Medidas para reducir el vertido de plástico al mar

¿Cómo podemos reducir la cantidad de plástico que cada año acaba en nuestros océanos? Hay medidas que dependen de los Gobiernos, pero también hay acciones cotidianas que pueden reducir nuestro impacto en el entorno.

Como advierte la agente de 11Onze Mònica Cornudella, muchos peces mueren ahogados cada año porque confunden una bolsa de plástico con una medusa e intentan comérsela, o porque quedan atrapados a las anillas de plástico de los packs de latas de refrescos.

El vertido de plásticos a mares y océanos es un problema que perdurará porque son productos que tardan mucho tiempo en degradarse. Por ejemplo, una bolsa de plástico tarda entre 20 y 50 años, pero, como indica Cornudella, las temidas botellas de plástico “necesitan cerca de 500 años” y un neumático que haya ido a parar al mar puede tardar “hasta 1.000 años”.

Se calcula que en 2050 “habrá más plásticos que peces en nuestros mares y océanos” porque cada año se vierten al mar “entre 8 y 15 millones de toneladas de residuos plásticos”, como explica la agente de 11Onze. En términos económicos, el vertido de los plásticos al mar genera daños a los ecosistemas marinos por valor de 11.800 millones de euros, según el programa medioambiental de las Naciones Unidas.

Medidas para frenar el desastre ecológico

Ante esta situación, Mònica Cornudella plantea la acción institucional en tres grandes ámbitos para parar, o al menos reducir, la magnitud del problema.

Una primera medida sería impulsar “la educación ambiental” para formar a los niños en el compromiso con el entorno, puesto que “los hábitos adquiridos desde pequeños perduran siempre en la vida adulta”. Y en este sentido, Cornudella propone “incrementar la sostenibilidad de los centros escolares”.

Otro ámbito es el fomento del “voluntariado” para colaborar con iniciativas que se llevan a cabo en múltiples lugares para proteger el entorno. Como ejemplos, Cornudella cita la limpieza de playas, bosques y lugares públicos, que en algunas ocasiones están muy degradados.

La tercera cuestión que plantea la agente de 11Onze es el marco legal. “Hay que dar un paso atrás y volver a utilizar las botellas de vidrio, las cajas de cartón y la madera”. Frente a un lobby de fabricantes de envases y plásticos muy poderoso, “se necesitaría contar con unas leyes que prohibieran y regularan el uso excesivo y sin medida del plástico”.

La importancia de las acciones cotidianas

Más allá de estas cuestiones genéricas, también las “pequeñas acciones diarias” pueden ayudar a proteger la salud de nuestros océanos. En esta línea, Cornudella recomienda “practicar las tres erres, sobre las que se basa la economía circular: reducir, reutilizar y reciclar”. Además de reducir los plásticos que generamos, esto nos permitirá “reducir la huella de carbono y a la vez combatir el cambio climático”. Y, en la era del ciberactivismo, Mònica Cornudella insiste en “compartir iniciativas en las redes sociales”.

“Implantar la economía circular y proteger la flora y fauna marinas ante el cambio climático” tendrían que ser, según la agente de 11Onze, un objetivo común para la humanidad. “Cada acción, por pequeña que sea, nos ayuda a conseguir un planeta más sano y a proteger los mares y océanos”, concluye Cornudella.

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¿Cómo afecta la gestión ganadera al medio ambiente? Dos asociaciones ganaderas del Segrià (Lleida) han convertido el problema de los purines en una solución. Han creado una planta de compostaje pionera en el Estado. Hemos hablado de ello en un nuevo episodio de Personas, con Miquel Serra, uno de los impulsores del proyecto.

Con no más de 10.000 habitantes, Alcarràs es el municipio de Europa con más densidad de granjas por kilómetro cuadrado. En total, reúne 45.000 cabezas de novillo, 35.000 madres de porcino y unas 250.000 plazas de engorde. Por eso, para los vecinos, la gestión del nitrógeno que provocan los purines era importantísima para cumplir con los estándares europeos. Así es como nació el proyecto de la planta de compostaje, impulsada por las dos grandes entidades ganaderas del municipio, para convertir los purines en abono.

Y lo hicieron de manera colectiva, tal como recuerda Serra. El proyecto les ha costado 1,5 millones de euros. “El estiércol de vacuno es de mejor gestión. Y en las granjas de porcino, donde tenemos separadores de estiércol sólido y líquido, nos interesaba poder gestionar el estiércol sólido. La planta de compostaje nos tenía que permitir hacer una gestión separada entre ambos estiércoles, porque el producto de vacuno está catalogado como producción ecológica; y el de porcino, no, a pesar de que sí que se puede usar para agricultura convencional”, detalla Serra, que es miembro de la entidad impulsora en Alcarràs Bioproductors.

Un caso excepcional

¿Y por qué no hay más plantas de compostaje como la de Alcarràs en todo el territorio? “Hasta ahora, todas las plantas de compostaje las ha montado gente que quería hacer negocio. Y una manera era hacer gestión otros subproductos que son de difícil tratamiento y por la cual las empresas pagaban a las plantas de compostaje. Esto es lo que las hacía viables”, explica Serra.

Por otra parte, en Alcarràs querían una planta de compostaje de estiércol y purines, sin buscar primero la rentabilidad, sino el beneficio medioambiental y la continuidad de sus granjas, y esto la convierte en un caso único en el Estado. “Hay que pensar que nuestro negocio es el de producir carne”, argumenta el impulsor, que explica que, no obstante, ya hay tres multinacionales que se han interesado para comprar el compostaje que producirán. “Al final estamos convencidos de que lo conseguiremos hacer viable”, reconoce.

Sobre la financiación, todavía no se han planteado la ayuda de los fondos europeos, porque la iniciativa nació antes, pero Serra explica que se sienten muy acompañados por el Departament d’Agricultura y la Diputació de Lleida. “A través del proyecto BioHub Km 0, pensado para reactivar la economía de la zona, hemos podido gestionar una pequeña subvención que nos permite ser más ambiciosos”, explica Serra. De hecho, la planta de compostaje es solo el primer paso para un proyecto más grande de economía circular y sostenible. Se trata de generar una alternativa que permita conservar y valorar el talento del territorio. Convertir purines en abono puede ser la solución sostenible definitiva, pero siguen investigando más usos. Por ejemplo, del estiércol se puede extraer celulosa que se podría utilizar para hacer tejidos. Quizás el futuro de la moda sostenible será llevar ropa hecha con tejidos de purines.

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Después de hablar del relato y de la soberanía energética, emerge una pregunta incómoda —y, quizá, inevitable: ¿qué ocurre cuando imaginamos un futuro descentralizado dentro de un sistema que, por naturaleza, tiende a concentrar el poder? Esta tensión no es nueva. De hecho, recorre toda la historia económica moderna: la lucha entre la capacidad técnica de distribuir y la necesidad sistémica de centralizar.

El Solar Punk no es solo una moda visual ni una estética amable. Es, en esencia, una impugnación silenciosa pero profunda al capitalismo extractivo. No porque lo niegue frontalmente, sino porque cuestiona su principio rector: que el valor debe fluir hacia el centro para ser eficiente.

A primera vista, el Solar Punk se presenta como una reacción optimista a la saturación de narrativas distópicas: plantas en fachadas, energía solar en los tejados, comunidades autosuficientes y tecnología integrada con la naturaleza. Pero esta iconografía, aparentemente inocente, esconde una propuesta económica de gran alcance: producción distribuida, comunidades resilientes, reducción de dependencias y un reequilibrio del poder. Y es precisamente ahí donde reside su fuerza —y su incomodidad.

Porque el capitalismo contemporáneo no es fruto del azar, sino de una evolución histórica muy concreta. Tal como ya hemos analizado en La Plaça, el sistema ha pasado de conquistar territorios a estructurar dependencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el centro económico mundial se desplazó hacia Estados Unidos, no solo por su capacidad productiva, sino por su arquitectura financiera y la institucionalización del dólar como eje global. No se trataba solo de producir más, sino de definir las reglas del juego.

Este modelo se basa en una dinámica extractiva que se ha ido refinando con el tiempo. Ya no hablamos solo de recursos naturales, sino de extracción de rentas financieras, de datos y de valor a través de la deuda. Es un sistema que concentra riqueza y poder en nodos centrales, consolidando dependencias que a menudo pasan desapercibidas porque se han normalizado. Y es, precisamente, esta normalidad la que el Solar Punk pone en cuestión.

¿Una nueva economía… o el límite del sistema?

No es solo una cuestión ambiental. Es estructural. El modelo productivo global está diseñado para que la riqueza fluya hacia los centros de decisión, y esta dinámica no es accidental: es la condición de su estabilidad. La concentración no es una disfunción del sistema; es su lógica interna.

Los datos lo confirman: según el World Inequality Report, el 1% más rico acumula una parte creciente de la riqueza mundial, mientras los sectores estratégicos —energía, tecnología y finanzas— se consolidan en manos de unos pocos actores. Tal como ya se analiza en La lacra del capitalismo clientelar, la proximidad entre poder político y grandes corporaciones no es una anomalía, sino una forma de gobernanza. Cuando los recursos se concentran, la capacidad de decisión también lo hace.

En este contexto, el Solar Punk aparece a menudo como una propuesta mal interpretada. No habla de colapso, sino de regeneración; no de escasez, sino de eficiencia distribuida; no de individualismo, sino de comunidad. Pero esta lectura, si se queda en la superficie, pierde lo más relevante: su potencial transformador.

En términos económicos, el Solar Punk implica microproducción energética, economía circular, infraestructuras locales, tecnología abierta y reducción de intermediarios. Pero, sobre todo, implica algo más profundo: una redistribución del flujo de valor. Y eso es lo que lo hace difícil de asimilar dentro del sistema actual.

Cuando una comunidad produce su propia energía, no solo reduce costes: altera la dirección de la renta. Cuando financia proyectos locales, no solo impulsa la economía: redefine la relación entre capital y territorio. Cuando apuesta por producción distribuida, no solo gana autonomía: debilita las dependencias estructurales. De hecho, en Europa, las comunidades energéticas locales crecen impulsadas por el marco regulador de la Unión Europea. No es una revolución declarada, sino una corrección progresiva.

Este planteamiento entra en conflicto con los fundamentos del sistema actual. El capitalismo extractivo necesita dependencia energética, financiera y tecnológica para sostenerse. El Solar Punk cuestiona estos tres pilares de forma simultánea. Y lo hace sin estridencias: no propone sustituir el sistema, sino reducir su capacidad de absorción.

Por eso el debate real no es estético, sino estructural. El modelo actual muestra grietas evidentes —vulnerabilidad energética, endeudamiento crónico, tensiones geopolíticas y fragilidad de las cadenas de suministro— que no son anomalías, sino consecuencias de una arquitectura diseñada para concentrar.

El Solar Punk no propone una ruptura inmediata, sino una adaptación que, si prospera, puede acabar transformando el sistema desde dentro. Por tanto, no es una revolución frontal, sino más bien una desviación del rumbo, sin barricadas y con decisiones cotidianas que, acumuladas, alteran la estructura.

Hacia una economía más resiliente y distribuida

En 11Onze creemos que entender el sistema es el primer paso para no depender de él acríticamente. La historia económica nos enseña que ningún modelo es inmutable, pero también que ninguna transformación es espontánea. Siempre hay una tensión previa, una conciencia que madura lentamente antes de hacerse visible.

En un entorno cada vez más volátil, la descentralización energética y financiera no es una moda, sino una respuesta racional a las vulnerabilidades de un modelo excesivamente concentrado. Pero esta respuesta no es solo técnica. Es, sobre todo, cultural y moral.

El futuro no será solo una cuestión de tecnología, sino de cómo decidimos organizar el poder, los recursos y las dependencias. Y esta decisión no se toma en abstracto: se construye en cada elección colectiva y en cada estructura que aceptamos o cuestionamos.

Por eso, la cuestión de fondo no es si el Solar Punk triunfará como estética, sino si seremos capaces de asumir el coste —y la responsabilidad— de redistribuir el poder económico antes de que las tensiones del sistema se intensifiquen. Porque la historia no cambia cuando aparecen nuevas ideas, cambia cuando esas ideas se convierten en estructura. Y el futuro, como siempre, no es aquello que imaginamos, sino aquello que decidimos sostener.

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El cambio climático es el reto más grande al cual se enfrenta la humanidad y parar el calentamiento global es esencial para garantizar nuestra supervivencia. La transición energética hacia fuentes de energía más limpias y renovables es un factor clave para conseguirlo. ¿Hasta qué punto es factible?

El último Informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial constata que los acontecimientos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y la escasez de recursos naturales suponen el riesgo más grande para la humanidad durante la próxima década.

La causa principal es la quema de combustibles fósiles, que ha ido aumentando a medida que lo ha hecho la población humana. Su combustión genera gases invernadero que atrapan los rayos del Sol en la atmósfera terrestre, elevando la temperatura media de la superficie del planeta.

Sin tiempo para parar el calentamiento global

Las emisiones de gases de efecto invernadero llegaron a máximos históricos en la década pasada. Aunque el ritmo de su crecimiento ha disminuido, el informe “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change” advierte que solo será posible limitar el calentamiento global a 1,5 °C si se produce una reducción inmediata y profunda de las emisiones.

Para conseguirlo, habría que reducir estas emisiones a casi la mitad de aquí a 2030 y que fueran nulas a mediados de siglo. En la cumbre de la COP28, celebrada el pasado mes de diciembre en Dubai, se acordó triplicar el uso de las energías renovables en los próximos cinco años.

Aun así, el mundo todavía consume más de 35.000 millones de barriles de petróleo cada año. Esta dependencia en los combustibles fósiles es insostenible, tanto desde un punto de vista productivo como medioambiental. Los expertos calculan que ya se han agotado un 40% de las reservas mundiales de petróleo y que, al ritmo actual, solo quedan por unos 50 años más.

¿Puede funcionar el mundo solo con energías renovables?

La energía renovable es cualquier tipo de energía que procede de una fuente que no se agota con el tiempo. Hay muchas fuentes de energía renovable, como la energía solar, la eólica o la geotérmica, y son importantes porque, a diferencia de los hidrocarburos, son infinitas y casi no producen emisiones contaminantes.

El principal problema de las energías renovables es la inestabilidad de su producción y el almacenamiento, de forma que se puedan distribuir fácilmente. Es decir, quedan limitadas en función de su disponibilidad y ubicación, lo cual las hace poco rentables. Eso sí, se podría reducir el coste mediante el desarrollo de tecnologías más avanzadas para capturar la energía y transportarla de forma más eficiente.

En este contexto, un estudio realizado por IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, demuestra que un modelo energético 100% renovable es posible y marca el camino hacia una reducción del 45% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) respecto a los niveles de 2010 para el 2030, y de cero emisiones para el 2050.

El análisis de IRENA llega a la conclusión que ya tenemos las tecnologías que nos pueden conducir a un sistema energético descarbonizado con soluciones que pueden desplegarse rápidamente y a escala. El estudio muestra que más del 90% de las soluciones que hacen posible el objetivo del 2050 pasan por las energías renovables a través del suministro directo, la electrificación, la eficiencia energética, el hidrógeno verde y la bioenergía combinada con la captura y el almacenamiento de carbono.

La Agencia argumenta que el aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido provocado por el elevado precio del gas con el cual se produce la electricidad porque, de momento, las energías renovables no dan la estabilidad necesaria para poder garantizar el suministro eléctrico. Por lo tanto, cuanto antes consigamos una economía descarbonizada, antes dejaremos atrás esta dependencia y las extremas variaciones de precios asociadas a ella.

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A la utilidad del oro en el terreno financiero, ornamental y tecnológico habrá que sumar su contribución a la sostenibilidad del planeta. Una investigación ha descubierto que un catalizador de nanopartículas de este metal precioso permite convertir materiales de desecho, como la biomasa y el poliéster, en útiles compuestos orgánicos de silicio. 

Los residuos plásticos suponen un problema para la humanidad. Por eso se están invirtiendo muchos recursos en la búsqueda de fórmulas que permitan reciclarlos y darles una nueva vida útil. Diversas líneas de investigación pretenden convertir esos materiales de desecho en compuestos y productos útiles de una forma eficiente.

Una de ellas, en la que trabajan científicos de la Universidad Metropolitana de Tokio, ha descubierto que las nanopartículas de oro soportadas sobre una superficie de óxido de circonio permiten convertir materiales de desecho, como la biomasa y el poliéster, en compuestos organosilanos, que son valiosos productos químicos con una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de su estudio se publicaron recientemente en el prestigioso ‘Journal of the American Chemical Society’.

El nuevo protocolo saca partido de la combinación de las nanopartículas de oro con un soporte de óxido de circonio, cuyas características le permiten reaccionar como base y como ácido. Esto hace posible reciclar los residuos en unas condiciones menos exigentes y de una forma más ecológica que con los sistemas investigados hasta ahora.

Nueva vida para los residuos plásticos

El equipo de investigadores lleva tiempo trabajando en la conversión de plástico y biomasa en organosilanos, que son moléculas orgánicas con un átomo de silicio unido al carbono utilizadas en revestimientos de alta calidad y en la producción de productos farmacéuticos y agroquímicos. 

El problema hasta ahora era que la adición del átomo de silicio implicaba la utilización de reactivos sensibles al aire y a la humedad que requieren altas temperaturas y condiciones ácidas o básicas extremas. Como consecuencia, el proceso de conversión no resultaba nada eficiente para el medio ambiente.

Un paso clave

El gran hallazgo es que el nuevo catalizador con nanopartículas de oro hace que los grupos de éter y éster, ambos abundantes en plásticos como el poliéster y compuestos de biomasa como la celulosa, reaccionen con el disilano y se formen útiles organosilanos. Y para ello solo es necesario un calentamiento suave en disolución. 

Los investigadores han identificado que la clave en la eficacia de esta conversión radica en la combinación de las nanopartículas de oro y la naturaleza anfótera del soporte de óxido de circonio, es decir, su capacidad para actuar indistintamente como base y como ácido.

Doble ventaja

Este sistema no solo permite descomponer los poliésteres en condiciones mucho menos exigentes que las utilizadas hasta ahora. Lo más importante es que los productos de la reacción son compuestos valiosos listos para su uso. 

El equipo de investigadores espera que esta nueva vía de producción de organosilanos permita avanzar hacia un futuro neutro en emisiones de carbono, al permitir el reciclaje de residuos plásticos de forma eficiente y evitar que miles de toneladas de ellos acaben ardiendo en plantas incineradoras.

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Llueva, nieve o haga sol, el suministro del agua que consumen más del 80% de los catalanes sigue en manos de empresas total o parcialmente privadas. A pesar de los esfuerzos por recuperar la gestión pública de este servicio, las multinacionales del sector se resisten a perder un negocio millonario.

A través de la empresa pública ONAIGUA, el consejo comarcal de Osona asumió en abril del año pasado la gestión del suministro de agua en esa comarca, con lo que da servicio a 11.400 puntos de consumo y llega a más de 25.000 habitantes. Se convirtió en el primer consejo comarcal en tomar una medida de este calado.

Podríamos decir que se trata de una anomalía del mercado, ya que el suministro del agua en Cataluña está mayoritariamente en manos privadas. Un reducido número de empresas privadas administran y se lucran de este bien preciado en nuestro país gracias a concesiones muchas veces cuestionadas. Y eso que en el mundo la gestión pública surte al 90% de la población y Naciones Unidas reconoce el agua como un derecho humano.

Según los datos de la plataforma Agua es vida, más del 80% de los catalanes obtienen el agua a través de un servicio total o parcialmente privatizado, mientras que los que la reciben por medio de una empresa pública no representan ni el 20% de la población. Este desequilibrio se explica por el dominio del modelo privado en los municipios con un mayor volumen de población, que son los más rentables.

Presión para municipalizar un servicio básico

Ante esta realidad, existe una creciente presión para recuperar la gestión pública de este servicio. La Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP) ya cuenta con 68 miembros y representa al 47% de la población de Cataluña. Recientemente, publicaba un informe con propuestas de reformas legislativas para cambiar esta situación.

Seis municipios, la Asociación de Micropueblos de Cataluña y una nueva empresa pública, se sumaron a esta entidad en 2022. De los nuevos municipios, solo Mieres (La Garrotxa), Collbató (Baix Llobregat) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà) gestionan directamente el agua. Castelló d’Empúries está en proceso de remunicipalizar el servicio, mientras que Manlleu y Sitges todavía están atadas a concesiones por más de una década con Sorea y Agbar. En cuanto a la Asociación de Micropueblos de Cataluña, hay que tener en cuenta que el 70% de los municipios de menos de mil habitantes ya gestionan directamente el suministro de agua.

Casi un monopolio

Aunque las empresas privadas que gestionan el agua en Cataluña se presentan con distintos nombres según el municipio, la mayoría pertenecen al grupo Agbar, que está valorado en unos 3.000 millones de euros.

Este grupo controla totalmente la empresa Sorea y posee casi el 80% de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), el 68% de Aigües de Rigat (Igualada) y el 49% de la Empresa Municipal Aigües de Tarragona (Ematsa). Además, tiene alrededor del 35% de Mina Pública de Terrassa y el 31% de Girona SA.

Sus beneficios no solo provienen de la venta de agua, que el año pasado pretendía encarecer un 7,4% en Barcelona. También a través de la subcontratación de servicios a sus filiales. Esto permite que en la Ciudad Condal, por ejemplo, el coste de los contadores de agua para el usuario final acabe más que triplicando el coste original. Hablamos de unos 17 millones de euros de beneficio adicional al año.

Estrategia de judicialización

Ante un negocio de este tamaño no resulta extraño que Agbar lleve a los tribunales cualquier iniciativa encaminada a recuperar la gestión pública del suministro de agua, como detalla el portal ctxt. Solo en Barcelona, esta multinacional y sus entidades afines han presentado una cuarentena de acciones judiciales.

Su estrategia de empantanar judicialmente estos procesos para dilatarlos o diluirlos le ha llevado incluso a poner un contencioso contra un simple convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana para el intercambio de información entre instituciones.

Uno de los casos más sonados tiene que ver con la consulta que el Ayuntamiento de Barcelona quería impulsar para conocer la opinión de la ciudadanía sobre una eventual gestión pública del agua. Diversas entidades, entre las que se encontraba Agbar, interpusieron recursos. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió el reglamento de participación ciudadana en la parte relativa a las consultas e impidió que la iniciativa saliera adelante.

El caso que afecta a un mayor número de municipios es el que Agbar impulsó contra varios consistorios del Área Metropolitana de Barcelona. Inicialmente, una sentencia del TSJC en 2016 anuló la concesión a Aigües de Barcelona del suministro de agua en varios municipios del cinturón metropolitano, con la que la empresa se aseguraba el servicio a casi tres millones de habitantes durante 35 años y unos ingresos de 3.500 millones de euros. El tribunal veía “motivos de anulación por vicios en el proceso de contratación” cuando se constituyó la empresa mixta en la que participaba Agbar. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esta sentencia en 2019 al considerar que el procedimiento empleado por la Administración para adjudicar el servicio sin concurso público estaba avalado por la Ley de contratos del sector público.

Prácticas turbias

Como denunciaba Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, las turbias prácticas de Agbar para conseguir concesiones la han llevado a estar imputada en tres macrocausas judiciales (Pokémon, Púnica y Petrum), además de ser expulsada en 2017 de la gestión del agua en Girona tras demostrarse su vinculación con la trama del 3%. 

Los informes de esta última causa constataban que, durante más de dos décadas, los gerundenses pagaron más de 1 millón de euros de sobrecoste por el servicio de agua. Además, la Agencia Tributaria advertía que los directivos de la empresa habían cargado gastos personales a la sociedad y concluyó que Girona SA había cobrado centenares de miles de euros por servicios no prestados. 

Como explicamos en el artículo “Los servicios públicos, cada vez más privatizados”, la privatización de servicios esenciales avanza de forma implacable en Europa desde los años ochenta. Y eso está teniendo un precio incuestionable para el conjunto de la ciudadanía. El agente de 11Onze Jordi Coll apunta que este proceso ha supuesto someter la prestación de estos servicios “a la lógica de criterios de mercado y, por lo tanto, de los beneficios privados”.

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Hay una pregunta incómoda que Cataluña y Europa llevan demasiado tiempo evitando: ¿qué ocurre cuando un país todavía tiene dinero, pero ya no controla lo que come? La respuesta es sencilla y brutal. Que la soberanía es una ilusión. Por eso, cuando en 11Onze defendemos que hay que pensar como el gobernador de tu propio banco central, no hablamos solo de oro. Hablamos también de alimentos. De aquello que no se puede imprimir. De aquello que sostiene la vida cuando las cadenas globales fallan, los precios se disparan o la política da la espalda al territorio.

Durante años, el sector primario se ha tratado como una reliquia romántica. Como si el campesinado fuera un recuerdo del pasado y no una infraestructura crítica del presente. Pero la realidad se ha vuelto tozuda. La inflación alimentaria, la sequía, la dependencia exterior, el envejecimiento del campo y las protestas agrarias en toda Europa han recordado una verdad elemental: sin campesinado no hay seguridad alimentaria, y sin seguridad alimentaria no hay estabilidad económica ni política.

Cataluña lo vive en primera persona. Según el Idescat, el número de explotaciones agrarias ha caído de 54.972 en 2020 a 48.725 en 2023. Es una caída muy rápida en muy poco tiempo. Al mismo tiempo, la superficie agraria utilizada también se ha reducido. No hablamos, por tanto, solo de un cambio estadístico. Hablamos de capacidad productiva que desaparece, de conocimiento que se pierde y de territorio que queda más expuesto.

El dato más preocupante, sin embargo, no es solo cuántas explotaciones cierran, sino quién queda al frente de las que sobreviven. El propio Departamento de Agricultura recuerda, en las nuevas bases de ayuda para la sucesión de explotaciones, que en Cataluña el 40,92% de los jefes de explotación tienen 65 años o más, mientras que los menores de 35 años son solo el 4,12%. Es decir: el relevo generacional no es un reto futuro. Es una emergencia presente.

El campesinado como seguro colectivo

En Europa, el dibujo es parecido. Eurostat constata que en 2020 había 9,1 millones de explotaciones agrarias en la UE, 5,3 millones menos que en 2005. En quince años se ha evaporado cerca del 37% de las granjas europeas. Además, el 57,6% de los gestores agrarios tenían 55 años o más, y solo el 11,9% eran menores de 40 años. Sí, la UE sigue siendo una gran potencia agroalimentaria. Pero lo es sobre una base cada vez más envejecida, concentrada y frágil.

Este deterioro no se explica por una sola causa. Es una suma de asfixias. Por un lado, los agricultores llevan años denunciando precios en origen insuficientes, un poder excesivo de la gran distribución y la competencia de productos importados que no siempre soportan los mismos estándares que se exigen aquí. Esto ya lo advertíamos en 11Onze en 2021: cuando producir deja de ser rentable, el sistema no se abarata, se desmantela.

Por otro lado, Bruselas ha tenido que admitir que las protestas de 2024 no eran ninguna anécdota. La propia Comisión Europea reconoce que el primer año de aplicación de los planes de la PAC coincidió con el impacto de la guerra de Ucrania, el encarecimiento de costes y fenómenos climáticos adversos, y por ello ha impulsado paquetes de simplificación en 2024 y 2025 para reducir la carga administrativa y dar más flexibilidad a los agricultores. Cuando la burocracia tiene que simplificarse con urgencia, es que antes se había convertido en una losa.

El campesinado también es infraestructura estratégica

En Cataluña, además, la sequía ha actuado como un acelerador de todas las vulnerabilidades. La Agencia Catalana del Agua admite que el episodio de sequía vivido entre principios de 2021 y marzo de 2025 ha superado todos los episodios históricos por extensión, intensidad y duración. Esto no es un detalle meteorológico. Es un golpe estructural sobre la producción de alimentos. Y cuando el agua falla, falla mucho más que una cosecha: falla la confianza en la continuidad del sistema.

Por eso es un error pensar el campesinado solo como un sector económico. El campesinado es también una reserva estratégica. Igual que el oro es una reserva monetaria porque preserva valor fuera del sistema de promesas financieras, la producción alimentaria es una reserva física porque asegura el acceso a lo esencial fuera de la fragilidad de las cadenas globales. El oro no se puede imprimir. El trigo tampoco. Una moneda puede perder credibilidad. Una cosecha, si existe y es cercana, sigue alimentando.

Esta es la gran intuición del artículo sobre tu propio banco central: un patrimonio serio no se construye solo con números en pantalla, sino con activos reales. Activos sin riesgo de contrapartida o con utilidad inmediata. El oro cumple la primera función: proteger poder adquisitivo y actuar como seguro frente a los errores del sistema monetario. No es casualidad que en 2025 la demanda global de oro, incluyendo OTC, superara por primera vez las 5.000 toneladas, ni que los bancos centrales añadieran 863 toneladas más. El mercado está diciendo con dinero real que la confianza en los activos tangibles aumenta.

Los alimentos cumplen la segunda función: sostener la vida y la cohesión social. Sin comida, no hay orden económico que aguante. Y por eso es tan grave que Europa haya tolerado durante años la desaparición de millones de explotaciones mientras confiaba en que el mercado global haría el resto. Los mercados globales funcionan muy bien hasta que dejan de hacerlo. Lo vimos con la pandemia. Lo vimos con la guerra. Lo hemos visto con la energía. Y lo volveremos a ver con la alimentación si seguimos arrinconando al campesinado.

Por qué el campo es un seguro de país

Hay quien todavía ve el apoyo al campo como un gasto. Es justo al revés. Es un seguro colectivo. Tener un campesinado local viable significa tener más capacidad para amortiguar choques externos, más control sobre precios y suministro, más empleo arraigado en el territorio y más autonomía frente a decisiones tomadas lejos del país. La DUN de 2026 ya se prevé para 45.000 explotaciones agrarias de Cataluña. La cifra, por sí sola, ya indica dos cosas a la vez: el sector sigue vivo, pero el margen para perder más base productiva es cada vez menor.

El debate de fondo, por tanto, no es agrícola. Es civilizatorio. ¿Queremos ser una sociedad que todavía sabe producir lo que come o una sociedad que solo sabe comprarlo? ¿Queremos tener reservas reales o seguir dependiendo exclusivamente de estructuras financieras, logísticas y políticas que no controlamos? Cuando un país abandona a su campesinado, no solo pierde campesinos. Pierde soberanía. Pierde resiliencia. Pierde futuro.

En 11Onze lo tenemos claro. Si quieres pensar como el gobernador de tu propio banco central, tienes que entender que tu seguridad no depende solo de la cuenta corriente. Depende también de cómo proteges tu ahorro con activos reales, como el oro físico, y de cómo defiendes los ecosistemas que hacen posible la vida, empezando por el campesinado y la producción de alimentos. Porque la riqueza de verdad no es solo conservar valor. Es conservar capacidad de vivir. Y eso significa proteger aquello que no se puede imprimir: el oro que preserva el patrimonio y el campesinado que nos alimenta.

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Ante la emergencia climática, la economía tiende a descarbonizarse a marchas forzadas. En un contexto de crecientes impuestos a las industrias contaminantes, un estudio señala que aumentar el porcentaje de oro en una cartera de inversión diversificada reduce su huella de carbono global sin que se resienta la rentabilidad.

Los datos de la UE confirman que Europa vivió en 2022 su verano más cálido y que las temperaturas en el planeta durante los ocho últimos años han sido las más elevadas desde que existen registros. El ritmo del calentamiento global hace inaplazable una reducción drástica en las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo así se podrán evitar las consecuencias catastróficas asociadas al cambio climático.

Ante esta realidad, el proceso de descarbonización de la economía es una prioridad tan urgente que está condicionando gran parte de las actuales decisiones políticas, empresariales y de inversión. Y, en este sentido, un informe de la consultora Urgentem concluye que la inclusión del oro en una cartera de inversión diversificada “puede tener un impacto positivo en el rendimiento de la cartera desde una perspectiva de transición climática”, ya que reduce la huella de carbono global de la cartera sin que se resienta la rentabilidad. 

Cuanto más oro, menos emisiones

El estudio analizó cuál habría sido la evolución a lo largo de cinco años de carteras de inversión diversificadas con diferentes porcentajes de activos para determinar cómo la inclusión del oro afecta al perfil de riesgo-rendimiento y a la huella de carbono global. 

Su conclusión es que, por ejemplo, en una cartera con un 70 % de renta variable y un 30 % de renta fija, dedicar un 10 % de esa cartera al oro reduciría las emisiones un 7 %, mientras que aumentar el porcentaje de oro al 20 % supondría una reducción del 17 %. Además, hay indicios claros de que la inclusión de oro en la cartera mejora el perfil de riesgo-rentabilidad.

Aunque ninguna de las combinaciones de activos analizadas alcanzaría el objetivo de cero emisiones en 2050, las que más se aproximarían serían las que incluyen un mayor porcentaje dedicado al oro. De hecho, las únicas que consiguen reducir emisiones son las que dedican como mínimo un 20 % de la inversión al oro.

En cuanto a la contribución de las carteras de inversión al aumento de la temperatura global proyectada hasta el año 2100, el oro también tendría un papel muy positivo para mitigar su impacto climático. El estudio calcula que dedicar la mitad de la cartera al oro supondría una reducción del 40 % (más de 1º C) en el calentamiento generado por esa cartera. Una cartera con un 70 % de renta variable y un 30 % de renta fija generaría un incremento de 2,96 °C, mientras que una con un 45 % de renta variable, un 5 % de renta fija y un 50 % de oro solo la aumentaría 1,76 °C.

¿Y si aumentan los impuestos a las emisiones?

Una de las principales herramientas políticas para frenar el cambio climático y acelerar la transición hacia una economía libre de emisiones son los impuestos a la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, el análisis de los precios asociados al dióxido de carbono muestra que una mayor proporción de oro contribuirá a reducir el riesgo de mercado para una cartera. Y cuanto más se endurezcan las políticas de reducción de emisiones, más conveniente será ampliar el porcentaje de oro en la cartera.

Los autores del estudio admiten que el marco temporal limitado (cinco años) de los datos recabados inicialmente y el rendimiento relativamente superior del oro durante este periodo pueden haber sesgado las expectativas de rentabilidad del oro, pero advierten que el análisis a más largo plazo también confirma el efecto favorable de la inclusión de oro sobre el perfil de rentabilidad de la cartera, aunque en menor medida. 

Por otra parte, los autores del informe asumen que un inversor hereda una proporción sustancial de la huella de carbono asociada a la extracción y producción de oro. Por eso, su análisis prospectivo les permite valorar cuánto afectaría a las carteras el potencial de descarbonización de este metal precioso.

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Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la banca participa en hasta 174 empresas del sector energético. El porcentaje de acciones que tienen estas entidades financieras les asegura la toma de decisiones en los Consejos de Administración y Juntas de Accionistas.

Las grandes entidades bancarias participan en un gran número de empresas energéticas a través de acciones o consejeros en lugares clave de su administración, lo cual los permite influir en la dirección de estas compañías y en la manera en que se perfila la gestión de la transición energética.

CaixaBank es uno de los bancos más activos en este sector, participando en empresas como, Naturgy y TotalEnergies. En el caso de Naturgy, CaixaBank fue accionista mayoritario de Repsol hasta 2019. La entidad financiera mantiene su control sobre estas empresas a través de CriteriaCaixa y cuenta con consejeros en lugares clave de las compañías energéticas.

Por su parte, Bankia también tiene miembros en los consejos de administración de la Red Eléctrica de España, mientras que Banco Santander participa en empresas como Endesa en Chile, Técnicas Reunidas y ENCE Energía & Celulosa. El Banco Sabadell también tiene una presencia importante en el sector de la energía, con consejeros en Repsol, ENCE Energía & Celulosa y Enagas.

Conflicto de intereses

Teniendo en cuenta que la crisis energética ha disparado el precio de la energía y, por lo tanto, los beneficios de estas compañías – los grandes bancos y las principales energéticas han acumulado más de 64.000 en beneficios durante los tres años de pandemia y crisis inflacionista – se hace difícil justificar aquellas posiciones alérgicas a la intervención pública de estos sectores económicos.

No deja de ser curioso que los mismos actores opuestos a la intervención del gobierno no parezcan tener ningún problema en perpetuar y justificar las puertas giratorias. Un negocio redondo, que a través de fichar a expresidentes y exministros para las directivas de bancos y energéticas, ha facilitado el oligopolio eléctrico del mercado de la energía en el Estado español, preservando la manipulación precios a expensas del consumidor, y con beneficios extraordinarios para estos dos sectores de la economía.

Las soluciones a los problemas derivados del conflicto de intereses de los accionistas de estas empresas no se pueden limitar a las imposiciones fiscales puntuales al sector financiero y energético, después de que hayan obtenido beneficios extraordinarios. Si queremos eliminar el problema de pura cepa, quizás haríamos bien en preguntarnos qué se está pagando cuando se contrata un político, sin estudios ni experiencia relevante, para un cargo en un banco o compañera eléctrica.

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La transición verde promete energía limpia, soberanía y sostenibilidad. Pero detrás de las placas solares, las baterías y los coches eléctricos se esconden nuevos cuellos de botella geopolíticos. El futuro verde también tiene dueños. Y no son europeos.

La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad política y económica global. Pero reducir este proceso a una cuestión ambiental es un error. La transición ecológica es, sobre todo, una reconfiguración del poder mundial. Y Europa corre el riesgo de sustituir la dependencia del petróleo y del gas por una nueva dependencia “verde” de minerales críticos controlados por terceros países, con impacto directo sobre precios, inflación y seguridad económica.

Durante décadas, la economía global ha girado en torno al petróleo, el gas y el uranio. Estos recursos han determinado alianzas, guerras, inflación y dependencias estructurales. Hoy, el relato es diferente, pero la base material sigue siendo imprescindible. La transición verde no elimina la dependencia de los recursos: la transforma.

Los nuevos protagonistas son el litio, el cobalto, el níquel, el cobre y las tierras raras. Sin estos minerales no hay baterías, ni placas solares, ni aerogeneradores, ni movilidad eléctrica. Ninguna tecnología verde es inmaterial. Todo dispositivo “limpio” tiene detrás una cadena extractiva intensiva, a menudo invisible para el consumidor final.

La demanda de estos recursos crece de manera exponencial. Según datos de la Comisión Europea, un coche eléctrico necesita hasta seis veces más minerales que un vehículo de combustión. El cambio tecnológico es profundo, pero la lógica económica sigue siendo la misma: quien controla el recurso controla el sistema.

El mapa real del poder verde

El relato oficial habla de transición, diversificación y autonomía. Pero el mapa real del suministro de minerales críticos cuenta otra historia. El control está fuertemente concentrado en pocos países, muchos de ellos fuera de la órbita europea.

China es el actor central. Domina el refinado de tierras raras, del litio y del cobalto, y controla etapas clave de la cadena de valor, aunque no siempre sea el principal extractor. La República Democrática del Congo concentra más del 70% del cobalto mundial, a menudo en condiciones sociales y ambientales muy cuestionables. Chile, Argentina y Australia lideran la extracción de litio.

Europa, en cambio, es estructuralmente dependiente. Importa el 98% de las tierras raras que consume y depende masivamente del exterior para la mayoría de los minerales críticos, según datos de la Comisión Europea y del US Geological Survey. La transición verde europea se edifica, paradójicamente, sobre recursos que no controla.

La nueva dependencia verde

Sustituir el gas ruso por minerales chinos o africanos no elimina la vulnerabilidad. La desplaza. Esta nueva dependencia verde expone a Europa a tensiones geopolíticas, restricciones comerciales y chantajes económicos cada vez más frecuentes.

El ejemplo es claro: en 2023, China impuso restricciones a la exportación de galio y germanio, minerales clave para la industria tecnológica y energética. Un movimiento que sacudió las cadenas de suministro globales y evidenció hasta qué punto la transición verde es también un arma geopolítica.

Según el Fondo Monetario Internacional, la fragmentación geopolítica del comercio mundial incrementa los riesgos de escasez, volatilidad de precios y presiones inflacionistas estructurales. La transición energética, sin soberanía material, puede convertirse en una fuente de inestabilidad económica permanente.

¿Quién acaba pagando la transición?

El coste de la dependencia siempre cae hacia abajo. Cuando los recursos se encarecen o escasean, el sistema no absorbe el choque: lo traslada. Energía más cara, costes industriales al alza y subvenciones sostenidas con deuda pública acaban filtrándose inevitablemente en los precios finales. La transición verde, tal como se está desplegando, no es neutra en términos económicos: genera tensiones inflacionistas que impactan directamente en el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Este impacto va mucho más allá de la factura energética. Afecta a los alimentos, la vivienda y la movilidad, y tensiona especialmente a las clases medias, que vuelven a actuar como principal amortiguador del sistema. Los datos muestran que el aumento de los costes energéticos y de los inputs industriales ha sido un factor clave de la inflación reciente, erosionando el ahorro y reduciendo el margen de maniobra de hogares y empresas. La pregunta ya no es si la transición es necesaria, sino quién asume realmente su coste.

Aquí emerge una contradicción estructural: no hay sostenibilidad sin soberanía. Europa habla de reindustrialización y autonomía estratégica, pero llega tarde, con costes elevados y fuertes resistencias sociales. El reciclaje es imprescindible, pero insuficiente para satisfacer una demanda creciente de minerales críticos. Mientras tanto, la carrera global por los recursos avanza y el margen de maniobra se reduce. ¿Podemos hablar de sostenibilidad si dependemos de otras potencias para hacerla posible? Esta es la pregunta incómoda que Europa aún no ha respondido.

El futuro verde también es poder

El futuro verde también es poder. La transición ecológica no es solo una cuestión climática ni tecnológica, sino una cuestión de control, recursos y soberanía económica. Cambiar de modelo energético sin replantear quién controla las materias primas es sustituir una dependencia por otra. Y en este juego de fuerzas, Europa parte con desventaja.

Si el futuro sostenible no se construye con realismo geopolítico, el coste no lo pagarán los mercados ni las grandes corporaciones, sino la ciudadanía. Precios más altos, inflación persistente y una menor capacidad de decisión económica son el peaje de una transición diseñada sin control de los recursos críticos. La sostenibilidad, sin soberanía, se vuelve frágil y socialmente regresiva.

En 11Onze, creemos que hablar de sostenibilidad sin hablar de recursos es autoengañarse. Entender quién controla el futuro es el primer paso para proteger el ahorro, preservar la libertad económica y mantener la capacidad de decisión en un mundo cada vez más tenso y fragmentado. Porque el verdadero progreso no es solo verde: debe ser también justo, resiliente y soberano.

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