Solamente el 15,8% de la población joven está emancipada, el peor dato en décadas. El paro juvenil y los precios de la vivienda son los dos grandes motivos. Ahora, la administración intenta dar solución a través de una nueva ley de la vivienda. ¿Pero será suficiente? Hablamos con los expertos.

En España, cerca de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años que viven en una vivienda independiente lo hacen en un alquiler compartido. Si se quiere vivir solo, el precio a pagar supone el 91,6% del salario y, si se quiere contratar una hipoteca, es necesario reservar al menos el 55,1% del sueldo. Aunque aparentemente, la compra de una vivienda puede parecer más asequible, la realidad es que los jóvenes tienen vetado al mercado hipotecario. Ni tienen ahorros suficientes para cubrir el gasto inicial ni tienen estabilidad laboral. Así lo constata el Consejo de la Juventud de España en el estudio anual de 2020.

La vivienda sigue siendo el gran quebradero de cabeza de los jóvenes que quieren emanciparse. Por eso, para intentar afrontar este escenario, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una nueva Ley de la vivienda, que debería limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. En 11Onze hemos analizado la propuesta de normativa con el Sindicato de Inquilinos y el presidente del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC), Guillermo Chirino. 

Cuando la ley se queda corta

En una situación de emergencia como la actual, en la que la tasa de emancipación juvenil ha alcanzado mínimos históricos, Chirino considera que “la acción política no puede esperar”. Sin embargo, alerta de que, si la ley tarda 12 o 18 meses en aprobarse, como es habitual, esto da margen a los propietarios para subir los precios del alquiler y, por tanto, la eficacia de la medida se queda corta. El presidente del CNJC también avisa de que el gobierno ya ha apuntado que las ayudas de la ley estarían limitadas a esos jóvenes que trabajan. “Solo esto ya descarta a más del 50% de jóvenes”, se lamenta Chirino. Además, los políticos declararon que las ayudas llegarían a unos 50.000 jóvenes, es decir, a solo el 1% de los jóvenes del Estado.

“Obviamente, esta ley no resolverá nada ni facilitará la emancipación de los jóvenes”, critican fuentes del Sindicato de Aldeas, que añaden que no son favorables a financiar el pago de las viviendas de los jóvenes con ayudas. “Permite que el arrendador piense que, si los jóvenes pueden pagar más, entonces no es necesario bajar el precio, sino que, incluso, puede subirlo”, argumentan.

La inspiración del modelo catalán

Por lo que respecta a la regulación de los alquileres, la propuesta se inspira en la norma catalana, la única propuesta legislativa vigente que existe en el Estado. Así lo explican en el Sindicato de Inquilinas, que con el Sindicato de Inquilinas, han trabajado intensamente en la ley catalana y han luchado por llevarla al ámbito estatal. Sin embargo, en el Sindicato de Alquiladoras advierten que las diferencias entre la propuesta del gobierno español y la catalana son sustanciales y ponen en riesgo la eficacia de la medida en el conjunto del Estado.

Para empezar, la ley catalana establece un índice de precios de alquiler, que asegura a los inquilinos que, de firmar o renovar un contrato, el precio se mantiene igual que en el contrato anterior. Además, si el precio está por encima de este índice de referencia, deberá bajarse. El índice se calcula a partir de la media de los precios del alquiler, para viviendas con características similares y dentro de una zona concreta. En cambio, en la propuesta del gobierno español únicamente los propietarios jurídicos, es decir, aquellas empresas con más de diez inmuebles en propiedad, estarían obligados a realizar una rebaja en el precio del alquiler.

“En ciudades como Barcelona, ​​la concentración de la propiedad es muy alta, pero solo el 30% de las viviendas de alquiler son de propiedad jurídica. La mayoría son propiedad de personas físicas que, a pesar de tener más de diez viviendas, no estarían obligadas a rebajar el alquiler”, alertan en el Sindicat de Llogaters. En el resto de municipios catalanes, donde la concentración de la propiedad es más baja, esta medida queda, en su opinión, “totalmente descafeinada”.

Por otra parte, la aplicación de la rebaja parece que será discrecional, dejando que cada autonomía e incluso cada municipio decida. Por el contrario, Chirino defiende que, si es una medida pública, “debería ser vinculante para todos, ya que de otra forma puede generar desigualdad e inequidad territorial.”

Una vida digna para la juventud

Más allá de las regulaciones en el precio del alquiler, la nueva ley debe poner al alcance de los jóvenes una serie de ayudas. Pero las dificultades para emanciparse no parecen tener solución definitiva. De entrada, aunque para asegurar una vida digna la vivienda no debería suponer más del 30% del salario, la realidad se topa con precios disparados y sueldos demasiado bajos.

De esta forma, si el salario medio de los jóvenes ocupados en el Estado es de 969 euros, el importe que debería destinarse a la vivienda no debería superar los 290 euros mensuales. Sin embargo, el precio medio de alquiler es de 880 euros al mes y, en ciertas zonas del Estado, como Barcelona y su área metropolitana, la cifra supera los 1.000 euros. Así las cosas, ¿cómo ayudar a los jóvenes a emanciparse?

En el Sindicato de Alquiladoras creen que, para facilitar la emancipación, hay que ir a la raíz del problema: “Hay que garantizar que todas las viviendas de alquiler bajen el precio y faciliten el acceso a colectivos vulnerables. En Cataluña, muchos colectivos de vivienda reclaman un parque de vivienda pública de alquiler con precios asequibles. No se trata de construir más, sino de recuperar viviendas y asegurar que los grandes propietarios destinan parte al alquiler social”, defienden.

En el CNJC también han creado talleres de autodefensa inquilina para detectar las dificultades en las que se encuentran los jóvenes y tratar de encontrar respuestas. “En Cataluña tenemos ya una ley de regulación de precios del alquiler que ha sido increíblemente efectiva. Ha reducido los precios del alquiler en aquellas zonas en las que se ha aplicado y, además, ha mejorado la confianza en los alquileres”, defienden. Ahora, consideran, lo que hace falta es mejorar esta regulación catalana y ampliarla para todo el territorio. “Todavía nos queda mucho camino por recorrer”, se espolean.

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