Sí, el Estado español logró una recaudación récord en 2022 gracias a una mayor presión fiscal, que sufren especialmente las clases medias. Además, el reparto geográfico es desigual, ya que los catalanes pagamos hasta un 12,5% más del impuesto de la renta que los madrileños.

Con 255.463 millones de euros, el Estado español volvió a establecer un nuevo récord de recaudación en 2022, según datos de la Agencia Tributaria. Esta cifra supone un aumento del 14% respecto al año anterior, que ostentaba el anterior máximo histórico. De los tres grandes tributos —IRPF, IVA y Sociedades—, solo el último, que grava el negocio de las empresas, sigue lejos del tope estadístico a pesar del gran aumento de beneficios empresariales que se produjo el año pasado.

Estos datos aportan argumentos para justificar dos de los resultados de un estudio realizado hace unos meses por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El primero es que dos de cada cinco participantes consideran que en el Estado español se pagan muchos impuestos. El segundo indica que un 80% de los encuestados lamenta que los impuestos no se cobren con justicia y que no paguen quienes más tienen.

Mayor factura fiscal por la inflación

Lo cierto es que la inflación está incrementando la factura fiscal de los contribuyentes por una doble vía. La primera es a través del IVA: si la base imponible de un producto es mayor a causa de la inflación, también aumenta el importe que pagamos en concepto de IVA. Y se trata de un impuesto directo, que no entiende de clases sociales ni poder adquisitivo. 

La segunda es a través del IRPF: a medida que se actualizan los sueldos para afrontar el aumento del coste de la vida, los asalariados pueden saltar de tramo y verse grabados con un mayor porcentaje de IRPF. Hay que tener en cuenta que este impuesto va por tramos progresivos —cuanto más se cobra, mayor porcentaje se paga sobre los ingresos— y el Gobierno español no ha modificado esos tramos para adecuarlos a la subida del IPC. Por tanto, aunque el incremento del sueldo solo sea nominal, ya que no aumenta nuestra capacidad de compra a causa de la inflación, podemos acabar pagando un mayor porcentaje de IRPF. 

En la práctica, los trabajadores pagan cada día más impuestos y están perdiendo poder adquisitivo real. Se trata de un aumento de impuestos encubierto, que no requiere una subida de los tipos impositivos y que explica parte del aumento de la recaudación del Estado español. De hecho, se estima que cada declarante en el Estado español pagó el año pasado 199 euros adicionales vinculados al aumento de la inflación, mientras que en Cataluña esa cifra se eleva hasta los 224 euros.

Un incremento injustificado

Por desgracia, la mayoría de ciudadanos considera que este aumento de la factura fiscal no está justificado: el 62% de los encuestados por el CIS piensa que recibe menos de la Administración de lo que paga en impuestos y cotizaciones. 

Por eso, muchos expertos solicitan adaptar los tramos del IRPF al aumento del IPC, así como adecuar los mínimos personales y familiares, las reducciones y las deducciones. 

Esto supone que en la declaración de la renta de este año se deberían subir los umbrales de renta vigentes un 5,7%, el equivalente a la inflación de 2022. Solo así se mantendría el mismo nivel de presión fiscal efectiva.

El precio de la deuda

Un informe del Instituto de Informes Económicos indica que la presión fiscal en el Estado español superó el 42% en 2022. Este porcentaje supone su máximo histórico y la sitúa ligeramente por encima del 41,7% de media en la Unión Europea en 2021, último año del que se tienen datos. 

Las obligaciones tributarias en el Estado español han crecido hasta niveles máximos desde la crisis financiera, según datos de Eurostat. La presión fiscal tocó fondo en 2009, con un 29,7%. Desde entonces el porcentaje no ha dejado de aumentar a un ritmo muy superior al del resto de países del entorno.

Entre los principales motivos, cabe recordar que la deuda pública española cerró el año 2008 en el 39,7% del PIB y llegó a superar el 120% en 2020. Esto ha llevado a los sucesivos gobiernos a incrementar los impuestos para hacer frente a los pagos y ajustar sus compromisos financieros a las exigencias de Bruselas.

Además, los expertos consideran que existe un desequilibrio en la progresividad de los impuestos que se pagan en el Estado español. Como consecuencia, se produce una excesiva concentración de tributos en las rentas medias, que son las que soportan el mayor sacrificio fiscal.

Una fiscalidad desigual

El gravamen sobre la renta también difiere de una comunidad autónoma a otra. Los madrileños son quienes disfrutan de un tipo marginal máximo más bajo y los valencianos quienes lo tienen más alto. En la actualidad, Cataluña se sitúa por encima de la media y se encontraría en el ‘top 10’ de los países europeos con el tipo marginal máximo del IRPF. 

De hecho, los catalanes pagamos hasta un 12,5% más del impuesto de la renta que los madrileños. Y los contribuyentes con rentas bajas en Cataluña son los que pagan la cuota más elevada de todo el Estado español. 

También en los impuestos de patrimonio o sucesiones salimos mal parados los catalanes, ya que estos tributos están muy bonificados en comunidades autónomas como Madrid o Andalucía.

Críticas desde la patronal

Una vez aprobados los presupuestos de la Generalitat para 2023, la patronal Foment criticó que no se haya rebajado ningún impuesto y, en cambio, haya subido un 2% la presión fiscal de los tributos a la riqueza. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, lamentaba en febrero que el impuesto que se paga por la compra de un piso de segunda mano en Cataluña sea un 66% superior al que se abona en Madrid y que existan 15 impuestos propios más uno en desarrollo, mientras que en Madrid no hay ninguno. 

Frente a las voces que critican el afán recaudatorio de la Generalitat, algunos justifican estos impuestos por la infrafinanciación de Cataluña. Más allá de polémicas, el departamento de Economía ha aclarado que estos tributos propios supusieron en 2021 una recaudación de solo 295 millones de euros, lo que supone poco más del 1% de los ingresos de la Generalitat. 

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