El modelo económico occidental se caracteriza, desde hace muchos años, por un sistema de capitalismo clientelista basado en la promiscua relación entre política y negocios. Un mal endémico que afecta, en mayor o menor medida, a la gran mayoría de países.

Xavi Viñolas, redactor de 11Onze

Capitalismo clientelista o de amiguitos – ‘crony capitalism’ en inglés – es un término utilizado para describir un sistema capitalista en el cual el éxito de los negocios depende de los tratos de favor mutuo entre empresarios y políticos. Estas relaciones a menudo conducen a políticas gubernamentales que benefician a un pequeño número de empresas o individuos en detrimento de los intereses del público en general, que acaban instrumentalizados por el poder.

El uso de las conexiones políticas para asegurarse un trato preferencial o para obtener una ventaja injusta puede adoptar la forma de contratos públicos, subvenciones o normativas y leyes que favorecen a un grupo selecto de empresas o individuos. Las comisiones, los sobornos y las puertas giratorias de los políticos a las grandes empresas son parte del léxico que acompaña a esta práctica de nepotismo y corrupción que, desgraciadamente, ya no sorprende a nadie.

En este contexto, la actividad económica no sigue los principios de una economía de libre mercado pensada para servir al consumidor con los mejores productos, sino a mantener el favor del poder político a través de empresarios o lobbies que corrompen funcionarios públicos, generando ineficiencias, fomentando los oligopolios, frenando el crecimiento económico y erosionando la confianza en la clase política.

La crisis financiera global de 2008 es un excelente ejemplo de como la colusión entre entidades financieras y gobiernos puede conducir a prácticas arriesgadas e irresponsables por parte de monopolios que controlan el mercado, provocando una devastación económica que acaban pagando los contribuyentes, rescatando a bancos de la quiebra con dinero público

La desafección política

Una de las consecuencias más graves de la corrupción y abuso de poder gubernamental generalizado es que los ciudadanos se desentienden del proceso político. La apatía y el cinismo de una población, que ve como los funcionarios públicos utilizan sus cargos en beneficio propio, se manifiestan con una baja participación electoral y una destrucción de la fibra moral de la sociedad.

Si la falta de transparencia y supervisión debilita la confianza en las instituciones gubernamentales y provoca que los políticos no tengan que rendir cuentas por sus actos, se hace difícil convencer a los ciudadanos que las mejoras sociales y económicas se consiguen poniendo a la práctica valores éticos como el esfuerzo, el trabajo y la honestidad.

La ausencia de credibilidad asociada con los gobiernos se ve agraviada por un sistema político bipartidista, de jure o de facto, establecido a lo largo del mundo occidental, que en muchos casos no favorece ni siquiera dos partidos o coaliciones políticas antagónicas entre ellas. Por el contrario, a menudo se trata de dos actores políticos que se reparten el poder de una manera cíclica, pero con pocas diferencias en la aplicación de políticas que benefician al establishment o poderes fácticos que actúan al margen de las instituciones.

Sin información no se pueden rendir cuentas

Una prensa libre es la piedra angular de las sociedades democráticas. Sirve de control del poder gubernamental y fomenta la transparencia y la rendición de cuentas. Sin una prensa libre, los ciudadanos no podrían acceder a la información que necesitan para tomar decisiones con conocimiento de causa y exigir responsabilidades a sus dirigentes.

Desgraciadamente, gran parte de los medios de comunicación han pasado a ser un altavoz de las élites económicas y políticas. Lejos de informar de las acciones de gobierno o malas prácticas corporativas, la narrativa periodística a menudo contribuye a su propaganda mientras blanquea la corrupción, garantizando la impunidad de los cargos electos.

Esto pone de manifiesto una falta de voluntad en servir el interés público, evitando que los ciudadanos estén al corriente de acciones de gobierno que pueden comportar conflictos de intereses. Un panorama desolador que difícilmente cambiará, salvo que la sociedad civil se organice para empoderar los ciudadanos a través de la información y la educación, que les permita tomar decisiones que garanticen sus derechos fundamentales.

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