La vivienda: resolviendo el dilema de los jóvenes

Solo el 15,8% de la población joven está emancipada, el peor dato en décadas. El paro juvenil y los precios de la vivienda son los dos grandes motivos. Ahora, la administración intenta dar solución a través de una nueva Ley de la vivienda. ¿Pero será suficiente? Hablamos de ello con los expertos.

 

En el Estado español, cerca de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años que viven en una vivienda independiente lo hacen en un alquiler compartido. Si se quiere vivir solo, el precio que hay que pagar supone el 91,6% del salario y, si se quiere contratar una hipoteca, hay que reservar al menos el 55,1% del sueldo. A pesar de que, aparentemente, la compra de una vivienda puede parecer más asequible, la realidad es que los jóvenes tienen vetado el mercado hipotecario. Ni tienen suficientes ahorros para cubrir el gasto inicial ni disfrutan de estabilidad laboral. Así lo constata el Consejo de la Juventud de España en su estudio anual del 2020.

La vivienda sigue siendo el gran dolor de cabeza de los jóvenes que se quieren emancipar. Por eso, para afrontar este escenario, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una nueva Ley de la vivienda, que tendría que limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. En 11Onze hemos analizado la propuesta de normativa con el Sindicat de Llogateres y el presidente del Consell Nacional de Juventut de Catalunya (CNJC), Guillermo Chirino. 

 

Cuando la ley se queda corta

En una situación de emergencia como la actual, en que la tasa de emancipación juvenil ha llegado a mínimos históricos, Chirino considera que “la acción política no puede esperar”. Aun así, alerta que, si la ley tarda 12 o 18 meses en aprobarse, como es habitual, esto daría margen a los propietarios para subir los precios del alquiler y, por lo tanto, la eficacia de la medida queda en entredicho. El presidente del CNJC también avisa que el gobierno ya ha apuntado que las ayudas de la ley estarían limitadas a aquellos jóvenes que trabajan. “Solo esto ya descarta a más del 50% de jóvenes”, se lamenta Chirino. Además, los políticos han declarado que las ayudas llegarían a unos 50.000 jóvenes, es decir, a solo el 1% de los jóvenes del Estado.

Obviamente, esta ley no resolverá nada ni facilitará la emancipación de la juventud”, critican fuentes del Sindicat de Llogateres, que añaden que no son favorables a financiar el pago de la vivienda de los jóvenes con ayudas. “Permite que el arrendador piense que, si los jóvenes pueden pagar más, entonces no hay que bajar el precio, sino que, incluso, lo puede subir”, argumentan.

 

La inspiración del modelo catalán

En cuanto a la regulación de los alquileres, la propuesta se inspira en la norma catalana, la única propuesta legislativa vigente que existe en el Estado. Así lo explican en el Sindicat de Llogateres, que con el Sindicato de Inquilinas, han trabajado intensamente en la ley catalana y han luchado para llevarla al ámbito estatal. A pesar de todo, desde el sindicato advierten que las diferencias entre la propuesta del gobierno español y la catalana son sustanciales y ponen en riesgo la eficacia de la medida en el conjunto del Estado.

Para empezar, la ley catalana establece un índice de precios de alquiler, que asegura a los inquilinos que, en caso de firmar o renovar un contrato, el precio se mantiene igual que en el contrato anterior. Además, si el precio está por encima de este índice de referencia, se tendrá que bajar. El índice se calcula a partir de la media de los precios del alquiler, para viviendas con unas características similares y dentro de una zona concreta. En cambio, en la propuesta del gobierno español solo los propietarios jurídicos, es decir, aquellas empresas con más de diez inmuebles en propiedad, estarían obligados a hacer una rebaja en el precio del alquiler.

“En ciudades como Barcelona la concentración de la propiedad es muy alta, pero solo el 30% de las viviendas de alquiler son de propiedad jurídica. La mayoría son propiedad de personas físicas que, a pesar de tener más de diez viviendas, no estarían obligadas a rebajar el alquiler”, alertan desde el Sindicat de Llogateres. En el resto de municipios catalanes, donde la concentración de la propiedad es más baja, esta medida queda, a parecer suyo, “totalmente descafeinada”.

Por otro lado, la aplicación de la rebaja parece que será discrecional, y se dejará que cada autonomía e, incluso, cada municipio decida. Por el contrario, Chirino defiende que, si es una medida pública, “tendría que ser vinculante para todo el mundo, puesto que de otra manera puede generar desigualdad e inequidad territorial”. 

 

Una vida digna para la juventud

Más allá de las regulaciones en el precio del alquiler, la nueva ley tiene que poner al alcance de los jóvenes toda una serie de ayudas. Pero las dificultades para emanciparse no parecen tener una solución definitiva. De entrada, a pesar de que para asegurar una vida digna la vivienda no tendría que suponer más del 30% del salario, la realidad se topa con unos precios disparados y unos sueldos demasiados bajos.

De este modo, si el salario medio de los jóvenes ocupados en el Estado es de 969 euros, el importe que se debería destinar a la vivienda no tendría que superar los 290 euros mensuales. Aun así, el precio medio del alquiler es de 880 euros al mes y, en ciertas zonas del Estado, como Barcelona y su área metropolitana, la cifra supera los 1.000 euros. Así las cosas, ¿cómo se puede ayudar a los jóvenes a emanciparse?

En el Sindicat de Llogateres creen que, para facilitar la emancipación, hay que ir a la raíz del problema: “Hay que garantizar que todas las viviendas de alquiler bajen el precio y faciliten el acceso a colectivos vulnerables. En Cataluña, muchos colectivos de vivienda reclamamos un parque de vivienda pública de alquiler con precios asequibles. No se trata de construir más, sino de recuperar viviendas y asegurar que los grandes propietarios destinan una parte al alquiler social”, defienden.

Desde el CNJC también han creado talleres de autodefensa para detectar las dificultades en que se encuentran los jóvenes y mirar de encontrar respuestas. “En Cataluña ya tenemos una ley de regulación de precios del alquiler que ha sido increíblemente efectiva. Ha reducido los precios del alquiler en aquellas zonas donde se ha aplicado y, además, ha mejorado la confianza en los alquileres”, defienden. Ahora, consideran, lo que hace falta es mejorar esta regulación catalana y ampliarla para todo el territorio. “Todavía nos queda mucho camino por recorrer”, se espolean.

 

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Equip Editorial Equip Editorial
  1. Francesc Estafanell PujolFrancesc Estafanell Pujol says:
    Francesc

    Article necessari. El jovent ho té molt magre. Calen polítiques imaginatives

  2. alicia Coiduras Charlesalicia Coiduras Charles says:
    alicia

    Des que es va anul.lar per llei el contracte i definit es va abocar a una recuperació salvatge per part dels propietaris, amprats per la llei
    Ja no es guanyar uns diners amb el lloguer ,ara es guanyar cada cop més
    Estar beque a Catalunya hagim començat un camí de compartir sense deixar de guanyar

    • Elisabet Porqueras GarciaElisabet Porqueras Garcia says:
      Elisabet

      Gràcies pel teu comentari Alícia, ens veiem per La Plaça

      3 meses ago
  3. Manel Miquel MartinezManel Miquel Martinez says:
    Manel Miquel

    Crec que falta molt, mes del que ens pensem, vivim en una societat que només pensem per un mateix.

    • Jordi OllerJordi Oller says:
      Jordi

      Així és Manel, per això fer una fintech comunitària és quelcom revolucionari. Entre tots farem. Ens trobem a La Plaça.

      3 meses ago
  4. Joan Santacruz CarlúsJoan Santacruz Carlús says:

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