Marketplace, el centro comercial en tu casa

Igual que un centro comercial, un marketplace describe la plataforma, en este caso digital, donde empresas y consumidores intercambian productos y dinero. Un viejo concepto que toma aires nuevos gracias a las nuevas tecnologías.

Prácticamente todos los consumidores se han familiarizado con la compra en línea, especialmente a raíz de la pandemia. Y la mayoría lo hacen a través de plataformas marketplace donde la oferta de productos es más amplia y, por lo tanto, pueden filtrar por precio, mejor relación calidad-precio, o incluso pueden guiarse por la opinión de los usuarios.

El concepto marketplace va más allá de los centros comerciales: las marcas se multiplican, la competencia de precios es más feroz y los productos de mala calidad tienen los días contados, puesto que los consumidores son la principal voz de la plataforma.

¿Qué ofrece el marketplace?

El crecimiento y la consolidación de estas plataformas ha encontrado su punto álgido durante la pandemia. Los usuarios valoran, especialmente, la posibilidad de comprar desde casa, poder hacerlo a cualquier hora, sin desplazarse y evitando aglomeraciones, un punto clave en el momento actual. 

Pero más allá que como consecuencia de la pandemia, ¿por qué el sistema de compra a través de marketplace ha aumentado tan significativamente? ¿Qué ventajas aporta para el cliente y para las empresas? ¿Conocemos los riesgos?

El auge del marketplace en cifras

La agencia “Elogia”, especialista en comercio digital, concluyó en su estudio anual que el marketplace fue el medio de compra más utilizado en 2020, y la tendencia sigue en alza:

• El 72% de los internautas entre 16 y 70 años compran en línea, especialmente en la franja entre 35 y 44 años.
• El 70% de los consumidores en línea se informan y comparan productos a través de marketplaces.
• 8 de cada 10 usuarios acaban comprando en la plataforma.
• Compran una media de 3,5 veces al mes.
• El gasto es de 68€ de media, aunque durante la pandemia aumentó un 51%.
• El ordenador (83%) y los móviles (55%) son los principales dispositivos de compra.
• Dispositivos móviles, electrodomésticos y tecnología son los productos más vendidos.

A pesar de que algunas de estas plataformas son criticadas por cuestiones éticas o de condiciones laborales, su volumen de facturación sigue creciendo, a la espera de las cifras que recojan la tendencia de compras de este año.

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Los países de la Unión Europea intensifican las negociaciones para reactivar las normas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento antes de finales de año, suspendidas durante tres años para permitir a los estados miembros aumentar el gasto público a raíz de la crisis sanitaria.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) nace a finales de los 90 con el objetivo de evitar un déficit presupuestario excesivo en la zona euro después de la entrada en vigor de la moneda única. Dicho de otra manera, se quería evitar que los países de la eurozona gastaran por encima de sus posibilidades y así mantener la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria.

Estas normas fiscales establecen que los países que adoptan el euro tienen que mantener sus déficits presupuestarios por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB) y su deuda pública por debajo del 60% en relación con el PIB. Aun así, se aplica a todos los estados miembros de la UE. En el supuesto de que un estado miembro no cumpla la normativa, está previsto abrir un proceso sancionador con una multa equivalente al 0,5% del producto interior bruto. A la práctica, pero, esto se ha aplicado con favoritismos a Alemania y Francia, los dos países que mandan en la UE.

La normativa se reformó para hacer frente al colapso financiero de 2007 y la consiguiente crisis de la deuda soberana, que comportó la adopción de dolorosas medidas de austeridad para frenar el gasto desorbitado de algunos países. De este modo se flexibilizaba el cumplimiento de la directiva sobre el equilibrio presupuestario, permitiendo a los estados miembros aumentar su déficit, siempre que no se superara el límite del 3% del producto interior bruto.

En 2020, la Comisión Europea suspendía las reglas fiscales de deuda y déficit, de manera que los estados miembros pudieran hacer frente al batacazo económico que supuso la crisis sanitaria de la Covid-19. Subsecuentemente, Bruselas alargó durante tres años la suspensión del Pacto de Estabilidad a causa del conflicto bélico en Ucrania y una inflación desbocada.

Una reducción de la deuda que sea sostenible

La Comisión Europea propuso en abril una propuesta de revisión de las antiguas normas fiscales para hacerlas más resistentes a futuras turbulencias económicas, destacando un ajuste anual del 0.5% para los países con demasiado déficit. 

Desde entonces, los 27 estados miembros de la UE han intensificado las negociaciones con el objetivo de acordar un nuevo Pacto de Fiscalidad antes del fin de año. El nuevo pacto entrará en vigor, oficialmente, a partir del 2025, pero la Comisión Europea pidió a los estados que diseñaran sus presupuestos para el año que viene teniendo en cuenta la nueva normativa.

La Comisión Europea ha ido valorando los planes fiscales presentados por los estados miembros. En el caso de España, Bruselas avala el plan presupuestario del Ejecutivo español, considerando que cumple con la recomendación de limitar a un máximo del 2,6% el aumento del gasto público neto. Aun así, considera que España cuenta todavía con una situación presupuestaria “muy difícil” y que, por lo tanto, será necesario que “establezca una estrategia fiscal a medio plazo creíble.”

España, igual que otros países como Francia o Italia, defiende un pacto fiscal más flexible, con las normas adaptadas a las circunstancias de cada economía. Por otro lado, Alemania acepta cierta flexibilidad, pero a cambio de un mínimo ajuste anual. Sea como fuere, la reintroducción progresiva de una mayor disciplina presupuestaria está asegurada.

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Impulsado por las compras de los bancos centrales y las tensiones geopolíticas, el oro logró un nuevo máximo de 2.135,4 dólares la onza durante el 2023. Con una rentabilidad anual del 15% y un precio medio, también de récord, de un 8% por encima del año anterior.

Datos del informe anual del World Gold Council (WGC) muestran que el oro tuvo un rendimiento apoteósico en 2023. Especialmente, durante cierre del año cuando, gracias a la caída del dólar estadounidense y al posible recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, logró un nuevo récord de 2.135,4 dólares la onza el 4 de diciembre.

Así mismo, ha mantenido un precio medio un 8% superior que durante el 2022, logrando una rentabilidad anual del 15%, mucho por encima de otras opciones de ahorro o inversión de bajo riesgo, como pueden ser los depósitos a plazo fijo o las letras del Tesoro. Y lo que es más importante, compensando con creces la inflación general del 3,1% y la subyacente del 3,7% que sufrió España durante el 2023.

Aunque las compras de oro por parte de los bancos centrales continuaron la tendencia del 2022 con “un ritmo vertiginoso”, la demanda de este sector se quedó en 1.037,4 toneladas de compras netas en 2023, unas 45 toneladas (4%) menos que el año récord de 2022, señala el WGC en su informe.

Aun así, hay que tener en cuenta que más de la mitad de las compras de los bancos centrales se atribuyeron a compradores desconocidos. A diferencia de muchos bancos centrales que comunican sus compras de oro al FMI cada trimestre, los bancos centrales de China, Rusia y otros países, compran y almacenan oro sin declararlo como reservas, por lo tanto, ocultando el verdadero volumen de compras.

Por otro lado, los hogares y los inversores chinos han estado comprando oro para proteger sus ahorros frente a la crisis del mercado inmobiliario y el caos del sector bursátil local, lo cual ha contribuido a sostener los precios récord de este activo refugio. Ergo, no es de extrañar que, según se desprende del informe del WGC, China haya destacado en el ámbito global como un país clave en el aumento de los flujos de inversión y joyería en oro durante el 2023.

Los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales sostendrán la demanda

Los analistas del WGC ven probable que la inversión total en oro (incluida la OTC) aumente durante el 2024, siguiendo la tendencia y comportamiento de los mercados que se han visto el 2023. Se espera que los bancos centrales continúen comprando oro “a un ritmo impresionante”, probablemente por encima de la media anual anterior a 2022 de unas 500 toneladas.

Esta previsión coincide con una encuesta hecha por Reuters a 30 analistas y operadores de mercados, según la cual el precio del oro subirá durante el 2024 respecto a la media de este año. Concretamente, prevén una media de 1.986,5 dólares la onza en el 2024, por encima de los 1.925 dólares previstos por este año. Esto se basa en la suposición que los bancos centrales mundiales empezarán a relajar su política monetaria y al hecho que las tensiones en Oriente Medio seguirán impulsando el oro como valor refugio de los inversores.

En conclusión, parece que, en términos generales, seguirá la tendencia inversionista hacia el oro en detrimento del dinero fiduciario. La deuda pública desbocada, especialmente en el mundo occidental, y las crecientes tensiones geopolíticas globales, hacen prever que el oro seguirá siendo el valor refugio por excelencia ante la incertidumbre económica.

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Aunque persisten las subidas de costes en las rutas desde el norte de Europa a Asia, empiezan a bajar en el sentido contrario. Aun así, el desmesurado encarecimiento del transporte marítimo experimentado en los últimos meses pone en riesgo el control de la inflación.

La respuesta armada iniciada el noviembre pasado por Ansar Al·lah, la resistencia islamista más conocida como hutíes y que opera en Yemen, al genocidio que está teniendo lugar en Gaza, disparó exponencialmente los costes del transporte marítimo.

Durante las tres primeras semanas de los ataques a los barcos que transitan por el mar Rojo con destino en el canal de Suez, el índice Shangái Containerized Freight Index (SCFI), el cual sigue las tarifas de los productos importados de China, incrementó en más de un 160%. Las subidas de precios habían ido ganando fuerza, sobre todo después de las represalias de los EE. UU. y el Reino Unido contra las fuerzas hutíes.

Por un lado, los barcos tienen que cubrir rutas más largas evitando el mar Rojo y el canal de Suez, pero las compañías de transporte también han aprovechado la coyuntura para actualizar precios al alza. En cualquier caso, nuevos barcos están aumentando la oferta y reduciendo los costes, de manera que ya se puede observar como el precio de los fletes (precio acordado por el alquiler total o parcial de un barco) para los trayectos entre países asiáticos y Europa han empezado a bajar.

Según el índice global que elabora Freightos (Global Contenedor Freight Index), el coste de un contenedor de 60 metros cúbicos para transportar mercancía desde China y el este de Asia en el norte de Europa ha pasado de 5.492 dólares el 19 de enero a 5.455 dólares el día 26, lo cual supone un descenso del 0,7%. La bajada de precios es más evidente en los trayectos desde Asia a los países del Mediterráneo, en los cuales los fletes han bajado un 4,8% al pasar de 6.772 dólares a 6.448 en las mismas fechas. Sin embargo, persisten las subidas de un 8% en las rutas desde el norte de Europa a Asia y de un 5,5% desde el Mediterráneo al continente asiático.

El control de la inflación en la cuerda floja

El coordinador del grupo de trabajo Asia-Pacífico del Club de Exportadores, Ramón Gascón, advierte EFE que “los precios todavía no se han trasladado al consumidor, pero acabará ocurriendo si la situación se alarga”. Y es que la disrupción logística amenaza de desestabilizar cadenas de montaje de industrias especialmente sensibles a los retrasos en el transporte, como la del sector del automóvil, y elevar los precios para los consumidores.

Así mismo, los expertos consultados por EFE alertan de que el retraso en la llegada de productos clave para el sector alimentario, como el aceite de palma, el maíz y el arroz, puede contribuir en la subida de precios en un momento en el cual Europa y gran parte del mundo hace meses que implementan medidas para intentar contener la inflación.

Teniendo en cuenta que, según un informe reciente del FMI, los precios de importación equivalen al 40% de las variaciones globales de la inflación que ha afectado los consumidores europeos en los dos últimos años, no se puede descartar que este último aumento de costes se traslade a los consumidores finales.

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El gobierno de los EE. UU. ha estado confiscando y vendiendo bitcoin durante los últimos 10 años, acumulando BTC por un valor de 8.000 millones de dólares y generando unos beneficios de más de 640 millones. ¿De dónde han salido estas criptomonedas?

El Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que tiene previsto vender casi 118 millones de dólares en bitcoin decomisados a Ryan Farace, un agente especial del Servicio Secreto de los Estados Unidos, condenado el 2015 para blanquear dinero procedente del narcotráfico utilizando Bitcoin en Silk Road, el conocido marketplace de la “dark web”.

Y es que el gobierno de los EE. UU. es uno de los mayores tenedores de bitcoin del mundo, con un balance actual que supera los 200.000 BTC, por un valor aproximado de 8.000 millones de dólares. Desde que se puso en marcha el proceso judicial, menos del 5% de este botín se ha puesto a la venta. Estas reservas representan aproximadamente el 1% de todos los BTC que hay actualmente en circulación, convirtiendo al gobierno de los Estados Unidos en uno de los inversores en criptodivisas más importantes del mundo.

Fueron confiscados principalmente a ciberdelincuentes que operaban en Silk Road, puesto que la posibilidad de efectuar transacciones en total anonimato y descentralización de esta criptodivisa la convertía en una opción muy atractiva para los criminales involucrados en actividades como el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas o los ataques de ransomware.

El gobierno de los EE. UU. mantiene estos BTC principalmente fuera de línea, en dispositivos de almacenamiento cifrados y protegidos por contraseña y controlados por el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos u otros organismos gubernamentales.

Podría obtener muchas más ganancias

Las ventas de estas reservas de bitcoin se hacen a través de subastas públicas, lo cual permite en el gobierno deshacerse de sus tenencias de bitcoin gradualmente y sin distorsionar el precio de la criptomoneda en los mercados.

A pesar de que estas subastas han generado más de 640 millones de dólares, el gobierno parece poco interesado a incrementar los beneficios. De hecho, algunos analistas creen que ha dejado de ganar miles de millones de dólares por no vender más tarde y actuante como un principiante en la compraventa de criptomonedas.

Pero en cualquier caso, está generando importantes ingresos solo con estas operaciones. Tú puedes hacer lo mismo con Bitvavo, la plataforma de gestión de criptoactivos que 11Onze Recomienda y que te permite operar con más de 200 monedas digitales. La reciente entrada en juego de los ETF de Bitcoin y lo halving que tendrá lugar en mayo de este año, podrían hacer subir considerablemente el valor de esta criptodivisa a finales de 2024.

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La oleada de despidos masivos por parte de las empresas tecnológicas que tuvieron lugar durante el 2023 no se para. Desde principio de año, los gigantes del sector ya han anunciado nuevos recortes de miles de empleados para mejorar la eficiencia de su productividad.

Después de anunciar dos rondas de despidos que sumaban 21.000 trabajadores, Mark Zuckerberg explicaba que el 2023 sería “el año de la eficiencia” para Meta. Otros ejecutivos de las grandes tecnológicas seguían la misma tendencia en un año que acumuló más de 260.000 despidos en el sector tecnológico.

El crecimiento exponencial de las plantillas de trabajadores de las empresas tecnológicas experimentado durante el confinamiento, gracias al aumento de las ventas y de la demanda de servicios, tenían los días contados. La vuelta a la normalidad provocó que los reclutamientos masivos se convirtieran en despidos masivos. Los conflictos geopolíticos y una inflación desbocada no hicieron más que acelerar los recortes en el sector.

Alphabet, la matriz de Google que despidió a 12.000 empleados el 2023, ya ha confirmado despidos en múltiples partes de su ecosistema, incluidos varios centenares de trabajadores en su equipo de ventas de publicidad y más de 1.000 empleados en otras unidades. Amazon también ha anunciado una nueva ronda de despidos que afectará centenares de trabajadores de sus divisiones de Amazon MGM Studios y Prime Video. Meta, Twitch, YouTube y otros se han añadido a la ensangrentada de recortes.

Las grandes tecnológicas europeas no se quedan atrás. La empresa alemana SABE, desarrolladora de software para empresas, llevará a cabo una reestructuración que afectará alrededor de 8.000 empleados en el ámbito mundial, el 7,4% de la plantilla, durante el 2024.

Reestructuración, eficiencia y IA

Muchos de los despidos recientes se deben al hecho que las grandes empresas tecnológicas todavía intentan corregir el exceso de contratación durante la pandemia. Aun así, no se puede ignorar el impacto que ha tenido el auge de la introducción de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) en el sector.

A pesar de que la irrupción de la inteligencia artificial ha creado nuevas ocupaciones y disciplinas relacionadas con la programación y desarrollo de estos sistemas automatizados, cada vez son más las empresas que, como Dropbox y Meta, citan la IA como motivo de despido en la hora de reorientar sus recursos para mejorar la eficiencia de sus operaciones.

Sean qué sean los motivos por los despidos masivos, no nos tendrían que sorprender la tendencia cuando tecnológicas como X, antes Twitter, continúan funcionando sin problemas después de reducir hasta un 80% su plantilla y racionalizar sus operaciones, centrándose en sus competencias básicas y aplicando la premisa de hacer más trabajo y perder menos el tiempo en reuniones.

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La economía china creció un 5,2% el 2023, logrando el objetivo oficial del gobierno y manteniéndose cómo una de las más resilientes del mundo. Aun así, la crisis del sector inmobiliario continúa siendo un problema que puede socavar el crecimiento económico en un momento en que China no se lo puede permitir, dada la creciente carga de su deuda.

La creciente carga de la deuda china acapara los titulares. Y esto es comprensible, dado que según datos del banco central y de la oficina de estadística recopilados por Bloomberg, la deuda total en porcentaje del producto interior bruto, subió hasta un nuevo récord del 286,1% en el cuarto trimestre.

Sin embargo, el aumento de la deuda china no es nada más que la consecuencia, en gran parte, de las pérdidas acumuladas y asociadas a la mala asignación de la inversión durante la última década. Especialmente en un sector inmobiliario saturado, que ha dejado miles de viviendas vacías y sin propietarios en un cúmulo de ciudades fantasmas, de construcciones abandonadas a medias o en que las viviendas compradas sobre plano ni siquiera se han empezado a construir, desencadenando la suspensión de pagos de grandes promotores.

El gobierno chino ha dado instrucciones en los gobiernos provinciales, fuertemente endeudados, para que retrasen o paren algunos proyectos de infraestructuras financiados por los bancos estatales. Pekín intenta balancear iniciativas para estimular la economía, mientras lucha para contener el riesgo que el fácil acceso al crédito estatal fomente la especulación y la inversión no productiva.

Cronología de una burbuja inmobiliaria

El 9 de noviembre de 2008, el gobierno chino daba a conocer un paquete de medidas de estímulo económico por un valor de 4 billones de RMB (539.000 millones de euros). El objetivo de estos incentivos era invertir en infraestructura y vivienda de bajo coste, ampliando la disponibilidad de crédito.

Dado que los ingresos procedentes del mercado inmobiliario dominan los ingresos de los gobiernos provinciales, estos continuaron promoviendo actividades en el mercado inmobiliario para aumentar sus ingresos para otras inversiones públicas. Recordamos que el sector inmobiliario chino representa un tercio de la economía del país y alrededor del 70% de la riqueza personal de los ciudadanos.

En vez de imponer impuestos sobre la propiedad, los ayuntamientos vendían grandes extensiones de terreno a promotores inmobiliarios y destinaban los ingresos a servicios sociales básicos como el acondicionamiento de carreteras y el pago de pensiones. Por otro lado, los promotores inmobiliarios aprovechaban los ingresos de las ventas sobre plano de viviendas nuevas (entre el 70% y el 80% de las ventas) para financiar nuevos proyectos.

No obstante, este sistema sostenido por la especulación y el crédito fácil, se hundía con la caída de gigantes inmobiliarios como Evergrande y Country Garden, mientras que los gobiernos locales se han visto obligados a pedir rescates e intentar vender activos que han perdido gran parte de su liquidez.

Apoyo gubernamental con un plan de rescate

Después de la implosión del sector, a causa de la saturación del mercado, la especulación y una ralentización del crecimiento económico, el gobierno chino intentó en múltiples ocasiones limitar el crédito que alimentaba la burbuja. A mediados del 2020, la administración estatal anunciaba un paquete de medidas bajo el lema “las casas son para vivir, no para especular”, entre las cuales se establecían estrictas reglas en el acceso a crédito en el sector inmobiliario.

Los máximos dirigentes chinos afirman que es necesario coordinar y resolver los riesgos derivados del sector inmobiliario, limitando el acceso al crédito a proyectos de construcción de viviendas de colaboración pública-privada y también poniendo límites a la inversión en infraestructuras, pero exceptuando el crédito para la construcción de viviendas asequibles.

Por otro lado, desde agosto del 2023 se han incrementado los incentivos fiscales, extendiendo el crédito fiscal sobre el impuesto sobre la renta personal para hogares que renueven sus apartamentos hasta fines de 2025. Así mismo, el gobierno instó a los bancos a facilitar las hipotecas a los nuevos compradores y la renegociación de las tasas de interés a los clientes que ya tengan una hipoteca contratada. En este sentido, Pekín redujo el requisito mínimo de pago inicial en todo el país al 20% para los compradores que accedían a una vivienda por primera vez y al 30% para las compras posteriores.

Después de un pésimo comienzo de año, con un nuevo hundimiento de las ventas de viviendas la semana pasada, el gobierno chino sopesa un paquete de rescate bursátil, movilizando 255.000 millones de euros para estabilizar el sector. Los analistas económicos esperan que el banco central chino recorte el tipo de interés preferencial en un año, el tipo de referencia para los préstamos, en 10 puntos básicos en el primer trimestre para estimular el mercado.

El tiempo dirá la efectividad de estas medidas, pero está claro que Pekín quiere pinchar su propia burbuja inmobiliaria para acabar con la especulación. Con una posición fiscal relativamente fuerte y un banco central con margen para adoptar una política monetaria más expansiva, el gobierno chino tendría que poder facilitar soluciones a los problemas de endeudamiento del sector, aun así, caer en la trampa de utilizar la deuda como motor económico ya no es exclusivo del mundo occidental.

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Cerca de 500 empresas trabajan en Cataluña en el ámbito de la ciberseguridad. Se trata de una industria en expansión por el aumento de las amenazas digitales. Solo en un año el número de ciberataques en Cataluña ha aumentado más del 30% y en el mundo este tipo de incidentes ha crecido un 50%.

Durante el 8 y el 9 de noviembre de 2014 Cataluña sufrió uno de los diez ataques informáticos más intensos de aquel año en el mundo. El objetivo era tumbar la consulta del 9N. No lo consiguió. Las medidas de ciberseguridad permitieron que la página oficial de la consulta, Participa2014.cat, resistiera. En cambio, cayeron varias páginas web y servicios de la Generalitat, como la receta electrónica o el registro de historiales clínicos. Según desveló hace unas semanas una investigación periodística internacional, el encargado de orquestar el ataque informático fue un empresario israelí, que no ha revelado quién lo pagó.

Se calcula que la Generalitat sufrió aquel año casi 150 millones de ciberataques. A pesar de la magnitud de la cifra, no es nada comparado con el volumen de ataques informáticos que se producen en la actualidad. En 2022 se detectaron 1.700 millones, según el Govern. Esto supone un incremento del 75% respecto al año anterior y multiplica por más de diez los incidentes de 2014.

Cataluña, bien posicionada

Afortunadamente, el sector de la ciberseguridad disfruta de una buena salud en nuestro país. Según un informe de Acció y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, hay 495 empresas que se dedican, con una facturación de más de 1.000 millones de euros y cerca de 10.000 trabajadores. El ritmo de crecimiento en número de compañías, facturación y lugares de trabajo respecto a 2021 fue de dos dígitos.

Un dato significativo es que Cataluña fue la tercera región de Europa occidental en captación de inversión extranjera en el ámbito de la ciberseguridad, con 163 millones de euros, solo por detrás de Irlanda y la región de Bruselas.

A pesar de que el 85% de las compañías son pymes, más de la mitad (54%) superan el millón de euros de facturación y el 29% son exportadoras. Se trata de un sector con una importante concentración geográfica, puesto que ocho de cada diez empresas se sitúan en el Área Metropolitana de Barcelona.

Un mercado global en expansión

Sin duda, las crecientes amenazas digitales a las cuales se exponen instituciones, empresas y particulares espolean la expansión del sector de la ciberseguridad. La gran presencia digital de las empresas, tanto de cara al exterior como de puertas adentro en la gestión de datos y procesos, las hace especialmente vulnerables a los ciberataques, que pueden tener un considerable impacto negativo en la cuenta de resultados.

Se calcula que el 71% de los ciberataques realizados en 2022 en el mundo tuvieron motivaciones financieras y que su coste fue de unos 7.000 millones de euros. Solo el valor de los criptoactivos robados supera los 3.000 millones de euros. Por eso no sorprende que entre 2022 y 2027 se espere un ritmo de crecimiento de la facturación mundial en ciberseguridad del 13,6% anual, hasta alcanzar casi los 300.000 millones de euros.

A la hora de protegernos, hay que tener muy presente que el correo electrónico se ha consolidado como el primer vector de distribución de ‘malware’ y se utiliza en el inicio del 84% de los ciberataques. Además, en el 74% de los incidentes de ciberseguridad con afectación en Cataluña el año pasado se usaron técnicas de ingeniería social.

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La cita anual del Foro Económico Mundial que tiene lugar en la pintoresca localidad suiza de Davos, reúne políticos, líderes empresariales, académicos y otras personalidades influyentes que debaten sobre el futuro de la economía y consensúan acuerdos que tienen una gran relevancia para los ciudadanos de todo el mundo.

El Foro Económico Mundial (FEM) o World Economic Forum (WEF), también conocido como el Foro de Davos, es una fundación sin ánimo de lucro con sede a Cologny, Suiza, que fue constituida como Foro Administrativo de Europa por el economista alemán Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo de la organización, el 1971.

Ha pasado varias fases desde su fundación, pero el objetivo original de Schwab era conseguir reunir en la ciudad suiza de Davos los principales directivos de empresas europeas, así como miembros de la Comisión Europea y líderes de la academia de universidades estadounidenses, para introducir las prácticas de administración de los Estados Unidos con el fin de fomentar la cooperación.

En 1973, después del colapso de los Acuerdos de Bretton Woods, la crisis del petróleo y de los conflictos geopolíticos, se amplía el enfoque del foro del económico al internacional y social, pero no es hasta el 1987 cuando el acontecimiento cambia de nombre, pasando del antiguo Foro Administrativo de Europa al actual Foro Económico Mundial. Actualmente, el Foro se financia con las contribuciones de unas mil emprendidas miembros.

Cada una de las ediciones anuales del Foro se centra en un tema en concreto, desde “El nuevo estado de la economía mundial” de la primera edición de 1988, hasta “Reconstruir la confianza” de la edición de este año. La idea sigue siendo de reunir a líderes mundiales, tanto del sector público como privado, para abordar retos económicos globales a través del diálogo y la cooperación internacional.

Críticas a una organización elitista

Teniendo en cuenta algunos de los invitados al Foro de Davos también asisten a las reuniones del Club o Conferencia Bilderberg, es inevitable que surjan las mismas críticas, definiendo a estos encuentros como un club exclusivo para las élites que miran por sus intereses en vez de cuidar de los intereses de la población.

Y sí, es fácil argumentar que el acontecimiento es elitista y que las decisiones tomadas pueden no solo están lejos de representar las necesidades de la mayoría, sino que a menudo están marinadas con una buena dosis de hipocresía. A nadie se le escapa como, por ejemplo, durante los debates sobre que se tiene que hacer todo lo posible para evitar el calentamiento global y reducir nuestra huella de carbono, casi todos los líderes asistentes han usado jets privados para desplazarse al Foro.

Cómo apuntaba Peter Goodman, corresponsal de economía del New York Times, en su libro “Davos Man”, es una contradicción pedir a los multimillonarios y a las élites, a las cuales los críticos acusan de causar los mayores problemas del mundo, que encuentren maneras de resolverlos. La principal diferencia entre los dos foros quizás radica en la mayor opacidad y falta de transparencia de las reuniones del grupo Bilderberg, que están pensadas para unas élites más concretas. Dicho esto, la fundación no desglosa ni sus ingresos ni sus gastos, y en 2021, el gobierno helvético retiró la financiación que aportaba a la organización después de las reiteradas críticas de la ciudadanía suiza.

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El último informe sobre la desigualdad publicado por Oxfam muestra que desde 2020, las cinco personas más ricas del mundo han duplicado sus fortunas, mientras que durante el mismo periodo, casi cinco mil millones de personas se han empobrecido.

A las puertas de la celebración anual del Foro Económico Mundial de Davos, que reúne a jefes de Estado, líderes de corporaciones y académicos de todo el mundo, Oxfam publica su último informe sobre la desigualdad y pide en los países que se opongan a la influencia de los ultrarricos en la política fiscal. Como ya es tradición, el organismo internacional aprovecha la ocasión para poner de relieve la brecha entre ricos y pobres, pero este año afirma que esta brecha se ha «sobrealimentado» desde la crisis sanitaria.

Los multimillonarios son hoy tres billones de euros más ricos que en 2020. Según Oxfam, Elon Musk, magnate de los negocios sudafricano, Bernard Arnault, propietario de LVMH, Jeff Bezos, fundador de Amazon, Larry Ellison de Oráculo, y el gurú de la inversión Warren Buffett, han duplicado con creces, un 114%, sus fortunas hasta llegar a los 793.000 millones de euros en tres años, mientras que la riqueza del 60% de la población más pobre ha disminuido.

La organización no gubernamental apunta que si se mantiene esta tendencia, el mundo podría ver su primer billonario en la próxima década, pero que se necesitarán 229 años para erradicar la pobreza. «No podemos seguir con estos niveles de desigualdad obscena», avisa Amitabh Behar, director interino de Oxfam Internacional, «el capitalismo está al servicio de los superricos».

Poder corporativo vs. poder público

Según Oxfam, los Estados han cedido el poder a los monopolios corporativos, permitiendo a las empresas influir en los salarios que se pagan a la gente, en el precio de los alimentos y en los medicamentos a los cuales pueden acceder las personas. «El poder corporativo se utiliza para impulsar la desigualdad, apretando a los trabajadores y enriqueciendo a los accionistas ricos, eludiendo impuestos y privatizando el Estado», afirma Oxfam.

En este contexto, Behar declara que la solución tiene que ir encaminada en que el poder público pueda frenar “el descontrolado poder corporativo y la desigualdad, modelando el mercado para que sea más justo y libre del control multimillonario”, y añade que «los gobiernos tienen que intervenir para desmantelar los monopolios, empoderar a los trabajadores, grabar estas enormes ganancias corporativas y, fundamentalmente, invertir en una nueva era de bienes y servicios públicos».

La organización recalca que gracias a la formulación de políticas fiscales actuales, las corporaciones han podido pagar impuestos corporativos más bajos, privando así a los gobiernos del dinero que se podría usar para ayudar a los más pobres de la sociedad. Siete de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director general multimillonario, o a un multimillonario como su accionista principal.

En este sentido, el director apunta que los impuestos corporativos disminuyeron significativamente en los países de la OCDE, del 48% el 1980 al 23,1% el 2022, y pide un impuesto a la riqueza sobre los millonarios y multimillonarios del mundo que, según afirma, podría aportar 1,8 billones de dólares cada año. Del mismo modo, insta a los gobiernos a limitar la paga de los presidentes de las grandes empresas y a romper los monopolios privados.

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