El coche eléctrico frena en seco

Los fabricantes de automóviles dan marcha atrás con el coche eléctrico frente a una ralentización de la demanda global y alargan la fecha que tenían programada para poner fin a la producción de vehículos con motor de combustión. Los altos precios, el recorte de los incentivos y la falta de puntos de recarga fiables han disuadido a los consumidores.

Desde que en febrero de 2023 la Unión Europea ratificase la legislación que prohibiría, a partir de 2035, la venta y matriculación de todo vehículo que emitiera emisiones de CO₂, como pilar central del Pacto Verde Europeo, la realidad del mercado del automóvil eléctrico está forzando un cambio de rumbo que pone en entredicho la estrategia establecida para lograr los objetivos de reducción de emisiones.

Los coches eléctricos se siguen vendiendo, pero no se venden en los volúmenes que se tenían previstos. El último informe del Observatorio de Combustibles Alternativos de la Comisión Europea (EAFO) apunta que la penetración del coche eléctrico en la Unión Europea continúa siendo muy baja. Los vehículos ligeros con motores eléctricos e híbridos solo representan un 6,15% de la flota total, es decir, unos 18 millones sobre los casi 290 millones de vehículos que circulan por el territorio europeo.

Además, las matriculaciones de vehículos eléctricos están perdiendo peso en el conjunto de la Unión Europea. En el primer semestre del año, los vehículos puramente eléctricos representaron el 12,5% de las matriculaciones, mientras que el año anterior se quedaron en un 12,9%, según los datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). Por otro lado, los vehículos híbridos enchufables han perdido 0,5 décimas de cuota de mercado, del 7,4% logrado durante el mismo periodo de 2023, han pasado al 6,9% de este año.

Los datos de ventas de coches eléctricos del mes de junio siguen esta tendencia, perdiendo un 1% de su cuota de mercado, mientras que las matriculaciones de vehículos híbridos enchufables cayeron hasta un 19,9%. Se trata de una ralentización significativa del mercado del vehículo eléctrico cuando teniendo en cuenta que el total de las matriculaciones —vehículos eléctricos y de combustión— durante este mes aumentó un 4,3%, y un 4,6% en el conjunto de los primeros seis meses del año, respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas de vehículos eléctricos no solo han caído de forma generalizada en toda Europa. En el primer trimestre de 2024, los Estados Unidos experimentaron un descenso del 7,3% en las ventas totales de coches eléctricos en comparación con el cuarto trimestre de 2023. Solo el continuo crecimiento del mercado automovilístico de China, que representa el 60% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos, está invirtiendo esta tendencia a la baja.

Cuando no salen los números

Después de invertir miles de millones de euros en el desarrollo de nuevas plataformas eléctricas, marcas como Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen y el grupo Stellantis han alertado que han experimentado un descenso significativo de los pedidos de vehículos eléctricos.

La respuesta de la industria del automóvil no se ha hecho esperar, y ya hace meses que están anunciando recortes de producción, cierres de fábricas y un replanteamiento de su objetivo de convertirse en fabricantes de vehículos puramente eléctricos antes del final de esta década.

En este contexto, el Grupo Volkswagen ha desestimado la posibilidad de abrir una nueva planta en los alrededores de Wolfsburg, como estaba previsto, y ha avisado del posible cierre de la fábrica de coches eléctricos de Audi en Bruselas. Mercedes ha cancelado el desarrollo de una nueva plataforma eléctrica para concentrar sus esfuerzos en nuevos vehículos más asequibles y con motor de combustión.

Pero la industria europea juega contra reloj, 2035 es la fecha tope para vender vehículos de combustión y, hasta hoy, esta prohibición sigue en vigor. Sin embargo, esta normativa se enfrenta a la resistencia de varios frentes que cuestionan la viabilidad y el impacto de tal medida. La Eurocámara acordó una excepción hasta finales de 2035 para los fabricantes con pequeños volúmenes de producción anual y en cuanto a los combustibles sintéticos.

Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE), ha tildado “de error» la prohibición, después de las elecciones en el Parlamento Europeo y ha prometido que el partido debatiría su revocación «en los próximos días». No es la única voz entre los eurócratas que abogan por un acuerdo menos restrictivo y, en última instancia, en 2027 se decidirá si realmente se hace efectiva esta legislación.

De la teoría a la realidad

Los altos precios, el recorte de los incentivos y la carencia de puntos de recarga fiables han disuadido a los consumidores. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) apunta a algunos de estos factores como principales obstáculos para la adopción masiva de vehículos eléctricos en el Estado español. Según el organismo, el uso de vehículos eléctricos es impracticable sin un lugar donde se pueda recargar diariamente a un precio económico, sea en casa o en el puesto de trabajo.

Por otro lado, los precios desorbitados de los vehículos eléctricos excluyen a los compradores con menor poder adquisitivo, es decir, a la mayoría de la población de nuestro país y de gran parte de Europa, que piden vehículos más asequibles. Por lo tanto, no es de extrañar, que el Dacia Sandero haya sido el coche más vendido en la UE durante el primer semestre del año, en detrimento del Tesla Model Y, que ha pasado de ocupar la primera posición en 2023 a la octava este año, con una caída del 26% de las ventas.

Otra fuente de problemas para el sector del vehículo eléctrico tiene que ver con las denuncias de obsolescencia programada. Desde baterías que, por su alto coste, no son ni reparables ni reemplazables, hasta actualizaciones de software que dan un control total a los fabricantes en detrimento de los talleres independientes y de los propietarios, limitan la vida útil de los coches eléctricos, dejan escarmentados a los usuarios y ponen en duda las credenciales ecológicas de este tipo de vehículo.

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El número de personas que viven en condiciones de esclavitud no ha parado de crecer desde 2016 y no es ningún secreto que la producción en masa de productos baratos a menudo depende de fábricas en países en desarrollo donde se trabaja en condiciones infrahumanas. Entonces, ¿por qué lo seguimos ignorando como consumidores?

Las últimas estimaciones del informe anual de Global Slavery Index indican que 50 millones de personas en el mundo son víctimas de la esclavitud moderna y que casi 10 millones más de hombres, mujeres, niñas y niños han sido forzados a trabajar o casarse desde 2016.

A pesar de que la esclavitud moderna puede adoptar muchas formas, en el mundo laboral, nos referimos a aquella condición de explotación según la cual, en la actualidad, una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse a causa de la coerción, las amenazas o el abuso de poder, entre otros.

Tragedias como la de Bangladesh en 2013, cuando el edificio Rana Plaza se desplomó causando 1134 muertos y 2500 heridos, o el incendio de la fábrica de bolsas escolares el 2019, en Delhi, donde murieron decenas de trabajadores que producían artículos y prendas de vestir para marcas de ropa occidentales, ponían a cuerpo descubierto el rol de la industria de la moda en la esclavitud moderna.

Se trata de un secreto que hace años que se oculta a plena vista. Desde las materias primas hasta la fabricación, pasando por el embalaje y la entrega, la esclavitud moderna está incrustada en las cadenas de suministro de la industria mundial de la confección que satisface la demanda de los consumidores en Europa, los Estados Unidos y en otras economías desarrolladas.

El coste humano de la moda rápida

El modelo de negocio de moda rápida o “fasto fashion”, inicialmente popularizado por las grandes cadenas como Zara y H&M y al que recientemente se han apuntado otras marcas como Shein o Temu, se basa en una producción y consumo masivo que se incrementan a la misma velocidad que los cambios de tendencias. Los consumidores compran ropa de última moda pero de baja calidad y abajo coste.

Las marcas que ofrecen este tipo de artículos, no solo cambian sus productos con frecuencia, sino que para maximizar beneficios, llevan a cabo una política de deslocalización fabricándolos en países en vías de desarrollo, pagando a los trabajadores salarios muy bajos e incluso ignorando las carencias en cuanto a seguridad o condiciones laborales.

Se trata de un modelo de producción que no solo es muy agresivo con el medio ambiente y que ha llevado la industria textil a convertirse en la segunda más contaminante del mundo, pero que también crea cadenas de suministro complejas y opacas, muchas de ellas empañadas por el trabajo forzado.

Nuestra responsabilidad como consumidores

Es verdad que las cadenas de suministro globalizadas de hoy en día hacen que sea casi imposible evitar que los bienes o servicios que consumimos estén libres de la lacra, de la explotación o incluso de la esclavitud. Aun así, esto no puede ser la excusa para eludir nuestra responsabilidad como consumidores a la hora de informarnos de cómo se fabrica un producto, en vez de simplemente elegir el más barato.

El relativismo cultural o la trivialización del concepto del esclavismo nos pueden ayudar a aminorar nuestro sentido de culpabilidad, pero esta gimnasia semántica no nos puede hacer olvidar que, como consumidores, podemos jugar un papel importante en fomentar la conciencia colectiva comprando de manera responsable y exigiendo a las grandes marcas más acciones concretas para hacer frente a un problema sistémico que todos hemos perpetuado.

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En los últimos años se ha extendido el mito de que nuestra mala gestión del correo electrónico es sumamente dañina para el medio ambiente. Las últimas investigaciones relativizan su impacto y apuntan a otros hábitos digitales como responsables de una parte apreciable del calentamiento global.

El libro ‘How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything’, publicado en 2010, ha popularizado la idea de que los correos electrónicos provocan una gran huella de carbono. Su autor estimaba que cada mensaje, aunque solo sea para responder “gracias”, genera un mínimo de 0,3 gramos de CO₂ por el consumo energético asociado a nuestros dispositivos y, sobre todo, a los grandes centros de datos. Y hay que tener en cuenta que cada día se envían entre 150.000 y 300.000 millones de correos electrónicos en el mundo, aunque la mayoría son ‘spam’.

Algunas investigaciones recientes relativizan ese supuesto perjuicio medioambiental de nuestros mensajes. Aparte de liberar algo de espacio en los servidores que los alojan, no hay pruebas de que se reduzca sustancialmente el consumo energético de la infraestructura digital si evitamos nuestros correos prescindibles y borramos los innecesarios. 

Muy rara vez encendemos un móvil u ordenador solo para enviar un correo electrónico y tanto los sistemas de almacenamiento como los de transmisión de datos funcionan sin descanso, incluso cuando no los utilizamos, por lo que el consumo de energía se mantiene bastante estable.

Una perspectiva actualizada

Con las nuevas estimaciones, se calcula que calentar agua en una tetera requiere más electricidad que el envío y almacenaje de mil correos electrónicos. Y eliminar ese millar de mensajes de nuestra bandeja tendría un beneficio de carbono de unos cinco gramos de CO₂, lo mínimo que generaría nuestro ordenador en media hora si lo mantenemos encendido para borrarlos. Aunque cueste asimilarlo, borrar manualmente los correos electrónicos puede tener un mayor impacto en las emisiones de carbono que almacenarlos.

En realidad, una primera medida eficaz para limitar la huella de carbono del correo electrónico es reducir en la medida de lo posible el número de dispositivos electrónicos que compramos para gestionarlo y conservarlos el mayor tiempo posible, ya que su fabricación genera una huella de carbono importante. 

Pero, sobre todo, salvaguardar el medio ambiente pasa por utilizar dispositivos que ofrezcan una buena eficiencia energética y racionalizar el tiempo en que los mantenemos encendidos: no hay que olvidar que una parte de la electricidad con la que alimentamos esos dispositivos tiene su origen en combustibles fósiles.

El origen de un tráfico excesivo

Obviamente, evitar correos innecesarios, escribir de forma concisa, incluir hipervínculos a archivos en lugar de adjuntarlos, limitar el número de destinatarios, vaciar regularmente la carpeta de ‘spam’ y darse de baja de boletines que realmente no nos interesan son buenas prácticas que reducirán el tráfico de Internet. Pero, si realmente queremos contribuir con nuestros hábitos digitales a la buena salud del planeta, deberíamos mirar más allá de nuestro correo electrónico. 

Los intercambios de ‘e-mails’ solo representan el 1% del tráfico de Internet, lo cual es una minucia si lo comparamos con los servicios de ‘streaming’ de vídeo, que ya suponen más del 80% de lo que transita por la red. Y eso sí supone una cantidad apreciable de toneladas de CO₂.

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Ninguna economía es soberana si no controla su energía. Y ningún ciudadano es realmente libre si depende de infraestructuras que no puede influir ni comprender. La soberanía no es un concepto abstracto: es una cuestión de energía y dinero.

Durante años, asumimos que la globalización era sinónimo de eficiencia. Producir lejos reducía costes, importar energía parecía una decisión racional y delegar la política monetaria se percibía como una garantía de estabilidad. Este modelo se construyó sobre la idea de que los flujos globales serían constantes y que los grandes centros de poder actuarían como pilares sólidos y previsibles.

Pero las crisis han roto este relato con contundencia. La guerra de Ucrania puso al descubierto la fragilidad energética de Europa, mientras que la inflación de 2022 evidenció cómo cualquier tensión en los mercados energéticos se traslada inmediatamente al coste de la vida. A esto se suma una deuda global que supera el 330% del PIB mundial, un indicador claro de la tensión estructural del sistema financiero.

La conclusión es cada vez más evidente: dependencia energética y dependencia financiera no son fenómenos separados, sino dos caras de una misma vulnerabilidad. Cuando una falla, la otra se ve afectada, y el conjunto del sistema queda expuesto. Entender esta relación es clave para interpretar el presente y anticipar los cambios que ya se están produciendo.

Energía: la raíz de toda economía

Sin energía no hay producción. Y sin producción, no hay riqueza. El modelo del siglo XX, basado en grandes infraestructuras centralizadas, ha generado eficiencia, pero también concentración de poder. Hoy, más del 80% del consumo energético mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles, con tres consecuencias claras: vulnerabilidad geopolítica, volatilidad de precios y transferencia constante de renta hacia grandes corporaciones.

Pero el modelo está cambiando. La caída del coste de las renovables ha abierto la puerta a una producción distribuida: comunidades energéticas, autoconsumo compartido, microredes y generación local. No es teoría. Cuando una comunidad produce energía, reduce dependencias. Cuando una empresa se autogenera, estabiliza costes. Cuando una ciudad despliega microredes, gana resiliencia. La descentralización no sustituye al sistema global, pero lo hace menos frágil.

Energía y dinero: el vínculo clave

La energía siempre ha estado ligada al poder monetario. El petrodólar consolidó el dominio del dólar durante décadas, pero este equilibrio se está transformando con acuerdos comerciales fuera de su circuito. Cuando cambia el mapa energético, también lo hace el monetario.

En paralelo, en un entorno de inflación y deuda elevada, los inversores vuelven a los activos reales. El oro es el ejemplo clásico, pero la capacidad de producción energética es otro activo a menudo ignorado. Generar energía propia no es solo sostenibilidad: es protección financiera. Frente a esto, muchos modelos digitales dependen exclusivamente de confianza sistémica. La diferencia es clara: los activos reales tienen valor propio; las promesas dependen de un emisor.

Soberanía práctica

La soberanía no es una cuestión ideológica, sino una forma de gestionar el riesgo en un entorno incierto. En el ámbito energético, implica producir una parte de lo que consumimos y diversificar las fuentes para reducir la dependencia de factores externos. No se trata de autosuficiencia absoluta, sino de ganar capacidad de respuesta ante posibles disrupciones.

En el ámbito financiero, la soberanía pasa por entender dónde invertimos, diversificar riesgos y evitar depender de un único sistema monetario o institucional. La descentralización, en este contexto, no es aislarse del mundo, sino construir un equilibrio que permita participar en él con mayor autonomía y menor vulnerabilidad.

Lo que ya está pasando

Los datos lo confirman con cada vez más contundencia: crece el autoconsumo doméstico, se expanden las comunidades energéticas por toda Europa, los bancos centrales incrementan reservas de oro y se multiplican los acuerdos comerciales fuera del circuito del dólar. No son fenómenos aislados, sino señales convergentes de un mismo cambio de fondo. No estamos ante una revolución ideológica, sino ante una adaptación sistémica frente a un entorno cada vez más volátil, incierto e interdependiente. Ante este escenario, las economías —y también los ciudadanos— buscan una cosa muy concreta: resiliencia.

La lección es clara y cada vez más difícil de ignorar: quien controla la energía controla el margen de maniobra económico, y quien condiciona el sistema monetario determina la capacidad de respuesta financiera. La tecnología ya ha resuelto gran parte de las limitaciones que lo hacían inviable hace apenas unas décadas. La pregunta, por tanto, ya no es técnica, sino cultural y estratégica: ¿estamos dispuestos a reducir dependencias y asumir más control?

En 11Onze entendemos que proteger el patrimonio no es solo escoger productos financieros, sino comprender el sistema en el que operamos y las fuerzas que lo mueven. Energía y dinero son sus pilares invisibles, y entender cómo interactúan es esencial para tomar decisiones con criterio, visión y autonomía. Construir soberanía real implica diversificar, anticipar riesgos y actuar con conciencia.

Porque el futuro descentralizado no es una promesa lejana ni un relato teórico. Es una infraestructura que ya se está desplegando —de forma silenciosa pero imparable— y que redefinirá la manera en que entendemos el poder, la economía y la libertad.

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¿Cómo podemos reducir la cantidad de plástico que cada año acaba en nuestros océanos? Hay medidas que dependen de los Gobiernos, pero también hay acciones cotidianas que pueden reducir nuestro impacto en el entorno.

Como advierte la agente de 11Onze Mònica Cornudella, muchos peces mueren ahogados cada año porque confunden una bolsa de plástico con una medusa e intentan comérsela, o porque quedan atrapados a las anillas de plástico de los packs de latas de refrescos.

El vertido de plásticos a mares y océanos es un problema que perdurará porque son productos que tardan mucho tiempo en degradarse. Por ejemplo, una bolsa de plástico tarda entre 20 y 50 años, pero, como indica Cornudella, las temidas botellas de plástico “necesitan cerca de 500 años” y un neumático que haya ido a parar al mar puede tardar “hasta 1.000 años”.

Se calcula que en 2050 “habrá más plásticos que peces en nuestros mares y océanos” porque cada año se vierten al mar “entre 8 y 15 millones de toneladas de residuos plásticos”, como explica la agente de 11Onze. En términos económicos, el vertido de los plásticos al mar genera daños a los ecosistemas marinos por valor de 11.800 millones de euros, según el programa medioambiental de las Naciones Unidas.

Medidas para frenar el desastre ecológico

Ante esta situación, Mònica Cornudella plantea la acción institucional en tres grandes ámbitos para parar, o al menos reducir, la magnitud del problema.

Una primera medida sería impulsar “la educación ambiental” para formar a los niños en el compromiso con el entorno, puesto que “los hábitos adquiridos desde pequeños perduran siempre en la vida adulta”. Y en este sentido, Cornudella propone “incrementar la sostenibilidad de los centros escolares”.

Otro ámbito es el fomento del “voluntariado” para colaborar con iniciativas que se llevan a cabo en múltiples lugares para proteger el entorno. Como ejemplos, Cornudella cita la limpieza de playas, bosques y lugares públicos, que en algunas ocasiones están muy degradados.

La tercera cuestión que plantea la agente de 11Onze es el marco legal. “Hay que dar un paso atrás y volver a utilizar las botellas de vidrio, las cajas de cartón y la madera”. Frente a un lobby de fabricantes de envases y plásticos muy poderoso, “se necesitaría contar con unas leyes que prohibieran y regularan el uso excesivo y sin medida del plástico”.

La importancia de las acciones cotidianas

Más allá de estas cuestiones genéricas, también las “pequeñas acciones diarias” pueden ayudar a proteger la salud de nuestros océanos. En esta línea, Cornudella recomienda “practicar las tres erres, sobre las que se basa la economía circular: reducir, reutilizar y reciclar”. Además de reducir los plásticos que generamos, esto nos permitirá “reducir la huella de carbono y a la vez combatir el cambio climático”. Y, en la era del ciberactivismo, Mònica Cornudella insiste en “compartir iniciativas en las redes sociales”.

“Implantar la economía circular y proteger la flora y fauna marinas ante el cambio climático” tendrían que ser, según la agente de 11Onze, un objetivo común para la humanidad. “Cada acción, por pequeña que sea, nos ayuda a conseguir un planeta más sano y a proteger los mares y océanos”, concluye Cornudella.

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¿Cómo afecta la gestión ganadera al medio ambiente? Dos asociaciones ganaderas del Segrià (Lleida) han convertido el problema de los purines en una solución. Han creado una planta de compostaje pionera en el Estado. Hemos hablado de ello en un nuevo episodio de Personas, con Miquel Serra, uno de los impulsores del proyecto.

Con no más de 10.000 habitantes, Alcarràs es el municipio de Europa con más densidad de granjas por kilómetro cuadrado. En total, reúne 45.000 cabezas de novillo, 35.000 madres de porcino y unas 250.000 plazas de engorde. Por eso, para los vecinos, la gestión del nitrógeno que provocan los purines era importantísima para cumplir con los estándares europeos. Así es como nació el proyecto de la planta de compostaje, impulsada por las dos grandes entidades ganaderas del municipio, para convertir los purines en abono.

Y lo hicieron de manera colectiva, tal como recuerda Serra. El proyecto les ha costado 1,5 millones de euros. “El estiércol de vacuno es de mejor gestión. Y en las granjas de porcino, donde tenemos separadores de estiércol sólido y líquido, nos interesaba poder gestionar el estiércol sólido. La planta de compostaje nos tenía que permitir hacer una gestión separada entre ambos estiércoles, porque el producto de vacuno está catalogado como producción ecológica; y el de porcino, no, a pesar de que sí que se puede usar para agricultura convencional”, detalla Serra, que es miembro de la entidad impulsora en Alcarràs Bioproductors.

Un caso excepcional

¿Y por qué no hay más plantas de compostaje como la de Alcarràs en todo el territorio? “Hasta ahora, todas las plantas de compostaje las ha montado gente que quería hacer negocio. Y una manera era hacer gestión otros subproductos que son de difícil tratamiento y por la cual las empresas pagaban a las plantas de compostaje. Esto es lo que las hacía viables”, explica Serra.

Por otra parte, en Alcarràs querían una planta de compostaje de estiércol y purines, sin buscar primero la rentabilidad, sino el beneficio medioambiental y la continuidad de sus granjas, y esto la convierte en un caso único en el Estado. “Hay que pensar que nuestro negocio es el de producir carne”, argumenta el impulsor, que explica que, no obstante, ya hay tres multinacionales que se han interesado para comprar el compostaje que producirán. “Al final estamos convencidos de que lo conseguiremos hacer viable”, reconoce.

Sobre la financiación, todavía no se han planteado la ayuda de los fondos europeos, porque la iniciativa nació antes, pero Serra explica que se sienten muy acompañados por el Departament d’Agricultura y la Diputació de Lleida. “A través del proyecto BioHub Km 0, pensado para reactivar la economía de la zona, hemos podido gestionar una pequeña subvención que nos permite ser más ambiciosos”, explica Serra. De hecho, la planta de compostaje es solo el primer paso para un proyecto más grande de economía circular y sostenible. Se trata de generar una alternativa que permita conservar y valorar el talento del territorio. Convertir purines en abono puede ser la solución sostenible definitiva, pero siguen investigando más usos. Por ejemplo, del estiércol se puede extraer celulosa que se podría utilizar para hacer tejidos. Quizás el futuro de la moda sostenible será llevar ropa hecha con tejidos de purines.

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Después de hablar del relato y de la soberanía energética, emerge una pregunta incómoda —y, quizá, inevitable: ¿qué ocurre cuando imaginamos un futuro descentralizado dentro de un sistema que, por naturaleza, tiende a concentrar el poder? Esta tensión no es nueva. De hecho, recorre toda la historia económica moderna: la lucha entre la capacidad técnica de distribuir y la necesidad sistémica de centralizar.

El Solar Punk no es solo una moda visual ni una estética amable. Es, en esencia, una impugnación silenciosa pero profunda al capitalismo extractivo. No porque lo niegue frontalmente, sino porque cuestiona su principio rector: que el valor debe fluir hacia el centro para ser eficiente.

A primera vista, el Solar Punk se presenta como una reacción optimista a la saturación de narrativas distópicas: plantas en fachadas, energía solar en los tejados, comunidades autosuficientes y tecnología integrada con la naturaleza. Pero esta iconografía, aparentemente inocente, esconde una propuesta económica de gran alcance: producción distribuida, comunidades resilientes, reducción de dependencias y un reequilibrio del poder. Y es precisamente ahí donde reside su fuerza —y su incomodidad.

Porque el capitalismo contemporáneo no es fruto del azar, sino de una evolución histórica muy concreta. Tal como ya hemos analizado en La Plaça, el sistema ha pasado de conquistar territorios a estructurar dependencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el centro económico mundial se desplazó hacia Estados Unidos, no solo por su capacidad productiva, sino por su arquitectura financiera y la institucionalización del dólar como eje global. No se trataba solo de producir más, sino de definir las reglas del juego.

Este modelo se basa en una dinámica extractiva que se ha ido refinando con el tiempo. Ya no hablamos solo de recursos naturales, sino de extracción de rentas financieras, de datos y de valor a través de la deuda. Es un sistema que concentra riqueza y poder en nodos centrales, consolidando dependencias que a menudo pasan desapercibidas porque se han normalizado. Y es, precisamente, esta normalidad la que el Solar Punk pone en cuestión.

¿Una nueva economía… o el límite del sistema?

No es solo una cuestión ambiental. Es estructural. El modelo productivo global está diseñado para que la riqueza fluya hacia los centros de decisión, y esta dinámica no es accidental: es la condición de su estabilidad. La concentración no es una disfunción del sistema; es su lógica interna.

Los datos lo confirman: según el World Inequality Report, el 1% más rico acumula una parte creciente de la riqueza mundial, mientras los sectores estratégicos —energía, tecnología y finanzas— se consolidan en manos de unos pocos actores. Tal como ya se analiza en La lacra del capitalismo clientelar, la proximidad entre poder político y grandes corporaciones no es una anomalía, sino una forma de gobernanza. Cuando los recursos se concentran, la capacidad de decisión también lo hace.

En este contexto, el Solar Punk aparece a menudo como una propuesta mal interpretada. No habla de colapso, sino de regeneración; no de escasez, sino de eficiencia distribuida; no de individualismo, sino de comunidad. Pero esta lectura, si se queda en la superficie, pierde lo más relevante: su potencial transformador.

En términos económicos, el Solar Punk implica microproducción energética, economía circular, infraestructuras locales, tecnología abierta y reducción de intermediarios. Pero, sobre todo, implica algo más profundo: una redistribución del flujo de valor. Y eso es lo que lo hace difícil de asimilar dentro del sistema actual.

Cuando una comunidad produce su propia energía, no solo reduce costes: altera la dirección de la renta. Cuando financia proyectos locales, no solo impulsa la economía: redefine la relación entre capital y territorio. Cuando apuesta por producción distribuida, no solo gana autonomía: debilita las dependencias estructurales. De hecho, en Europa, las comunidades energéticas locales crecen impulsadas por el marco regulador de la Unión Europea. No es una revolución declarada, sino una corrección progresiva.

Este planteamiento entra en conflicto con los fundamentos del sistema actual. El capitalismo extractivo necesita dependencia energética, financiera y tecnológica para sostenerse. El Solar Punk cuestiona estos tres pilares de forma simultánea. Y lo hace sin estridencias: no propone sustituir el sistema, sino reducir su capacidad de absorción.

Por eso el debate real no es estético, sino estructural. El modelo actual muestra grietas evidentes —vulnerabilidad energética, endeudamiento crónico, tensiones geopolíticas y fragilidad de las cadenas de suministro— que no son anomalías, sino consecuencias de una arquitectura diseñada para concentrar.

El Solar Punk no propone una ruptura inmediata, sino una adaptación que, si prospera, puede acabar transformando el sistema desde dentro. Por tanto, no es una revolución frontal, sino más bien una desviación del rumbo, sin barricadas y con decisiones cotidianas que, acumuladas, alteran la estructura.

Hacia una economía más resiliente y distribuida

En 11Onze creemos que entender el sistema es el primer paso para no depender de él acríticamente. La historia económica nos enseña que ningún modelo es inmutable, pero también que ninguna transformación es espontánea. Siempre hay una tensión previa, una conciencia que madura lentamente antes de hacerse visible.

En un entorno cada vez más volátil, la descentralización energética y financiera no es una moda, sino una respuesta racional a las vulnerabilidades de un modelo excesivamente concentrado. Pero esta respuesta no es solo técnica. Es, sobre todo, cultural y moral.

El futuro no será solo una cuestión de tecnología, sino de cómo decidimos organizar el poder, los recursos y las dependencias. Y esta decisión no se toma en abstracto: se construye en cada elección colectiva y en cada estructura que aceptamos o cuestionamos.

Por eso, la cuestión de fondo no es si el Solar Punk triunfará como estética, sino si seremos capaces de asumir el coste —y la responsabilidad— de redistribuir el poder económico antes de que las tensiones del sistema se intensifiquen. Porque la historia no cambia cuando aparecen nuevas ideas, cambia cuando esas ideas se convierten en estructura. Y el futuro, como siempre, no es aquello que imaginamos, sino aquello que decidimos sostener.

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El cambio climático es el reto más grande al cual se enfrenta la humanidad y parar el calentamiento global es esencial para garantizar nuestra supervivencia. La transición energética hacia fuentes de energía más limpias y renovables es un factor clave para conseguirlo. ¿Hasta qué punto es factible?

El último Informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial constata que los acontecimientos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y la escasez de recursos naturales suponen el riesgo más grande para la humanidad durante la próxima década.

La causa principal es la quema de combustibles fósiles, que ha ido aumentando a medida que lo ha hecho la población humana. Su combustión genera gases invernadero que atrapan los rayos del Sol en la atmósfera terrestre, elevando la temperatura media de la superficie del planeta.

Sin tiempo para parar el calentamiento global

Las emisiones de gases de efecto invernadero llegaron a máximos históricos en la década pasada. Aunque el ritmo de su crecimiento ha disminuido, el informe “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change” advierte que solo será posible limitar el calentamiento global a 1,5 °C si se produce una reducción inmediata y profunda de las emisiones.

Para conseguirlo, habría que reducir estas emisiones a casi la mitad de aquí a 2030 y que fueran nulas a mediados de siglo. En la cumbre de la COP28, celebrada el pasado mes de diciembre en Dubai, se acordó triplicar el uso de las energías renovables en los próximos cinco años.

Aun así, el mundo todavía consume más de 35.000 millones de barriles de petróleo cada año. Esta dependencia en los combustibles fósiles es insostenible, tanto desde un punto de vista productivo como medioambiental. Los expertos calculan que ya se han agotado un 40% de las reservas mundiales de petróleo y que, al ritmo actual, solo quedan por unos 50 años más.

¿Puede funcionar el mundo solo con energías renovables?

La energía renovable es cualquier tipo de energía que procede de una fuente que no se agota con el tiempo. Hay muchas fuentes de energía renovable, como la energía solar, la eólica o la geotérmica, y son importantes porque, a diferencia de los hidrocarburos, son infinitas y casi no producen emisiones contaminantes.

El principal problema de las energías renovables es la inestabilidad de su producción y el almacenamiento, de forma que se puedan distribuir fácilmente. Es decir, quedan limitadas en función de su disponibilidad y ubicación, lo cual las hace poco rentables. Eso sí, se podría reducir el coste mediante el desarrollo de tecnologías más avanzadas para capturar la energía y transportarla de forma más eficiente.

En este contexto, un estudio realizado por IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, demuestra que un modelo energético 100% renovable es posible y marca el camino hacia una reducción del 45% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) respecto a los niveles de 2010 para el 2030, y de cero emisiones para el 2050.

El análisis de IRENA llega a la conclusión que ya tenemos las tecnologías que nos pueden conducir a un sistema energético descarbonizado con soluciones que pueden desplegarse rápidamente y a escala. El estudio muestra que más del 90% de las soluciones que hacen posible el objetivo del 2050 pasan por las energías renovables a través del suministro directo, la electrificación, la eficiencia energética, el hidrógeno verde y la bioenergía combinada con la captura y el almacenamiento de carbono.

La Agencia argumenta que el aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido provocado por el elevado precio del gas con el cual se produce la electricidad porque, de momento, las energías renovables no dan la estabilidad necesaria para poder garantizar el suministro eléctrico. Por lo tanto, cuanto antes consigamos una economía descarbonizada, antes dejaremos atrás esta dependencia y las extremas variaciones de precios asociadas a ella.

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A la utilidad del oro en el terreno financiero, ornamental y tecnológico habrá que sumar su contribución a la sostenibilidad del planeta. Una investigación ha descubierto que un catalizador de nanopartículas de este metal precioso permite convertir materiales de desecho, como la biomasa y el poliéster, en útiles compuestos orgánicos de silicio. 

Los residuos plásticos suponen un problema para la humanidad. Por eso se están invirtiendo muchos recursos en la búsqueda de fórmulas que permitan reciclarlos y darles una nueva vida útil. Diversas líneas de investigación pretenden convertir esos materiales de desecho en compuestos y productos útiles de una forma eficiente.

Una de ellas, en la que trabajan científicos de la Universidad Metropolitana de Tokio, ha descubierto que las nanopartículas de oro soportadas sobre una superficie de óxido de circonio permiten convertir materiales de desecho, como la biomasa y el poliéster, en compuestos organosilanos, que son valiosos productos químicos con una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de su estudio se publicaron recientemente en el prestigioso ‘Journal of the American Chemical Society’.

El nuevo protocolo saca partido de la combinación de las nanopartículas de oro con un soporte de óxido de circonio, cuyas características le permiten reaccionar como base y como ácido. Esto hace posible reciclar los residuos en unas condiciones menos exigentes y de una forma más ecológica que con los sistemas investigados hasta ahora.

Nueva vida para los residuos plásticos

El equipo de investigadores lleva tiempo trabajando en la conversión de plástico y biomasa en organosilanos, que son moléculas orgánicas con un átomo de silicio unido al carbono utilizadas en revestimientos de alta calidad y en la producción de productos farmacéuticos y agroquímicos. 

El problema hasta ahora era que la adición del átomo de silicio implicaba la utilización de reactivos sensibles al aire y a la humedad que requieren altas temperaturas y condiciones ácidas o básicas extremas. Como consecuencia, el proceso de conversión no resultaba nada eficiente para el medio ambiente.

Un paso clave

El gran hallazgo es que el nuevo catalizador con nanopartículas de oro hace que los grupos de éter y éster, ambos abundantes en plásticos como el poliéster y compuestos de biomasa como la celulosa, reaccionen con el disilano y se formen útiles organosilanos. Y para ello solo es necesario un calentamiento suave en disolución. 

Los investigadores han identificado que la clave en la eficacia de esta conversión radica en la combinación de las nanopartículas de oro y la naturaleza anfótera del soporte de óxido de circonio, es decir, su capacidad para actuar indistintamente como base y como ácido.

Doble ventaja

Este sistema no solo permite descomponer los poliésteres en condiciones mucho menos exigentes que las utilizadas hasta ahora. Lo más importante es que los productos de la reacción son compuestos valiosos listos para su uso. 

El equipo de investigadores espera que esta nueva vía de producción de organosilanos permita avanzar hacia un futuro neutro en emisiones de carbono, al permitir el reciclaje de residuos plásticos de forma eficiente y evitar que miles de toneladas de ellos acaben ardiendo en plantas incineradoras.

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Llueva, nieve o haga sol, el suministro del agua que consumen más del 80% de los catalanes sigue en manos de empresas total o parcialmente privadas. A pesar de los esfuerzos por recuperar la gestión pública de este servicio, las multinacionales del sector se resisten a perder un negocio millonario.

A través de la empresa pública ONAIGUA, el consejo comarcal de Osona asumió en abril del año pasado la gestión del suministro de agua en esa comarca, con lo que da servicio a 11.400 puntos de consumo y llega a más de 25.000 habitantes. Se convirtió en el primer consejo comarcal en tomar una medida de este calado.

Podríamos decir que se trata de una anomalía del mercado, ya que el suministro del agua en Cataluña está mayoritariamente en manos privadas. Un reducido número de empresas privadas administran y se lucran de este bien preciado en nuestro país gracias a concesiones muchas veces cuestionadas. Y eso que en el mundo la gestión pública surte al 90% de la población y Naciones Unidas reconoce el agua como un derecho humano.

Según los datos de la plataforma Agua es vida, más del 80% de los catalanes obtienen el agua a través de un servicio total o parcialmente privatizado, mientras que los que la reciben por medio de una empresa pública no representan ni el 20% de la población. Este desequilibrio se explica por el dominio del modelo privado en los municipios con un mayor volumen de población, que son los más rentables.

Presión para municipalizar un servicio básico

Ante esta realidad, existe una creciente presión para recuperar la gestión pública de este servicio. La Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP) ya cuenta con 68 miembros y representa al 47% de la población de Cataluña. Recientemente, publicaba un informe con propuestas de reformas legislativas para cambiar esta situación.

Seis municipios, la Asociación de Micropueblos de Cataluña y una nueva empresa pública, se sumaron a esta entidad en 2022. De los nuevos municipios, solo Mieres (La Garrotxa), Collbató (Baix Llobregat) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà) gestionan directamente el agua. Castelló d’Empúries está en proceso de remunicipalizar el servicio, mientras que Manlleu y Sitges todavía están atadas a concesiones por más de una década con Sorea y Agbar. En cuanto a la Asociación de Micropueblos de Cataluña, hay que tener en cuenta que el 70% de los municipios de menos de mil habitantes ya gestionan directamente el suministro de agua.

Casi un monopolio

Aunque las empresas privadas que gestionan el agua en Cataluña se presentan con distintos nombres según el municipio, la mayoría pertenecen al grupo Agbar, que está valorado en unos 3.000 millones de euros.

Este grupo controla totalmente la empresa Sorea y posee casi el 80% de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), el 68% de Aigües de Rigat (Igualada) y el 49% de la Empresa Municipal Aigües de Tarragona (Ematsa). Además, tiene alrededor del 35% de Mina Pública de Terrassa y el 31% de Girona SA.

Sus beneficios no solo provienen de la venta de agua, que el año pasado pretendía encarecer un 7,4% en Barcelona. También a través de la subcontratación de servicios a sus filiales. Esto permite que en la Ciudad Condal, por ejemplo, el coste de los contadores de agua para el usuario final acabe más que triplicando el coste original. Hablamos de unos 17 millones de euros de beneficio adicional al año.

Estrategia de judicialización

Ante un negocio de este tamaño no resulta extraño que Agbar lleve a los tribunales cualquier iniciativa encaminada a recuperar la gestión pública del suministro de agua, como detalla el portal ctxt. Solo en Barcelona, esta multinacional y sus entidades afines han presentado una cuarentena de acciones judiciales.

Su estrategia de empantanar judicialmente estos procesos para dilatarlos o diluirlos le ha llevado incluso a poner un contencioso contra un simple convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana para el intercambio de información entre instituciones.

Uno de los casos más sonados tiene que ver con la consulta que el Ayuntamiento de Barcelona quería impulsar para conocer la opinión de la ciudadanía sobre una eventual gestión pública del agua. Diversas entidades, entre las que se encontraba Agbar, interpusieron recursos. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió el reglamento de participación ciudadana en la parte relativa a las consultas e impidió que la iniciativa saliera adelante.

El caso que afecta a un mayor número de municipios es el que Agbar impulsó contra varios consistorios del Área Metropolitana de Barcelona. Inicialmente, una sentencia del TSJC en 2016 anuló la concesión a Aigües de Barcelona del suministro de agua en varios municipios del cinturón metropolitano, con la que la empresa se aseguraba el servicio a casi tres millones de habitantes durante 35 años y unos ingresos de 3.500 millones de euros. El tribunal veía “motivos de anulación por vicios en el proceso de contratación” cuando se constituyó la empresa mixta en la que participaba Agbar. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esta sentencia en 2019 al considerar que el procedimiento empleado por la Administración para adjudicar el servicio sin concurso público estaba avalado por la Ley de contratos del sector público.

Prácticas turbias

Como denunciaba Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, las turbias prácticas de Agbar para conseguir concesiones la han llevado a estar imputada en tres macrocausas judiciales (Pokémon, Púnica y Petrum), además de ser expulsada en 2017 de la gestión del agua en Girona tras demostrarse su vinculación con la trama del 3%. 

Los informes de esta última causa constataban que, durante más de dos décadas, los gerundenses pagaron más de 1 millón de euros de sobrecoste por el servicio de agua. Además, la Agencia Tributaria advertía que los directivos de la empresa habían cargado gastos personales a la sociedad y concluyó que Girona SA había cobrado centenares de miles de euros por servicios no prestados. 

Como explicamos en el artículo “Los servicios públicos, cada vez más privatizados”, la privatización de servicios esenciales avanza de forma implacable en Europa desde los años ochenta. Y eso está teniendo un precio incuestionable para el conjunto de la ciudadanía. El agente de 11Onze Jordi Coll apunta que este proceso ha supuesto someter la prestación de estos servicios “a la lógica de criterios de mercado y, por lo tanto, de los beneficios privados”.

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