia y las sanciones a Rusia pusieron de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre como impulsar políticas de reindustrialización que garanticen la autonomía estratégica de los 27 Estados miembros.
Era evidente que se tenía que reforzar la base estructural en sectores clave, como la alta tecnología de doble uso, el suministro energético, las materias primas, las tierras raras y la industria de defensa, mientras se favorecía la transición energética hacia un nuevo modelo económico menos dependiente de los hidrocarburos.
Financiar la soberanía tecnológica y la transición energética
En este contexto, se lanzaron los fondos Next Generation de la UE, un programa acordado como respuesta económica a la pandemia de la Covid-19 y dotado con 800.000 millones de euros que se tenían que destinar a financiar las transiciones digital y ecológica.
Ahora bien, una gran parte de esta financiación se ha visto obstaculizada por la burocracia. Hasta diciembre del 2023 solo se habían desembolsado alrededor del 30% de las subvenciones y préstamos disponibles, según datos de la UE. Esta pésima gestión de las ayudas del programa, aleja la posibilidad de una transformación del modelo económico que se pretendía cambiar.
El mismo mes de diciembre que los ministros de la UE se ponían de acuerdo en aumentar la producción de tecnologías verdes por medio del Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Limpias. El objetivo es cubrir el 40% de las necesidades de la UE en productos de tecnologías estratégicas, como los paneles solares fotovoltaicos o las turbinas eólicas, para poder competir con China.
Así mismo, se ponía en marcha la iniciativa de “Chips for Europe” con el objetivo de impulsar la soberanía tecnológica del continente, garantizando que Europa cumpla su objetivo de la década digital de duplicar su cuota de mercado mundial en semiconductores hasta el 20%. Un proyecto que se ha visto reforzado con iniciativas estatales como los PERTE del Estado español o las subvenciones de más de 22.000 millones de euros por parte de Alemania a los fabricantes de semiconductores para que establezcan plantas de producción en su territorio.
La soberanía implica actuar como una entidad soberana
Un punto que las instituciones europeas no pueden obviar, es que garantizar la soberanía industrial no solo tiene que basarse en el uso de subvenciones, sino en un cambio de mentalidad en el ámbito geopolítico. Europa tiene que imponer su propia política exterior en vez de actuar como una entidad supeditada a los intereses económicos de los Estados Unidos.
Las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a Rusia, Irán y China en las últimas décadas, pero especialmente en Rusia a raíz de la guerra en Ucrania, ponen en cuestión el ‘cui bono’ que hay detrás los intereses económicos de los actores involucrados en estos conflictos. Estas sanciones económicas han beneficiado enormemente a los Estados Unidos y han tenido consecuencias devastadoras para las economías de los países miembros de la Unión Europea.
Las crecientes tensiones entre los Estados Unidos y China son el preludio de una repetición del tira y afloja geopolítico que se ha visto con Rusia, que ha desembocado en un conflicto bélico en Europa y que ha perjudicado enormemente al sector industrial europeo. El bloque económico de la Unión Europea tiene el suficiente poder y capacidad de negociación para velar por los intereses de su sector industrial frente a los grandes actores globales, pero esto implica afrontar un hecho que es ineludible, la Unión Europea actuará como una entidad soberana o no será.
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