IA, el gran aliado del desarrollo sostenible

La inteligencia artificial facilita el cumplimiento del 79% de los objetivos de desarrollo sostenible marcados mundialmente a la Agenda 2030. Analizamos el estudio de Nature Communications para desgranar el porqué de esta cifra y desde qué ámbitos se logrará.

¿Qué se entiende por inteligencia artificial (IA)?

A pesar de que no existe una sola manera de describirlo, una forma certera es la que describe Britannica, entendiendo la IA como la capacidad de un ordenador digital o robot para desarrollar tareas que requieren inteligencia humana. Es decir, aprovechar las herramientas tecnológicas para optimizar tareas humanas y, al mismo tiempo, lograr retos que hasta ahora parecían imposibles. El desarrollo social y económico no se entiende sin estos mecanismos de IA que, hoy en día, ya marcan nuestra vida cotidiana. Reconocimiento facial, dactilar, por voz, predicción meteorológica, comunicación interactiva con máquinas, extracción automática de conocimiento o razonamiento lógico son algunos de los logros que, sin duda, marcarán el siglo. El foco, y el reto, está en crear y utilizar esta tecnología para contribuir a un desarrollo sostenible a escala global.

Los tres pilares del desarrollo sostenible

Sociedad, economía y medio ambiente conforman la base para entender el mundo actual y, por lo tanto, son los puntos clave para desarrollar acciones estratégicas. Desde estos tres grandes bloques se han creado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 17 objetivos y 169 metas conforman los retos presentes y futuros a escala mundial para mantener a raya los adelantos tecnológicos y asegurar que cada paso contribuye positivamente al progreso social.

A través de las 169 metas se tratan todos los ámbitos, como por ejemplo la pobreza, la educación de calidad, el acceso a la alimentación, salud y agua para la población, la energía limpia y asequible o la creación de ciudades sostenibles. El estudio de Nature Communications, basado en más de sesenta fuentes, determina que un correcto desarrollo de la IA puede tener un impacto positivo en 134 de estas metas, el 79%. Los usos de la IA son múltiples y los encontramos representados en aquellas acciones más cotidianas.

IA para reducir las desigualdades sociales

La tecnología se abre para llegar a todos los bolsillos, también desde el punto de vista económico. Actualmente, utilizar IA a través de nuestros smartphones forma parte de nuestra rutina. Reconocimiento de voz, táctil y de impronta, localización de dispositivo, conectividad… las herramientas IA se incorporan a toda velocidad para simplificar la experiencia de los usuarios y conseguir que todo el mundo tenga acceso a la tecnología. El objetivo es reducir, así, la brecha digital.

Pero la IA va más allá y busca crear mecanismos de inclusión para ciertos colectivos. Un ejemplo son las herramientas como Google Lookout o Microsoft Seeing AI que facilitan la percepción del entorno para las personas ciegas gracias a la identificación de objetos, personas o texto.

En casa nuestra, aplicaciones como el Localizador de la Fundació Arrels utilizan la tecnología como mecanismo de atención a colectivos en riesgo, en este caso enfocado a apoyar a personas sin hogar. Otro ejemplo es Refugee Aid App que pone al alcance de personas migrantes la localización de ONG, centros sociales y de ayuda humanitaria donde pueden ser atendidos.

Este es uno de los puntos clave de la IA, favorecer el interconexionado entre usuarios de todo el mundo y facilitar la creación de espacios de encuentro desde donde afrontar, de forma colectiva, un desarrollo social igualitario e inclusivo. La tecnología pone la plataforma, pero son los ciudadanos quienes tienen que pasar a la acción.

IA per a una economia circular

En clave de desarrollo sostenible, aparece el concepto de economía circular en que la producción va alineada con el ciclo de vida de los productos y se aleja del sistema tradicional basado al comprar, utilizar y tirar. La IA incentiva este sistema a partir de las acciones cotidianas más sencillas. Más allá de conectar marcas y consumidores, las plataformas digitales incentivan el intercambio de productos de segunda mano y se ha creado, desde el entorno digital, una tendencia basada en reutilizar productos y promocionar el DIY.

La industria también se apunta a la producción basada en las 7R, y lo hace de formas muy diversas. Las máquinas se ponen al servicio del medio ambiente para llevar a cabo una producción basada en materiales reciclados, desde neumáticos para hacer carreteras hasta prendas de ropa. La tecnología también llega a los métodos de transporte, que cada vez son más sostenibles y fomentan la cooperación por encima de la propiedad privada.

En el ámbito de generación de riqueza la IA también es clave en el sector empresarial en términos de eficiencia y optimización de procesos, así como en el proceso de selección. Desde unir empresas y buscadores de trabajo hasta crear procesos automatizados de selección de talento. En la misma línea, empresas de inversión como Circularity Capital conectan, a partir de aplicaciones, inversión y proyectos sostenibles. El tejido empresarial se adapta a las necesidades medioambientales con la tecnología como principal aliado.

IA en el medio ambiente: tecnología para entender el mundo

Con voluntad de preservación medioambiental, se han creado plataformas que utilizan el análisis de datos para identificar especies en riesgo de extinción, evitar la desertificación en zonas de riesgo o favorecer el mantenimiento de los bosques. Para un uso más cotidiano, aparecen aplicaciones que incentivan el consumo de alimentos de temporada, promueven el comercio de proximidad o incentivan el consumo de pescado de forma sostenible, sin olvidar la predicción meteorológica que acontece clave en el ámbito marítimo o de montaña.

Al mismo tiempo, desde nuestro móvil y gracias a la IA, podemos calcular la calidad del aire a tiempo real, las emisiones de gases de efecto invernadero o la huella de carbono que generamos diariamente. Todo de facilidades que demuestran que llevar un estilo de vida sostenible está solo a un clic.

La tecnología nos permite entender y saber qué está pasando en todo el planeta, e incluso en otros planetas. Las aplicaciones creadas a través de IA se extienden a todos los ámbitos y la lectura global es positiva: se está consiguiendo crear un tipo de tecnología que facilita la vida a los humanos y, sobre todo, que procura su desarrollo sostenible, pensando en clave comunitaria. El auténtico reto en esta cuestión, y en el que hace énfasis el estudio, es conseguir que la creación y el mantenimiento de esta tecnología no genere un impacto negativo al planeta. La IA puede favorecer al desarrollo sostenible, pero solo se conseguirá si el proceso hasta lograrlo también es respetuoso con el medio ambiente.

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Llueva, nieve o haga sol, el suministro del agua que consumen más del 80% de los catalanes sigue en manos de empresas total o parcialmente privadas. A pesar de los esfuerzos por recuperar la gestión pública de este servicio, las multinacionales del sector se resisten a perder un negocio millonario.

A través de la empresa pública ONAIGUA, el consejo comarcal de Osona asumió en abril del año pasado la gestión del suministro de agua en esa comarca, con lo que da servicio a 11.400 puntos de consumo y llega a más de 25.000 habitantes. Se convirtió en el primer consejo comarcal en tomar una medida de este calado.

Podríamos decir que se trata de una anomalía del mercado, ya que el suministro del agua en Cataluña está mayoritariamente en manos privadas. Un reducido número de empresas privadas administran y se lucran de este bien preciado en nuestro país gracias a concesiones muchas veces cuestionadas. Y eso que en el mundo la gestión pública surte al 90% de la población y Naciones Unidas reconoce el agua como un derecho humano.

Según los datos de la plataforma Agua es vida, más del 80% de los catalanes obtienen el agua a través de un servicio total o parcialmente privatizado, mientras que los que la reciben por medio de una empresa pública no representan ni el 20% de la población. Este desequilibrio se explica por el dominio del modelo privado en los municipios con un mayor volumen de población, que son los más rentables.

Presión para municipalizar un servicio básico

Ante esta realidad, existe una creciente presión para recuperar la gestión pública de este servicio. La Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP) ya cuenta con 68 miembros y representa al 47% de la población de Cataluña. Recientemente publicaba un informe con propuestas de reformas legislativas para cambiar esta situación.

Seis municipios, la Asociación de Micropueblos de Cataluña y una nueva empresa pública se sumaron a esta entidad en 2022. De los nuevos municipios, solo Mieres (La Garrotxa), Collbató (Baix Llobregat) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà) gestionan directamente el agua. Castelló d’Empúries está en proceso de remunicipalizar el servicio, mientras que Manlleu y Sitges todavía están atadas a concesiones por más de una década con Sorea y Agbar. En cuanto a la Asociación de Micropueblos de Cataluña, hay que tener en cuenta que el 70% de los municipios de menos de mil habitantes ya gestionan directamente el suministro de agua.

Casi un monopolio

Aunque las empresas privadas que gestionan el agua en Cataluña se presentan con distintos nombres según el municipio, la mayoría pertenecen al grupo Agbar, que está valorado en unos 3.000 millones de euros.

Este grupo controla totalmente la empresa Sorea y posee casi el 80% de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), el 68% de Aigües de Rigat (Igualada) y el 49% de la Empresa Municipal Aigües de Tarragona (Ematsa). Además, tiene alrededor del 35% de Mina Pública de Terrassa y el 31% de Girona SA.

Sus beneficios no solo provienen de la venta de agua, que el año pasado pretendía encarecer un 7,4% en Barcelona. También a través de la subcontratación de servicios a sus filiales. Esto permite que en la Ciudad Condal, por ejemplo, el coste de los contadores de agua para el usuario final acabe más que triplicando el coste original. Hablamos de unos 17 millones de euros de beneficio adicional al año.

Estrategia de judicialización

Ante un negocio de este tamaño no resulta extraño que Agbar lleve a los tribunales cualquier iniciativa encaminada a recuperar la gestión pública del suministro de agua, como detalla el portal ctxt. Solo en Barcelona, esta multinacional y sus entidades afines han presentado una cuarentena de acciones judiciales.

Su estrategia de empantanar judicialmente estos procesos para dilatarlos o diluirlos le ha llevado incluso a poner un contencioso contra un simple convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana para el intercambio de información entre instituciones.

Uno de los casos más sonados tiene que ver con la consulta que el Ayuntamiento de Barcelona quería impulsar para conocer la opinión de la ciudadanía sobre una eventual gestión pública del agua. Diversas entidades, entre las que se encontraba Agbar, interpusieron recursos. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió el reglamento de participación ciudadana en la parte relativa a las consultas e impidió que la iniciativa saliera adelante.

El caso que afecta a un mayor número de municipios es el que Agbar impulsó contra varios consistorios del Área Metropolitana de Barcelona. Inicialmente, una sentencia del TSJC en 2016 anuló la concesión a Aigües de Barcelona del suministro de agua en varios municipios del cinturón metropolitano, con la que la empresa se aseguraba el servicio a casi tres millones de habitantes durante 35 años y unos ingresos de 3.500 millones de euros. El tribunal veía “motivos de anulación por vicios en el proceso de contratación” cuando se constituyó la empresa mixta en la que participaba Agbar. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esta sentencia en 2019 al considerar que el procedimiento empleado por la Administración para adjudicar el servicio sin concurso público estaba avalado por la Ley de contratos del sector público.

Prácticas turbias

Como denunciaba Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, las turbias prácticas de Agbar para conseguir concesiones la han llevado a estar imputada en tres macrocausas judiciales (Pokémon, Púnica y Petrum), además de ser expulsada en 2017 de la gestión del agua en Girona tras demostrarse su vinculación con la trama del 3%. 

Los informes de esta última causa constataban que, durante más de dos décadas, los gerundenses pagaron más de 1 millón de euros de sobrecoste por el servicio de agua. Además, la Agencia Tributaria advertía que los directivos de la empresa habían cargado gastos personales a la sociedad y concluyó que Girona SA había cobrado centenares de miles de euros por servicios no prestados. 

Como explicamos en el artículo “Los servicios públicos, cada vez más privatizados”, la privatización de servicios esenciales avanza de forma implacable en Europa desde los años ochenta. Y eso está teniendo un precio incuestionable para el conjunto de la ciudadanía. El agente de 11Onze Jordi Coll apunta que este proceso ha supuesto someter la prestación de estos servicios “a la lógica de criterios de mercado y, por lo tanto, de los beneficios privados”.

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Ante la emergencia climática, la economía tiende a descarbonizarse a marchas forzadas. En un contexto de crecientes impuestos a las industrias contaminantes, un estudio señala que aumentar el porcentaje de oro en una cartera de inversión diversificada reduce su huella de carbono global sin que se resienta la rentabilidad.

Los datos de la UE confirman que Europa vivió en 2022 su verano más cálido y que las temperaturas en el planeta durante los ocho últimos años han sido las más elevadas desde que existen registros. El ritmo del calentamiento global hace inaplazable una reducción drástica en las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo así se podrán evitar las consecuencias catastróficas asociadas al cambio climático.

Ante esta realidad, el proceso de descarbonización de la economía es una prioridad tan urgente que está condicionando gran parte de las actuales decisiones políticas, empresariales y de inversión. Y, en este sentido, un informe de la consultora Urgentem concluye que la inclusión del oro en una cartera de inversión diversificada “puede tener un impacto positivo en el rendimiento de la cartera desde una perspectiva de transición climática”, ya que reduce la huella de carbono global de la cartera sin que se resienta la rentabilidad. 

Cuanto más oro, menos emisiones

El estudio analizó cuál habría sido la evolución a lo largo de cinco años de carteras de inversión diversificadas con diferentes porcentajes de activos para determinar cómo la inclusión del oro afecta al perfil de riesgo-rendimiento y a la huella de carbono global.

Su conclusión es que, por ejemplo, en una cartera con un 70 % de renta variable y un 30 % de renta fija, dedicar un 10 % de esa cartera al oro reduciría las emisiones un 7 %, mientras que aumentar el porcentaje de oro al 20 % supondría una reducción del 17 %. Además, hay indicios claros de que la inclusión de oro en la cartera mejora el perfil de riesgo-rentabilidad.

Aunque ninguna de las combinaciones de activos analizadas alcanzaría el objetivo de cero emisiones en 2050, las que más se aproximarían serían las que incluyen un mayor porcentaje dedicado al oro. De hecho, las únicas que consiguen reducir emisiones son las que dedican como mínimo un 20 % de la inversión al oro.

En cuanto a la contribución de las carteras de inversión al aumento de la temperatura global proyectada hasta el año 2100, el oro también tendría un papel muy positivo para mitigar su impacto climático. El estudio calcula que dedicar la mitad de la cartera al oro supondría una reducción del 40 % (más de 1º C) en el calentamiento generado por esa cartera. Una cartera con un 70 % de renta variable y un 30 % de renta fija generaría un incremento de 2,96 ºC, mientras que una con un 45 % de renta variable, un 5 % de renta fija y un 50 % de oro solo la aumentaría 1,76 ºC.

¿Y si aumentan los impuestos a las emisiones?

Una de las principales herramientas políticas para frenar el cambio climático y acelerar la transición hacia una economía libre de emisiones son los impuestos a la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, el análisis de los precios asociados al dióxido de carbono muestra que una mayor proporción de oro contribuirá a reducir el riesgo de mercado para una cartera. Y cuanto más se endurezcan las políticas de reducción de emisiones, más conveniente será ampliar el porcentaje de oro en la cartera.

Los autores del estudio admiten que el marco temporal limitado (cinco años) de los datos recabados inicialmente y el rendimiento relativamente superior del oro durante este periodo pueden haber sesgado las expectativas de rentabilidad del oro, pero advierten que el análisis a más largo plazo también confirma el efecto favorable de la inclusión de oro sobre el perfil de rentabilidad de la cartera, aunque en menor medida.

Por otra parte, los autores del informe asumen que un inversor hereda una proporción sustancial de la huella de carbono asociada a la extracción y producción de oro. Por eso su análisis prospectivo les permite valorar cuánto afectaría a las carteras el potencial de descarbonización de este metal precioso.

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La falta de lluvias lleva a reducir el suministro de agua en muchos municipios de nuestro territorio. Restricciones que afectan directamente a la agricultura, y en consecuencia, a la ganadería. El incremento de los costes de producción y la pérdida de cosechas por falta de agua tienen un impacto significativo en el aumento de la inflación. Nos lo explica Sílvia Garriga, agente 11Onze.

El calentamiento del planeta provocado por la actividad humana ha agudizado la sequía, un mal endémico de los países mediterráneos. Un hecho que queda patente en el estado de las reservas de agua de acuíferos y pantanos de nuestro territorio. Cataluña acumula meses de sequía y las reserves agua han disminuido hasta el 33%, casi a la mitad del año pasado.

Las lluvias y reservas hídricas son capitales para la producción agrícola, y tienen un impacto directo en los precios que pagamos por productos en el supermercado. Esta relación entre sequía e inflación no siempre es evidente. Cómo apunta Garriga, “muchos de nosotros no hemos sido conscientes de los incrementos de costes de producción provocados por la sequía”.

A la subida de costes de la electricidad, combustible, fertilizantes, y piensos, se suma la pérdida de cultivos por la falta de agua, que dejan al sector agrícola sin margen de beneficio. “Si se pierden cosechas por la carencia de agua, la demanda no disminuye, y se tiene que importar producto que acabará saliendo más caro para el consumidor”, explica Garriga.

Más de 500 municipios con restricciones en el consumo de agua

Cataluña está sufriendo la sequía más grave desde el 2008, cuando las reservas de agua de los embalses y cuencas internas cayeron hasta el 20%. Ante esta situación, la Agencia Catalana del Agua (ACA) se ha visto obligada a decretar la alerta por sequía en varias zonas del territorio, aprobando limitaciones en el consumo de agua a más de 500 municipios.

A los 301 que ya se encontraban en fase de alerta, este martes se sumaron los más de 100 municipios de las comarcas del Alt Penedès, la Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental y el Vallès Occidental, que suministra la cuenca del Ter-Llobregat, y también a los afectados por el ámbito de influencia del embalse Darnius-Boadella.

Aunque no se prevé que la situación se agravie tanto como para llegar al escenario de excepcionalidad, momento en el cual las reservas bajan del 25%, todo dependerá de las lluvias que puedan entrar durante el que queda de otoño. Los mapas de previsión meteorológica a largo plazo hacen pensar que, de noviembre a enero, caerá más lluvia de la normal en el litoral y en las comarcas de Girona, pero menos precipitaciones de las habituales en el Pirineo occidental.

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El plan de la Unión Europea de prohibir la venta de coches nuevos de gasolina y diésel para 2035 se enfrenta a la resistencia de varios frentes. Estados miembros, fabricantes de automóviles, consumidores y expertos del sector cuestionan la viabilidad y el impacto de tal medida.

La Unión Europea tenía previsto aprobar formalmente el acuerdo histórico el martes 7 de marzo. Después de la ratificación de la normativa por parte del Parlamento Europeo, quedaba pendiente su aprobación por parte de todos los Estados miembros de la UE, pero en contra de los pronósticos, la unanimidad inicial ahora queda lejos de estar asegurada. Para que se haga efectiva nueva legislación, al menos 15 de los 27 países -que representen como mínimo el 65% de la población de la UE- tienen que votar a favor de la normativa.

Alemania es el último país al mostrar su oposición a las medidas para prohibir la venta de coches que utilicen combustibles fósiles a partir del 1 de enero de 2035. Berlín reclama la neutralidad tecnológica para que la industria pueda encontrar soluciones de cero emisiones que no estén limitadas a la electrificación, por ejemplo, insistiendo que Bruselas garantice que los combustibles sintéticos podrán continuar utilizándose después de 2035.

El voto del país teutón es clave, pero Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Rumanía también habían pedido una renegociación del acuerdo. Italia manifestó su disconformidad y propuso reducir las emisiones de CO₂ en un 90% en 2035, en vez de un 100%, para que los fabricantes tuvieran más tiempo de adaptarse a la transición eléctrica. Así mismo, se mostraba crítica al eliminar totalmente los motores de combustión, ya que pondría en entredicho la viabilidad de marcas míticas como Ferrari y Lamborghini.

El grupo parlamentario italiano en la Eurocámara consiguió acordar una excepción hasta finales de 2035 para los fabricantes con pequeños volúmenes de producción anual -hasta 10.000 turismos o 22.000 furgonetas- y la excepción total para aquellas marcas que matriculen menos de mil vehículos en el año. Aun así, estas cifras no serían suficientes para satisfacer el volumen de ventas de las marcas mencionadas anteriormente y otras, como por ejemplo Porsche, donde su motor de combustión es una parte intrínseca del ADN que las hace deseables para los consumidores.

La electrificación no puede ser y no tiene por qué ser la única solución

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, fue contundente afirmando que la supresión total del motor de combustión a Europa era “un error y que el gobierno de su país no estaría de acuerdo con la prohibición” y añadía que “continuará habiendo nichos para los motores de combustión”. Quizás aquí, en la diversidad, está la clave de la solución.

Mientras que la electrificación es un objetivo loable, ante el incremento masivo de ventas de coches eléctricos y dados los volúmenes de producción previstos, se tienen que considerar otros factores que quedan pendientes de resolver. Según un estudio hecho por Volvo, la fabricación de un coche eléctrico genera un 70% más de emisiones que su equivalente con motor de combustión interna. Teniendo en cuenta las fuentes de la producción energética mundial actual, un coche eléctrico necesitaría hacer más de 100.000 kilómetros para conseguir la paridad con el de gasolina.

Desde la fabricación de baterías hasta su reciclaje, desde las técnicas de extracción de los metales raros que se utilizan -altamente perjudiciales para el medio ambiente- hasta la infraestructura de los puntos de recarga, insuficiente e impracticable para la mayoría de la población que no vive en una casa con garaje. Si se quiere energía limpia hay que preguntarse cómo se produce esta energía y si tiene un coste asumible para el consumidor.

Así mismo, a los altos precios de los vehículos eléctricos se suma una fiscalidad que en algunos países ya ha equiparado el precio de cargar un vehículo eléctrico al precio de poner gasolina o diésel, torpedeando la amortización, a la larga, del elevado precio de compra de los vehículos eléctricos en comparación a los vehículos de combustión interna. Un conjunto de retos a los cuales se pueden encontrar soluciones, siempre que, no asumamos que la electrificación es la única opción, en detrimento de la innovación en otros sectores que pueden asegurar que la transición energética, indudablemente necesaria, sea incluyente y accesible en vez de excluyente e inasequible.

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¿Es posible detener el calentamiento global? Durante casi una década la organización Project Drawdown ha insistido en que no se trata de una utopía si se toman las medidas adecuadas para detener la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron en la década pasada máximos históricos, por lo que el ritmo del calentamiento global se ha intensificado. La temperatura está aumentando a un ritmo de casi 0,2 °C por década. Y lo peor es que podría subir 1,5 ºC más entre 2030 y 2052, según un informe de la ONU.

En este contexto, la publicación en 2017 del libro ‘Drawdown’ generó un enorme eco mediático. Con cerca de un centenar de propuestas, se trataba del plan más completo hasta aquel momento para revertir el calentamiento global. El título hacía referencia a ese deseado momento futuro en el que los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera dejen de aumentar e inicien un descenso paulatino que evite consecuencias catastróficas.

El equipo editorial del libro siguió avanzando en sus propuestas para alcanzar ese “punto crucial para la vida en la Tierra; un punto que debemos alcanzar de forma tan rápida, segura y equitativa como sea posible”, según detallan en su web. En 2020 publicaron “El informe Drawdown”, que actualiza sus propuestas y plantea una serie de reflexiones fundamentales sobre el equilibrio climático.

Un informe de referencia

Sus soluciones hacen especial hincapié en los ámbitos energético, industrial, alimentario, del transporte y de la construcción, al sumar el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las propuestas, que pretenden servir de punto de partida para legisladores, instituciones e individuos, se basan en diez ideas clave que deberían guiar los esfuerzos de la humanidad para evitar el desastre medioambiental.

1. Es posible alcancar el punto “drawdown” a mitad de siglo. Sí, a pesar de las dificultades, es posible detener el incremento de las emisiones, pero para ello es necesario maximizar las soluciones climáticas disponibles en la actualidad. Como advierte el informe, “disponible es mejor que nuevo, y la sociedad está preparada para empezar dicha transformación a día de hoy”.
2. Se precisa un sistema completo de soluciones. No existe un remedio único y milagroso para un problema tan complejo como la crisis climática. Muchas de las soluciones pueden combinarse y hacer que se retroalimenten para obtener el mayor impacto posible. Por ejemplo, los edificios eficientes hacen que la generación de electricidad renovable sea más viable.
3. Las soluciones raramente tienen solo un impacto climático. Muchas de ellas pueden generar empleo, mejorar la resiliencia ante impactos climáticos como tormentas y sequías, y proporcionar otros beneficios medioambientales como la preservación de recursos hídricos.
4. El ahorro que suponen las soluciones climáticas supera de forma significativa a los costes. Los argumentos acerca de la falta de viabilidad económica de la acción climática son falsos. El informe calcula que los ahorros operativos netos multiplican por entre cuatro y cinco los costes de implementación netos. Y si tenemos en cuenta el valor financiero de los beneficios asociados, como el ahorro en servicios sanitarios gracias a la reducción de la polución, y los daños climáticos evitados, como la reducción de las pérdidas en agricultura, el argumento económico es todavía más sólido.
5. Es fundamental impulsar las soluciones que reducen o sustituyen el uso de combustibles fósiles. El uso de combustibles fósiles para electricidad, transporte y calefacción genera dos tercios de las emisiones de gases que atrapan calor en el mundo. De ahí la importancia de este apartado. Aproximadamente el 30% de las soluciones propuestas en el informe plantean una reducción de su uso a través de una mayor eficiencia y casi otro 30% plantea alternativas. Estas medidas, que abarcan desde el impulso de las energías solar y eólica a la readaptación de edificios, pueden proporcionar casi dos tercios de las reducciones de emisiones necesarias para llegar al punto “drawdown”.
6. Hay que favorecer los sumideros de carbono de la naturaleza. Si queremos evitar que se desborde el agua de una bañera, podemos cerrar el grifo, pero también quitar el tapón para que el líquido se vaya por el sumidero. Algo similar sucede con el carbono en la naturaleza. Las actividades humanas pueden favorecer los sumideros de carbono naturales, y muchas soluciones climáticas basadas en ecosistemas o relacionados con la agricultura tienen el doble beneficio de reducir emisiones y absorber el carbono.
7. No se presta la suficiente atención a algunas de las soluciones climáticas de mayor impacto. El informe advierte que, más allá de las turbinas eólicas terrestres y las plantas fotovoltaicas a escala industrial, es imprescindible avanzar en aspectos como la reducción de los desperdicios alimentarios o mejorar los procesos de desecho de refrigerantes químicos, que son potentes gases de efecto invernadero.
8. Se precisan aceleradores para impulsar soluciones a la escala, velocidad y alcance necesarios. Algunos aceleradores, como el cambio de políticas y el desplazamiento de capitales, están más cercanos y tienen impactos más directos. Otros, como los cambios culturales y la generación de poder político, están más alejados y son más indirectos en sus efectos.
9. Los cambios se deben dar a todos los niveles, desde el individual hasta el global. La crisis climática requiere cambios sistémicos y estructurales en nuestra sociedad. Son necesarias intervenciones a escala individual, de comunidad, organizativa, regionales, nacional y global para maximizar los beneficios y lograr la transformación.
10. Serán necesarios mucho compromiso, colaboración e ingenio para revertir la actual situación. El informe advierte que “la senda en la que nos encontramos es mucho más que arriesgada, y es fácil sentirse paralizado por ese peligro”. Sin embargo, también recalca que el cambio es posible: “juntos podemos construir un puente desde donde estamos ahora hacia el mundo que queremos” para las generaciones venideras.

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ONG francesas presentan una demanda contra el banco BNP Paribas por incumplimiento de sus compromisos de lucha contra la emergencia climática y para exigir que deje de invertir en combustibles fósiles. Es la primera acción legal de este tipo dirigida contra un banco comercial.

Les Amis de la Terre, Notre Affaire à Tous y Oxfam France han presentado una demanda contra BNP Paribas ante un tribunal de París para exigir que cumpla sus compromisos contra el cambio climático y deje de invertir en combustibles fósiles. Se trata de la primera acción legal de este tipo dirigido contra un banco comercial europeo.

La demanda está basada en la legislación francesa del 2017, que exige a las grandes empresas con sede en Francia, o a las corporaciones internacionales con presencia significativa en el país, el establecimiento de medidas claras para prevenir las violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales.

Los activistas acusan BNP Paribas de financiar combustibles fósiles y apoyar a empresas que desarrollan agresivamente nuevos yacimientos e infraestructuras de petróleo y gas, mientras que instan a la institución financiera a adoptar un plan de salida de su cartera actual basada en créditos e inversiones en hidrocarburos.

Por su parte, en un comunicado publicado en enero, el banco insiste en su compromiso con la sostenibilidad económica, y el apoyo al objetivo de lograr la neutralidad climática de cara al 2050. Destacando, que a día de hoy, más de la mitad de su financiación para la producción de energía se orienta hacia las energías bajas en carbono.

La banca española no hace los deberes

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha avisado reiteradamente que los principales bancos españoles no están cumpliendo su obligación de informar sobre el impacto ambiental de sus actividades financieras, tal como exige la ley sobre el Código de Comercio desde 2018.

En el último informe que el Instituto publicó en noviembre de 2022, se analiza el grado de cumplimiento de Bankinter, Banco Sabadell, Banco Santander y CaixaBank. A pesar de que el IIDMA reconoce que se ha progresado en cuanto a transparencia, también alerta que los principales bancos españoles continúan omitiendo información relevante sobre el impacto ambiental de sus operaciones financieras.

Concretamente, apunta que la banca española no divulga los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a sus productos financieros, así como su exposición a riesgos relacionados con el cambio climático. Mientras que los bancos reafirman su compromiso con la descarbonización de sus carteras de clientes, el estudio señala las carencias en identificar y reducir su exposición a los sectores más intensivos en carbono.

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La minería urbana, que consiste en recuperar y reaprovechar los metales presentes en vehículos, motores, electrodomésticos, baterías y dispositivos electrónicos, podría cubrir todas nuestras necesidades de metales como el oro o el cobre, sin necesidad de abrir nuevas minas. Muchos inmigrantes irregulares, unos 50.000 solo en Barcelona, sobreviven gracias a esta actividad en condiciones precarias. 

La elevada demanda de algunos metales está provocando la apertura de nuevas minas, que son poco sostenibles desde un punto de vista medioambiental. De hecho, la minería tradicional genera cada año en la Unión Europea 150.000 millones de toneladas de escombrera y 12.000 millones de toneladas de lodos. Una alternativa sería potenciar la minería urbana. Se calcula que, además de minimizar la generación de residuos, la medida permitiría reducir un 76% la contaminación de los acuíferos y un 40% el consumo de agua.

A pesar del aumento de la demanda previsto para las próximas décadas, un informe de Ecologistas en Acción advierte que la minería urbana bastaría para cubrir el 100% de las necesidades de metales como el oro o el cobre, y más de la mitad de las de neodimio y níquel. En el caso del cobalto y el litio, cuya demanda está creciendo exponencialmente, la recuperación serviría para cubrir el 8,3% y el 2,7%, respectivamente. Sin embargo, gran parte de estos metales acaban desaprovechados en vertederos.

Ni pagados ni reconocidos

A pesar de que el oro se encuentra 100 veces más concentrado en un teléfono móvil que en las minas de mayor ley, la recuperación de metales como este se ve frenada por motivos económicos: con la legislación actual, sale más barato extraerlos de las minas que recuperarlos de los aparatos desechados. Y eso que parte del proceso suele hacerse de forma informal.

Solo en Barcelona puede haber más de 50.000 personas que cada día realizan largas jornadas recogiendo piezas metálicas, como explica Federico Demaria, profesor de Economía ecológica y Ecología política de la Universidad de Barcelona. En muchos casos son subsaharianos sin papeles que no pueden regularizar su situación. De hecho, el 1 de marzo se celebra el Día Mundial del Reciclador por el servicio que prestan este tipo de personas al medio ambiente y a la sociedad de forma precaria. Sin ellos, gran parte de la chatarra acabaría en vertederos.

A diferencia de algunas empresas privadas que cobran de la Administración por recoger, transportar y reciclar esos materiales, estos recicladores informales contribuyen a la economía circular sin ningún tipo de ayuda. Se limitan a recoger el material metálico de pisos y locales en obras, o el que encuentran en la calle, para venderlo a pequeñas chatarrerías legalizadas. A su vez, estas lo canalizan hacia la industria recicladora establecida, que mueve miles de millones de euros.

Una vida precaria

Un estudio del Gremio de Recuperación de Cataluña calcula que del más de medio millón de toneladas de residuos metálicos que se recuperaron en Cataluña en 2013, por lo menos una quinta parte la habían recogido los recicladores informales.

Hace unos años el Ayuntamiento de Barcelona impulsó la creación de Alencop, una cooperativa pionera que regularizó la situación de una treintena de estos recicladores informales. Aunque esta iniciativa tuvo que cerrar sus puertas a raíz de la pandemia, parte de su plantilla se integró en una empresa privada sin ánimo de lucro llamada Andròmines. 

Estos empleados se pueden considerar unos privilegiados dentro de un colectivo que malvive por las calles de la Ciudad Condal. Y la situación podría empeorar para muchos de ellos por su falta de visibilidad. No hay que olvidar que existen grandes intereses económicos en torno a la industria del reciclaje. Las empresas de gestión de residuos, la mayoría privadas y con plantillas subrogadas, pueden mover ficha para que el modelo de recogida se amolde todavía más a sus intereses y empuje todavía más hacia los márgenes a los recicladores informales.

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Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la banca participa en hasta 174 empresas del sector energético. El porcentaje de acciones que tienen estas entidades financieras les asegura la toma de decisiones en los Consejos de Administración y Juntas de Accionistas.

Las grandes entidades bancarias participan en un gran número de empresas energéticas a través de acciones o consejeros en lugares clave de su administración, lo cual los permite influir en la dirección de estas compañías y en la manera en que se perfila la gestión de la transición energética.

CaixaBank es uno de los bancos más activos en este sector, participando en empresas como, Naturgy y TotalEnergies. En el caso de Naturgy, CaixaBank fue accionista mayoritario de Repsol hasta 2019. La entidad financiera mantiene su control sobre estas empresas a través de CriteriaCaixa y cuenta con consejeros en lugares clave de las compañías energéticas.

Por su parte, Bankia también tiene miembros en los consejos de administración de la Red Eléctrica de España, mientras que Banco Santander participa en empresas como Endesa en Chile, Técnicas Reunidas y ENCE Energía & Celulosa. El Banco Sabadell también tiene una presencia importante en el sector de la energía, con consejeros en Repsol, ENCE Energía & Celulosa y Enagas.

Conflicto de intereses

Teniendo en cuenta que la crisis energética ha disparado el precio de la energía y, por lo tanto, los beneficios de estas compañías – los grandes bancos y las principales energéticas han acumulado más de 64.000 en beneficios durante los tres años de pandemia y crisis inflacionista – se hace difícil justificar aquellas posiciones alérgicas a la intervención pública de estos sectores económicos.

No deja de ser curioso que los mismos actores opuestos a la intervención del gobierno no parezcan tener ningún problema en perpetuar y justificar las puertas giratorias. Un negocio redondo, que a través de fichar a expresidentes y exministros para las directivas de bancos y energéticas, ha facilitado el oligopolio eléctrico del mercado de la energía en el Estado español, preservando la manipulación precios a expensas del consumidor, y con beneficios extraordinarios para estos dos sectores de la economía.

Las soluciones a los problemas derivados del conflicto de intereses de los accionistas de estas empresas no se pueden limitar a las imposiciones fiscales puntuales al sector financiero y energético, después de que hayan obtenido beneficios extraordinarios. Si queremos eliminar el problema de pura cepa, quizás haríamos bien en preguntarnos qué se está pagando cuando se contrata un político, sin estudios ni experiencia relevante, para un cargo en un banco o compañera eléctrica.

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Los líderes empresariales y políticos que asisten a la reunión anual del Foro Económico Mundial acostumbran a hacer declaraciones grandilocuentes sobre su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Xavi Viñolas, redactor de 11Onze, visita el programa Energia para analizar si hay sustancia detrás de la retórica oficial.

Una de las principales críticas al FEM es que es una reunión de la élite mundial, más interesada a establecer contactos y promover sus propios intereses que a tomar medidas concretas para abordar los problemas del mundo. Esto es especialmente cierto en cuanto a la lucha contra el cambio climático.

La cumbre de este año parece confirmar esta tendencia con muchas palabras pero pocas acciones concretas. Como explica Viñolas, “por un lado, le pican los dedos a ExxonMobil por haber escondido informes que confirmaban la relación entre el consumo de hidrocarburos y el cambio climático, mientras que, por la otra, hacen todo el posible para aumentar los beneficios de las empresas que se dedican a la explotación de combustibles fósiles”.

La “guerra verde” tiene poco de verde

Lo que algunos ya denominan la “guerra verde” entre los Estados Unidos y la Unión Europea a raíz de los subsidios para fomentar la compra de coches eléctricos anunciados por el gigante Americano, tiene poco que ver con la lucha contra el cambio climático o en fomentar la transición energética. “Realmente, hay un trasfondo comercial, económico y geopolítico que viene dado por la guerra comercial de los Estados Unidos contra China”, apunta el redactor de 11Onze.

Nos encontramos ante un ejemplo perfecto de proteccionismo a través de subsidios para evitar que China se quede una gran parte del pastel de la producción de coches eléctricos, por eso estas subvenciones están ligadas a que estos vehículos de cero emisiones estén fabricados en los Estados Unidos. La respuesta de la Unión Europea no se ha hecho esperar, anunciando la creación de un fondo soberano para contrarrestar el efecto de la ley de subsidios americana.

Los líderes del foro de Davos nos dicen que se trata de una carrera para ver quién hace más para favorecer la transición energética, la verdad, pero, es que esta carrera está más encaminada en proteger sus intereses económicos, que no en avanzar la quimera de la cual presumen.

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