La Diputació de Barcelona ha anunciado que, para frenar la exclusión financiera de las zonas rurales, causada por el cierre masivo de oficinas bancarias, licitará un servicio a la banca para que instale cajeros automáticos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. En 11Onze Check analizamos la noticia publicada por ‘Nació Digital’ con el Método del Sesgo, y nos preguntamos si es ético pagar con dinero público una licitación que dará todavía más beneficios a los bancos para reponer los cajeros que han suprimido.

El inexorable cierre de oficinas bancarias por parte de la banca española está perfilando un nuevo escenario donde los cajeros automáticos se encuentran en un proceso de extinción. Los cascos urbanos, pero especialmente las zonas rurales, ven con impotencia como la clausura de sucursales y la pérdida de servicios bancarios avanza sin freno. Esta menguante densidad de la red bancaria está agraviando la exclusión financiera de una buena parte de la población, sobre todo la gente mayor, que se siente estigmatizada y despreciada por los bancos tradicionales.

Las quejas de los usuarios incitaron al Banco de España y al gobierno del Estado a instar a los bancos a encontrar soluciones alternativas para garantizar el acceso al dinero en efectivo, que, sin embargo, se han mostrado insuficientes. Aun así, los municipios afectados hacen lo que pueden. Algunos han decidido ir de frente y tocar el bolsillo a los bancos. En el Vendrell, el ayuntamiento subirá los impuestos a los bancos que no atiendan presencialmente a la gente mayor.

El ayuntamiento de Móra la Nova ha decidido no contratar ningún otro servicio con el BBVA, en respuesta a la disminución de los servicios del banco hacia sus clientes. “No puede ser que los bancos cada vez desatiendan más a aquellas personas afectadas por la brecha digital. Nuestros ciudadanos de más edad merecen que los atiendan cómo es debido, no que se los abandone”, ha enfatizado el alcalde de Móra la Nova, Francisco X. Moliné.

Por otro lado, la Generalitat del País Valencià y la Diputació de Barcelona actuarán por su cuenta invirtiendo dinero público para instalar cajeros automáticos en las zonas despobladas. Unas licitaciones que, a cargo de los consistorios, incrementarán los beneficios millonarios de los mismos bancos responsables de la insostenible carencia de oficinas.

En 11Onze Check tenemos en cuenta todos estos factores a la hora de analizar como el artículo de ‘Nación Digital’ explica el razonamiento que justifica la licitación de la Diputación de Barcelona, y te explicamos por qué determinamos que está sesgado en un 60%.

FUENTES

En el artículo encontramos una serie de declaraciones del diputado Josep Arimany de la Diputació de Barcelona. La noticia se limita a repetir afirmaciones que encontramos en las notas de prensa de la Diputació, pero falta la voz de otros actores involucrados en el proceso. No hay ninguna declaración de los alcaldes de los municipios que subvencionarán parte del coste de esta licitación, así como tampoco hay ninguna declaración de los representantes de los bancos, o asociaciones vecinales.

CONTEXTO

El artículo deja fuera elementos clave que ayudarían al lector a entender por qué se ha llegado a esta situación. Por ejemplo, no se habla del informe que el Banco de España publicó el 4 de agosto del 2021, donde instaba a los bancos a tomar medidas alternativas para garantizar el acceso al dinero en efectivo. Tampoco explica cómo estas soluciones no se han aplicado en todo el territorio y se han mostrado insuficientes, instando al gobierno del Estado a exigir a los bancos un nuevo plan para garantizar la inclusión financiera.

NIEBLA

La información es neblinosa porque normaliza una licitación a cargo del contribuyente que no tiene nada de normal. Consistorios que asumen un coste extra que no les tendría que corresponder, especialmente si tenemos en cuenta los beneficios de la banca y su papel a la hora de crear el problema que la Diputació de Barcelona quiere solucionar con estas medidas.

ENDOGAMIA

El artículo nos presenta la posición de la Diputació de Barcelona sin cuestionar su plan de acción, ni posibles alternativas. Tampoco se hace referencia a la composición de la representación política del Pleno de la Diputació y el conflicto de intereses entre estos partidos políticos y los bancos, que podría explicar por qué se da como un hecho consumado que los consistorios tienen que hacerse cargo de subvencionar a los bancos.

INTENCIÓN

No se hace ninguna mención de las quejas de los usuarios con la campaña de firmas, como tampoco se habla de los beneficios récord de los bancos. El artículo se limita a repetir las declaraciones del diputado Josep Arimany para asegurar que “la Diputació será ‘rígida’ con las condiciones que exigirá a la banca para ganar el concurso”, sin especificar las condiciones. Por el contrario, da la impresión que se quiere justificar lo injustificable, pero sin aportar ningún argumento que dé credibilidad a un proceso de licitación que, a priori, parece sesgado en favor de la banca.

VOLUNTAD DE SERVICIO

La voluntad de servir el interés público queda en entredicho cuando el artículo simplemente se limita a describir un proceso de licitación y afirma que la viabilidad del proyecto solo es posible si la Diputació y los ayuntamientos asumen el coste del proyecto, sin ni siquiera cuestionar la posibilidad que se pueda repartir el coste con los bancos.

Para conocer el Método del Sesgo que hemos seguido para contrastar esta información, lo encontraréis aquí. Si queréis enviarnos una información económica para verificar, podéis hacerlo escribiéndonos a [email protected].

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