La privatización de los servicios públicos avanza de forma implacable en Europa desde los años 80. Cómo advierte el agente de 11Onze Jordi Coll, este proceso ha supuesto la que la prestación de estos servicios se adapte a la lógica del mercado y la búsqueda de beneficios empresariales.

Los procesos de privatización de los servicios públicos en Europa se iniciaron en los años 80, se fueron consolidando en la década de los años 90 con el Tratado de Maastricht y a partir del crac financiero de 2007 experimentaron un último impulso. Pero, como advierte Jordi Coll, esta privatización “ha supuesto someterlos a la lógica de criterios de mercado y, por lo tanto, de los beneficios privados”.

Nuestro país no ha sido ajeno a este proceso. De hecho, Coll indica que “desde hace ya muchos años los diferentes Gobiernos de la Generalitat han regulado la posibilidad de privatizar muchos servicios públicos mediante iniciativas y fórmulas legislativas que, a veces, son injustificables desde un punto de vista del bien común”.

Un ejemplo es la Ley Aragonès, que “pretende regular la forma en que las empresas hacen negocio con los derechos fundamentales de la sociedad”. Se trata de servicios públicos básicos, como las comunicaciones, la recogida de la basura o la asistencia sanitaria, “todos ellos muy importantes para conseguir el debido respeto y desarrollo de la dignidad de las personas”, según Jordi Coll.

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