Transición energética y la 'greenflation'

La inflación verde o ‘greenflation’, es el término que hace referencia al aumento de precios relacionado con la transición energética. Xavi Viñolas, redactor de 11Onze Magazine, visita Energia, el nuevo programa presentado por Eduard Berraondo, para hablar del coste económico de la lucha contra el cambio climático.

 

La escalada de los precios de la energía, materias primas y alimentos han disparado la inflación a récords históricos. Las causas son diversas y variadas: los desastres climáticos, así como la geopolítica y política monetaria juegan un papel clave. Pero una parte de esta presión inflacionista es causada por la transición energética hacia un modelo productivo más ‘verde’. Es lo que se conoce como inflación verde o ‘greenflation’.

Este aumento de precios está directamente relacionado con los materiales y minerales utilizados en favor de energías renovables, “cuando sube la demanda por la producción de baterías por coches eléctricos, placas solares o molinos de viento, las materias primas que se usan para producir estos productos suben de precio”, apunta Viñolas.

Se trata de un fenómeno que no deja de ser una paradoja que forzosamente acompaña al esfuerzo para luchar contra el cambio climático, cuanto más queremos acelerar esta transición, más cara nos sale. Y sí, la transición energética es necesaria e inevitable, ahora bien, como explica el redactor de 11Onze, “la transición tiene un coste, y al ritmo que se está haciendo ahora, este coste es insostenible”.

Dicho esto, se prevé, que a la larga, las economías de escala, más financiación para proyectos verdes, y sobre todo, reducir el coste de esta financiación, compensen parte de los efectos de la inflación verde, asegurando la viabilidad de la transición hacia un modelo más sostenible.

Unión Europea, tirando piedras sobre su propio tejado

La mala planificación de Europa antes de decidir prescindir de múltiples fuentes de energía locales como el carbón o la energía nuclear, sin un sustituto interno, ha debilitado la soberanía energética europea, incapaz de hacer frente a la llegada del invierno y a la reapertura de su economía después de la pandemia.

Por otro lado, el afán del viejo continente para seguir los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, castrando el suministro de gas y petróleo ruso, ha provocado que el precio de la energía se multiplique exponencialmente, incrementando el coste de la vida de los ciudadanos hasta niveles insostenibles y, al mismo tiempo, poniendo en peligro la malograda industria manufacturera europea.

Desgraciadamente, Europa se está convirtiendo en la región con los costes energéticos más altos del mundo, y en gran parte, era una crisis evitable. Cómo afirma Viñolas, “los desastres naturales no los podemos controlar, pero las sanciones a Rusia y el sabotaje a los gasoductos han destrozado la economía europea, y son cosas provocadas por nosotros mismos”.

 

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La falta de lluvias lleva a reducir el suministro de agua en muchos municipios de nuestro territorio. Restricciones que afectan directamente a la agricultura, y en consecuencia, a la ganadería. El incremento de los costes de producción y la pérdida de cosechas por falta de agua tienen un impacto significativo en el aumento de la inflación. Nos lo explica Sílvia Garriga, agente 11Onze.

 

El calentamiento del planeta provocado por la actividad humana ha agudizado la sequía, un mal endémico de los países mediterráneos. Un hecho que queda patente en el estado de las reservas de agua de acuíferos y pantanos de nuestro territorio. Cataluña acumula meses de sequía y las reserves agua han disminuido hasta el 33%, casi a la mitad del año pasado.

Las lluvias y reservas hídricas son capitales para la producción agrícola, y tienen un impacto directo en los precios que pagamos por productos en el supermercado. Esta relación entre sequía e inflación no siempre es evidente. Cómo apunta Garriga, “muchos de nosotros no hemos sido conscientes de los incrementos de costes de producción provocados por la sequía”.

A la subida de costes de la electricidad, combustible, fertilizantes, y piensos, se suma la pérdida de cultivos por la falta de agua, que dejan al sector agrícola sin margen de beneficio. “Si se pierden cosechas por la carencia de agua, la demanda no disminuye, y se tiene que importar producto que acabará saliendo más caro para el consumidor”, explica Garriga.

Más de 500 municipios con restricciones en el consumo de agua

Cataluña está sufriendo la sequía más grave desde el 2008, cuando las reservas de agua de los embalses y cuencas internas cayeron hasta el 20%. Ante esta situación, la Agencia Catalana del Agua (ACA) se ha visto obligada a decretar la alerta por sequía en varias zonas del territorio, aprobando limitaciones en el consumo de agua a más de 500 municipios.

A los 301 que ya se encontraban en fase de alerta, este martes se sumaron los más de 100 municipios de las comarcas del Alt Penedès, la Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental y el Vallès Occidental, que suministra la cuenca del Ter-Llobregat, y también a los afectados por el ámbito de influencia del embalse Darnius-Boadella.

Aunque no se prevé que la situación se agravie tanto como para llegar al escenario de excepcionalidad, momento en el cual las reservas bajan del 25%, todo dependerá de las lluvias que puedan entrar durante el que queda de otoño. Los mapas de previsión meteorológica a largo plazo hacen pensar que, de noviembre a enero, caerá más lluvia de la normal en el litoral y en las comarcas de Girona, pero menos precipitaciones de las habituales en el Pirineo occidental.

 

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El turismo es una de las industrias que mueve más capital en todo el mundo. Según el informe de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), en el año 2019 se registraron 1.400 millones de turistas internacionales y se contabilizan entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo vinculados.

 

Es un sector, por lo tanto, con un peso innegable en la economía mundial y, más particularmente, con una afectación directa a prácticamente todos los habitantes del planeta, ya sea de forma activa como viajeros o pasiva como locales.

 

El sector turístico pide regulación y responsabilidad

Dada su importancia, desde hace años son cada vez más los organismos, empresas y colectivos que piden un sistema de turismo sostenible que sea capaz de mantenerse en el tiempo y favorecer a la población. Todo apunta a que la industria seguirá creciendo en los próximos años y, si no cambia el modelo, aumentará al mismo ritmo el impacto negativo que genera. Actualmente todos estamos familiarizados con el concepto de sostenibilidad e incluso hemos adoptado ciertas conductas diarias que contribuyen a respetar el medio ambiente. Una actitud que cambia en mayor o menor medida cuando viajamos: dejar luces encendidas, reciclar, cuidar el espacio público, utilizar métodos de transporte más ecológicos, gastar el agua necesaria, utilizar menos plástico… Acciones que nos pueden pasar por alto cuando estamos de vacaciones y que, por sí solas, no generan impacto, pero que pueden suponer una gran problemática cuando las multiplicamos por 1.400 millones de personas.

En este contexto, y con la urgencia de cambiar el modelo turístico hacia una perspectiva más responsable, aparece el concepto de turismo sostenible, entendido como aquel que «satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades», como se describe en el informe Brundtland. Se tratará, pues, de minimizar el impacto negativo que genera el sector actualmente y maximizar los beneficios, principalmente desde tres grandes pilares: medioambiental, sociocultural y económico.

 

Reducir el impacto medioambiental para preservar el futuro

El turismo depende de la calidad del medio ambiente para sobrevivir y evolucionar, pero paradójicamente, es una de las principales actividades que lo perjudica. Construcción de infraestructuras como aeropuertos y carreteras, sistemas de transporte altamente contaminantes por tierra, mar y aire, creación de equipamientos y complejos turísticos como restaurantes, tiendas, campos de golf o zonas deportivas son ejemplo del impacto negativo que supone para cualquier región. Todo esto también pone en peligro la fauna y flora de la zona y en los últimos años ha agravado la situación de cientos de especies, especialmente marinas, que no han soportado los cambios que la contaminación humana ha provocado en su hábitat natural.

Paralelamente, ha sido gracias al turismo que algunas zonas naturales se han convertido en espacios protegidos o bien se tiene un cuidado especial orientado a la preservación del espacio para el futuro. Este es el impacto positivo por el que debe apostar el turismo sostenible, conseguir el mantenimiento y cuidado de los espacios, tanto naturales como urbanos, por parte de los organismos gobernantes y favorecer así tanto a los ciudadanos locales como a los futuros visitantes.

 

Controlar el impacto sociocultural y apostar por la riqueza de la diversidad

La voluntad de viajar a menudo viene motivada por la inquietud de conocer otros países, con todo lo que ello implica: cultura, lengua, comida y costumbres. Se busca la diversidad dentro de la globalidad, y esto impulsa el respeto, la tolerancia y el conocimiento por ambas partes, pero especialmente desde el punto de vista visitante. Para el turismo sostenible es indispensable esta preservación cultural, pero sobre todo lo es el respeto por esta. Garantizar una experiencia de valor, en este sentido, debe suponer garantizar la riqueza sociocultural.

Un turismo no planificado, más allá de ser una molestia para los habitantes locales, puede provocar consecuencias nefastas en su vida y calidad de vida, un hecho que algunas zonas de Cataluña ya han vivido de primera mano en términos de gentrificación, es decir, un aumento desmesurado de los precios de las viviendas y terrenos que obligan a los ciudadanos a buscar alternativas más económicas, dejando paso a aquellos que pueden invertir. Un hecho que en algunas ocasiones puede no tener relación directa con el turismo, pero que sin duda ha agravado la situación.

El aumento de los precios de los productos en zonas turísticas es otra de las causas que desestabiliza a los locales, obligándolos a asumir unos precios muy por encima de los estándares que podrían encontrar en cualquier otra calle de la ciudad no transitada por turistas. En el caso de Barcelona, ​​la crisis del coronavirus obligó a muchos restaurantes de zonas turísticas a rebajar los precios hasta equipararse a los del resto de la ciudad, mostrando así la guerra de precios que supone la industria del turismo. Evitar esto a través de políticas reguladoras no solo protegería a los ciudadanos locales, sino que también aseguraría a los turistas que se está pagando el precio justo por el producto.

 

Impacto económico positivo: invertir en las personas

Desde un punto de vista económico, es lógico que, como industria, el turismo debe proporcionar beneficios a la zona en cuestión, pero el reto es hacerlo de forma equitativa y sostenible. De nada servirá mejorar la facturación si esto no crea un impacto positivo en la zona de acogida. Es decir, para que tenga un beneficio real, debe suponer una ventaja para todas las partes implicadas, y si se gestiona de forma eficiente y controlada, el turismo puede tener el gran poder de enriquecer a la población a través de la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, sean directos o indirectos.

Contrariamente, algunas multinacionales, lejos de aplicar un sistema de turismo sostenible optan por hacer todo lo contrario, la llamada «fuga». Son modelos de negocio donde el dinero generado no se queda en el país de acogida ni suponen un beneficio para este, por ejemplo en el caso de hoteles con un régimen de todo incluido, en el que los clientes no se mueven del recinto, con lo cual no generan impacto positivo en la economía de la zona. Sí que generan impacto, sin embargo, de carácter negativo en cuanto a impuestos, ya que las infraestructuras necesarias para acoger el turismo a menudo se financian a través de esta vía. Habrá, pues, que poner en la balanza el impacto que genera el turismo en la zona y el coste que supone para la población. Si no existe este equilibrio, seguramente nos encontramos ante un sistema poco sostenible y que, por tanto, habrá que remodelar.

El turismo, al fin y al cabo, es responsabilidad de todos, ya que todos en algún momento hemos estado implicados. Hay acciones que dependen únicamente de la responsabilidad y el compromiso individual de apostar por un modelo de vida sostenible, también cuando viajamos. La otra parte de la gestión, y la de más impacto, corresponde a las organizaciones privadas y organismos públicos que deberán planificar el turismo de los próximos años con una premisa clara: una apuesta por la sostenibilidad será una apuesta por el futuro.

 

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Mireia Cano, líder de equipo en 11Onze, visita ‘Energia’, el nuevo programa de ‘Canal 4 Televisió’ presentado por Eduard Berraondo, para explicar qué es la ‘ley natural’ y como nos puede ayudar a cambiar nuestros hábitos de consumo para ser más sostenibles.

 

Hay ciertos valores éticos y morales que son intrínsecos de nuestra naturaleza como seres humanos. Vienen a ser la herencia de las pautas de comportamiento adquiridas durante el proceso de evolución, que facilitaban la convivencia en comunidad a través de acciones que favorecían el bien común. Estos valores que nos caracterizan han perdurado a lo largo del tiempo y se conocen como la ley natural.

Aun así, nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos no siempre siguen este patrón, ni están en armonía con el entorno natural que nos rodea. De este modo, la evolución de nuestros hábitos de consumo a menudo se rige por el contexto económico, las normas culturales, y las corrientes sociales del momento.

Del dicho al hecho …

Mireia Cano nos propone hacer una reflexión sobre si las decisiones que tomamos como consumidores en nuestro día a día están en concordancia con esta ley natural: “¿estamos tomando realmente las decisiones que queremos según nuestros criterios? ¿Nuestras decisiones de consumo son conscientes?

Mucha gente estaría de acuerdo a afirmar que es preferible vivir en una sociedad y sistema económico que tenga en cuenta el respeto medioambiental, la dignidad de las personas o la distribución de la riqueza, pero ¿tenemos en cuenta todo esto a la hora de gastar nuestro dinero comprando productos o servicios de según qué empresas? Cómo apunta Cano, “¿las empresas que estamos enriqueciendo, contribuyen al mundo que queremos?”.

 

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Los países más industrializados del mundo han mantenido un duro pulso con los más pobres en la COP27 celebrada en Egipto por la factura del cambio climático. Las naciones ricas se resisten a asumir toda su responsabilidad por unos desastres naturales cada vez más extremos a causa del calentamiento global. 

 

Más allá de las medidas que los países están dispuestos a adoptar para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, el gran tema de fondo de la cumbre del clima celebrada en Egipto (COP27) ha sido quién debe pagar los desastres provocados por el cambio climático y cómo se articulan esos fondos.

Los países menos industrializados, que en muchos casos experimentan los efectos devastadores del aumento de temperaturas en el planeta, exigen solidaridad a los países ricos, que son quienes más han contribuido al calentamiento global. El objetivo es hacer frente a lo que en las negociaciones sobre el clima se conoce como “pérdidas y daños” provocados por las catástrofes naturales asociadas al cambio climático.

Sin ir más lejos, las inundaciones de este verano en Pakistán dejaron 1.700 muertos y más de 40.000 millones de euros en pérdidas económicas. Y la sequía extrema de los últimos meses en diversas áreas de África ha llevado a millones de personas al borde de la inanición. Los científicos coinciden en que el cambio climático es el responsable de la virulencia de estos eventos catastróficos. 

 

Una petición que viene de lejos

En la cumbre de Cancún, celebrada en 2010, algunos de los países más industrializados del mundo, con Estados Unidos a la cabeza, aceptaron costear proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en las naciones pobres. Para ello, prometieron 30.000 millones de dólares de financiación “rápida” para 2010-2012 y 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020.

Sin embargo, los países ricos se han quedado cortos. Se calcula que en 2020 el monto total aportado fue de 83.000 millones de dólares, a menudo en forma de préstamos en lugar de subvenciones. Y lo que más sorprende es que la aportación de un país como Estados Unidos no alcanzara los 3.000 millones de dólares. Se trata de un importe ridículo si se tienen en cuenta sus emisiones relativas, el tamaño de su población y su riqueza.

Además, los proyectos de mitigación han recibido el doble de fondos que los centrados en la adaptación pese a que los expertos reclaman un mayor equilibrio. Por eso, en la cumbre de Glasgow del año pasado se instó a los países ricos a aumentar la financiación de los proyectos de adaptación por lo menos hasta los 40.000 millones de dólares.

En este sentido, una coalición de países encabezada por Estados Unidos y Japón anunció en la reunión del G20 en Bali que invertirá 20.000 millones de dólares para reducir drásticamente la dependencia del carbón en Indonesia, el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero. Se trata de un plan similar al que se está llevando a cabo en Sudáfrica para sustituir el carbón por energías renovables. 

 

Un fondo para “pérdidas y daños”

Las naciones más vulnerables consideran que las cantidades aportadas por los países ricos distan mucho de las que se necesitarían para compensar los daños causados por el cambio climático. De ahí que exijan un aumento sustancial de esas aportaciones para compensar las pérdidas y daños.

El V20, o grupo de los Veinte Vulnerables, compuesto por las naciones más amenazadas por el calentamiento global, calculan que han perdido 525.000 millones de dólares en las últimas dos décadas a causa del cambio climático, lo que supone prácticamente una quinta parte de su riqueza.

Los países ricos se han resistido tanto como han podido a que los acuerdos sobre el clima incluyan la palabra “compensación” ni ningún otro término que connote responsabilidad legal. Tampoco se han mostrado proclives a crear ese fondo específico dedicado a pérdidas y daños. Pero al menos durante la COP27 se han mostrado dispuestos a debatirlo, lo que ya supone un avance.

¿Cómo podría financiarse? Como señalan algunos expertos, hay que tener en cuenta que un impuesto de diez dólares por cada tonelada de CO₂ generada permitiría recaudar solo en Estados Unidos unos 60.000 millones de dólares anuales. Pero, por desgracia, a muchos les preocupa que las posibles ayudas acaben saliendo de los presupuestos de ayuda exterior ya existentes, como ocurrió cuando Reino Unido creó el Fondo Internacional para el Clima.

 

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Los datos son claros: el momento de actuar si queremos frenar el cambio climático es ahora, según un informe de la ONU. Para ello sería necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a casi la mitad para 2030 y que fueran nulas a mediados de siglo. De lo contrario, la batalla estará perdida.

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron en la década pasada máximos históricos. Aunque el ritmo de crecimiento ha disminuido, el informe “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change” advierte que solo será posible limitar el calentamiento global a 1,5 °C con una reducción inmediata y profunda de las emisiones.

Para ello, son necesarias grandes transiciones en el sector energético, según este informe, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que depende de la ONU. Estas pasan por una reducción sustancial del uso de combustibles fósiles, una electrificación generalizada, una mayor eficiencia energética y el uso de combustibles alternativos como el hidrógeno.

Hay que tener en cuenta que entre 2010 y 2019, por ejemplo, el precio de la energía solar y las baterías de litio bajó un 85% y el de la energía eólica un 55 %, lo cual ha permitido la extensión de estas fuentes de energía alternativa.

“Estamos en una encrucijada”, afirmaba Hoesung Lee, presidente del IPCC, tras la publicación del informe. Lee ve factible frenar el cambio climático si existe la voluntad política: “Las decisiones que tomemos ahora pueden asegurar un futuro habitable. Disponemos de las herramientas y los conocimientos necesarios para limitar el calentamiento”.

 

Años críticos por delante

El problema del cambio climático es que nos estamos quedando sin tiempo. Según el informe, para limitar el calentamiento a unos 1,5 °C, es necesario que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero empiecen a reducirse a partir de 2025, en tan solo tres años, y disminuyan a casi la mitad para 2030. Además, las emisiones netas de dióxido de carbono a nivel mundial deberían bajar a cero a principios de la década de 2050.

“Contar con las políticas, la infraestructura y la tecnología adecuadas para permitir cambios en nuestros estilos de vida y comportamientos puede suponer una reducción del 40-70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050”, explicaba Priyadarshi Shukla, uno de los autores del estudio.

Además, Shukla indicaba que “si tomamos las medidas necesarias para limitar el calentamiento a 2 °C o menos, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial sería solo unos pocos puntos porcentuales menor en 2050 que si mantenemos las políticas actuales”.

 

Múltiples medidas posibles

Según el informe, la reducción de las emisiones en las zonas urbanas puede lograrse mediante un menor consumo de energía (con ciudades más compactas y peatonales), la electrificación del transporte en combinación con fuentes de energía de bajas emisiones y una mayor captación de CO₂ gracias a los espacios verdes. Uno de los líderes de la investigación, Jim Skea, destacaba en particular la importancia de la eficiencia energética de los edificios para frenar las emisiones urbanas.

Además, algunas soluciones incluso pueden ayudar a limitar los impactos asociados al cambio climático. Por ejemplo, las redes de parques, los humedales y la agricultura urbana pueden reducir el riesgo de inundaciones y los efectos de las islas de calor.

La reducción de las emisiones en la industria, que suponen una cuarta parte del total, requerirá nuevos procesos de producción, generación de energía eléctrica de bajas o nulas emisiones, hidrógeno y, cuando sea necesario, la captura y el almacenamiento de carbono, según el informe. También un uso más eficiente de los materiales y la reducción de residuos.

En el caso de materiales básicos como el acero, los materiales de construcción y los productos químicos, el informe advierte que ya se están ensayando procesos de producción con emisiones de gases de efecto invernadero bajos o nulos.

El informe muestra que, si bien los flujos financieros son entre tres y seis veces inferiores a los necesarios para limitar el calentamiento por debajo de los 2 °C en 2030, hay suficiente capital y liquidez a nivel mundial para alcanzar la inversión requerida. Por ello, reclama señales claras a gobiernos e instituciones internacionales, así como una mayor coordinación.

 

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¿Cómo es posible que contamine algo que no existe físicamente? Lo cierto es que las criptomonedas requieren una gran cantidad de energía para las granjas de minado. De hecho, si el bitcoin fuera un país, se situaría entre los 30 mayores consumidores de electricidad del mundo, como explica el agente de 11Onze Aitor Canudas.

 

Tan solo unos días después de la primera transacción de bitcoins, que se realizó en enero de 2009, el pionero de la criptografía Hal Finney mostraba en Twitter su preocupación sobre las emisiones de CO₂ que generaría esta criptomoneda. Y no iba errado.

Un estudio de la Universidad de Cambridge calcula que la red bitcoin consume más de 121 TWh de energía al año, lo cual significa que, si fuera un país, se situaría “entre los 30 mayores consumidores de electricidad del mundo”, según Canudas. De hecho, para que nos hagamos una idea de la magnitud de los datos, el agente de 11Onze indica que esta criptomoneda consume casi tanta electricidad como Suecia y genera más emisiones de CO₂ que Las Vegas.

La razón es que los procesos necesarios para las operaciones de las criptomonedas requieren una gran cantidad de equipos informáticos, las “granjas de minado” y, por lo tanto, una enorme cantidad de energía. “Este conjunto de procesos informáticos necesarios para validar las transacciones y generar nuevos bloques representa un 0,2 % del consumo mundial de electricidad”, especifica Aitor Canudas.

El problema es especialmente grave en el caso del bitcoin, puesto que, como advertía recientemente Bill Gates, esta criptomoneda es la que consume más electricidad por transacción. De ahí que, según estimaciones del Massachusetts Institute of Technology (MIT), el uso de los bitcoins genere una huella de carbono cada año de entre 22 y 22,9 megatoneladas.

El origen sucio de una energía limpia

Si bien normalmente vemos la electricidad como una energía limpia, esto depende básicamente de su origen. Sobre todo en Asia, y especialmente en China, gran parte de la electricidad generada proviene de la combustión de carbón, que resulta muy contaminante. Por eso, el hecho de que un altísimo porcentaje de las granjas de minado se sitúen en esta región para conseguir los precios de la electricidad más asequibles multiplica la huella de carbono.

De cara a preservar el medio ambiente, Aitor Canudas señala la necesidad de aumentar el porcentaje de energías renovables en la electricidad que se utiliza “para crear los nuevos bloques y hacer las transacciones del bitcoin”. Otra alternativa que apunta el agente de 11Onze sería recurrir a criptomonedas alternativas, como el cardano, “que en teoría contaminan menos que el bitcoin”.

 

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Cada vez se va estableciendo un consenso más general en nuestra sociedad que acepta que el crecimiento económico tiene que respetar unas normas de sostenibilidad y que debate cómo aunar ecología y economía.

 

El crecimiento económico, como pilar del sistema capitalista, se ha asociado a menudo a la condición urbana, al crecimiento de las ciudades y a la ampliación, sin muchas limitaciones, de sus áreas metropolitanas. Y tanto los servicios como las infraestructuras que hacen falta han ido extendiéndose, modificando el territorio y, como consecuencia, han dejado al margen el entorno natural y las consecuencias de su alteración.

Ahora es evidente que esto ha provocado una emergencia ecológica y muchas conciencias han cambiado. Se añade a esta visión que la economía no puede olvidarse de la naturaleza, una idea cada vez más asumida. Fuera del entramado más puramente urbano es, seguramente, donde más pasos se hacen en esta dirección, movidos por la sensibilidad de la conservación del paisaje y del patrimonio natural.

Siguiendo este objetivo de protección y valoración del patrimonio, el mundo local creó las Cartas del paisaje. Desde 2006 el Decreto 343 de la Generalitat desarrolla la Ley 8/2005  para la protección, gestión y ordenación del paisaje, a pesar de que algunas comarcas como el Alt Penedès ya disponían de la suya propia desde 2002.

 

El ensamblaje sostenible de la economía

La promoción de aquellos sectores que se adaptan mejor a la  naturaleza y el  territorio, como por ejemplo, el vitivinícola, son una de las apuestas más frecuentes. Un tipo de industria que encaja agricultura y turismo, aportando beneficios en la comarca por al menos dos vías y potenciando el paisaje. Algunos estudios demuestran que las ventas aumentan cuando el comprador las asocia a un entorno.

Sin embargo, mantener esta sostenibilidad, a veces, no es tan sencillo. La primera cuestión es relativa al turismo, del cual hemos hablado, y de la protección del paisaje como un escenario exclusivo para su masificación. Esto puede incidir, de hecho, en la comodidad y el día a día de los propios habitantes. En segundo término, podríamos volver a todo aquello que requiere la industria, que finalmente dará trabajo y aportará ganancias en forma de impuestos, como por ejemplo, la creación de polígonos.

Una cuestión de movilidad y energía

Las infraestructuras para la movilidad y el transporte, por un lado, y la generación de la energía que hace falta para moverlo todo, por otro, son quizás los dos factores donde la economía encuentra más dificultades para ser sostenible. El mundo local ha respondido con mucha cautela y preocupación a los planes, cada vez más inminentes, de la creación de parques eólicos o fotovoltaicos que, si bien parecen encaminarse a la generación de una energía más limpia, también podrían chocar de pleno con la conservación del paisaje.

Uno de los argumentos del territorio es que si las zonas urbanas son las grandes consumidoras de energía, deberían ser ellas las que recibiesen el impacto de generarlas  (y se han hecho propuestas, como cubrir los techos de las zonas industriales con placas solares). Ahora bien, la paralización de las decisiones por este debate – en Cataluña sólo se ha instalado un molino de viento generador en doce años-, no detiene lo que pueden hacer otros, ya que hay quien piensa que se pierden oportunidades. Recientemente, por ejemplo, se presentó un proyecto de parque eólico en Aragón para nutrir de energía renovable a nuestro país.

Pero las grandes ciudades tienen más debates abiertos entre crecer o garantizar unos mínimos ecológicos y, como hemos comentado, el transporte es fundamental. Recientemente, ha vuelto a primera línea la propuesta de ampliación del aeropuerto del Prat, un proyecto que desde un sector empresarial se considera patriótico, imprescindible para situar a Barcelona y Cataluña como un punto atractivo y accesible para los negocios, mientras que muchos ciudadanos y colectivos lo ven del todo insostenible, pidiendo una discusión mucho más profunda sobre cómo y cuánto queremos crecer. Seguramente esta última es la clave del debate que debemos afrontar pronto.

 

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Tras una reducción temporal provocada por la pandemia, la huella de carbono vuelve a crecer y el cambio climático se acelera. Individuos, empresas y reguladores pueden contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Veamos cómo está evolucionando y qué medidas contribuirían a mitigarla.

 

Solo las necesidades energéticas de la actividad humana generaron el año pasado 36.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), según la Agencia Internacional de la Energía. ¿Una referencia para asimilar la magnitud de esta cifra? Basta decir que toda la población mundial puesta en una balanza no alcanzaría los 400 millones de toneladas. Es decir, el CO₂ que emitimos en solo un año multiplica por cien el peso de toda la humanidad.

El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más abundante y que más ha contribuido al calentamiento global en las últimas décadas. Las emisiones directas e indirectas de este gas, junto al metano, el óxido de nitrógeno, el hexafluoruro de azufre, los hidrofluorocarburos y los perfluorocarburos, conforman lo que se conoce como “huella de carbono”. Se trata de un indicador ambiental acuñado en los años noventa para medir la contribución de la actividad humana al calentamiento del planeta.

La realidad es que estamos muy lejos de los objetivos marcados para detener el cambio climático. Los científicos advierten que las emisiones netas de CO₂ deberían reducirse a cero en 2050 si queremos evitar sus catastróficas consecuencias. El aumento de temperatura global lleva aparejados fenómenos meteorológicos extremos y una subida del nivel del mar a causa del deshielo.

 

Emergencia climática

La ONU estima que desde 1990 las emisiones de dióxido de carbono se han incrementado casi un 50 por ciento. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial apunta que los niveles actuales de CO₂ en la atmósfera son similares a los de hace tres millones de años, cuando la temperatura media de la Tierra era 3ºC más elevada y el nivel del mar se situaba muy por encima del actual.

Por ello, es lógico que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU incida en la necesidad de frenar el cambio climático. La fórmula pasa por tomar medidas que en los próximos años nos lleven a una economía baja en dióxido de carbono.

De hecho, la inmensa mayoría de países del mundo firmaron en 2015 el Acuerdo de París, un tratado internacional que pretende limitar el calentamiento global. Aun así, nuestra huella de carbono ha seguido creciendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero solo se redujeron en 2020. Y la razón fue el parón económico que provocó la pandemia.

El informe Climate Transparecy Report estima que las emisiones de los países del G-20, responsables del 75% de los gases de efecto invernadero, volvieron a crecer un cuatro por ciento en 2021. China, India, Indonesia y Argentina ya están en niveles superiores a los de 2019.

Por zonas geográficas, China, Estados Unidos, la Unión Europea e India suman más de la mitad de los gases emitidos en la última década. En cuanto a actividades, las que producen más CO₂ son la generación de energía y calor (40%), el transporte de bienes y personas (20%) y la actividad industrial (20%).

 

Calcula tu huella de carbono personal

La cantidad de gases de efecto invernadero que genera cada individuo en su vida cotidiana al desplazarse, alimentarse y consumir recursos se conoce como huella de carbono personal. Para evitar un aumento de temperatura global superior a los 2ºC, The Nature Conservancy, una ONG medioambiental, calcula que deberíamos reducirla a la mitad antes de 2050.

Existen numerosas herramientas para calcular la huella de carbono personal. En concreto, la calculadora de la ONU tiene en cuenta aspectos como las características de nuestro hogar, el consumo de energía, el tipo de transporte que utilizamos diariamente, la cantidad de vuelos que realizamos, nuestros hábitos alimentarios y cuánto reciclamos.

Algunas medidas para reducir nuestra huella de carbono personal son apostar por un consumo responsable, moverse de forma más sostenible, moderar el gasto energético y rebajar la cantidad de residuos que generamos.

El peso de las empresas

Bastante superior a la huella de carbono personal es la que dejan las empresas en procesos como la fabricación o el transporte de mercancías. Es lo que se conoce como huella de carbono corporativa. De ahí la importancia de incidir en este apartado para reducir el calentamiento global.

Las compañías pueden reducir su impacto medioambiental mejorando su eficiencia energética o incrementando el porcentaje de energía renovable que consumen. También pueden recurrir a herramientas de compensación, como la inversión en proyectos medioambientales, el pago de impuestos verdes o la compra de derechos de emisión de CO₂.

 

Una tendencia en auge

Miles de empresas ya publican su huella de carbono, pero no todas la calculan igual. La mayor parte de las grandes multinacionales obvian las emisiones indirectas, aquellas que forman parte de su cadena de valor pero no dependen directamente de ellas. 

Un ejemplo paradigmático es el de Amazon. La presión de activistas e inversores llevó a este gigante del comercio online a hacer pública su huella de carbono por primera vez el año pasado. Sin embargo, se acaba de conocer que en su informe solo contabilizaba una pequeña parte de las emisiones generadas con sus ventas.

A diferencia de otros comercios, Amazon solamente contabilizaba el impacto medioambiental total de los productos propios, que suponen únicamente el uno por ciento de sus ventas. La compañía no asume las emisiones generadas por el uso de un producto de otra marca una vez que sus repartidores lo entregan al cliente.

 

Un incentivo para la sostenibilidad

El gran impacto de la actividad empresarial en el medio ambiente ha hecho que cada vez más voces reclamen la obligatoriedad para las compañías de publicar su huella de carbono en los informes anuales.

Tanto es así que la Securities and Exchange Commission, el regulador bursátil de Estados Unidos, acaba de proponer que las empresas cotizadas en ese país tengan que revelar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y, muy importante también, que lo hagan siguiendo unos mismos criterios.

Según muchos expertos, obligar a las empresas a publicar su huella de carbono puede contribuir decisivamente a acortar el camino hacia una economía libre de emisiones contaminantes. Cada vez más inversores valoran las cuestiones medioambientales en sus decisiones de inversión.

 

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La escalada de precios generalizada también afecta la transición energética, concretamente en el aumento del coste de los materiales y minerales utilizados en las tecnologías verdes. Marifé Fariñas, del equipo de Back Office de 11Onze, nos explica cómo la revolución verde está haciendo aumentar el precio de las materias primas.

 

No, la revolución verde no es la causa de la elevada inflación, pero sí que es verdad que una parte de la escalada de precios es atribuible a la transición energética. Cómo explica Fariñas, “la revolución verde ha aumentado el precio de las materias primas, algunas hasta un 90%”. Este aumento de precios directamente relacionado con los materiales y minerales utilizados en favor de energías renovables se conoce como ‘greenflation’, o inflación verde.

Este fenómeno no deja de ser una paradoja que forzosamente acompaña el esfuerzo para luchar contra el cambio climático, “huir de los combustibles fósiles aumenta la demanda de las energías renovables, pero esta demanda hace subir el precio de los materiales que componen estos productos”, apunta Fariñas.

A pesar de que una reducción de la demanda de estas materias primas no puede ser la solución si queremos lograr los objetivos de transición energética, las economías de escala, más financiación para proyectos verdes, y sobre todo, reducir el coste de esta financiación, pueden compensar parte de los efectos de la inflación verde.

Hacer estos cambios implica incrementar la producción, pero como dice la agente de Back Office, “a pesar de que esto supone unos costes de producción, los expertos no creen que será una amenaza para la viabilidad de la energía verde”.

 

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