Diez claves para lograr el equilibrio climático

¿Es posible detener el calentamiento global? Durante casi una década la organización Project Drawdown ha insistido en que no se trata de una utopía si se toman las medidas adecuadas para detener la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron en la década pasada máximos históricos, por lo que el ritmo del calentamiento global se ha intensificado. La temperatura está aumentando a un ritmo de casi 0,2 °C por década. Y lo peor es que podría subir 1,5 °C más entre 2030 y 2052, según un informe de la ONU.

En este contexto, la publicación en 2017 del libro ‘Drawdown’ generó un enorme eco mediático. Con cerca de un centenar de propuestas, se trataba del plan más completo hasta aquel momento para revertir el calentamiento global. El título hacía referencia a ese deseado momento futuro en el que los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera dejen de aumentar e inicien un descenso paulatino que evite consecuencias catastróficas. 

El equipo editorial del libro siguió avanzando en sus propuestas para alcanzar ese “punto crucial para la vida en la Tierra; un punto que debemos alcanzar de forma tan rápida, segura y equitativa como sea posible”, según detallan en su web. En 2020 publicaron “El informe Drawdown”, que actualiza sus propuestas y plantea una serie de reflexiones fundamentales sobre el equilibrio climático.

 

Un informe de referencia

Sus soluciones hacen especial hincapié en los ámbitos energético, industrial, alimentario, del transporte y de la construcción, al sumar el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las propuestas, que pretenden servir de punto de partida para legisladores, instituciones e individuos, se basan en diez ideas clave que deberían guiar los esfuerzos de la humanidad para evitar el desastre medioambiental. 

  1. Es posible alcancar el punto “drawdown” a mitad de siglo. Sí, a pesar de las dificultades, es posible detener el incremento de las emisiones, pero para ello es necesario maximizar las soluciones climáticas disponibles en la actualidad. Como advierte el informe, “disponible es mejor que nuevo, y la sociedad está preparada para empezar dicha transformación a día de hoy”. 
  2. Se precisa un sistema completo de soluciones. No existe un remedio único y milagroso para un problema tan complejo como la crisis climática. Muchas de las soluciones pueden combinarse y hacer que se retroalimenten para obtener el mayor impacto posible. Por ejemplo, los edificios eficientes hacen que la generación de electricidad renovable sea más viable. 
  3. Las soluciones raramente tienen solo un impacto climático. Muchas de ellas pueden generar empleo, mejorar la resiliencia ante impactos climáticos como tormentas y sequías, y proporcionar otros beneficios medioambientales como la preservación de recursos hídricos. 
  4. El ahorro que suponen las soluciones climáticas supera de forma significativa a los costes. Los argumentos acerca de la falta de viabilidad económica de la acción climática son falsos. El informe calcula que los ahorros operativos netos multiplican por entre cuatro y cinco los costes de implementación netos. Y si tenemos en cuenta el valor financiero de los beneficios asociados, como el ahorro en servicios sanitarios gracias a la reducción de la polución, y los daños climáticos evitados, como la reducción de las pérdidas en agricultura, el argumento económico es todavía más sólido.
  5. Es fundamental impulsar las soluciones que reducen o sustituyen el uso de combustibles fósiles. El uso de combustibles fósiles para electricidad, transporte y calefacción genera dos tercios de las emisiones de gases que atrapan calor en el mundo. De ahí la importancia de este apartado. Aproximadamente el 30% de las soluciones propuestas en el informe plantean una reducción de su utilización a través de una mayor eficiencia y casi otro 30% plantea alternativas. Estas medidas, que abarcan desde el impulso de las energías solar y eólica a la readaptación de edificios, pueden proporcionar casi dos tercios de las reducciones de emisiones necesarias para llegar al punto “drawdown”. 
  6. Hay que favorecer los sumideros de carbono de la naturaleza. Si queremos evitar que se desborde el agua de una bañera, podemos cerrar el grifo, pero también quitar el tapón para que el líquido se vaya por el sumidero. Algo similar sucede con el carbono en la naturaleza. Las actividades humanas pueden favorecer los sumideros de carbono naturales, y muchas soluciones climáticas basadas en ecosistemas o relacionados con la agricultura tienen el doble beneficio de reducir emisiones y absorber el carbono. 
  7. No se presta la suficiente atención a algunas de las soluciones climáticas de mayor impacto. El informe advierte que, más allá de las turbinas eólicas terrestres y las plantas fotovoltaicas a escala industrial, es imprescindible avanzar en aspectos como la reducción de los desperdicios alimentarios o mejorar los procesos de desecho de refrigerantes químicos, que son potentes gases de efecto invernadero. 
  8. Se precisan aceleradores para impulsar soluciones a la escala, velocidad y alcance necesarios. Algunos aceleradores, como el cambio de políticas y el desplazamiento de capitales, están más cercanos y tienen impactos más directos. Otros, como los cambios culturales y la generación de poder político, están más alejados y son más indirectos en sus efectos. 
  9. Los cambios se deben dar a todos los niveles, desde el individual hasta el global. La crisis climática requiere cambios sistémicos y estructurales en nuestra sociedad. Son necesarias intervenciones a escala individual, de comunidad, organizativa, regionales, nacional y global para maximizar los beneficios y lograr la transformación. 
  10. Serán necesarios mucho compromiso, colaboración e ingenio para revertir la actual situación. El informe advierte que “la senda en la que nos encontramos es mucho más que arriesgada, y es fácil sentirse paralizado por ese peligro”. Sin embargo, también recalca que el cambio es posible: “juntos podemos construir un puente desde donde estamos ahora hacia el mundo que queremos” para las generaciones venideras.

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¿Cómo afecta la gestión ganadera al medio ambiente? Dos asociaciones ganaderas del Segrià (Lleida) han convertido el problema de los purines en una solución. Han creado una planta de compostaje pionera en el Estado. Hemos hablado de ello en un nuevo episodio de Personas, con Miquel Serra, uno de los impulsores del proyecto.

 

Con no más de 10.000 habitantes, Alcarràs es el municipio de Europa con más densidad de granjas por kilómetro cuadrado. En total, reúne 45.000 cabezas de novillo, 35.000 madres de porcino y unas 250.000 plazas de engorde. Por eso, para los vecinos, la gestión del nitrógeno que provocan los purines era importantísima para cumplir con los estándares europeos. Así es como nació el proyecto de la planta de compostaje, impulsada por las dos grandes entidades ganaderas del municipio, para convertir los purines en abono.

Y lo hicieron de manera colectiva, tal como recuerda Serra. El proyecto les ha costado 1,5 millones de euros. “El estiércol de vacuno es de mejor gestión. Y en las granjas de porcino, donde tenemos separadores de estiércol sólido y líquido, nos interesaba poder gestionar el estiércol sólido. La planta de compostaje nos tenía que permitir hacer una gestión separada entre ambos estiércoles, porque el producto de vacuno está catalogado como producción ecológica; y el de porcino, no, a pesar de que sí que se puede usar para agricultura convencional”, detalla Serra, que es miembro de la entidad impulsora en Alcarràs Bioproductors.

Un caso excepcional

¿Y por qué no hay más plantas de compostaje como la de Alcarràs en todo el territorio? “Hasta ahora, todas las plantas de compostaje las ha montado gente que quería hacer negocio. Y una manera era hacer gestión otros subproductos que son de difícil tratamiento y por la cual las empresas pagaban a las plantas de compostaje. Esto es lo que las hacía viables”, explica Serra.

Por otra parte, en Alcarràs querían una planta de compostaje de estiércol y purines, sin buscar primero la rentabilidad, sino el beneficio medioambiental y la continuidad de sus granjas, y esto la convierte en un caso único en el Estado. “Hay que pensar que nuestro negocio es el de producir carne”, argumenta el impulsor, que explica que, no obstante, ya hay tres multinacionales que se han interesado para comprar el compostaje que producirán. “Al final estamos convencidos de que lo conseguiremos hacer viable”, reconoce.

Sobre la financiación, todavía no se han planteado la ayuda de los fondos europeos, porque la iniciativa nació antes, pero Serra explica que se sienten muy acompañados por el Departament d’Agricultura y la Diputació de Lleida. “A través del proyecto BioHub Km 0, pensado para reactivar la economía de la zona, hemos podido gestionar una pequeña subvención que nos permite ser más ambiciosos”, explica Serra. De hecho, la planta de compostaje es solo el primer paso para un proyecto más grande de economía circular y sostenible. Se trata de generar una alternativa que permita conservar y valorar el talento del territorio. Convertir purines en abono puede ser la solución sostenible definitiva, pero siguen investigando más usos. Por ejemplo, del estiércol se puede extraer celulosa que se podría utilizar para hacer tejidos. Quizás el futuro de la moda sostenible será llevar ropa hecha con tejidos de purines.

 

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Las reivindicaciones de los campesinos y agricultores, que se enmarcan en un malestar a nivel europeo, ponen al país ante un reto colosal. El de decidir si Cataluña debe ser soberana alimentariamente o debe renegar de su propia tierra. En 11Onze lo tenemos claro: con la comida no se juega.

 

Que el sector primario es esencial lo sabe todo el mundo, pero parece que a veces se nos olvida. Por eso los agricultores catalanes, al igual que los europeos, están en pie de guerra. Las demandas son simples y podrían resumirse en una: tener algo de respeto por un sector que pone el plato en la mesa para la Cataluña de los 8 millones.

El exceso de burocracia, la asfixia económica y la presión regulatoria son los caballos de batalla de unos campesinos que ven que las malas condiciones de su sector desincentivan el posible relevo generacional. Actualmente, el campesino es un romántico con tractor. Gente que ama la tierra y la trabaja aunque no se gana la vida. Las quejas de tener que vender por debajo del coste de producción son endémicas, y desde hace tiempo se añaden la desprotección de los agricultores frente a los intermediarios, las grandes cadenas y la importación de productos de otros países, que muy a menudo no cumplen la exigentísima normativa que se pide a los agricultores y ganaderos europeos.

 

El gris europeo

La soberanía alimentaria catalana está en cuestión, en parte, por la lacra regulatoria europea. La UE, gobernada desde la gris Bruselas, empuja su enrevesada normativa hacia abajo. El laberinto burocrático se lanza hacia el escalón inmediatamente inferior de la cadena y va bajando por las administraciones hasta que cae de bruces ante unos campesinos incapaces de gestionar la absurda retahíla de dimes y diretes. Se pide a las personas más sabias del mundo, las que saben crear comida, que además sean oficinistas y recopilen datos y llenen formularios sin fin para que suban de nuevo la cadena y satisfagan la sed de papeleo de un burócrata de Bruselas.

En diciembre de 2022, el agricultor y diputado de Junts, Salvador Vergés, leía en el Parlament una lista de las gestiones que se exigen a los campesinos. La retahíla se ha vuelto a hacer viral estos días a raíz de las protestas y, si no fuera que trata un tema tan serio, haría reír.

La sequía y las prioridades

A todos los problemas habituales del campesinado, este año además se añade el de la sequía que vive todo el país. Los agricultores, por decisión del gobierno catalán, fueron de los primeros en recibir las estocadas de los recortes en el consumo de agua. Mientras debían asistir, asombrados, a una campaña turística de verano sin limitaciones. Y deben continuar bien sorprendidos, aún, viendo el verdor de los campos de golf, observando las ingentes fugas de agua declaradas por la ACA y dándose cuenta de que las empresas envasadoras de agua siguen extrayendo agua de los ríos. Los supermercados siguen llenos de botellas de plástico llenas de agua, aunque producir botellas de plástico contamina y obliga a un consumo extra de agua. Todo para comercializar un bien esencial que a otros les es negado. ¿Es normal, pues, que los campesinos se pregunten hasta cuándo va a durar la broma?

Soberanía desoladora

Todo ello deja un panorama desalentador: el de un país incapaz de establecer y gestionar sus prioridades básicas. Si no somos capaces de garantizar la producción alimentaria y el agua, ¿qué aspiramos a ser? Por este motivo, los agricultores redoblan su presión, aunque ya los recibiera el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El presidente a menudo cuelga en sus redes vídeos donde se le ve haciendo recetas de cocina. Es una forma distendida de mostrarse delante del público, pero ¿de dónde salen los huevos que el Muy Honorable utiliza para hacer el bizcocho? ¿De dónde vienen la harina, la mantequilla, la leche, la carne, las manzanas o las alcachofas? La respuesta de un político urbanita sería simple: del supermercado.

En una época en que parece que Europa haya dado la espalda al sector primario para obsesionarse con la economía de guerra, mirando a Rusia, desde 11Onze queremos ponernos al lado del campesinado recordando, una vez más, el riesgo de crisis alimentaria al que nos enfrentamos.

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Llueva, nieve o haga sol, el suministro del agua que consumen más del 80% de los catalanes sigue en manos de empresas total o parcialmente privadas. A pesar de los esfuerzos por recuperar la gestión pública de este servicio, las multinacionales del sector se resisten a perder un negocio millonario.

 

A través de la empresa pública ONAIGUA, el consejo comarcal de Osona asumió en abril del año pasado la gestión del suministro de agua en esa comarca, con lo que da servicio a 11.400 puntos de consumo y llega a más de 25.000 habitantes. Se convirtió en el primer consejo comarcal en tomar una medida de este calado.

Podríamos decir que se trata de una anomalía del mercado, ya que el suministro del agua en Cataluña está mayoritariamente en manos privadas. Un reducido número de empresas privadas administran y se lucran de este bien preciado en nuestro país gracias a concesiones muchas veces cuestionadas. Y eso que en el mundo la gestión pública surte al 90% de la población y Naciones Unidas reconoce el agua como un derecho humano.

Según los datos de la plataforma Agua es vida, más del 80% de los catalanes obtienen el agua a través de un servicio total o parcialmente privatizado, mientras que los que la reciben por medio de una empresa pública no representan ni el 20% de la población. Este desequilibrio se explica por el dominio del modelo privado en los municipios con un mayor volumen de población, que son los más rentables.

 

Presión para municipalizar un servicio básico

Ante esta realidad, existe una creciente presión para recuperar la gestión pública de este servicio. La Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP) ya cuenta con 68 miembros y representa al 47% de la población de Cataluña. Recientemente, publicaba un informe con propuestas de reformas legislativas para cambiar esta situación.

Seis municipios, la Asociación de Micropueblos de Cataluña y una nueva empresa pública, se sumaron a esta entidad en 2022. De los nuevos municipios, solo Mieres (La Garrotxa), Collbató (Baix Llobregat) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà) gestionan directamente el agua. Castelló d’Empúries está en proceso de remunicipalizar el servicio, mientras que Manlleu y Sitges todavía están atadas a concesiones por más de una década con Sorea y Agbar. En cuanto a la Asociación de Micropueblos de Cataluña, hay que tener en cuenta que el 70% de los municipios de menos de mil habitantes ya gestionan directamente el suministro de agua.

 

Casi un monopolio

Aunque las empresas privadas que gestionan el agua en Cataluña se presentan con distintos nombres según el municipio, la mayoría pertenecen al grupo Agbar, que está valorado en unos 3.000 millones de euros.

Este grupo controla totalmente la empresa Sorea y posee casi el 80% de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), el 68% de Aigües de Rigat (Igualada) y el 49% de la Empresa Municipal Aigües de Tarragona (Ematsa). Además, tiene alrededor del 35% de Mina Pública de Terrassa y el 31% de Girona SA.

Sus beneficios no solo provienen de la venta de agua, que el año pasado pretendía encarecer un 7,4% en Barcelona. También a través de la subcontratación de servicios a sus filiales. Esto permite que en la Ciudad Condal, por ejemplo, el coste de los contadores de agua para el usuario final acabe más que triplicando el coste original. Hablamos de unos 17 millones de euros de beneficio adicional al año.

 

Estrategia de judicialización

Ante un negocio de este tamaño no resulta extraño que Agbar lleve a los tribunales cualquier iniciativa encaminada a recuperar la gestión pública del suministro de agua, como detalla el portal ctxt. Solo en Barcelona, esta multinacional y sus entidades afines han presentado una cuarentena de acciones judiciales.

Su estrategia de empantanar judicialmente estos procesos para dilatarlos o diluirlos le ha llevado incluso a poner un contencioso contra un simple convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana para el intercambio de información entre instituciones.

Uno de los casos más sonados tiene que ver con la consulta que el Ayuntamiento de Barcelona quería impulsar para conocer la opinión de la ciudadanía sobre una eventual gestión pública del agua. Diversas entidades, entre las que se encontraba Agbar, interpusieron recursos. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió el reglamento de participación ciudadana en la parte relativa a las consultas e impidió que la iniciativa saliera adelante.

El caso que afecta a un mayor número de municipios es el que Agbar impulsó contra varios consistorios del Área Metropolitana de Barcelona. Inicialmente, una sentencia del TSJC en 2016 anuló la concesión a Aigües de Barcelona del suministro de agua en varios municipios del cinturón metropolitano, con la que la empresa se aseguraba el servicio a casi tres millones de habitantes durante 35 años y unos ingresos de 3.500 millones de euros. El tribunal veía “motivos de anulación por vicios en el proceso de contratación” cuando se constituyó la empresa mixta en la que participaba Agbar. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esta sentencia en 2019 al considerar que el procedimiento empleado por la Administración para adjudicar el servicio sin concurso público estaba avalado por la Ley de contratos del sector público.

 

Prácticas turbias

Como denunciaba Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, las turbias prácticas de Agbar para conseguir concesiones la han llevado a estar imputada en tres macrocausas judiciales (Pokémon, Púnica y Petrum), además de ser expulsada en 2017 de la gestión del agua en Girona tras demostrarse su vinculación con la trama del 3%. 

Los informes de esta última causa constataban que, durante más de dos décadas, los gerundenses pagaron más de 1 millón de euros de sobrecoste por el servicio de agua. Además, la Agencia Tributaria advertía que los directivos de la empresa habían cargado gastos personales a la sociedad y concluyó que Girona SA había cobrado centenares de miles de euros por servicios no prestados. 

Como explicamos en el artículo “Los servicios públicos, cada vez más privatizados”, la privatización de servicios esenciales avanza de forma implacable en Europa desde los años ochenta. Y eso está teniendo un precio incuestionable para el conjunto de la ciudadanía. El agente de 11Onze Jordi Coll apunta que este proceso ha supuesto someter la prestación de estos servicios “a la lógica de criterios de mercado y, por lo tanto, de los beneficios privados”.

 

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Los acontecimientos meteorológicos extremos suponen el riesgo más grande para la humanidad durante la próxima década, según constata el último Informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial. Aun así, la desinformación y la incertidumbre económica representan las principales preocupaciones a corto plazo.

 

El informe anual sobre Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial analiza los principales retos a que se enfrenta el mundo a dos y diez años vista. Así mismo, examina posibles cooperaciones y diferentes enfoques para hacer frente a estos riesgos mundiales.

En la elaboración del informe de 2024 se han encuestado 1.490 expertos del mundo académico, la empresa, la administración, la comunidad internacional y la sociedad civil. Como complemento a estos datos, se ha añadido la Encuesta de Opinión Ejecutiva (EOS) hecha a 11.000 líderes empresariales en 113 economías, para identificar los riesgos que suponen la amenaza más grave para cada país.

Se analizan un total de 34 riesgos globales, entre los cuales se encuentran factores de carácter tecnológico y económico, así como riesgos sociales y geopolíticos. Como riesgo global se entiende la posibilidad que se produzca un acontecimiento o condición que afectaría negativamente una proporción significativa del PIB mundial, la población o los recursos naturales.

 

Los principales riesgos globales están vinculados al cambio climático

Los cambios relacionados con la emergencia climática, como por ejemplo los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas o la escasez de recursos naturales, representan la amenaza más grande por la humanidad en los próximos diez años.

Dos tercios de los encuestados están preocupados por los acontecimientos meteorológicos extremos durante la próxima década, un factor que también ocupa el segundo lugar en cuanto a riesgo en los próximos dos años. En este caso, 5 de los 10 principales riesgos globales están relacionados con el medio ambiente y el cambio climático.

Entre los responsables de organizaciones de la sociedad civil, Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, avisaba que “a menos que tomemos medidas urgentes, la amenaza solo se intensificará y nos acercará a infligir daños irreversibles a la sociedad y a los ecosistemas. De hecho, hay estudios que muestran que en la década de 2030 podrían producirse cambios potencialmente irreversibles en el planeta si las temperaturas continúan aumentando.

 

Aumenta el riesgo de desinformación y polarización social

La desinformación, incluida la generada por la inteligencia artificial, y la polarización social y política ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking de preocupaciones. Las sociedades polarizadas son más propensas a fiarse de información (verdadera o falsa) que confirme sus sesgos. A corto plazo, la desinformación puede afectar a 4.000 millones de personas que votarán en 60 países durante 2024. 

Al informe se avisa que los mismos gobiernos estarán cada vez más en condiciones de determinar qué relato es considerado como “la verdad”, lo cual podría permitir a los partidos políticos monopolizar el discurso público y suprimir las voces discrepantes. Por lo tanto, se prevé que la desinformación continúe siendo utilizada por actores nacionales y extranjeros para ampliar las divisiones sociopolíticas.

En este contexto, la polarización social emerge como uno de los principales riesgos que están interconectados con la recesión económica y la falta de oportunidades. Además, las tensiones geopolíticas y los conflictos armados están afectando gravemente a la subsistencia de millones de personas, e incrementan la posibilidad que estalle una guerra de consecuencias globales.

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El hidrógeno verde se presenta como el combustible del futuro, y promete suministrar energía neutra en carbono. Sin embargo, no es la primera vez que el hidrógeno es aclamado como la energía del futuro para después topar con el elevado coste de producción y las dificultades con el transporte y el almacenamiento, que retardan su introducción al mercado. ¿Ha llegado su momento?

 

El hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles, generalmente mediante el proceso de reformado con gas natural, se usa principalmente en la industria química y de refinado, y su producción es responsable de la emisión de 830 millones de toneladas de dióxido de carbono en el año. Aun así, es menos tóxico y se dispersa más fácilmente que el gas natural.

Mientras que el hidrógeno verde evitará en gran parte esta contaminación, todavía quedan inconvenientes a resolver. Actualmente, el almacenamiento de hidrógeno requiere una presión extremadamente alta y, por lo tanto, es demasiado caro e ineficiente para su uso generalizado en la industria de la automoción.

China, conocido como el gigante asiático y principal productor mundial de hidrógeno elaborado a partir de hidrocarburos, y otros países como Australia, Arabia Saudí, Alemania, España y Chile empiezan a hacer la transición hacia el hidrógeno verde con proyectos multimillonarios que hacen pensar que el hidrógeno verde ha llegado para quedarse.

 

¿Qué es el hidrógeno verde?

A pesar de que el hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, y el tercero en la superficie de la Tierra, después del oxígeno y el silicio, no es propiamente una forma de energía primaria, sino un compuesto químico, que existe en combinación con otros elementos, y que puede tener usos energéticos.

Así como el hidrógeno convencional que se obtiene de hidrocarburos requiere grandes cantidades de energía y es un proceso costoso, el verde, también conocido como hidrógeno renovable o e-hydrogen, se genera a partir de electricidad procedente de energías renovables, a través de un proceso denominado electrólisis del agua. La electrólisis es un proceso químico que usa la electricidad para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua.

Que no emita gases contaminados al producirse lo hace 100% sostenible, pero los gastos de producción son más elevados que con el hidrógeno tradicional. A pesar de esto, expertos en energía prevén que el precio de producción de hidrógeno verde baje considerablemente los próximos años hasta equipararse al del hidrógeno producido a partir de hidrocarburos.

 

La Unión Europea no se quiere quedar atrás

Europa quiere evitar que el liderazgo que tiene con el hidrógeno verde se pierda a favor de China, como pasó con los paneles solares. En este sentido, ha puesto en marcha un plan de industrialización enmarcado dentro del proyecto Horizon Europe, para impulsar y acelerar la investigación y el desarrollo del hidrógeno verde con una inversión inicial de 2.000 millones de euros.

El objetivo del proyecto es ampliar los electrolizadores de hidrógeno ecológicos, que se usan para dividir el agua en hidrógeno y, de este modo, reducir el coste de una tecnología que hoy es demasiado cara para competir en el mercado. La meta es construir clústeres de hidrógeno desplegados por toda Europa, y reunir infraestructuras relacionadas con el hidrógeno, tal como se ha hecho con la red eléctrica.

La introducción de nuevas fuentes de energía renovable los próximos años será crucial para el medio ambiente. Ya podemos dar la bienvenida, el común de las personas y el planeta, a la competición geopolítica entre las grandes potencias económicas globales para liderar esta nueva fuente de energía.

 

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Los agricultores europeos están en pie de guerra. El aumento de costes, la supresión de subsidios, las nuevas medidas medioambientales y los recortes para financiar la guerra en Ucrania, estrangulan a un sector esencial para la soberanía alimentaria del continente que se ha convertido en la cabeza de turco de los eurócratas.

 

Después de ver las imágenes de media Alemania bloqueada por la avalancha de tractores dirigiéndose hacia la puerta de Brandeburgo, alguien podría pensar que quien siembra vientos, recoge tempestades. Y es que la clase política europea hace tiempo que fomenta la discordia contra el sector agrario y solo era una cuestión de tiempo que un día u otro pagara las consecuencias.

Estas protestas son las últimas de una serie de manifestaciones de agricultores que se han producido en todo Europa. Anteriormente, se han podido ver manifestaciones similares en los Países Bajos, Bélgica, Francia, España y otros estados europeos, donde los agricultores también han salido a la calle para expresar su malestar por los efectos de las reformas medioambientales previstas y los elevados costes de producción.

 

El casus belli de la revuelta agraria alemana

Aunque es tentador agrupar todas las manifestaciones bajo un denominador común, estas se han desencadenado principalmente por situaciones nacionales específicas. El sector agrario alemán se opone a los recortes propuestos en las subvenciones a los combustibles utilizados en la agricultura. Una política de austeridad que el Gobierno alemán argumenta que se hizo necesaria después de que un veredicto del Tribunal Constitucional prohibiera a la coalición de gobierno el traspaso de 60.000 millones de euros de crédito para paliar los efectos de la pandemia en la lucha contra el cambio climático.

Con los recortes se querían eliminar las ventajas fiscales existentes para el diésel y la exención del impuesto de circulación para los vehículos agrícolas y forestales. Esto habría permitido en el Gobierno federal registrar casi 1.000 millones de euros en ingresos adicionales a restar del montante oficial que tiene que ahorrar durante el ejercicio del 2024 -pendiente todavía de aprobación parlamentaria- de unos 17.000 millones de euros sobre un presupuesto de 450.000 millones.

Esto pasa en el contexto de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Un conflicto bélico instigado y perpetuado por los Estados Unidos y sus estados clientelares en Europa, que ha sido devastador para la economía y el sector industrial alemán. Aun así, Berlín se ha comprometido aportar más de 17.100 millones de euros en ayuda militar a Ucrania desde el 24 de enero de 2022, la misma cantidad que tendría que ahorrar con recortes durante el 2024.

Pero está claro, estos miles de millones de euros en “ayuda” militar se reciclan hacia la industria armamentística alemana que, como la de los Estados Unidos, está haciendo el agosto con esta guerra, cortesía de los contribuyentes y campesinos que sufren los recortes porque no hay dinero y de los ucranianos que sirven de carne de cañón de los intereses corporativos que hay detrás de estos conflictos. Como no se cansa de repetir el presidente Biden para evitar que se cierre el grifo, el dinero que se destina a “Ucrania” es una buena inversión.

 

Objetivos climáticos vs. soberanía alimentaria

A pesar de que se han perdido más de 5 millones de explotaciones agrarias desde el 2005, un descenso del 37%, Europa es en general autosuficiente en la mayoría de alimentos. No obstante, las ayudas a los agricultores que proporciona la Política Agrícola Común son esenciales al asegurar la continuidad de granjas y cultivos en la UE. Especialmente, desde el incremento de costes causado por la crisis sanitaria, el embudo logístico y la guerra en Ucrania.

Los eurócratas de Bruselas ven con nerviosismo la revuelta agraria en el continente. La Unión Europea se ha fijado el objetivo global de conseguir emisiones cero en 2050 y a sus funcionarios les preocupa el retroceso que esta avalancha de protestas puede provocar en los ambiciosos objetivos climáticos plasmados por la Comisión Europea.

Según Greenpeace, el sistema actual, que empuja a los agricultores a gestionar grandes explotaciones intensivamente industrializadas, está roto y protestar para que las cosas sigan igual no servirá de nada. En cualquier caso, la situación de abandono político en que se encuentra el mundo rural es claramente insostenible y la transición hacia un modelo más sostenible tiene que garantizar mucho más que la mera supervivencia del sector.

 

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Tras una reducción temporal provocada por la pandemia, la huella de carbono vuelve a crecer y el cambio climático se acelera. Individuos, empresas y reguladores pueden contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Veamos cómo está evolucionando y qué medidas contribuirían a mitigarla.

 

Solo las necesidades energéticas de la actividad humana generaron 36.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) en 2021, según la Agencia Internacional de la Energía. ¿Una referencia para asimilar la magnitud de esta cifra? Basta decir que toda la población mundial puesta en una balanza no alcanzaría los 400 millones de toneladas. Es decir, el CO₂ que emitimos en solo un año multiplica por cien el peso de toda la humanidad.

El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más abundante y que más ha contribuido al calentamiento global en las últimas décadas. Las emisiones directas e indirectas de este gas, junto al metano, el óxido de nitrógeno, el hexafluoruro de azufre, los hidrofluorocarburos y los perfluorocarburos, conforman lo que se conoce como “huella de carbono”. Se trata de un indicador ambiental acuñado en los años noventa para medir la contribución de la actividad humana al calentamiento del planeta.

La realidad es que estamos muy lejos de los objetivos marcados para detener el cambio climático. Los científicos advierten que las emisiones netas de CO₂ deberían reducirse a cero en 2050 si queremos evitar sus catastróficas consecuencias. El aumento de temperatura global lleva aparejados fenómenos meteorológicos extremos y una subida del nivel del mar a causa del deshielo.

Emergencia climática

La ONU estima que desde 1990 las emisiones de dióxido de carbono se han incrementado casi un 50 por ciento. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial apunta que los niveles actuales de CO₂ en la atmósfera son similares a los de hace tres millones de años, cuando la temperatura media de la Tierra era 3°C más elevada y el nivel del mar se situaba muy por encima del actual.

Por ello, es lógico que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU incida en la necesidad de frenar el cambio climático. La fórmula pasa por tomar medidas que en los próximos años nos lleven a una economía baja en dióxido de carbono.

De hecho, la inmensa mayoría de países del mundo firmaron en 2015 el Acuerdo de París, un tratado internacional que pretende limitar el calentamiento global. Aun así, nuestra huella de carbono ha seguido creciendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero solo se redujeron en 2020. Y la razón fue el parón económico que provocó la pandemia.

El informe Climate Transparecy Report estima que las emisiones de los países del G-20, responsables del 75% de los gases de efecto invernadero, volvieron a crecer un cuatro por ciento en 2022. China, India, Indonesia y Argentina ya están en niveles superiores a los de 2019.

Por zonas geográficas, China, Estados Unidos, la Unión Europea e India suman más de la mitad de los gases emitidos en la última década. En cuanto a actividades, las que producen más CO₂ son la generación de energía y calor (40%), el transporte de bienes y personas (20%) y la actividad industrial (20%).

Calcula tu huella de carbono personal

La cantidad de gases de efecto invernadero que genera cada individuo en su vida cotidiana al desplazarse, alimentarse y consumir recursos se conoce como huella de carbono personal. Para evitar un aumento de temperatura global superior a los 2ºC, The Nature Conservancy, una ONG medioambiental, calcula que deberíamos reducirla a la mitad antes de 2050.

Existen numerosas herramientas para calcular la huella de carbono personal. En concreto, la calculadora de la ONU tiene en cuenta aspectos como las características de nuestro hogar, el consumo de energía, el tipo de transporte que utilizamos diariamente, la cantidad de vuelos que realizamos, nuestros hábitos alimentarios y cuánto reciclamos.

Algunas medidas para reducir nuestra huella de carbono personal son apostar por un consumo responsable, moverse de forma más sostenible, moderar el gasto energético y rebajar la cantidad de residuos que generamos.

El peso de las empresas

Bastante superior a la huella de carbono personal es la que dejan las empresas en procesos como la fabricación o el transporte de mercancías. Es lo que se conoce como huella de carbono corporativa. De ahí la importancia de incidir en este apartado para reducir el calentamiento global.

Las compañías pueden reducir su impacto medioambiental mejorando su eficiencia energética o incrementando el porcentaje de energía renovable que consumen. También pueden recurrir a herramientas de compensación, como la inversión en proyectos medioambientales, el pago de impuestos verdes o la compra de derechos de emisión de CO₂.

Una tendencia en auge

Miles de empresas ya publican su huella de carbono, pero no todas la calculan igual. La mayor parte de las grandes multinacionales obvian las emisiones indirectas, aquellas que forman parte de su cadena de valor, pero no dependen directamente de ellas.

Un ejemplo paradigmático es el de Amazon. La presión de activistas e inversores llevó a este gigante del comercio online a hacer pública su huella de carbono por primera vez el año pasado. Sin embargo, se acaba de conocer que en su informe solo contabilizaba una pequeña parte de las emisiones generadas con sus ventas.

A diferencia de otros comercios, Amazon solamente contabilizaba el impacto medioambiental total de los productos propios, que suponen únicamente el 1% de sus ventas. La compañía no asume las emisiones generadas por el uso de un producto de otra marca una vez que sus repartidores lo entregan al cliente.

Un incentivo para la sostenibilidad

El gran impacto de la actividad empresarial en el medio ambiente ha hecho que cada vez más voces reclamen la obligatoriedad para las compañías de publicar su huella de carbono en los informes anuales.

Tanto es así que la Securities and Exchange Commission, el regulador bursátil de Estados Unidos, acaba de proponer que las empresas cotizadas en ese país tengan que revelar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y, muy importante también, que lo hagan siguiendo unos mismos criterios.

Según muchos expertos, obligar a las empresas a publicar su huella de carbono puede contribuir decisivamente a acortar el camino hacia una economía libre de emisiones contaminantes. Cada vez más inversores valoran las cuestiones medioambientales en sus decisiones de inversión.

 

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Un cop s’acaben les festes nadalenques, és hora de posar ordre a tanta decoració. Sovint l’avet, el pessebre o el tió són els objectes més preuats de la casa, però també els més difícils de reutilitzar i reciclar. A 11Onze et donem quatre consells per endreçar per Nadal de la manera més sostenible. 

 

L’avet, les garlandes, les boles, els llums de colors, els paraments de taula… Abans de posar-nos a recollir tots els guarniments nadalencs, hem de tenir clara una cosa: com més sostenible sigui el material que fem servir, millor. Les vaixelles? De ceràmica! Les estovalles? De fil! Les garlandes i les boles? De paper i de vidre! L’avet? Natural! I el pessebre? El pessebre és per tota la vida.

  1. Cada cosa al seu lloc, i quan toca. Sembla una obvietat, però el primer consell per fer endreça de casa, amb tant guarniment i tanta teca, és conèixer bé perquè serveix cada contenidor de residu. Ho repassem: el verd és el per al vidre, el blau per al paper i el cartó, el groc per als envasos plàstics i metàl·lics, el marró per a la brossa orgànica i el gris per a la deixalla sobrant. I recorda, l’oli també es pot reciclar! Si tens dubtes, sempre pots consultar la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya. A més, aquestes festes també hem de procurar no baixar les deixalles en dies festius, no sigui que la festa de brossa ens la trobem a la vorera l’endemà.
  2. No desaprofitis menjar. Els experts asseguren que cada any es malgasten fins a 1.300 tones d’aliment a tot el món. El desaprofitament dels aliments és una de les xacres ecològiques i econòmiques més grans que ha d’afrontar la nostra societat global. Per això, si després de tanta celebració et sobra menjar, potser és una bona idea recórrer a la cuina d’aprofitament. Si realment et sobra menjar sense estrenar, pots preguntar al Banc dels Aliments més proper o alguna entitat social del barri. 
  3. Recull l’avet. Els avets, sempre que siguin naturals, i per això és recomanable que així sigui, es poden reciclar cada any. La majoria de municipis de Catalunya posen a l’abast de la ciutadania punts de reciclatge d’avets. S’instal·len l’endemà de Reis. A Barcelona estan oberts les 24 hores del dia, i n’hi ha a cada districte. Consulta la web del teu municipi per saber on estan ubicats aquests centres neuràlgics del reciclatge nadalenc.  
  4. Reutilitza tant com puguis. Els paraments de Nadal, les garlandes, les boles i tota la resta de decoració nadalenca, inclosos els estimats pessebres, s’han de poder reutilitzar any rere any. Per això, és una bona idea incentivar compres de qualitat i que tots els guarniments siguin un petit tresor familiar que passa de generació en generació.

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A lo largo del año 2019, 931 millones de toneladas de alimentos fueron a parar a la basura. 11Onze os quiere dar unos consejos para sacar provecho de la comida que cocinamos en casa, siempre pensando en que, aparte de que sea cocinada en cualquier lugar del mundo, lo importante es aprender a cocinar aprovechando cada uno de los ingredientes.

 

Todos somos conscientes de la cantidad de comida que va a parar a la basura, ya sea en el mismo punto de venta de los productos, en los restaurantes o en casa.  Según el informe de desperdicio de alimentos que ha hecho este 2021 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) junto con WRAP, se calcula que, durante el año 2019, se desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. El informe también recoge que el 11% del desperdicio proviene de los hogares, y que, a escala mundial, en cada hogar se tiran 74 kg de comida a lo largo del año. Con esta cantidad de comida que acaba en la basura de todos los hogares del mundo, en 11Onze queremos dar unos consejos sobre cómo sacar provecho de los restos de comida que tenemos en casa.

Cada año, en cada hogar del mundo se tiran más de 70 kg de comida a la basura

Hay miles de recetas con todo tipo de ingredientes, gracias a las cuales, con un poco de imaginación, podemos aprovechar los restos de cada plato cocinado con unos consejos que se adaptan a todo tipo de cocinas, porque cada país tiene su gastronomía, pero tenemos que saber sacar provecho de las sobras de cada receta.

Si el plato que cocinamos es de carne o de pescado, nos será útil cualquier receta para hacer unas buenas empanadas, unas croquetas o incluso unas berenjenas o pimientos rellenos. Si cocinamos patatas, y sobran, podemos aprovecharlas para hacer una tortilla, una ensaladilla rusa o, por ejemplo, un estofado. También es acertado, cuando cocinamos arroz, si hacemos más de la cuenta, dejarlo apartado sin la salsa o los ingredientes que queramos ponerle, para poderlo aprovechar para otras recetas.

El pan, para que se nos conserve mejor, como ya hacían nuestras abuelas, es bueno mantenerlo tapado con un trapo un poco húmedo: de este modo, no se secará tan pronto. Aun así, si se seca, se puede aprovechar para hacer sopas, tostarlo o acompañar ensaladas.

También nos será muy útil, si en casa tenemos huevos a punto de caducar, hervirlos y aprovecharlos también para sopas o ensaladas, o mezclarlos con recetas de carne o de pescado.

Y, sobre todo, no olvidamos sacar provecho de la fruta que está a punto de echarse a perder: la podemos aprovechar para hacer macedonias, batidos, mermeladas, o bien pasteles. En conclusión: lo importante es reducir la cantidad de comida que acabamos tirando a la basura.

Ley contra el desperdicio alimentario

El volumen del desperdicio alimentario en el mundo es tan grande y tan preocupante que los gobiernos han tenido que promover leyes para frenarlo. Y, en este sentido, en Cataluña, el pasado 2020 se aprobó la Ley 3/2020, del 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios. Aparte, existen diferentes aplicaciones móviles donde los supermercados y los restaurantes venden la comida sobrante del día a precios muy reducidos, tales como la aplicación Too Good To Go.

Queda mucho trabajo por hacer para que la comida no acabe en la basura de todos los pueblos y ciudades del planeta. En 11Onze hemos querido poner nuestro pequeño granito de arena con estos consejos, deseando que, en un futuro muy próximo, todos actuemos con mayor conciencia y responsabilidad ante el desperdicio de alimentos.

 

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