¿Por qué Europa ya no sabe fabricar coches asequibles?

Durante décadas, el automóvil ha sido una de las grandes fortalezas industriales de Europa. Pero el modelo que convirtió a Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Renault o Stellantis en referentes mundiales está bajo presión. 

Producir en el continente es caro, la transición tecnológica exige inversiones multimillonarias y China ha construido una industria capaz de fabricar vehículos eléctricos a costes mucho más bajos. Las consecuencias ya son visibles: recortes de plantilla, fábricas sobredimensionadas y coches nuevos cada vez más difíciles de pagar. Una crisis industrial que, inevitablemente, también está transformando el mercado de segunda mano.

La crisis del automóvil europeo suele presentarse como una consecuencia de la transición hacia el vehículo eléctrico, pero el problema es más profundo. Europa sufre una combinación de costes elevados, exceso de capacidad productiva, dependencias tecnológicas y una competencia internacional cada vez más agresiva.

El sector sigue siendo enorme: representa aproximadamente un billón de euros del PIB europeo y da empleo directa o indirectamente a unos 13 millones de personas. Precisamente por eso, la propia Comisión Europea reconoce que la industria se encuentra en un “punto de inflexión crítico” ante la transformación tecnológica y el aumento de la competencia global.

Durante décadas, los fabricantes europeos perfeccionaron el motor de combustión hasta convertirlo en una de sus grandes ventajas competitivas. Ahora tienen que transformar fábricas, formar trabajadores e invertir miles de millones en baterías, software, electrónica y nuevas plataformas mientras continúan sosteniendo buena parte de la antigua estructura industrial. Es, en cierto modo, como tener que reconstruir el avión mientras sigue volando.

China ya no compite solo con mano de obra barata

El problema es que Europa afronta esta reconversión cuando sus competidores chinos ya han alcanzado una enorme escala en algunas de las tecnologías que definirán el coche del futuro.

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el coste de fabricar un vehículo eléctrico en China es más de un 30% inferior al de las economías avanzadas. Solo las celdas de batería son, de media, más de un 30% más baratas que en Europa. No es únicamente una cuestión salarial: intervienen la escala productiva, la automatización, una cadena de suministro muy integrada y el acceso a componentes y minerales críticos. La diferencia continúa ampliándose. En 2025, los paquetes de baterías eran aproximadamente un 35% más baratos en China que en Europa.

Al mismo tiempo, el centro de gravedad mundial del automóvil se ha desplazado. China ya concentraba el 35,4% de la producción mundial de turismos en 2024, mientras que la producción de la Unión Europea retrocedía un 6,2%. Esto obliga a las marcas europeas a competir en precio mientras financian una costosa transformación industrial. Una combinación especialmente difícil.

Los recortes son el síntoma

Cuando las fábricas pueden producir muchos más coches de los que el mercado absorbe de manera rentable, tarde o temprano llega el ajuste.

Volkswagen acordó reducir más de 35.000 puestos de trabajo en Alemania hasta 2030 y recortar la capacidad productiva de sus plantas alemanas en unas 734.000 unidades. La propia compañía relaciona las medidas con el retroceso del mercado europeo y el aumento de la competencia.

La crisis se extiende a los proveedores. Bosch anunció en 2025 unos 13.000 puestos de trabajo adicionales a eliminar, sobre todo en la división de movilidad alemana, después de identificar una diferencia anual entre costes e ingresos de unos 2.500 millones de euros en esta área. La compañía señala directamente la caída de la demanda, la sobrecapacidad y la necesidad de recuperar competitividad.

Por tanto, los recortes no son el origen del problema, sino el resultado de una industria que necesita simultáneamente invertir más y gastar menos.

¿Dónde ha ido a parar el coche popular?

Para el consumidor, esta transformación tiene una consecuencia mucho más tangible: el coche nuevo se ha encarecido enormemente.

En España, el precio medio ofrecido por los concesionarios pasó de los 30.513 euros en 2019 a los 44.419 euros en 2025, un incremento del 45,6%, más del doble de la inflación acumulada durante el mismo periodo. El encarecimiento es aún más sorprendente en los segmentos tradicionalmente populares: los coches del segmento A subieron un 78,3% y los del segmento B un 46,7%.

No todo este aumento responde a la electrificación. Los vehículos incorporan más tecnología y sistemas obligatorios de seguridad, los costes de producción han aumentado y los problemas de suministro de la pandemia también dejaron huella. Pero las marcas han contribuido al fenómeno con una decisión comercial: priorizar vehículos más grandes, mejor equipados y con márgenes superiores.

En el mercado eléctrico europeo, por ejemplo, los SUV del segmento C y los modelos de segmentos superiores pasaron de representar el 28% de las ventas en 2020 al 64% en 2024.

La lógica empresarial es fácil de entender. Si una compañía vende menos coches, puede intentar compensarlo ganando más dinero por unidad. El problema aparece cuando esta estrategia convierte el coche, tradicionalmente un producto de masas, en un bien cada vez menos accesible para la clase media.

La segunda mano absorbe el golpe

Cuando el vehículo nuevo se vuelve demasiado caro, la necesidad de movilidad no desaparece. El comprador simplemente busca una alternativa.

En 2025 se vendieron en España 2,22 millones de turismos de segunda mano, casi dos por cada vehículo nuevo. Y el 57,3% de las operaciones correspondía a coches con más de diez años. Este dato expone una contradicción difícil de ignorar. Europa quiere acelerar la renovación del parque automovilístico para reducir emisiones, pero los precios elevados empujan a muchas familias a conservar el coche durante más años o a comprar uno antiguo. Si la renovación es económicamente inaccesible, la transición se frena por muy ambiciosa que sea la normativa.

Sin embargo, durante 2026 ha aparecido un giro interesante. La creciente competencia de nuevas marcas, muchas de ellas chinas, ha obligado a fabricantes y concesionarios a incrementar las promociones. En julio, el descuento medio sobre el precio de tarifa de los coches nuevos ya superaba el 14%, y el precio medio había bajado hasta los 43.477 euros. Continúa muy por encima del nivel de 2019, pero la tendencia ha empezado a cambiar.

Y esta guerra de precios ha llegado al mercado de ocasión. Los seminuevos de menos de un año habían reducido su precio medio casi un 10% en el primer trimestre de 2026 y, durante el primer semestre, la corrección ya afectaba incluso a los coches de más de diez años. Es una muestra de hasta qué punto la llegada de nuevos competidores puede alterar toda la cadena.

Europa necesita recuperar el coche popular

La batalla de la industria europea no consiste simplemente en fabricar más coches eléctricos. Consiste en conseguir fabricarlos a un precio que permita venderlos masivamente sin destruir los márgenes de las empresas ni los puestos de trabajo que dependen de ellas.

Europa sigue teniendo marcas potentes, ingeniería, capital humano, una extensa red de proveedores y décadas de experiencia industrial. Pero la historia no garantiza la competitividad futura. Si sus fabricantes necesitan 40.000 o 50.000 euros para ofrecer un vehículo que un competidor puede vender considerablemente más barato, el problema no se resuelve únicamente con aranceles o regulaciones.

También hay que recuperar eficiencia, escala y, sobre todo, una idea que durante décadas fue fundamental para la industria europea: el coche popular. La paradoja es que Europa quiere renovar el parque, electrificar la movilidad y reducir emisiones, pero difícilmente lo conseguirá si una parte creciente de la población solo puede permitirse conducir un vehículo de quince años.

La gran pregunta, por tanto, no es solo si Europa será capaz de fabricar el coche del futuro. Es una mucho más elemental: si el ciudadano europeo podrá permitírselo.

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Del mismo modo que solicitamos créditos y otros mecanismos de financiación cuando el dinero que ganamos no llegan para cubrir los gastos de nuestro hogar, es habitual que un Estado pida un préstamo cuando sus ingresos no son suficientes para afrontar sus necesidades presupuestarias. Te explicamos de donde sale esta financiación y las consecuencias de una deuda pública elevada.

La deuda pública o deuda soberana es el conjunto de deudas de todas las administraciones públicas de un Estado hacia inversores particulares u otros países, mientras que al saldo negativo que origina la necesidad de financiación se le conoce como déficit público. Es una forma de financiación que permite al país obtener ingresos inmediatos, cuando la recaudación de impuestos no es suficiente para cubrir sus necesidades presupuestarias, para devolverlos gradualmente a lo largo del tiempo.

A pesar de que las cifras pueden resultar sorprendentes, en sí misma, la deuda soberana no es ni buena ni mala. Los países pueden requerir financiación para inversiones públicas para así estimular el crecimiento de la economía, sin sufrir las consecuencias de subir impuestos o emitir más moneda propia.

Dicho esto, no es el mismo endeudarse para hacer una inversión que generará valor a la economía, que pedir financiación para cubrir un gasto descontrolado. Así mismo, hay países que son capaces de afrontar niveles altos de deuda por el hecho que los mercados financieros confían en su capacidad de pago, gracias a la estabilidad de sus economías o de su moneda nacional.

Financiación a través de títulos de deuda pública

En función de las necesidades de financiación de cada país hay diferentes modelos de emisión de títulos de deuda pública. El plazo de amortización del préstamo, a corto, medio o largo plazo, y las diversas modalidades de obtener intereses determinan las principales diferencias.

Las Letras del Tesoro tienen el plazo de reembolso más corto, de 3, 6, 12 y hasta 18 meses, por lo tanto, ofrecen un interés más bajo, que los Bonos del Estado, con un plazo de entre dos y cinco años, que además reparten cupones a los inversores, que irán cobrando de manera periódica.

Por último, los gobiernos pueden emitir Obligaciones del Estado con plazos de reembolso de hasta 30 años, pensados para inversores a largo plazo que buscan un retorno de intereses más elevados. Precisamente porque se trata de activos con un periodo de vencimiento tan largo donde el tipo de interés no dependen tanto de la política monetaria del Banco Central del país, sino de factores estructurales de la economía, son un buen barómetro del grado de confianza de los inversores en la futura estabilidad económica de un Estado.

Desequilibrio presupuestario y endeudamiento público desbocado

Las políticas de inversión pública expansivas a raíz del estancamiento económico provocado por la crisis sanitaria han disparado la deuda soberana de muchos países hasta récords históricos. Economistas y organismos internacionales muestran su preocupación por el elevado nivel de deuda pública global, que puede acabar siendo insostenible para las economías en desarrollo.

Es decir, la deuda es un instrumento necesario para el crecimiento, siempre que sea sostenible, pero la realidad es que las cifras de deuda pública en el mundo se han aumentado considerablemente en los últimos años, acercándose a las del PIB global, por lo tanto, están lejos de esta sostenibilidad. La deuda pública de España sigue marcando récords históricos, el último el pasado mes de agosto, cuando alcanzó una cifra de 1,49 billones de euros después de repuntar en 4.440 millones.

Los datos publicados por el Banco de España el viernes 21 de octubre en su último informe económico, apuntaban que en los últimos 12 meses se ha incrementado la deuda en 72.029 millones de euros más. Así mismo, Eurostat afirmaba que la deuda de la zona euro en el segundo trimestre también lograba una cifra récord de 12,1 billones de euros. ¿Cómo se paga todo esto?

Algunos analistas dicen que la deuda pública nunca se paga realmente, es decir, que nunca se reduce en términos absolutos porque siempre se va renovando. Incluso cuando un Estado quiebra, como pasó con Grecia el 2008, se renegocian las condiciones y se emite nueva deuda. A la práctica, pero, lo estamos pagando todos, de manera desigual. Cómo pasó en Grecia, paga más quien menos tiene, el que guarda efectivo en su bolsillo o en la cuenta corriente, que ve como su dinero cada vez pierden más valor.

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Estados Unidos acumula una de las montañas de deuda más grandes del mundo, pero este no es, por sí solo, el dato que más preocupa a los economistas. El problema real es que cada vez tiene que destinar más dinero a pagar los intereses de esta deuda, lo que reduce el margen disponible para financiar otras políticas públicas.

Cuando una parte creciente del presupuesto sirve simplemente para mantener vivo el endeudamiento acumulado, el riesgo ya no depende solo de la cantidad que se debe, sino del coste de seguir financiándolo. Y es aquí donde una crisis de deuda deja de ser una hipótesis abstracta para convertirse en un riesgo que afecta a toda la economía mundial.

Para entender el problema no hace falta dominar grandes conceptos económicos. Imaginemos una familia que cada año gasta más de lo que ingresa y cubre la diferencia pidiendo dinero prestado. Durante un tiempo, la situación puede ser asumible, sobre todo si los intereses son bajos. Pero cada nuevo préstamo se suma a los anteriores y, con el paso de los años, la familia no solo tiene que seguir financiando su déficit, sino que también tiene que pagar los intereses de la deuda acumulada.

Salvando todas las distancias, esta es la dinámica que tensiona las finanzas públicas estadounidenses. Según las proyecciones de la Congressional Budget Office, el Gobierno de Estados Unidos gastará unos 7,4 billones de dólares en 2026, mientras que los ingresos se situarán alrededor de los 5,6 billones. Esto deja un déficit cercano a los 1,9 billones de dólares.

Es importante diferenciar el déficit de la deuda. El déficit es el agujero que se genera durante un año concreto. La deuda es la acumulación de los déficits anteriores. Dicho de una manera gráfica, el déficit es el agua que sigue entrando en la bañera; la deuda es toda el agua que ya se ha acumulado.

Una deuda mayor que la economía

La dimensión de esta acumulación ya es considerable. La CBO calcula que la deuda federal en manos del público llegará en 2026 aproximadamente al 101% del PIB de Estados Unidos y que podría alcanzar el 120% en 2036 si no hay cambios significativos en la política fiscal.

Este porcentaje es importante porque permite comparar la deuda con la capacidad económica del país para sostenerla. Deber mucho no es necesariamente un problema si la economía crece lo suficiente y los acreedores siguen confiando en la capacidad de pago. Por eso superar el 100% del PIB no significa automáticamente estar a las puertas de la quiebra.

Lo que sí significa es una mayor vulnerabilidad a los tipos de interés. Cuanto mayor es la deuda, más impacto tiene cualquier aumento en el coste de financiarla. Y precisamente aquí es donde la situación estadounidense se ha complicado durante los últimos años.

Cuando los intereses empiezan a pesar

Durante buena parte de las últimas décadas, Estados Unidos pudo convivir con una deuda creciente porque endeudarse era relativamente barato. Los tipos de interés eran bajos y eso permitía refinanciar grandes volúmenes de deuda sin que la factura se disparara.

Ahora la situación es diferente. La CBO prevé que el Gobierno federal destine más de un billón de dólares al pago neto de intereses en 2026, una cifra que podría superar los 2,1 billones anuales en 2036.

Este gasto tiene una particularidad importante: no financia hospitales, carreteras, educación o investigación. Simplemente remunera a los acreedores que prestaron dinero al Gobierno. Cuanto más peso tienen los intereses dentro del presupuesto, menos margen existe para destinar recursos a otras prioridades.

Además, buena parte de la deuda llega periódicamente a vencimiento y debe refinanciarse. Si aquellos bonos se emitieron en una época de tipos muy bajos y ahora tienen que ser sustituidos por nuevos títulos con una rentabilidad superior, el coste financiero aumenta automáticamente.

Cuando la deuda alimenta más deuda

A partir de aquí se puede generar una dinámica difícil de romper. Si el Gobierno mantiene déficits elevados, necesita emitir más deuda. Esta nueva deuda genera nuevos intereses, que aumentan el gasto y pueden ampliar todavía más el déficit.

Por lo tanto, el problema no es solo que Estados Unidos deba mucho dinero, sino que el propio coste de la deuda puede contribuir a hacerla crecer.

La CBO calcula que los intereses netos pasarán del 3,3% del PIB en 2026 al 4,6% en 2036. En este escenario, una parte creciente de los ingresos públicos se destinará simplemente a pagar el coste de decisiones presupuestarias anteriores.

Aquí es donde se encuentra la diferencia entre tener mucha deuda y empezar a tener un problema de deuda. Una economía potente puede sostener niveles elevados de endeudamiento durante mucho tiempo, pero si la deuda crece persistentemente más rápido que la economía, la situación se vuelve cada vez más exigente.

Una crisis no necesita empezar con un impago

Cuando pensamos en una crisis de deuda, a menudo imaginamos un Gobierno anunciando que no puede pagar. Pero en el caso de Estados Unidos, una crisis podría empezar mucho antes.

La primera señal podría ser simplemente que los inversores exigieran más rentabilidad para seguir comprando bonos del Tesoro. Si perciben que la trayectoria fiscal es cada vez menos sostenible, pueden pedir intereses más elevados a cambio de seguir prestando dinero.

Una diferencia aparentemente pequeña en los tipos de interés puede tener un impacto enorme cuando se aplica sobre decenas de billones de dólares. Y este efecto no quedaría limitado a las cuentas públicas estadounidenses.

Los Bonos del Tesoro son una referencia central para el sistema financiero internacional. Si su rentabilidad aumenta, también pueden encarecerse las hipotecas, los préstamos empresariales y la deuda de otros gobiernos. Por eso una crisis de confianza en la deuda de Estados Unidos tendría repercusiones globales.

El privilegio extraordinario del dólar

Estados Unidos dispone, sin embargo, de una ventaja que casi ningún otro país tiene: se endeuda en su propia moneda y esta moneda es, al mismo tiempo, la principal divisa de reserva internacional.

Esto reduce enormemente el riesgo de una quiebra convencional. El Tesoro emite deuda en dólares y la Reserva Federal tiene capacidad para proporcionar liquidez al sistema. Es un privilegio extraordinario que ofrece a Washington mucho más margen del que tendría cualquier otra economía.

Pero este margen no es infinito. Si se recurriera de manera excesiva a la creación monetaria para facilitar la financiación de la deuda, las consecuencias podrían aparecer por otra vía: más inflación, depreciación del dólar o una pérdida progresiva de confianza de los inversores.

Dicho de otra manera, poder crear la moneda con la que se paga la deuda reduce el riesgo de impago, pero no elimina el coste económico de un endeudamiento excesivo.

Todo depende de la confianza

Al final, la palabra clave es esta: confianza. No existe una cifra exacta a partir de la cual un Estado entre automáticamente en crisis. Lo que determina la sostenibilidad de la deuda es la confianza de los inversores en la capacidad del Gobierno para seguir pagando sin tener que recurrir a medidas extremas.

Durante décadas, Estados Unidos ha disfrutado de una posición privilegiada gracias a la dimensión de su economía, la profundidad de sus mercados financieros y el papel internacional del dólar. Esta combinación explica por qué el mundo sigue dispuesto a financiar a Washington a pesar de sus déficits recurrentes.

Pero esta confianza no es infinita. La pregunta importante, por lo tanto, no es si Estados Unidos quebrará mañana. La cuestión es cuánto tiempo puede mantener una trayectoria en la que la deuda crece más rápido que la economía y los intereses absorben una parte cada vez mayor del presupuesto.

Un problema estadounidense con consecuencias globales

Mientras los inversores sigan dispuestos a comprar deuda estadounidense a un coste asumible, el sistema puede seguir funcionando. Pero si este coste aumenta de manera sostenida, el problema deja de ser una simple cifra contable y se convierte en una restricción real sobre la economía.

Una crisis de la deuda estadounidense, por lo tanto, no empezaría necesariamente el día en que Washington dejara de pagar. Podría empezar mucho antes, en el momento en que el mundo exigiera un precio cada vez más alto por seguir prestándole dinero.

Y cuando quien se endeuda es el país que emite la principal moneda de reserva mundial y ocupa el centro del sistema financiero internacional, la factura difícilmente se queda solo en casa.

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A diferència de les divises fiat, el Bitcoin és una moneda digital descentralitzada que no està sotmesa al control d’un govern o banc central. El seu valor no està definit per una entitat, sinó que es deriva de la confiança del consumidor. Però en què es fonamenta aquesta confiança?

Tot i les diferències, les criptomonedes com el Bitcoin comparteixen algunes similituds amb les monedes fiduciàries tradicionals a les quals tots estem acostumats. Per tant, és important entendre què dona valor als diners fiat abans d’analitzar per què hi ha un gran nombre de persones que veuen al bitcoin com un dipòsit de valor.

Lluny queda un sistema monetari segons el qual el valor de les divises està sostingut per la seva convertibilitat a l’or. D’ençà que el president Richard Nixon va reunir el seu equip a Camp David per anunciar que suspenia la convertibilitat del dòlar amb l’or. El dòlar va passar de ser una moneda que basava el seu valor en l’existència d’una contrapartida en or, a ser una moneda fiduciària, diners fiat, amb un valor que deriva de la relació entre l’oferta i la demanda i l’estabilitat del govern emissor. 

Així doncs, els governs i els bancs centrals poden crear diners per ampliar la seva oferta monetària i estimular la despesa a través de mecanismes econòmics sense preocupar-se de tenir suficients reserves d’or, almenys això és la teoria. Per tant, tot i que aquestes monedes fiduciàries no estan sostingudes per actius tangibles, el seu valor és causat per la confiança col·lectiva en les divises. Com a contrapartida, les polítiques monetàries dels governs i banc centrals, així com l’evolució de l’economia poden fer fluctuar aquesta confiança i el valor de la moneda. 

Descentralització, seguretat i oferta limitada

L’ecosistema monetari del Bitcoin està totalment descentralitzat, és a dir, cap autoritat central regula la base monetària, eliminant la necessitat d’intermediaris i atorgant als usuaris més control sobre les seves transaccions financeres. En eliminar les autoritats centrals, es democratitza la creació de moneda, donant més poder i llibertat a la comunitat d’usuaris.

La creació de Bitcoins segueix unes regles detallades en un protocol molt estricte que es basa en la tecnologia blockchain. Aquesta tecnologia de cadena de blocs utilitza algoritmes criptogràfics i la fa més segures que les monedes físiques i altament immune a crisis. A més, si l’usuari vol fer una transferència o un pagament, té total llibertat, ni el banc, ni VISA, ni Mastercard l’han d’autoritzar. Aquestes característiques i el fet milers de comerciants ja accepten Bitcoin com a pagament per béns i serveis, li han donat un valor d’utilitat.

Per altra banda, des de la seva introducció, es va establir un límit màxim de 21 milions de monedes que es poden minar, la qual cosa introduïa un element d’escassetat intrínsec que també contribueix a donar-li valor, quan tenim en compte la relació entre preu i escassetat. És per això que molta gent considera el Bitcoin com a reserva de valor, tot i la seva volatilitat. La regulació global dels criptoactius i la competència amb altres monedes digitals marcaran el futur del Bitcoin, però en última instància, serà la confiança de la gent el que assegurarà, o no, la seva existència.             

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Con el cambio climático, los desastres naturales son cada vez más frecuentes. Y no siempre es tu compañía la responsable de indemnizarte cuando alguno de tus bienes asegurados sufre daños.

El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Los largos periodos de sequía y temperaturas en máximos históricos dan paso en ocasiones a fuertes tormentas de agua o hielo. Un ejemplo es el pedrisco que castigó comarcas como el Baix Empordà, el Gironès y el Pla de l’Estany a finales de agosto. Los bloques de hielo que cayeron, algunos de más de diez centímetros de diámetro, provocaron incluso la muerte de una niña de 20 meses.

Más allá de la imposibilidad de compensar desgracias personales como esa, las pólizas de seguro pueden cubrir algunos daños materiales vinculados a los desastres naturales, pero no tienen por qué cubrirlos todos. Además, las características del incidente determinarán si nos tiene que indemnizar directamente nuestra compañía o el Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad que cubre riesgos extraordinarios en caso de ciertas catástrofes naturales. Eso sí, única y exclusivamente en caso de que el bien afectado esté asegurado.

Los daños en vehículos y hogares provocados por el impacto de granizo o pedrisco, muy típicos de finales de verano, quedan fuera de esa cobertura de “riesgos extraordinarios”. Por ello, es nuestra propia compañía la que debería indemnizarnos según la cobertura contratada. Si nuestro seguro de coche incluye cristales, podremos reclamar las lunas dañadas por el granizo. Pero las abolladuras en la chapa solo nos las compensarán si tenemos el seguro a todo riesgo.

En cuanto a los daños en los campos de cultivo y las explotaciones ganaderas o agropecuarias, tampoco quedan cubiertos por el Consorcio. Existe un sistema estatal para darles cobertura, el Agroseguro, que da derecho a compensaciones económicas si tenemos asegurado alguno de estos espacios frente a un fenómeno meteorológico concreto y resulta dañado por este.

¿Qué cubre el Consorcio de Compensación de Seguros?

Esta entidad se hace cargo, entre otros, de los daños en nuestros bienes asegurados provocados por inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas atípicas y la caída de cuerpos siderales o aerolitos.

De las anteriores catástrofes naturales, las inundaciones son las que más daños producen en Cataluña. Y, a efectos de cobertura, se consideran como tales “el anegamiento del terreno producido por lluvias o deshielo; por aguas procedentes de lagos con salida natural, de rías o ríos, o de cursos naturales de agua en superficie cuando se desborden de sus cauces normales”, según el propio Consorcio. Asimismo, se incluye el embate de mar en la costa, aunque no haya anegamiento.

Hay que tener en cuenta que no quedan comprendidos bajo este concepto de inundación la lluvia caída directamente sobre el riesgo asegurado, o la recogida por su cubierta o azotea, su red de desagüe o sus patios, como tampoco la inundación ocasionada por rotura de presas, canales, alcantarillas, colectores y otros cauces subterráneos artificiales, salvo que la rotura se haya producido como consecuencia directa del evento extraordinario cubierto por el Consorcio.

En el caso de una tempestad ciclónica atípica quedan incluidos, entre otros, los tornados y los vientos extraordinarios, caracterizados por la existencia de rachas superiores a los 120 km/h.

El asegurado tiene pleno derecho a la indemnización, aunque por parte de los poderes públicos no se emita una declaración oficial de «catástrofe» o de «zona catastrófica». Pero para que este organismo cubra los daños causados por terremotos, maremotos, erupciones volcánicas y caída de cuerpos siderales o aerolitos, deben certificarlos el Instituto Geográfico Nacional o el organismo público competente en la materia. 

¿Cuándo no cubre los daños el Consorcio?

Según el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios, en algunas circunstancias no tendremos derecho a indemnización por parte del Consorcio de Compensación de Seguros a pesar de haber asegurado el bien dañado.

Uno de los casos es cuando el seguro contratado es de transporte de mercancías, de construcción y montaje, de responsabilidad civil, de enfermedad, de defensa jurídica o de asistencia en viaje. La misma exclusión se aplica a las pólizas que cubren producciones agropecuarias susceptibles de asegurarse a través del sistema de Seguros Agrarios Combinados.

En cuanto al tipo de daños, por ejemplo, no están cubiertos los producidos por alteraciones en el suministro de cualquier tipo de energía. Tampoco está cubierta la pérdida de beneficios a consecuencia de daños sufridos por otros bienes o por otras personas físicas o jurídicas distintas del asegurado.

Cómo se financia el Consorcio

El Consorcio de Compensación de Seguros, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se financia con un porcentaje de cada póliza de vehículo y de hogar que se contrata.

Es importante tener en cuenta que este tipo de indemnizaciones no tiene nada que ver con las ayudas que puedan ofrecer las Administraciones públicas en caso de declarar como “zona catastrófica” una área concreta del territorio por algún efecto meteorológico extremo.

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El deute públic en el món s’ha disparat en els últims anys i les seves xifres ja són similars a les del PIB global. Tot i que pot ser un recurs molt útil per estimular l’economia en moments d’estancament o per millorar la competitivitat d’un país, els actuals nivells de deute generen molta inquietud per com pot llastrar el creixement.

En macroeconomia, el deute públic no es considera necessàriament una cosa dolenta. De fet, pot ser molt positiva. Tot i que costi digerir aquesta afirmació contraintuïtiva, la veritat és que els Estats l’han utilitzat des de fa segles per finançar-se sense que, en la majoria dels casos, hagi conduït a la ruïna dels països.

Què determina llavors la seva incidència positiva o negativa en l’evolució de l’economia? Per què el que hauria de ser un recurs pot convertir-se en una llosa? Hi ha tres factors clau: com s’utilitzen aquests diners, el context competitiu global i el volum de deute.

Oli per al motor econòmic

L’economia és un complex engranatge que periòdicament passa per alts i baixos, en cicles que es van encadenant. Quan aquest engranatge s’encalla, el deute públic pot servir com a lubrificant per a millorar el seu funcionament. D’aquí ve que els Estats tendeixin a aplicar polítiques d’inversió pública expansives quan l’economia s’estanca i hagin d’aprofitar els cicles de creixement econòmic, en els quals augmenten els seus ingressos gràcies a la major recaptació, per a equilibrar els seus comptes.

El deute públic té conseqüències tant en el present com en el futur. L’objectiu més immediat és facilitar recursos per a evitar el col·lapse econòmic. Si en un context de crisi una empresa normalment rendible veu reduïdes les seves vendes i entra en números vermells, podria arribar a tancar. Com a conseqüència, augmentaria l’atur i el que fins llavors eren ingressos per a l’Estat gràcies als impostos sobre les seves vendes passarien a ser despeses en forma de prestacions per desocupació. Al seu torn, els menors ingressos dels treballadors reduirien la seva capacitat adquisitiva, amb la qual cosa cada vegada més empreses es veurien en una situació precària per la reducció de la demanda.

Per això el deute públic s’utilitza en un primer nivell per a frenar la sagnia en situacions excepcionals a través d’ajudes i estímuls fiscals que evitin la destrucció de teixit productiu. Això explica, per exemple, que ara es plantegi una rebaixa en la quota d’autònoms per evitar el tancament de moltes microempreses. I fins i tot el subsidi per desocupació i altres despeses corrents es podrien considerar instruments per evitar que la demanda s’enfonsi en un context d’estancament o recessió.

Si l’endeutament conjuntural fa possible que el sistema prengui aire i torni a ser competitiu sense els estímuls públics, l’economia podria sortir reforçada. Però si aquest endeutament tan sols serveix per mantenir viu el teixit productiu de manera artificial, estaríem davant una economia zombi, incapaç de sobreviure sense els estímuls públics, així que el deute podria fer-se crònic. D’aquí la importància de com s’utilitza el deute públic i d’acompanyar aquesta inversió de les necessàries reformes estructurals.

Competitivitat, la paraula màgica

Més enllà de parar el cop en una crisi, el deute públic també pot servir per augmentar el potencial de creixement d’una economia. La inversió pública en infraestructures, educació, sanitat o polítiques actives d’ocupació pot enfortir les bases per al futur desenvolupament.

Tot i que en un primer moment poden incrementar-se el dèficit i el deute, com a contrapartida tindrem una economia més forta. I això suposarà una major capacitat per fer front al pagament d’interessos i l’amortització del deute gràcies a la major recaptació.

Un exemple de bona praxi bastant acceptat és la inversió que va suposar la American Recovery and Reinvestment Act després de la crisi financera de 2007-2008. Els més de tres quarts de bilió de dòlars de despesa aprovats pel Congrés nord-americà van permetre modernitzar les infraestructures i xarxes tecnològiques als Estats Units. A més, la reforma sanitària i del sistema de desocupació va millorar la cohesió social. Tot això ha contribuït al fet que l’economia nord-americana es trobi avui dia en una situació una mica menys compromesa que l’europea.

De tota manera, des de fa bastants anys els països desenvolupats s’enfronten a una inquietant pèrdua de competitivitat, la qual cosa complica el seu creixement econòmic i limita la seva capacitat per equilibrar els seus nivells de deute.

Els riscos d’un deute excessiu

És necessari tenir present que, encara que el deute no sigui dolent en si mateix, suposa un compromís de devolució amb interessos en el futur. I això pot arribar a restringir el marge financer i pressupostari de l’Estat si no es produeix un augment d’ingressos que el compensi. A més, l’emissió de deute públic pot atreure capital que d’una altra manera es destinaria al finançament del sector privat.

Tot i que el límit de deute públic que estableix el Tractat de Maastricht per als Estats és del 60 % del seu PIB, el conjunt de països de la zona euro ja porta un any per sobre del 100 %, segons dades d’Eurostat. La situació fora d’Europa no és millor, ja que el Fons Monetari Internacional estima que, a finals de 2021, el deute públic global representava el 100 % del PIB mundial. I la situació podria empitjorar si la crisi s’accentua.

Espanya ja porta més d’una dècada per sobre de la recomanació del 60%. De fet, el Fons Monetari Internacional va fer una sèrie d’advertències a Espanya al març pel risc que el deute s’estanqui en cotes superiors al 115 % del PIB. Però, en vista de l’evolució actual, serà difícil que aquesta ràtio es redueixi en el futur pròxim. I més si tenim en compte l’estructura demogràfica, que en els pròxims anys dispararà la despesa en pensions.

La majoria d’economistes adverteixen contra aquest excés de deute públic. És significatiu que una revisió de 40 estudis publicats durant la dècada passada indiqui que 36 d’ells conclouen que el deute té una influència negativa en el creixement econòmic.

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Cuando escuchamos a un economista hablando sobre impuestos, inflación, salarios o vivienda, tendemos a pensar que sus conclusiones son puramente técnicas. Pero la realidad es otra. Detrás de cada propuesta económica hay una manera determinada de entender cómo funciona la sociedad. La economía es una ciencia social. Y, como todas las ciencias sociales, está formada por diferentes corrientes de pensamiento que interpretan la realidad desde perspectivas diversas.

Durante más de trescientos años, estas escuelas han intentado responder a las mismas preguntas: qué crea la riqueza, qué papel debe tener el Estado, por qué aparecen las crisis y cómo deben combatirse.

Cada escuela es hija de su tiempo. El mercantilismo surgió cuando las monarquías europeas competían por el comercio mundial; Adam Smith escribió en plena Revolución Industrial; Karl Marx observaba las duras condiciones de los obreros del siglo XIX; John Maynard Keynes intentaba explicar la Gran Depresión; Friedrich Hayek y Milton Friedman reaccionaban ante la inflación de los años setenta. Lo más sorprendente es que ninguna de estas escuelas ha desaparecido. Todas siguen influyendo, en mayor o menor medida, en las políticas económicas de los gobiernos, los bancos centrales y los organismos internacionales.

Las grandes escuelas económicas de un vistazo

Las escuelas también tienen una historia

Cada corriente económica apareció intentando dar respuesta a los grandes retos de su tiempo.

Este resumen pone de manifiesto una idea esencial: las escuelas económicas no solo discrepan sobre las soluciones. A menudo discrepan sobre cuál es, realmente, el problema.

¿Qué crea la riqueza?

Esta es la primera gran pregunta que ha dividido a los economistas durante siglos.

Los mercantilistas pensaban que la prosperidad dependía de acumular oro y mantener una balanza comercial positiva.

Los fisiócratas dieron la vuelta a esta idea afirmando que la riqueza nacía de la producción.

Adam Smith ampliaría este concepto: la prosperidad es fruto del trabajo, de la especialización, de la innovación y de la libertad de intercambio.

Karl Marx también situaba el trabajo en el centro, pero sostenía que el sistema capitalista permite que una parte del valor creado por los trabajadores sea apropiada por los propietarios del capital.

Keynes desplazaría el foco hacia la demanda. Una economía puede producir mucho, pero si las familias y las empresas dejan de consumir, las fábricas se detienen.

Para los economistas austríacos y monetaristas, el crecimiento sostenible requiere ahorro, inversión productiva, iniciativa empresarial y una moneda estable.

¿Qué papel debe tener el Estado?

Aquí aparecen las diferencias más conocidas.

Los mercantilistas defendían gobiernos fuertes que dirigieran el comercio.

Los economistas clásicos preferían limitar al Estado a funciones básicas como la justicia, la seguridad o las infraestructuras.

Marx imaginaba una economía en la que los principales medios de producción fueran de titularidad colectiva.

Keynes consideraba que, durante las recesiones, el Estado debía impulsar la demanda y evitar que la actividad económica se hundiera.

En cambio, Hayek advertía que una intervención excesiva podía reducir la libertad económica y generar nuevas ineficiencias.

Milton Friedman compartía esta prudencia, aunque aceptaba un papel limitado del Estado para garantizar reglas estables y una política monetaria coherente.

¿Por qué aparecen las crisis?

Una misma recesión puede generar diagnósticos completamente diferentes.

Para Marx, las crisis forman parte del propio funcionamiento del capitalismo.

Para Keynes, son consecuencia de una caída del consumo y de la inversión.

Los economistas austríacos las atribuyen a la expansión excesiva del crédito y a tipos de interés artificialmente bajos.

Los monetaristas ponen el acento en los errores de política monetaria.

Los economistas clásicos tienden a interpretarlas como procesos de ajuste que los mercados acaban corrigiendo.

¿Cómo debe combatirse la inflación?

Pocas cuestiones generan tanta controversia como esta.

Los keynesianos aceptan que una inflación moderada puede ser asumible si evita una recesión profunda.

Milton Friedman defendía que “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, es decir, consecuencia de un exceso de dinero en circulación.

Los austríacos comparten buena parte de este diagnóstico, pero responsabilizan sobre todo a la expansión artificial del crédito impulsada por los bancos centrales.

Los economistas clásicos confían en que la competencia y los ajustes de los mercados acaben moderando los precios.

Los marxistas suelen interpretar la inflación dentro de los conflictos de distribución entre salarios, beneficios y poder económico.

Las nuevas escuelas: la economía continúa evolucionando

Las escuelas clásicas siguen siendo imprescindibles para entender la economía, pero los nuevos retos del siglo XXI han impulsado corrientes de pensamiento que incorporan factores que antes tenían un papel secundario.

Economía conductual: no siempre decidimos racionalmente

Durante décadas se asumió que las personas tomaban decisiones racionales. Daniel Kahneman y Richard Thaler demostraron que los sesgos cognitivos, las emociones y los hábitos condicionan muchas decisiones económicas.

Esta disciplina ha influido en el diseño de planes de ahorro, sistemas de pensiones, fiscalidad y políticas públicas basadas en los llamados nudges, pequeños incentivos que orientan el comportamiento sin imponerlo.

Economía institucional: las instituciones importan

¿Por qué algunos países prosperan mientras otros permanecen estancados a pesar de disponer de grandes recursos naturales?

Economistas como Douglass North, Daron Acemoglu y James Robinson defienden que la respuesta reside en la calidad de las instituciones. La seguridad jurídica, la protección de la propiedad, la independencia judicial o la lucha contra la corrupción son factores tan importantes como el capital o el trabajo.

Teoría Monetaria Moderna (MMT): un nuevo debate sobre la deuda pública

La Teoría Monetaria Moderna sostiene que un Estado que emite su propia moneda dispone de un margen de maniobra muy superior al que tradicionalmente se ha considerado. Según esta escuela, el principal límite del gasto público no es el déficit, sino la inflación.

Sus defensores consideran que esta visión permite afrontar mejor grandes inversiones públicas o crisis económicas. Sus detractores alertan de que puede incentivar un uso excesivo de la creación de dinero y alimentar tensiones inflacionarias.

El debate sigue abierto y es uno de los más vivos de la economía contemporánea.

Una conversación que sigue abierta

La economía no es un conjunto de recetas infalibles. Es una conversación que dura desde hace más de tres siglos y que evoluciona con cada transformación social, tecnológica y política.

Ninguna escuela ha conseguido explicar toda la realidad, pero todas han aportado herramientas para entender una parte del mundo. Por ello, cuando escuchamos a un economista defender una determinada política fiscal, monetaria o social, conviene preguntarnos no solo qué propone, sino también desde qué escuela de pensamiento habla.

Conocer estas tradiciones no garantiza encontrar siempre la respuesta correcta, pero sí permite interpretar con más criterio los debates que condicionan nuestros ahorros, nuestras inversiones y el futuro de la economía.

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Cada día oímos hablar del Ibex, el Nasdaq o el Dow Jones como si todo el mundo supiera qué representan. Pero ¿qué son exactamente estos índices? ¿Y qué significan esos famosos puntos que suben y bajan constantemente?

Es la hora del telediario. El presentador anuncia que el Ibex-35 ha subido 240 puntos, que el Nasdaq vuelve a marcar máximos históricos y que Wall Street abrirá con optimismo. La noticia dura menos de un minuto y el programa continúa. Lo hemos oído cientos de veces, pero si alguien nos preguntara qué significan realmente esos puntos, probablemente nos costaría encontrar una respuesta.

Y es una lástima, porque los índices bursátiles son mucho más fáciles de entender de lo que parece. Una vez descubres qué representan, las noticias económicas dejan de sonar como un idioma reservado a los expertos.

El marcador de los mercados

Cuando queremos saber cómo va una liga de fútbol, no hace falta ver todos los partidos. Basta con mirar la clasificación. De un solo vistazo sabemos quién lidera la competición, quién baja posiciones y quién atraviesa un buen momento. Los índices bursátiles cumplen exactamente esa función. No son empresas ni tampoco la bolsa en sí misma. Son un marcador.

El Ibex-35 resume el comportamiento de treinta y cinco de las empresas más representativas de la bolsa española. El Nasdaq-100 hace lo mismo con algunas de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, mientras que el Dow Jones o el Nikkei cumplen la misma misión en sus respectivos mercados.

Su función es resumir, en una sola cifra, cómo evoluciona ese conjunto de empresas. Pero este marcador tiene una particularidad: no habla de goles, sino de puntos. Y es aquí donde suele comenzar la confusión. Los puntos no son euros. Tampoco son dólares ni representan una cantidad fija de dinero. Son simplemente una unidad de medida.

Podemos imaginarlos como los grados de un termómetro. Cuando la temperatura pasa de veinte a treinta grados, nadie se pregunta cuántos litros de calor hay en la calle. Los grados solo sirven para indicar que hace más calor que antes. Con los índices ocurre exactamente lo mismo. Si hoy el Ibex cotiza más alto que ayer, significa que, en conjunto, las empresas que lo forman valen más que el día anterior. Los puntos solo sirven para medir esa diferencia.

¿Por qué no todas las empresas cuentan igual?

Si un índice resume el comportamiento de muchas empresas, parece lógico pensar que todas influyen por igual. Pero no es así.

Imaginemos una cesta con una sandía, cuatro manzanas y un puñado de cerezas. Si quitamos una cereza, el peso total apenas cambia. Si quitamos la sandía, la diferencia es enorme.

En los índices ocurre algo parecido. Las empresas más grandes tienen un peso muy superior al de las más pequeñas. Por eso, cuando una compañía como Inditex, Iberdrola o Santander experimenta una fuerte subida o una caída importante, puede arrastrar consigo buena parte del Ibex. Es perfectamente posible que muchas empresas terminen la jornada en positivo y, aun así, el índice baje. O que ocurra justo lo contrario.

La bolsa no es toda la economía

Este es probablemente el malentendido más habitual. Cuando oímos que Wall Street marca un nuevo récord o que el Nasdaq vive un año extraordinario, es fácil pensar que la economía funciona de maravilla. Pero los índices solo cuentan una parte de la historia.

Reflejan el comportamiento de las empresas cotizadas y, sobre todo, las expectativas de los inversores. En cambio, la salud económica de un país también depende de los salarios, del empleo, del consumo, del precio de la vivienda o de la situación de miles de pequeñas empresas que ni siquiera cotizan en bolsa.

Por eso la bolsa puede subir mientras muchas familias siguen perdiendo poder adquisitivo. Y también puede ocurrir lo contrario. Los índices son un excelente termómetro de los mercados, pero no de toda la economía.

Incluso la bolsa tiene sus dichos de verano

Como cualquier otro ámbito, los mercados financieros también tienen sus frases hechas. Una de las más conocidas es «Sell in May and go away», es decir, «vende en mayo y vete de vacaciones».

El dicho nació hace más de un siglo en la City de Londres, cuando muchos grandes inversores abandonaban la capital durante los meses de verano para trasladarse a sus residencias de campo. Con menos actividad en los mercados, las operaciones disminuían y se extendió la idea de que la mejor época para invertir comenzaba con la vuelta del otoño.

Como ocurre con todos los refranes, no siempre se cumple. Ha habido veranos extraordinarios para la bolsa y años muy malos fuera de ese periodo. Pero sigue siendo una de las expresiones más populares del mundo financiero.

Mirar los índices con otros ojos

Cada punto que sube o baja un índice es el resultado de miles de decisiones tomadas simultáneamente por inversores de todo el mundo. No es una predicción del futuro ni una sentencia sobre el estado de la economía. Es una fotografía de ese instante.

Quizá no todos acabemos invirtiendo en bolsa, pero entender qué representan el Ibex, el Nasdaq o el Dow Jones nos permite seguir la actualidad económica con una mirada mucho más crítica.

Porque la próxima vez que oigamos que un índice ha ganado 300 puntos o ha cerrado en máximos históricos, ya sabremos que detrás de esa cifra no hay ningún misterio. Igual que el marcador de un partido no explica toda la historia del juego, los índices tampoco explican toda la economía. Pero nos ayudan a entender, de un solo vistazo, hacia dónde se mueve el partido de los mercados.

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Tots estem familiaritzats amb els conceptes bàsics de les assegurances. Però, saps com funciona aquest sector, quina és la seva regulació i d’on provenen els seus beneficis?

Les assegurances no són més que eines financeres que permeten cobrir determinats riscos. Ho fan des de fa milers d’anys. El Codi de Hammurabi, un compendi de lleis de l’antiga Babilònia, ja regulava els préstecs a risc de mar, que feien possible a prestadors i naviliers compartir els riscos i els beneficis del comerç marítim.

A tots ens sonen més o menys els conceptes bàsics de les assegurances. Una pòlissa no és més que un contracte entre l’assegurat i la companyia d’assegurances mitjançant la qual, a canvi d’una prima (preu de l’assegurança), l’entitat asseguradora es compromet a indemnitzar per un mal produït o a satisfer un capital, renda o una altra prestació en cas de produir-se un sinistre contemplat en les cobertures d’aquest contracte.

Tots els detalls de la cobertura de l’assegurança i altres condicions estan recollits en la pòlissa, que estableix els drets i obligacions de totes dues parts. El prenedor, que és la persona o empresa que contracta el segur i paga la prima; l’assegurat, que és qui està exposat al risc cobert per l’assegurança, i el beneficiari, que és qui té dret a rebre la contraprestació convinguda en la pòlissa, poden coincidir o ser diferents persones o entitats.

És probable que aquests conceptes ens resultin familiars. Però, sabem com funciona el sector assegurador? Repassem com es regula i d’on provenen els seus beneficis.

El marc regulador

Existeixen diferents tipus d’entitats asseguradores en funció de la seva constitució jurídica: societats anònimes, mútues, cooperatives i mutualitats de previsió social. A més, cadascuna d’elles pot operar en un o en múltiples àmbits (automòbil, llar, responsabilitat civil…), però sempre requereixen l’autorització de l’organisme regulador.

Per garantir el correcte funcionament del sector, estan regulats tant les característiques com el funcionament d’aquestes entitats, establint límits a la seva activitat i imposant uns mínims de solvència o una certa formació per als seus empleats.

L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor Solvència II, la directiva europea per la qual totes les asseguradores europees estimen la seva solidesa financera de la mateixa manera. Aquesta directiva obliga a calcular la quantitat de recursos que ha de tenir un assegurador per afrontar possibles escenaris negatius relacionats amb el negoci (que hi hagi més contratemps de l’esperat o que les indemnitzacions siguin de major import), amb les inversions (una caiguda de la Borsa, per exemple) o d’altres tipus. L’assegurador ha de tenir fons propis suficients com per a cobrir aquest eventual forat.

Solvència II se sustenta en tres pilars. El primer determina els recursos propis mínims requerits a cada asseguradora en funció dels riscos assumits. El segon planteja la valoració qualitativa dels riscos, que són identificats, mesurats, monitorats i administrats segons l’exposició al risc de cada companyia, i estableix un control intern d’aquests riscos a través del govern corporatiu per millorar l’eficiència i la rendibilitat de les entitats. El tercer pilar busca una major transparència de les empreses asseguradores gràcies als informes periòdics que han de presentar.

Aquesta directiva europea es complementa amb la Llei d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, que regula el sector en l’Estat espanyol.

Una primera font d’ingressos

Segons dades del Fons Monetari Internacional, el volum de primes emeses en el món arribava l’any 2016 als 24 bilions d’euros, dels quals el 85% pertanyien a assegurances de vida.

En el cas de les assegurances de vida, el principal canal de comercialització és el bancari, amb una quota de mercat una mica superior al 70%, mentre que els agents i corredors d’assegurances presenten una quota de mercat lleugerament per sobre del 20%.

En canvi, la resta d’assegurances es comercialitzen principalment a través d’agents i corredors d’assegurances, els qui aconsegueixen una quota de mercat del 60% aproximadament, seguits per la venda directa (19%) i el canal bancari (13%).

Una primera via per la qual les companyies d’assegurances guanyen diners és avaluant acuradament el risc de cadascuna d’aquestes pòlisses perquè els ingressos per primes superin a les reclamacions que hagin d’abonar.

La veritable naturalesa del negoci

No obstant això, les asseguradores són sobretot gestores dels recursos que els seus clients els confien a través de les primes, ja que utilitzen part d’aquests ingressos per invertir. De fet, es calcula que el 12% dels actius mundials estan en mans de companyies d’assegurances.

Això sí, a partir de la gran crisi financera, la legislació estableix uns límits prudencials estrictes a l’hora d’invertir. Fins l’any 2007, el sector assegurador va viure un idíl·lic període de tranquil·litat. Però la gran crisi financera, que es va emportar per davant al gegant de les assegurances nord-americà AIG, va aflorar l’estreta relació de les asseguradores amb les entitats bancàries, tant per la participació en el seu capital social com en les seves emissions de renda fixa i variable.

Segons Unespa, que aglutina a prop de 200 asseguradores de l’Estat espanyol, aquestes inverteixen principalment en deute públic i, en menor mesura, en fons i accions privades: per cada euro invertit en aquests últims, es dediquen sis al deute públic. A més, aquesta associació aclareix que, en èpoques de bonança econòmica “les asseguradores han arribat a tenir una capacitat d’inversió equivalent al 2 % del PIB”.

Les reassegurances, un negoci en auge

Una tercera via d’ingressos són les reassegurances. Es tracta d’acords mitjançant els quals un assegurador, denominat cedent, transfereix a un altre assegurador, denominat reassegurador, la totalitat o una part dels seus riscos a canvi d’una part de la prima. Això permet al cedent protegir-se de grans pèrdues potencials en situacions d’excessiva exposició.

El canvi climàtic i la pandèmia de COVID-19 estan impulsant aquesta àrea de negoci, el volum del qual s’espera que superi els 500.000 milions d’euros l’any 2025.

Grans canvis en l’horitzó

Molts senyals indiquen que el sector assegurador es prepara per a una època de canvis transcendentals. En aquest sentit, s’espera que es formin ecosistemes en els quals proveïdors de diferents indústries interactuaran per crear valor a partir de dades compartides. Per tant, no es vendran tant productes i serveis aïllats com experiències creades gràcies a una multitud d’actors.

El 67% dels líders del sector assegurador consideren que els models de negoci actuals seran irrecognoscibles en els pròxims cinc anys i que aquests ecosistemes seran el principal agent de canvi, segons dades d’Accenture Research. A més, el 58% de les companyies asseguradores asseguren buscar ja de manera activa ecosistemes en els quals integrar-se i tres de cada quatre preveuen que almenys la meitat dels seus beneficis procediran d’aquests ecosistemes en els pròxims cinc anys.

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El model econòmic occidental es caracteritza, des de fa molts anys, per un sistema de capitalisme clientelar o d’amiguets basat en la promíscua relació entre política i negocis. Un mal endèmic que afecta, en major o menor mesura, a la gran majoria de països. 

Xavi Viñolas, redactor d’11Onze

Capitalisme clientelar o d’amiguets – ‘crony capitalism’ en anglès – és un terme utilitzat per descriure un sistema capitalista en el qual l’èxit dels negocis depèn dels tractes de favor mutu entre empresaris i polítics. Aquestes relacions sovint condueixen a polítiques governamentals que beneficien a un petit nombre d’empreses o individus en detriment dels interessos del públic en general, que acaben instrumentalitzats pel poder.

L’ús de les connexions polítiques per a assegurar-se un tracte preferencial o per a obtenir un avantatge injust pot adoptar la forma de contractes públics, subvencions o normatives i lleis que afavoreixen a un grup selecte d’empreses o individus. Les comissions, els suborns i les portes giratòries dels polítics a les grans empreses són part del lèxic que acompanya a aquesta pràctica d’enxufisme, nepotisme i corrupció que, malauradament, ja no sorprèn a ningú.

En aquest context, l’activitat econòmica no segueix els principis d’una economia de lliure mercat pensada per a servir al consumidor amb els millors productes, sinó a mantenir el favor del poder polític a través d’empresaris o lobbies que corrompen funcionaris públics, generant ineficiències, fomentant els oligopolis, frenant el creixement econòmic i erosionant la confiança en la classe política.

La crisi financera global de 2008 és un excel·lent exemple de com la col·lusió entre entitats financeres i governs pot conduir a pràctiques arriscades i irresponsables per part de monopolis que controlen el mercat, provocant una devastació econòmica que acaben pagant els contribuents, rescatant a bancs de la fallida amb diners públics

La desafecció política

Una de les conseqüències més greus de la corrupció i abús de poder governamental generalitzat és que els ciutadans es desentenen del procés polític. L’apatia i el cinisme d’una població, que veu com els funcionaris públics utilitzen els seus càrrecs en benefici propi, es manifesten amb una baixa participació electoral i una destrucció de la fibra moral de la societat.

Si la falta de transparència i supervisió afebleix la confiança en les institucions governamentals i provoca que els polítics no hagin de retre comptes pels seus actes, es fa difícil convèncer als ciutadans que les millores socials i econòmiques s’aconsegueixen posant a la pràctica de valors ètics com l’esforç, el treball i l’honestedat.

La manca de credibilitat associada amb els governs es veu agreujada per un sistema polític bipartidista, de iure o de facto, establert al llarg del món occidental, que en molts casos no afavoreix ni tan sols dos partits o coalicions polítiques antagòniques entre elles. Per contra, sovint es tracta de dos actors polítics que es reparteixen el poder d’una manera cíclica, però amb poques diferències en l’aplicació de polítiques que beneficien a l’establishment o poders fàctics que actuen al marge de les institucions.

Sense informació no es poden retre comptes

Una premsa lliure és la pedra angular de les societats democràtiques. Serveix de control del poder governamental i fomenta la transparència i la rendició de comptes. Sense una premsa lliure, els ciutadans no podrien accedir a la informació que necessiten per a prendre decisions amb coneixement de causa i exigir responsabilitats als seus dirigents.

Malauradament, gran part dels mitjans de comunicació han passat a ser un altaveu de les elits econòmiques i polítiques. Lluny d’informar de les accions de govern o males pràctiques corporatives, la narrativa periodística sovint contribueix a la seva propaganda mentre blanqueja la corrupció, garantint la impunitat dels càrrecs electes. 

Això posa de manifest una manca de voluntat en servir l’interès públic, evitant que els ciutadans estiguin al corrent d’accions de govern que poden comportar conflictes d’interessos. Un panorama desolador que difícilment canviarà, tret que la societat civil s’organitzi per empoderar els ciutadans a través de la informació i l’educació, que els permeti prendre decisions que garanteixin els seus drets fonamentals.

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