Las políticas monetarias del Banco Central Europeo mantienen intereses negativos que penalizan el ahorro para reactivar el consumo. Esto ha provocado que los bancos no ofrezcan una buena rentabilidad por los depósitos y, incluso, nos cobren por el dinero depositado. Un fenómeno que se ha extendido a las cuentas corrientes de las administraciones del Estado, por parte de bancos que han sido rescatados con dinero público. ¿Tienen derecho a imponer comisiones de depósitos a las administraciones? Nos centramos en una noticia del diario ‘ABC’ para contrastar esta información con el Método del Sesgo.

Desde que el 2014 el Banco Central Europeo (BCE) estableció que los bancos privados tendrían que pagar un cargo de un 0,40% para guardar dinero, el cobro de comisiones por los depósitos por parte de entidades bancarias se centró, en un primer momento, en cuentas corrientes de particulares y de empresas, pero también ha llegado al cliente institucional.

Una situación que penaliza la rentabilidad del dinero de los contribuyentes y que ha creado un tira y afloja entre la banca privada y la administración pública. El conflicto se puso de manifiesto en el último concurso público para administrar la cuenta corriente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que en primera instancia quedó vacío porque el FROB había establecido que el banco ganador no le podía cobrar intereses por sus cuentas y depósitos.

Una carencia de competencia que se hace evidente, especialmente después de la consolidación bancaria que generó un oligopolio que controla el 60% del mercado financiero. Así mismo, partes de la Administración del Estado, como el Congreso y el Senado, han trasladado la tesorería de sus depósitos al Banco de España para evitar las comisiones de la banca privada.

Una concentración del poder financiero que, aun así, desvaneció cualquier posibilidad de convertir el desfalco del rescate bancario en una inversión social después de la absorción de Bankia por CaixaBank, y la subsecuente desaparición del 61% de la participación pública de Bankia, y 21.000 millones del rescate que todavía no se han devuelto. Una anomalía democrática que pone en evidencia la carencia de oferta de bancos públicos en el Estado español, como sí que encontramos en otros países como Alemania, Francia, Italia, y Suiza, que pueda paliar esta situación, o cuando menos, ofrecer una alternativa más competitiva a la banca privada.

En 11Onze Check tenemos en cuenta todos estos factores en la hora de analizar como el artículo del ‘ABC’ explica las razones por las cuales los bancos obligan en el Estado a pagar unos gastos por sus depósitos, hasta hace poco inéditas, y llegamos a la conclusión que tiene un sesgo de un 60%.

INTENCIÓN

El subtítulo del artículo afirma que “Hacienda reconoce que las entidades ya no prestan el servicio gratis ante los tipos de interés negativos”, un mensaje que es reforzado a lo largo del artículo. Esto nos puede hacer pensar que, antes, las entidades bancarias ofrecían este servicio de forma gratuita, como si se tratara de un servicio altruista. ¿Pero realmente es así? Esta ‘gratuidad’ estaba generalmente supeditada a la contratación otros productos o servicios de la institución financiera, como la gestión de nóminas o pagos a proveedores. Y no podemos olvidar que los depósitos son un activo del banco.

CONTEXTO

La información deja fuera del artículo elementos clave, como el hecho que CaixaBank, el banco que tiene adjudicado el contrato para administrar las cuentas corrientes del ministerio, es una de las entidades financieras rescatadas con dinero público, y todavía no ha devuelto este dinero.

No se contextualiza el malestar de los grandes bancos con el gobierno del Estado en relación con los fondos Next Generation, por el hecho que no pueden hacer de intermediarios y cobrar comisiones. Al contrario, simplemente se repite el relato de la banca, el relato del miedo: “[…] Se está perdiendo dinero procedente de Europa miedo la lentitud en la ejecución. Los hondos no están fluyendo como se esperaba a la economía real —se deja notar también en el crecimiento económico”.

Tampoco se da otro dato clave: la de los beneficios récord de la banca. Concretamente, CaixaBank tuvo un beneficio de más de 5.300 millones de euros el 2021. ¿Qué urgencia explica que tengan que cobrar por los depósitos de las administraciones?

ENDOGAMIA

El artículo se limita a dar la visión de la banca tradicional a través de declaraciones de “fuentes financieras”, sin especificar, cuando habla de los fondos europeos, pero en ningún momento se explica la versión del Ministerio de Economía y Empresa u otros organismos oficiales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

NIEBLA

La información es neblinosa porque no presenta alternativas a la banca privada, y nos quiere hacer creer que los bancos nos habían hecho un favor con su altruismo desinteresado, hasta que no han tenido otra alternativa que cobrar comisiones al Estado por un motivo totalmente ajeno a ellos, como son las políticas monetarias del BCE. No nos explica que hay más opciones.

Además, la noticia es imprecisa porque no detalla importes. ¿Qué están cobrando las entidades a las administraciones? ¿En concepto de qué? ¿Cómo se calcula? Poner datos concretos podría hacer enrojecer a estas entidades financieras rescatadas.

MOTIVO COMERCIAL

No es ningún secreto que gran parte de los ingresos publicitarios del ‘ABC’ provienen de la banca privada. Además, el grupo Vocento al cual pertenece el diario, está participado por Santander Asset Management, una empresa del Banco Santander. ¿Genera esto un conflicto de intereses por el cual el diario se ve obligado a difundir un tipo de relato que siga la misma línea que lo de los bancos, mientras ‘se olvida’ de explicar la contrapartida que podría cuestionar esta narrativa?

VOLUNTAD DE SERVICIO

Se acepta y se normaliza una situación que es claramente contraria al interés público como un hecho consumado. No se habla de alternativas existentes a otros países de nuestro entorno, como pueden ser los bancos públicos. Tampoco se explica la incongruencia ética que supone que una entidad financiera que ha sido rescatada con dinero público cobre comisiones a una administración pública cuando todavía no ha devuelto 21.000 millones de euros de este rescate. Por lo tanto, no parece que la noticia atienda el servicio público, sino más bien al de la banca.

Para conocer el Método del Sesgo que hemos seguido para contrastar esta información, lo encontraréis aquí. Si queréis enviarnos una información económica para verificar, podéis hacerlo escribiéndonos a [email protected].

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