11Onze Check: la banca se queja. ¿Tiene razón?

El 21 de junio de 2020 el Consejo Europeo aprobó un paquete de estímulo económico conocido como el fondo europeo de recuperación o Next Generation EU (NGEU), con el objetivo de reactivar la economía de los estados miembros afectados por la pandemia de Covid-19. Los bancos denuncian el hecho que no jugarán el mismo papel que tuvieron con el ICO durante la pandemia, pero ¿están suficientemente fundamentadas sus quejas? Contrastamos la información.

Hace seis meses que el gobierno español y los bancos iniciaron contactos formales para explorar las vías de colaboración y concretar el papel que tendrán las instituciones financieras en el reparto del fondo europeo. Las negociaciones siguen su curso, aun así de unos días acá se está evidenciando que el rol de los bancos en la canalización de este fondo será diferente de la que desarrollaron con los créditos ICO durante la pandemia, puesto que en este caso el Estado dispone del dinero. El ICO es un banco público con la función de distribuir créditos para estimular la economía y depende de los fondos que le aporte el gobierno español. Durante la pandemia no tenía liquidez y la banca privada fue la que aportó el dinero de los créditos ICO, convirtiéndose en consecuencia, en un negocio para el sector. Ahora, parece que el gobierno español no necesita la banca privada porque dispone de los 140.000 millones que vienen directamente de Europa.

El grito al cielo de los bancos no se ha hecho esperar, y parece que se han puesto todos de acuerdo para difundir y dar a conocer sus agravios. Una extensa ofensiva mediática que hoy analizamos fijándonos en un artículo publicado por Economía Digital, “Enfado de la gran banca por su exclusión de los fondos europeos”, pero que sirve de ejemplo de como muchos medios han abordado el tema. ¿Está sesgada esta información? Sí, según el Método del Sesgo de 11Onze Check, tiene un sesgo del 70%. Lo analizamos.

FUENTES

Solo oímos la voz de la banca. Para contrastarla únicamente hay una fuente no identificada del gobierno español. De todos los datos que se dan no hay ninguna referencia. No se puede trazar de donde salen estos datos.

ENDOGAMIA

No hay ningún representante del ICO, ni del ministerio de economía, ni ninguna voz alternativa a la visión de la banca tradicional. Solamente leemos la opinión de los representantes de los bancos. Además, se dan por buenas afirmaciones de la banca sin contrastar. Por ejemplo: “La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, recordaba esta semana que los bancos han tenido un papel importante en la pandemia protegiendo a las empresas y ahora necesitan reforzar la colaboración público-privada para hacer lo mismo con los fondos de recuperación”. Si sabemos que, según el INE, en nueve meses de pandemia cerraron 207.000 empresas… ¿Estamos seguros de que como dice Botín los bancos han protegido las empresas?

NIEBLA

La información es neblinosa porque los banqueros parecen enfadados, pero, al mismo tiempo, aseguran que la llegada de los fondos provocará una subida de la facturación del 10%. Tampoco quedan claros los mecanismos que está proponiendo la banca para participar del Fondo Next Generation y, al parecer, están centrados en acompañar el cliente. En realidad, no obstante, podría ser una maniobra para hacer que los fondos públicos vayan a parar a cuentas de sus clientes (y no otras entidades) para poder contar con estos fondos.

INTENCIÓN

No estamos hablando de una noticia en solitario sino de una compilación de artículos en el mismo medio, algunos enlazados, que recogen una misma retórica claramente dirigida a desacreditar la gestión del Gobierno, y a difundir la visión de la banca: 1, 2, 3. Por lo tanto, podemos deducir que hay una intención de establecer el relato según el cual la banca tiene que participar sí o sí de los fondos públicos.

CONTEXTO

La información está simplificada y faltan elementos clave. Por ejemplo, no se explica que la función del ICO es, específicamente, dar créditos para estimular la economía. Parece que no pueda funcionar sin la banca privada y no es cierto. Tampoco se nos detalla como se han canalizado estas ayudas en otros países. Y por último, hay una parte de contexto que se omite y que es crucial: la banca ya ha recuperado los niveles de beneficio prepandemia gracias al cierre de oficinas y los despidos masivos. 9.000 millones netos desde el inicio de la pandemia. Esto, sumado al hecho que el precio del dinero se encuentra en mínimos históricos elimina cualquier traba para los bancos a la hora de conceder créditos y estimular la economía. ¿Qué se lo impide? ¿Para qué necesitan los Fondos Next Generation?

MOTIVO COMERCIAL

El artículo habla del buen rol que tuvo la banca en la canalización de los fondos ICO y del papel que puede jugar en el fondo Next Generation, pero no hace mención de los beneficios obtenidos por el sector financiero con la gestión del ICO, ni de las prácticas abusivas que se destaparon durante su gestión. Así como tampoco se mencionan los intereses comerciales que hay detrás este afán de jugar un papel clave en el reparto de estos nuevos recursos. La idea de fondo es jugar un papel de intermediario. Llega el dinero de Europa (por lo tanto, no los tiene que movilizar la banca) aun así, los canaliza la banca privada. ¿Por qué tendría que ser de este modo? ¿Qué sentido tiene?

VOLUNTAD DE SERVICIO

El interés público no está nada representado. Mientras que se habla extensivamente de como la banca y los fondos de inversión privados son claves en el asesoramiento a empresas y distribución de este fondo, no se dan alternativas públicas, que están, a la hora de canalizar estas ayudas. El artículo no tiene en cuenta el punto de vista del consumidor. ¿Le interesa al ciudadano normal que los créditos ICO los gestione gran banca privada española?

Por eso, concluimos que esta información está sesgada en un 70% y muestra una visión parcial de la gestión de los Fondos Next Generation. Si queréis conocer el Método del Sesgo, que hemos seguido para contrastar esta información, lo encontraréis aquí. Si queréis enviarnos una información económica para verificar, podéis hacerlo escribiéndonos a [email protected]

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Un informe basado en datos recopilados por Bloomberg analiza la situación económica mundial y hace un listado de los países en más riesgo de entrar en quiebra. España no está en la lista, pero exhibe algunos de los marcadores de una economía cerca del colapso, sostenida artificialmente por el rescate del BCE.

Tal como pasa con las empresas, los estados se pueden declarar en quiebra o hacer suspensión de pagos cuando no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras por carencia de liquidez. Una deuda pública desbocada, junto con una elevada deuda externa y déficit fiscal, son los principales indicadores que anticipan la quiebra de un país.

El estudio hecho por Bloomberg Economics avisa que viene una “una cascada histórica de impagos desde los mercados emergentes”. Es decir, que hay un conjunto de países que actualmente se encuentran en alto riesgo de hacer suspensión de pagos o caer en quiebra. Además, apunta que se ha duplicado el número de países en desarrollo que se encuentran cerca del colapso económico.

El Salvador, Argentina, Ghana, Egipto, Túnez y Pakistán encabezan el listado de 50 países que acumulan un cuarto de billón de dólares de deuda que los puede llevar a la misma situación de quiebra económica en la cual se encuentra Sri Lanka. El primer país que ha dejado de pagar su deuda soberana este año.

Una deuda pública española que alcanza récords históricos

Cada español debe más de 31.000 euros. Esta es la cifra que le corresponde a cada ciudadano de los 1,45 billones de euros de deuda pública acumulada. Una deuda que se va engordando a un ritmo de 270 millones de euros diarios, y que del 2020 al 2021 incrementó el agujero fiscal en 200.000 millones de euros.

Una situación económica de altísima incertidumbre, con una inflación desbocada y un PIB menguando en la medida que todas las instituciones hacen previsiones a la baja cada pocos meses, señalan la precariedad de las constantes vitales de un país incapaz de hacer frente a su deuda pública sin la ayuda del BCE. Un rescate encubierto que, como hemos visto en otras crisis, tiene un coste y amenaza nuestra calidad de vida.

Desde Europa ya piden frenar los estímulos y retomar la «disciplina fiscal», un eufemismo de sobra conocido y que a la práctica equivale a más recortes y cargas fiscales para un ciudadano que a duras penas puede hacer frente a la magnitud de la tragedia económica actual. No es de extrañar que, viéndose a venir una revuelta popular, insten a encontrar el equilibrio entre esta «disciplina fiscal» y la «paz social».

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La elevada inflación ha obligado al Banco Central Europeo a incrementar los tipos de interés por encima de lo previsto. Y se dan por seguras más subidas para los próximos meses. La cuestión es cuánto aumentarán y en qué medida afectará a la marcha económica de la eurozona.

Hoy entran en vigor los nuevos tipos de interés aprobados la semana pasada por el Banco Central Europeo. Aunque la previsión era que el incremento fuera de un 0,25 %, la entidad que preside Christine Lagarde sorprendió a los mercados con una subida del 0,50 %. Se trata del primer aumento en 11 años y el mayor desde el año 2000.

La decisión del Consejo de Gobierno del BCE afecta a los tres tipos de interés clave, con lo que el de las operaciones principales de financiación se sitúa en el 0,50 %, el de la facilidad marginal de crédito pasa a ser del 0,75 % y el de la facilidad de depósito abandona el interés negativo para quedar en el 0,00 %.

Con esta decisión, el BCE se suma a la mayoría de bancos centrales del mundo, que en los últimos meses ya han dado el paso de incrementar sus tasas de interés para combatir la escalada de precios. Los pésimos datos sobre la inflación, que en junio alcanzó el 8,6 % en la eurozona, han empujado al BCE a realizar una subida mayor de la prevista. También la fuerte subida de los tipos de interés en países como Estados Unidos, que ha aumentado los tipos tres veces desde mayo, y la debilidad del euro han influido en la decisión.

¿Cómo evolucionarán los tipos de interés?

Todo indica que los tipos de interés seguirán subiendo en los próximos meses, aunque el porcentaje se irá decidiendo “reunión a reunión”, según el regulador bancario europeo. El objetivo es recuperar tasas del “2 % de inflación a medio plazo”.

Los analistas especulan que la horquilla de los tipos de interés podría situarse el año que viene entre el 1 % y el 3 %. Como referencia, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, estimaba recientemente que podría ser de entre el 1% y el 2%.

En cualquier caso, el BCE parece decidido a priorizar la contención de la inflación, aunque la subida de intereses acabe generando una recesión en algunos países de la zona euro. De hecho, ya hay quien considera que provocar una recesión es la única fórmula realista para devolver la inflación a niveles razonables.

Se debe tener en cuenta que la subida de tipos encarecerá tanto los préstamos tanto de particulares (hipotecas incluidas) como de empresas. Por tanto, debería reducir el consumo privado y las inversiones corporativas, lo cual enfriará la economía.

De momento, todo indica que la próxima subida de tipos se producirá en septiembre, cuando se vuelva a reunir el Consejo de Gobierno del BCE. Más allá de esa fecha, Lagarde solo indicaba que, “si vemos que la inflación se estabiliza en un 2% a medio plazo, será apropiada una mayor normalización progresiva de los tipos de interés hacia una tasa neutral”. 

Primas de riesgo bajo vigilancia

Las primeras damnificadas por la subida de los tipos de interés son las primas de riesgo de la deuda de los países de la eurozona con una situación más vulnerable: Grecia, Italia, España y Portugal. Ante la posibilidad de una recesión económica provocada por el aumento de tipos, los inversores son cada vez más reacios a adquirir deuda de los países con una economía más frágil.

Por eso, el BCE ha acompañado el anuncio de la subida de tipos con el de la creación del TPI [siglas en inglés del Instrumento para la Protección de la Transmisión de la política monetaria], un mecanismo para evitar que se disparen las primas de riesgo de los países periféricos y se produzca una fragmentación financiera de la zona euro. No se puede olvidar la situación de inestabilidad que vive Italia, por ejemplo, con la dimisión días atrás de Mario Draghi como primer ministro y la convocatoria de elecciones.

En su comunicado, el BCE indica que este TPI “será un complemento del conjunto de instrumentos del consejo de gobierno, y puede activarse para contrarrestar una dinámica de mercado desordenada e injustificada que suponga una grave amenaza para la transmisión de la política monetaria en toda la zona del euro. Y añade que la magnitud de las compras del TPI dependerá “de la gravedad de los riesgos que afectan a la transmisión de la política monetaria”. En cualquier caso, el BCE pretende que esta herramienta sea el último recurso, ya que la primera línea de defensa será la reinversión “flexible” de los bonos soberanos que ahora tiene en cartera. 

Además, esta intervención no estará exenta de condiciones, ya que los países “rescatados” deberán cumplir los compromisos y reformas que fija el Fondo de Recuperación y las diferentes recomendaciones de la UE.

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¿Se está formando una nueva burbuja inmobiliaria? Si el precio de la vivienda te parece demasiado caro, probablemente estés en lo cierto. Tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo ya han detectado indicios de “sobrevaloración” en el mercado inmobiliario.

El Banco de España ha reconocido que los precios de la vivienda muestran “incipientes indicios de sobrevaloración”, según el ‘Informe de Estabilidad Financiera’ que publicó a finales de abril. Aunque este organismo cree que de momento la sobrevaloración es “reducida”, recomienda seguir de cerca el comportamiento del mercado.

Según este informe, los indicadores sobre desequilibrios en el mercado inmobiliario venían mostrando algunas señales leves de sobrevaloración desde principios de 2020, que se incrementaron ligeramente en 2021 a pesar de la pandemia. 

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ya mostraba su preocupación en enero por la sobrevaloración del mercado de la vivienda residencial y la situación del mercado hipotecario en algunos países de la eurozona.

Un mercado inmune a la pandemia

Lo cierto es que a finales de 2021 comprar un piso era un 6,4 % más caro que doce meses antes, según el INE. Y es que el mercado inmobiliario ha sido de los pocos que se han mostrado inmunes al coronavirus. La oferta no ha crecido a la misma velocidad que la demanda, por lo que los precios han seguido subiendo.

De hecho, el precio de la vivienda en Cataluña ha aumentado un 1,3 % en abril, según el portal inmobilario Idealista, con lo que el precio del metro cuadrado se ha situado en los 2.340 euros de media. En el caso de Barcelona, el incremento ha sido del 0,7 %, por lo que el precio del metro cuadrado ya roza los 4.000 euros. Y si echamos un vistazo a la evolución de los últimos doce meses, Tinsa sitúa el incremento de precios en el conjunto del Estado en un 7,7 %.

En 2021 se vendieron en Cataluña más de 89.000 viviendas, con un precio medio por metro cuadrado de 2.293 euros, y 2022 empezó con más operaciones de compraventa que 2008, según el Colegio de Registradores. 

¿Un riesgo para el sector bancario? 

El Banco de España considera que no hay señales de que las entidades financieras estén siendo laxas a la hora de conceder créditos hipotecarios, pero los desequilibrios inmobiliarios dentro del área del euro suponen una “fuente de riesgo relevante” para el sector bancario. Hay que tener en cuenta que la previsible subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo incrementaría la cuota mensual de las hipotecas con interés variable, por lo que el ratio de impagos podría aumentar.

Según el informe del Banco de España, el crecimiento del crédito por nuevas hipotecas fue especialmente significativo en 2021, con tasas interanuales superiores al 40% en la parte final del año. De todas formas, la banca es ahora menos sensible al mercado inmobiliario que en la última burbuja inmobiliaria, ya que el volumen de crédito a este sector no alcanza en la actualidad el 40 % del total, mientras que en 2007 suponía el 70 %.

Desde el inicio de la pandemia, la mayoría de los países de la eurozona han experimentado ligeros incrementos en la ratio del saldo total de crédito hipotecario sobre el PIB. Sin embargo, en el caso del Estado español este incremento se debe más al retroceso del PIB generado por la pandemia que a la acumulación de deuda.

Alquilar, ¿misión imposible? 

Si comprar un piso es caro, alquilar tampoco resulta nada económico. El estudio ‘Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2021’, elaborado por Infojobs y Fotocasa, indica que alquilar una vivienda en solitario resulta casi una misión imposible. Para vivir en un piso de 80 m², el año pasado los catalanes tuvieron que destinar de media el 54 % de su sueldo bruto al pago de la renta.

El precio medio de alquiler por metro cuadrado se situó el año pasado en 14,06 euros, un 0,4 % más que el año anterior. Si comparamos los datos con los de otras comunidades del Estado, Cataluña es donde se destina un mayor porcentaje del sueldo al alquiler de la vivienda, seguida de País Vasco (50 %), Baleares (49 %) y Madrid (49 %). 

Por desgracia, se trata de un porcentaje muy superior al recomendado por los órganos de control europeos y que hace casi imposible que los jóvenes se puedan independizar.

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¿Qué precio tendrá el rescate del Banco Central Europeo para evitar que se dispare la prima de riesgo de la deuda española? Durante la última década, la Unión Europea ha sido muy tolerante a la hora de exigir a España el cumplimiento de sus compromisos. Pero el volumen de deuda se hace cada vez más insostenible, así que los recortes y las reformas parecen inevitables en un futuro próximo.

El Banco Central Europeo (BCE) anunció a mediados de junio su intervención para evitar que se disparen las primas de riesgo de Grecia, Italia, España y Portugal. En el fondo, se trata de nuevos rescates ante la desconfianza de los mercados hacia unas economías con una deuda disparada y un claro desequilibrio en sus cuentas.

La ayuda no supone un cheque en blanco, como no lo fue ninguno de los rescates anteriores. Todo indica que la manga ancha que se ha concedido a España en la última década a la hora de cumplir sus compromisos de reformas podría acabarse en 2024. De momento, las reglas fiscales que limitan el déficit público al 3 % anual y la deuda al 60 % del PIB seguirán congeladas en 2023.

Un informe de la Comisión Europea publicado en mayo recalcaba que el endeudamiento español supera los “niveles de prudencia”, por lo que podría desestabilizar al conjunto de la UE a causa de los “desequilibrios macroeconómicos”. Los técnicos comunitarios ya han pedido la introducción de medidas para mitigar el riesgo a largo plazo de la sostenibilidad fiscal, que deberían ser adoptadas este mismo año.

Pensiones y mercado laboral

Ante esta situación, los jubilados podrían ser los grandes damnificados. Las pensiones suponen prácticamente un tercio del presupuesto del Estado español, así que resulta la partida con más margen para el recorte. De hecho, el Gobierno ya se plantea la ampliación del periodo de referencia para el cálculo de las pensiones.

El otro gran caballo de batalla de la Comisión Europea es la flexibilización del mercado laboral para reducir el porcentaje de parados, que es el doble en España que en el conjunto de la UE. Obviamente, esta reducción del desempleo para mejorar las cuentas estatales llevará aparejada cierta precarización.

Sea como sea, el objetivo de Bruselas es que la deuda española se sitúe el año que viene por debajo del 114 % del PIB. Y están por concretar las exigencias que realizará al Gobierno español en cuanto al alcance de los recortes y reformas. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el grado de exigencia en el cumplimiento de los compromisos aumentará. El gran crecimiento de la deuda durante la última década no permiten otra opción.

No hay dos sin tres

Este es el tercer “rescate” de España, tras el de 2012 al Gobierno de Mariano Rajoy para salvar a la banca y el concedido hace dos años al Ejecutivo de Pedro Sánchez para afrontar los estragos de la pandemia.

El primero supuso la inyección de 100.000 millones de euros a cambio de la firma de un “memorando de entendimiento”. Aunque este documento se centraba sobre todo en la reforma del sector financiero, también abordaba aspectos macroeconómicos. El acuerdo exigía rebajar el déficit anual del 6,3 % en 2012 al 2,8 % en 2014, con los consecuentes recortes y subidas de impuestos que ello implicó. Además, el documento establecía que se vigilarían “estrecha y regularmente” los progresos en la reducción del déficit y la aplicación de reformas estructurales para”corregir los desequilibrios macroeconómicos”.

También los 140.000 millones de euros que prometió la UE hace ahora dos años a España entre subvenciones y préstamos implicaban condiciones muy similares a las de un rescate completo. Las ayudas se están entregando por tramos y el desembolso se supedita a la aplicación de las reformas prometidas por el Gobierno español. De nuevo, estas acabarán afectando en un momento u otro sobre todo al sistema de pensiones y al mercado laboral.

El Gobierno español debe enviar cada año a la Comisión Europea un plan de estabilidad que examinan con lupa en Bruselas. Y, aunque no hay “hombres de negro” en Madrid, cualquier Gobierno europeo puede paralizar los pagos de los fondos Next Generation si considera que España no cumple lo prometido. 

Las experiencias griega e italiana

¿Hasta dónde podría llegar el plan de ajustes que exija la UE a España? Los casos de Grecia e Italia demuestran que a los tecnócratas europeos no les tiembla el pulso a la hora de tomar medidas para equilibrar las cuentas. 

Entre 2010 y 2018, el país heleno vivió un “corralito”, aplicó múltiples recortes, vendió empresas públicas y redujo las pensiones más de un tercio, además de pasar múltiples crisis políticas. Se calcula que más de 400.000 griegos tuvieron que abandonar el país durante ese periodo. Y, en el caso de Italia, se llegó a forzar en 2011 el cambio de primer ministro y el nombramiento de un Gobierno técnico casi diseñado por Bruselas.

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Digital Banking o banca digital es un término que se refiere a la digitalización de todas las actividades y servicios tradicionales de la banca analógica, aquellas que en el pasado eran sólo accesibles para los clientes cuando estos se desplazaban hasta una sucursal. Un proceso de cambio que lleva años realizándose, pero que se ha acelerado enormemente desde los últimos años, sobre todo debido al cambio generacional que está sufriendo el mercado.

Cada año la generación millennial está alcanzando cotas más altas de consumo de productos financieros, de hecho, ya son la generación que más los consume. Por lo tanto, el mercado se ha tenido que adaptar poco a poco a las necesidades y preferencias diferenciadas de los millennials los cuales demandan agilidad, rapidez y accesibilidad. El logro de este proceso de digitalización está creando nuevas oportunidades para las entidades financieras, pero sobre todo para la gente, permitiendo llegar directamente a personas que viven en todo tipo de realidades y situaciones diferentes.

Banca digital y banca en línea: ¿son lo mismo?

Como punto de inicio, hay una diferencia primordial entre los términos digital banking y online banking que habría que saber distinguir. La banca online se refiere a la evolución que han hecho muchas entidades financieras tradicionales en el mundo online: es un proceso de digitalización que se centra en ofrecer en línea ciertos servicios y productos básicos de su catálogo como pueden ser las transferencias de dinero o la gestión básica de las cuentas corrientes. Para otras cuestiones, sin embargo, sigue siendo necesario acudir a la sucursal.

El digital banking, por el contrario, se refiere a la intención de ofrecer todas las actividades y servicios de la banca tradicional, pero trasladado al ámbito digital para poder llegar directamente al consumidor, reduciendo al máximo los intermediarios y agilizando todo el proceso. Así, aparte de poder realizar transferencias o controlar los movimientos de nuestra cuenta, también podemos solicitar un crédito o pedir una hipoteca sin necesidad de desplazarse a las oficinas bancarias.

La transición de la banca analógica a la digital

En un principio, la banca era analógica. Se ofrecían servicios tan básicos como transferencias, gestión de cuentas corrientes, cheques, tarjetas de crédito o de débito, retirada e ingreso de efectivo así como ofrecimiento de préstamos e hipotecas. Eso sí, era necesario desplazarse a la sucursal para realizar la mayoría de las operaciones.

Más adelante, sobre todo a partir de los años 2000, comenzaron a aparecer nuevas formas de gestionar operaciones financieras sin necesidad de estar presencialmente en la oficina bancaria: había nacido la banca en línea. Esto permitió que poco a poco se utilizase más el comercio online, aunque en aquella época todavía era un poco rudimentario y aún no se había popularizado del todo entre la población. Es precisamente en esta época cuando nacieron métodos de pago como PayPal, para dar salida a una nueva necesidad de los consumidores inexistente hasta entonces: poder pagar con seguridad a un desconocido para un producto en línea.

Sobre el año 2010, sin embargo, el inesperado éxito de los primeros modelos de iPhones y smartphones impulsó a la sociedad poco a poco hacia una nueva innovación: la banca móvil. Se empezaron a diseñar las actualmente tan conocidas aplicaciones o apps por parte de los bancos tradicionales con el objetivo de poder tener acceso a los servicios bancarios de nuestro banco de toda la vida desde la palma de la mano. Esta nueva revolución tecnológica permitió también la aparición de los pagos contactless o sin contacto, facilitando la vida a millones de personas. 

Finalmente, el uso masivo y la popularización en amplios segmentos de la sociedad, no sólo en millennials y en jóvenes sino también en la gran mayoría de adultos y gente de más edad, ha conducido recientemente a la creación y popularización de la banca digital, convirtiéndose en lo que es ahora su cara más visible, neobancos. Así, con estas nuevas Fintech y aplicaciones que nada tienen que ver con las del pasado, se puede navegar y solicitar cualquiera de los servicios financieros tradicionales de forma rápida e intuitiva, reduciendo las barreras de información por los consumidores.

El auge de los neobancos

Desde los últimos años han sido los neobancos los que han llevado la batuta en cuanto a la digitalización de los servicios financieros, tomando las máximas ventajas de sus capacidades digitales: aprovechar las plataformas online y el análisis de datos para generar interacción social, suministrar tarjetas digitales al instante, ofrecer información y asistencia personalizada a los clientes, etc.

En un comienzo se habían dirigido sobre todo a un público nativo digital como son la generación Z y los millennials, pero poco a poco, han ido atrayendo muchos otros segmentos de población más diversos y de ámbitos diferentes. Esto ha sido gracias a dos factores principales. El primero, la reducción de costes que han sido capaces de ofrecer en sus servicios debido a la falta de oficinas, en contraposición con la banca tradicional, que tiene que pagar unos alquileres muy elevados y, habitualmente, sufre muchos sobrecostes.

Y por otra parte, su crecimiento también se debe al Covid-19, ya que muchos consumidores de edad más avanzada han querido buscar una forma de poder seguir llevando a cabo sus actividades financieras habituales sin necesidad de salir de casa. Es precisamente en este ámbito en el que los neobancos tienen una ventaja comparativa con el resto de entidades financieras porque se mueven como pez en el agua en el área digital y tienen mucha más experiencia.

La banca directa: llegar a toda la sociedad

La popularización de estos servicios digitales ha supuesto la aparición del concepto direct banking o banca directa. Es decir, la posibilidad y la voluntad de poder llegar a todos los clientes, sean de donde sean y de cualquier segmento existente. Se pueden ofrecer nuevos productos y servicios a segmentos específicos de clientes sin sufrir por las limitaciones geográficas. Se puede llegar a consumidores de diferentes niveles educativos, de diferentes rentas económicas, se puede dar atención personalizada a millones de personas que, de otra manera, no tendrían a quién dirigirse, ni siquiera las entidades tradicionales podrían atender como desearían debido a las limitaciones físicas.

En definitiva, en un mundo cada vez más rápido e interconectado donde la combinación de la tecnología actual con las nuevas preferencias de agilidad y accesibilidad permite a los neobancos y a la banca digital poder situar a los clientes en el centro.

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El sector turístico empieza a levantar cabeza después de dos años aciagos a causa de las restricciones provocadas por la pandemia. De todas formas, la búsqueda del “máximo ahorro” en las vacaciones se ha vuelto una prioridad para muchas personas y el 12 % de la población seguirá quedándose en casa un verano más, en muchos casos por razones económicas.

A pesar de la mejoría en la situación sanitaria y la relajación de las medidas para evitar contagios, el 12 % de la población sigue sin tener previsto viajar este año por vacaciones, según un estudio del Observatorio Nacional del Turismo Emisor. Se trata de un porcentaje apreciable, aunque la situación ha mejorado considerablemente para el sector turístico respecto al año pasado, en que casi un tercio de los encuestados se planteaban quedarse en casa.

En la mitad de los casos, los encuestados que no viajarán este año aducen razones económicas, siendo el incremento de los precios (25 %) y el descenso de sus ingresos (20 %) las causas más habituales. El porcentaje de quienes han renunciado a viajar por temores relacionados con la pandemia se ha reducido del 23% de hace un año a tan solo el 12%.

Una de las grandes tendencias que destaca el estudio para este verano es “el papel clave de la flexibilidad del viaje y la política de cancelación” en la contratación de las vacaciones. En este sentido, el 41 % de los encuestados se plantean contratar un seguro de cancelación; el 27 %, un seguro de accidentes; y el 24 % un seguro médico.

El 37 % de los viajeros ya habían hecho alguna reserva para sus vacaciones de verano en mayo, cuando se realizó la encuesta, pero casi uno de cada tres (31%) afirmaban que esperarían y harían su reserva “lo más tarde posible para estar seguros”.

Vacaciones ‘low cost’

Otra de las grandes tendencias que apunta el informe para los viajes de este año es “la búsqueda del máximo ahorro”. El importe medio que cada persona prevé gastar en las vacaciones sigue por debajo de las cifras anteriores a la pandemia, aunque este año se interrumpe la tendencia decreciente que se mantenía desde 2018. Así, el presupuesto es de 610 euros por persona, 44 euros más que en 2021. Se prevé que los principales gastos sean el alojamiento (34 %), la restauración (25 %) y el transporte (20 %).

En cuanto al tipo de vacaciones, el turismo de sol y playa es abrumadoramente mayoritario (41 %), seguido a mucha distancia por el familiar (15 %), el de relax (15 %) y el cultural (14 %). Con respecto al verano de 2021, desciende hasta el 60 % la proporción de personas que viajarán dentro del Estado español y aumenta la proporción de quienes optan por un destino internacional (18 %) o combinan ambas opciones geográficas (22 %).

A pesar de la ligera recuperación de los viajes con destinos internacionales, siguen por debajo de los niveles previos a 2020 y el interés por las diferentes áreas geográficas es muy desigual. En este sentido, Europa es el destino que más interés suscita, mientras que el poder de atracción de otros continentes sigue siendo minoritario. En consonancia, el avión experimenta una clara recuperación, cercana ya a los valores anteriores a la pandemia, aunque el coche particular sigue siendo el medio de transporte estrella, ya que es el elegido por dos de cada tres encuestados.

La mayoría de los viajeros (56 %) disfrutará de unas vacaciones de verano como mínimo de 8 días y un 14 % superarán los 15 días. Agosto es el mes protagonista de las vacaciones de verano para el 42 % de los encuestados, mientras que julio es el mes elegido en el 29 % de los casos.

El hotel se consolida en 2022 como el tipo de alojamiento más popular (36 %), al aumentar 9 puntos con respecto a 2021, seguido del apartamento turístico (22 %). En cambio, el alojamiento propio (21 %) experimenta un descenso de 11 puntos respecto al año pasado y 18 respecto a 2020, un año en que aumentó enormemente por la pandemia.

Un sector en recuperación

Según el estudio, los datos parecen constatar el inicio de la recuperación del sector turístico, ya que algunas de las cifras se están aproximando a las previas a la pandemia. En este avance estarían jugando un papel clave “la mejora de la situación sanitaria y la apertura (o la relajación) de las medidas adoptadas en los diferentes países, relativas a la movilidad y seguridad de los viajeros”.

Aun así, el informe advierte que los datos positivos no deben eclipsar los grandes retos e incertidumbres: “una creciente inflación, la ralentización de la tasa de crecimiento del PIB y la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos”.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los residentes en el Estado español realizaron 143 millones de viajes durante 2021, un 41 % más que en el año anterior. Cataluña fue el segundo destino más popular, escogida por el 14 % de los turistas españoles. Además, los catalanes acumularon durante 2021 el mayor porcentaje de viajes (18 % del total) y su gasto medio diario fue de 56 euros.

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España ha pasado de una deuda pública de 384.662 millones de euros en 2007 a más de 1,445 billones en abril de 2022, casi cuatro veces más.  En tan solo un año la deuda se ha incrementado en 55.760 millones de euros, lo que supone un aumento de más de 150 millones al día. El pasivo de cada uno de nosotros ya supera los 30.000 euros. 

Aunque la deuda pública española se redujo en abril en 8.427 millones de euros, según datos del Banco de España, esta cifra no debe llevarnos a engaño: el nivel de endeudamiento sigue desbocado y la previsión es que continúe creciendo a medio y largo plazo.

A pesar del ligero descenso, la deuda se mantenía en abril por encima de los 1,445 billones de euros, lo que supone el 117,06 % del PIB. Se trata de un porcentaje que no se alcanzaba desde finales del siglo XIX. Las únicas economías desarrolladas que superan ese porcentaje en la actualidad son Japón (259 %), Grecia (193 %), Italia (150 %) y Estados Unidos (134 %).

España forma parte, junto a Grecia, Italia, Portugal, Chipre, Francia y Bélgica, del grupo de países de la eurozona cuya deuda pública supera el 100 % del PIB. Y eso que el Tratado de Maastricht marcaba como objetivo que la deuda no debía superar el 60 % del PIB. No se trata de economías irrelevantes, ya que entre los siete países suman más de la mitad del PIB de la eurozona.

Una losa para la economía

Si tomamos perspectiva, el crecimiento de la deuda pública española ha sido brutal. En tan solo 15 años el volumen de deuda casi se cuadruplicará, puesto que en 2007 era de 384.662 millones, lo que suponía el 35,8 % del PIB. Y si analizamos la evolución más reciente, entre abril de 2021 y abril de 2022, la deuda se ha incrementado en 55.760 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más de 150 millones al día.

¿Qué supone todo esto para nuestros bolsillos particulares? Cada uno de nosotros debe más de 30.000 euros, una cifra que en algún momento deberemos abonar. Teniendo en cuenta que el salario medio en España en 2021 fue de 26.832 euros, ni siquiera trabajando un año entero gratis saldaríamos la deuda. Además, esa deuda ha aumentado en el último año en torno a los 1.200 euros por persona.

Liquidar la actual deuda pública española es simplemente una utopía. Un informe realizado por Allianz el año pasado calculaba que volver a los niveles de deuda previos a la covid-19 le costará a España 89 años, así que ya será en el siglo XXII, mientras que Alemania recuperaría los niveles prepandémicos a finales de esta década.

Intereses más caros

El actual nivel de deuda nos obliga a pagar más de 30.000 millones de euros al año solo en intereses, lo que equivale a más de 600 euros por persona, y todo indica que ese importe crecerá por el endurecimiento de las condiciones de financiación.

La agencia de calificación Moody’s advertía a principios de junio del deterioro de la sostenibilidad de la deuda pública española y cifraba en más de 4.000 millones de euros el aumento del coste de los intereses por el incremento del IPC, ya que un 5,7 % de la deuda española está vinculada a la inflación. Cada punto porcentual de incremento en los precios equivale a 600 millones de euros más en intereses, según Moody’s.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, afirmaba hace unos días que los cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo encarecerán la financiación de la deuda pública española en 12.000 millones de euros, que podrían llegar a 14.000 en 2025. 

Según la Airef, las dificultades para reducir el déficit primario del Estado podrían hacer que la deuda pública alcance el 140 % del PIB en 2040. De hecho, un informe de este organismo ya alertaba en mayo que la deuda iniciará una senda ascendente a partir del año 2025 si no se reduce el déficit estructural del 4 %.

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Tras la escalada en la prima de riesgo que pagan Grecia, Italia, España y Portugal por su deuda, la intervención del Banco Central Europeo ha devuelto cierta estabilidad al mercado. Pero los intereses que pagan estos países por su deuda siguen subiendo y la situación se hace cada vez más insostenible.

El 14 de junio la prima de riesgo de Grecia se acercaba peligrosamente a los 300 puntos básicos, la de Italia llegó a rozar los 250, la de España alcanzó los 140 y la portuguesa cerraba la sesión en 138. Los intereses que debían pagar los países del sur de Europa por su deuda se habían disparado en los últimos días respecto a los de Alemania.

Porque eso es lo que mide la prima de riesgo: cada punto básico de la prima de riesgo equivale a un 0,01 % más de interés respecto a la rentabilidad del bono alemán a diez años. Por tanto, 100 puntos básicos significan pagar un 1 % más de interés que Alemania y 200 puntos equivalen a un 2 % más.

El mercado había ido mostrando en la primera mitad de junio la creciente desconfianza respecto al pago de la deuda de los PIGS, un acrónimo peyorativo para referirse a Portugal, Italia, Grecia y España por sus iniciales en inglés. Así que el diferencial del interés que se veían obligados a pagar estos países para colocar sus bonos de deuda respecto a Alemania había ido subiendo.

Mucho ruido y pocas nueces

El Banco Central Europeo (BCE) decidió tomar cartas en el asunto y, tras una reunión de urgencia, anunció el 15 de junio que reinvertirá parte de la cartera del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) para evitar que las primas de riesgo de estos países se disparen. Todo el mundo lo ha interpretado, de manera ineludible, como un nuevo rescate para estos países, tal y como ya pasó en la última crisis. España, pues, parece que será rescatada de la quiebra nuevamente por el BCE.

Desde entonces, la situación se ha calmado. La prima de riesgo de la deuda griega ha bajado en una semana 70 puntos básicos, la italiana ya vuelve a estar por debajo de los 200 puntos, y la española y portuguesa no llegan a los 110 puntos.

En realidad, el anuncio del BCE no supone una gran novedad. Como explicamos en el artículo “Jaque del BCE a las economías más frágiles”, en los últimos años el regulador bancario ha comprado cerca de dos billones de euros en deuda y anunció en marzo que las adquisiciones se reducirían drásticamente a partir de junio. Pero este organismo también advirtió que reinvertiría el principal devuelto (es decir, el capital, no los intereses) de los valores adquiridos en el marco de los programas de compra de deuda “durante el tiempo que sea necesario para mantener unas condiciones de liquidez favorables”. Ahora solo va un poco más allá, ya que añade la posibilidad de reinvertir también los intereses devueltos.

¿Una buena noticia?

El hecho de que la prima de riesgo de los PIGS haya bajado en los últimos días es una buena noticia en el sentido de que su financiación no se ha disparado respecto a la alemana. Pero esto no significa que los intereses de su deuda cuesten lo mismo que antes, porque el interés que paga Alemania por sus bonos a diez años ha subido 1,78 puntos porcentuales en apenas cuatro meses.

El rendimiento de los bonos alemanes, que estaba en niveles negativos a principios de marzo, no ha dejado de incrementarse desde entonces, ni siquiera después de la reunión de urgencia del BCE, y ya alcanza el 1,69 %. En definitiva, tanto Alemania como los PIGS pagan bastante más hoy por su deuda que a principios de marzo.

Más nubes que claros en el horizonte

Se avecinan tiempos complicados para todos, aunque, obviamente, el colchón de los PIGS es mucho más fino que el de países como Alemania. La futura subida de tipos del BCE para intentar controlar la inflación debería traducirse en una escalada generalizada del coste de la deuda. Y, además, cuando se pasen los efectos del reciente anuncio del regulador bancario sobre la compra de deuda, no puede descartarse que vuelva a incrementarse el diferencial de los países del sur de Europa respecto a Alemania.

El BCE se está quedando sin herramientas para mantener la estabilidad de una economía cogida con pinzas porque se halla entre la espada del estancamiento y la pared de la inflación. Y, con una deuda desbocada, los PIGS serían los principales perjudicados por las posibles medidas de ajuste o recortes que Europa exija en el futuro. 

Hay quien advierte que, si llega la recesión, la solidaridad de los socios europeos podría resquebrajarse, como ya estuvo a punto de suceder hace una década. A partir de ahí, el futuro de la eurozona es toda una incógnita, al igual que el de las pensiones y la sanidad pública.

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El 31 de diciembre de 2020 finalizó el periodo transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, con el Reino Unido salía de la Unión Europea. Esta salida del bloque comunitario tuvo consecuencias económicas tanto en el ámbito comercial como el financiero, pero su impacto no fue el mismo en todos los sectores de la economía.

Se intentó minimizar el mal económico con el Acuerdo de Comercio y Cooperación del 24 de diciembre, pero incluso con el nuevo acuerdo, la salida del Reino Unido de la UE tuvo un impacto significativo en la economía europea y, en particular, en la nuestra, que mantiene una exposición comercial y financiera con el Reino Unido superior a la que presentan otras economías de la UE.

El Reino Unido es el quinto socio comercial para España, por detrás de Alemania, Francia, Italia y Portugal. En 2019 recibió el 6,8% del total de las exportaciones españolas, equivalentes a 19.666,38 millones, importe que podría reducirse en función de los aranceles y otras barreras que se establezcan en los productos españoles.

Cómo explica el agente de 11Onze Aitor Canudas, «Cataluña y Madrid son las dos comunidades que más bienes venden en el Reino Unido, seguidas por Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Aragón. Los automóviles, la fruta, las legumbres y las hortalizas son los bienes más vendidos, pero también metales preciosos, motores, electrodomésticos o medicamentos, entre otros.»

Desde el 1 de enero los flujos de mercancías entre España y el Reino Unido dejaron de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades de aduanas y a la liquidación del IVA en el caso de las importaciones (las exportaciones están exentas), que suponen un volumen anual de 11.808,21 millones con datos de 2019.

Vender o comprar bienes en el Reino Unido implicará contar con un número identificador británico, presentar declaración en la aduana, proporcionar datos de protección y seguridad, obtener una licencia especial para determinados bienes o realizar trámites adicionales para el comercio de bienes sujetos a impuestos especiales (alcohol, tabaco o combustible).

Complejidades y perspectivas de un proceso en evolución

Las medidas compensatorias que puedan establecerse para ayudar a los sectores y regiones más perjudicados por el Brexit serán clave para minimizar el impacto de este cambio de paradigma. Así como los convenios bilaterales que se acaben estableciendo entre la Unión Europea y el Reino Unido para mitigar los efectos derivados de los cambios en la vinculación existente hasta ahora.

La evolución de la cotización de la libra frente al euro, especialmente en relación con la depreciación de la libra respecto al euro, implica un encarecimiento de los productos españoles que se vienen en el Reino Unido y una pérdida de poder adquisitivo de los británicos, que puede afectar el sector turístico nacional.

Aun así, también existe un posible impacto positivo, puesto que el Brexit puede generar oportunidades para España, que podría ganar peso en la toma de decisiones de la UE ante la salida de una de sus principales economías. Por otro lado, compañías radicadas en el Reino Unido, así como profesionales de alta cualificación, podrían optar para instalarse en otros países de la UE, y España puede ser especialmente atractiva en este aspecto.

Además, las empresas españolas, en particular las más grandes, productivas y diversificadas geográficamente, podrían aumentar su capacidad exportadora, sustituyendo una parte de las ventas de las empresas británicas en la UE, incluso reemplazando las exportaciones españolas al Reino Unido.

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