¿Futuro distópico o descentralizado?

El siglo XX nos educó en una fe obstinada: el futuro sería mejor que el pasado. No era solo optimismo; era arquitectura institucional. Tras la Segunda Guerra Mundial se materializó un nuevo orden económico internacional que, con matices y tensiones, ha llegado hasta nuestros días.

Los vencedores del conflicto entendieron que, para que ese nuevo orden funcionara, era necesario establecer un sistema político-económico capaz de estabilizar las monedas, reconstruir las economías devastadas y asegurar mercados estables para una expansión comercial a gran escala, todo ello regulado según sus propias reglas.

Por este motivo, la creación de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (1945) no fue un simple acuerdo técnico; más bien representaba la inserción, dentro del imaginario colectivo general, de una idea poderosa: el crecimiento podía organizarse, la prosperidad podía planificarse y el futuro podía administrarse. De esa convicción emergieron dos modelos de sociedad —menos antagónicos de lo que a menudo se presenta— que durante décadas disputarían la hegemonía global.

Durante años, aquella confianza —basada en tensionar ambos modelos— produjo resultados tangibles. La expansión industrial, la consolidación del estado del bienestar y el aumento sostenido del PIB per cápita reforzaron la narrativa de progreso lineal. El mañana no era una amenaza, sino una promesa estructural.

Entre 1950 y 1973, el mundo experimentó un crecimiento sostenido y generalizado que consolidó tres ejes básicos: progreso material, ampliación de los derechos sociales y consolidación de una clase media confiada. Las democracias occidentales aprovecharon para proyectar la idea de que el futuro sería una prolongación mejorada del presente.

Pero aquel futuro —que es nuestro presente— ya no se percibe igual.

Hoy el futuro es advertencia. El relato dominante habla de colapso climático —avalado por los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático—, de endeudamiento estructural y de riesgos sistémicos asociados a la inteligencia artificial, debatidos en foros como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o el Parlamento Europeo.

El futuro ya no es una promesa de emancipación, sino un escenario de supervisión. La cuestión, sin embargo, no es si existen riesgos —la historia nos recuerda que siempre los ha habido—, sino por qué todas las proyecciones de futuro parecen converger en una misma conclusión implícita: más centralización.

Cuando imaginamos una crisis financiera, imaginamos bancos centrales con poderes ampliados; cuando imaginamos caos informativo, imaginamos regulaciones masivas; cuando imaginamos emergencia climática, imaginamos macroinfraestructuras dirigidas desde arriba. Por tanto, la distopía, casi siempre, termina en concentración.

El miedo como arquitectura del centro

La historia del pensamiento económico —de Karl Marx a Karl Polanyi— ha señalado un patrón incómodo: las crisis del capitalismo no son simples interrupciones, sino aceleradores de procesos de concentración y reordenación institucional. No es un accidente; es una dinámica recurrente. Tras 1929, el Estado expandió competencias para estabilizar sociedades convulsas. Tras 2008, los bancos centrales inflaron sus balances hasta límites desconocidos. Y después de 2020, la deuda pública global registró el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial. Las crisis no disuelven el poder; lo redistribuyen.

En paralelo, el capital tiende a reagruparse. En entornos de incertidumbre, no desaparece: busca refugio. Y el refugio suele ser grande, concentrado y protegido institucionalmente. Las crisis no solo redistribuyen riqueza; redefinen jerarquías.

El miedo, en este contexto, se convierte en arquitectura de poder. Cuando el riesgo se percibe como sistémico, la sociedad acepta —y a menudo reclama— estructuras más verticales. En este contexto de inseguridad, también se explica el auge de fuerzas políticas que ofrecen orden e identidad como respuesta a la incertidumbre global. La centralización no aparece como una imposición, sino como una garantía de orden. Y, por tanto, la seguridad justifica la concentración.

Aquí opera un mecanismo más sutil. El relato condiciona el flujo del capital. Ya lo advertía John Maynard Keynes con sus “animal spirits”: las expectativas modelan la inversión. Si el futuro se imagina como escasez energética, invertiremos en macroinfraestructuras; si se concibe como guerra tecnológica, reforzaremos vigilancia y defensa; si se teme inestabilidad financiera, aceptaremos mecanismos de control más estrictos. Imaginar centralización acaba produciendo centralización.

Sin embargo, esta inercia olvida otra tradición histórica: la del mutualismo y las formas de organización basadas en la cooperación y la distribución del riesgo. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, cooperativas, cajas de ahorro y sociedades de socorro mutuo demostraron que era posible articular sistemas financieros sin una concentración extrema del poder. La descentralización no era teoría; era práctica institucional.

Hoy esta lógica reaparece bajo nuevas formas. La embedded finance —la integración de servicios financieros dentro de plataformas digitales— puede disociar banca e infraestructura tradicional, reduciendo intermediarios y redistribuyendo capacidad operativa. Así como antes la electricidad separó producción y consumo, o internet nació como una red distribuida, las tecnologías actuales pueden reforzar grandes plataformas o facilitar ecosistemas más abiertos. La tecnología no concentra ni distribuye poder por sí sola; lo hace su arquitectura institucional.

El relato distópico tiende a presentar la concentración como inevitable. Pero la inevitabilidad suele ser cultural antes que técnica. Cuando asumimos que solo el centro puede protegernos, lo reforzamos. Cuando construimos redes, multiplicamos los centros. Y en esa elección —más que en la tecnología— se decide la forma del futuro.

La comunidad como centro

Descentralizar no significa abolir el Estado ni glorificar el caos. Significa reducir dependencias críticas, diversificar riesgos y distribuir la toma de decisiones. Significa evitar que un único actor —público o privado— concentre vulnerabilidades que, cuando fallan, arrastran a todo el sistema. Las sociedades resilientes no son las que acumulan más poder en un centro, sino las que mejor reparten la responsabilidad.

El debate real, por tanto, no es tecnológico; es moral y cultural. Si asumimos que el mundo es demasiado complejo para que comunidades informadas lo gestionen, aceptaremos una verticalidad creciente como única salida posible. Pero si asumimos que la tecnología puede empoderar redes distribuidas, empezaremos a diseñar instituciones que reflejen esa confianza, porque antes de transformar infraestructuras, hay que transformar imaginarios.

El siglo XXI aún no está escrito. Las herramientas para descentralizar energía, información y finanzas ya existen. Lo que falta no es capacidad técnica, sino voluntad colectiva. Cada decisión de ahorro, cada modelo de inversión, cada arquitectura financiera refuerza un determinado tipo de sistema. El futuro no depende solo de los riesgos que afrontamos, sino del marco mental con el que los interpretamos.

Si imaginamos un futuro inevitablemente distópico, invertiremos en muros, intermediarios y estructuras opacas. Si imaginamos un futuro descentralizado, invertiremos en redes, transparencia y comunidad. En economía, el relato es capital anticipado: orienta flujos, condiciona expectativas y consolida hegemonías. Quien define el relato del futuro condiciona la forma del mercado.

En este contexto, la soberanía financiera no es una proclama ideológica, sino una estrategia de resiliencia. Acercar la gestión de los recursos a la comunidad, fomentar la educación financiera y reducir dependencias estructurales no fragmenta el sistema; lo refuerza. La descentralización no divide: diversifica.

Es aquí donde 11Onze cobra sentido como comunidad fintech. No como una alternativa retórica al sistema, sino como una arquitectura diferente dentro del sistema. Una propuesta que apuesta por transparencia, participación y conciencia financiera en un entorno incierto. Quizá el futuro no sea apocalipsis ni utopía. Quizá sea, simplemente, arquitectura. Y toda arquitectura comienza con una decisión: concentrar o distribuir.

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Internet nació con una promesa poderosa: democratizar el conocimiento, reducir intermediarios y empoderar al individuo. Una tecnología horizontal para una economía más libre. Veinte años después, el balance es más incómodo. Nunca habíamos estado tan conectados, y nunca tan dependientes. Y tampoco habíamos tenido tantas herramientas, y nunca tan poco control sobre ellas.

No es solo una cuestión de privacidad. Ni siquiera de consumo. Lo que está en juego es la propia naturaleza del poder económico. Cada vez más, nuestra vida cotidiana —trabajar, comunicarnos, comprar, ahorrar— pasa por infraestructuras digitales que no controlamos, porque no accedemos a ellas como propietarios, sino como usuarios condicionados. Entramos en territorio ajeno.

Durante décadas hemos explicado esta realidad con el mismo relato, que trataba del capitalismo digital, de economía de plataformas o de innovación tecnológica. Pero estas palabras ya no describen lo que nos está pasando. El mercado, tal como lo hemos entendido hasta ahora, se está disolviendo, porque, de alguna manera, la competencia ha dejado paso a la dependencia. El precio, a la renta. La propiedad, al acceso temporal.

Algo se ha roto en el contrato implícito entre economía y libertad. Y quizá el problema no es que el capitalismo se haya vuelto más agresivo, sino que ha mutado en otra cosa. Un sistema en el que ya no compramos productos, sino que habitamos plataformas; en el que ya no somos clientes soberanos, sino usuarios tolerados; en el que el poder ya no se ejerce desde el mercado, sino desde la infraestructura.

La pregunta, pues, no es si la tecnología nos hace la vida más fácil. La pregunta es otra, mucho más incómoda: cuando todo funciona gracias a plataformas privadas, ¿quién manda realmente? Y, sobre todo, ¿qué somos nosotros dentro de este sistema?

No es capitalismo, es una mutación

Durante demasiado tiempo hemos intentado entender el presente con palabras del pasado. Hablamos de capitalismo digital, de neoliberalismo tecnológico, de mercados globales hiperconectados. Pero estos conceptos ya no explican el funcionamiento real del sistema. El capitalismo clásico —con todas sus desigualdades— se basaba en una idea fundamental, que era el mercado. Oferta, demanda, competencia, precios. Imperfecto, sí, pero reconocible.

Hoy ese marco se está desvaneciendo. Las grandes empresas tecnológicas no compiten en mercados abiertos, sino que controlan infraestructuras. No venden productos puntuales, sino acceso continuado. Por tanto, ya no dependen tanto del consumo como de una nueva dependencia. Porque el beneficio ya no proviene principalmente de producir mejor, sino de cobrar por el simple hecho de estar dentro.

El economista Yanis Varoufakis lo resume con una idea incómoda: el capitalismo ha dejado paso a un sistema basado en rentas privadas. Quien controla la infraestructura —la nube, la plataforma, el ecosistema digital— no necesita competir, porque solo tiene que asegurarse de que no puedas salir. Por tanto, estamos ante una evolución natural del mercado. O, mejor aún, una mutación en la que una nueva lógica empresarial se parece menos a la fábrica y más al peaje, menos al intercambio libre y más al cobro recurrente. En definitiva, menos al cliente soberano y más al usuario cautivo.

Del feudo a la plataforma

Dentro del sistema feudal, la tierra —mayoritariamente— no era propiedad del campesino, sino solo el lugar donde vivía y trabajaba. Principalmente, dependía de ella, además de estar obligado a pagar rentas y debía obedecer los delirios del señor. Y por su parte, el señor feudal no producía nada, solo controlaba el acceso a la tierra. Por tanto, el sistema estaba organizado en la medida en que quien quería sobrevivir tenía que pasar por las manos del señor. Por eso, hablar de libertad —lejos de la realidad proyectada por Hollywood— es totalmente irreal, dado que la posibilidad de estar al margen del sistema era casi imposible.

Hoy la tierra ya no es agrícola, sino digital, funcionando de manera sorprendentemente similar. Las plataformas digitales no son espacios neutrales, sino territorios privados. Entramos en ellas para trabajar, para comunicarnos, para vender, para informarnos o simplemente para existir socialmente. No somos propietarios, sino huéspedes, porque el acceso está condicionado por unas normas que pueden cambiar unilateralmente, sin negociación ni alternativa real.

Si el señor feudal ofrecía protección, ahora las plataformas nos ofrecen visibilidad. Si el vasallo pagaba una parte de la cosecha, ahora el usuario paga con datos, tiempo, comisiones o suscripciones. Si el campesino no podía abandonar la tierra sin perderlo todo, ahora el usuario tampoco puede salir del sistema sin quedar excluido. Por tanto, la única diferencia es la tecnología, pero la relación de poder, no.

Aun viviendo en una economía de libre mercado superavanzada, vivimos en una economía de acceso condicionado. De alguna manera, ciertos aspectos nos recuerdan vivir dentro de un feudalismo, sin castillos ni espadas, pero con algoritmos, contratos de adhesión y dependencia estructural. Un sistema en el que la libertad formal convive con una sumisión práctica cada vez más profunda.

Del esfuerzo al rastro: cómo se extrae el valor hoy

En el capitalismo industrial, el mecanismo era relativamente transparente. El valor se extraía del trabajo a través de tiempo, esfuerzo y producción. Podíamos discutir salarios injustos o condiciones abusivas, pero la fuente del beneficio era clara. Hoy, en cambio, el valor ya no se extrae principalmente de lo que hacemos, sino de lo que dejamos atrás.

Cada clic. Cada búsqueda. Cada desplazamiento o interacción digital genera un rastro. Un rastro que no se desvanece, sino que se acumula, se analiza y se monetiza. El gran recurso del siglo XXI no es el petróleo ni el trabajo cualificado. Son los datos. Y estos datos no se producen en una fábrica, sino en la vida cotidiana.

Lo más revelador es que este proceso no requiere consentimiento activo. No hace falta firmar ningún contrato laboral. Basta con existir dentro de la plataforma. El usuario trabaja sin saberlo, consume mientras produce y participa mientras es analizado. El tiempo libre se convierte en materia prima.

Esto explica una paradoja inquietante: cuanto más usamos estos servicios, más valor generamos… pero menos poder tenemos. El beneficio no se redistribuye, sino que se concentra. Y lo hace sin conflicto visible, porque no parece explotación clásica. No hay turnos, ni fábricas, ni huelgas, solo dependencia.

El resultado es un nuevo tipo de extractivismo, no territorial, sino más bien digital. Este no está basado en recursos naturales, sino en comportamientos humanos. Un sistema que no desgasta la tierra, pero sí la autonomía individual, convirtiendo al usuario en una combinación inquietante: cliente, producto y fuerza de trabajo invisible.

Cuando el mercado desaparece

Este modelo no solo cambia la manera en que se crea el valor. Cambia, sobre todo, la manera en que se organiza la economía. Porque cuando el valor proviene del control de la infraestructura, el mercado deja de ser necesario.

En teoría, el mercado funciona gracias a la competencia. Diversos actores ofrecen productos similares y el consumidor decide. En la práctica digital, esto ya no ocurre. Las grandes plataformas no compiten en igualdad de condiciones, ya que pueden comprar rivales, copiar funcionalidades o expulsarlos a través de normas internas. De este modo, no juegan al mercado, sino que lo sustituyen.

Los precios dejan de ser el resultado de oferta y demanda, convirtiéndose en variables opacas y definidas por algoritmos. Las condiciones cambian sin aviso. Las comisiones suben cuando la dependencia ya es total. Y el usuario no puede negociar, porque no tiene alternativas reales. Salir del sistema no es una decisión libre, sino más bien un salto al vacío. Perder visibilidad, contactos, clientes, datos acumulados. Como en el feudalismo, la existencia fuera del territorio dominante es formalmente posible, pero materialmente inviable.

Así, el capitalismo de mercado da paso a un sistema de rentas. Quien controla la plataforma cobra por el simple hecho de permitir el acceso. No hace falta innovar constantemente. Solo hay que mantener la dependencia. El progreso deja de ser una exigencia; la estabilidad del dominio, el objetivo. El poder económico, pues, ya no se disputa en el terreno de la producción, sino en el del control. Control de canales, de datos, de normas. Y cuando el control se consolida, la libertad económica se convierte en una ilusión funcional.

El Estado dentro del sistema: de contrapeso a gestor

Durante mucho tiempo hemos confiado en que el Estado actuaría como contrapeso natural ante los excesos del poder económico, con las tareas concretas de regular, arbitrar y garantizar derechos y deberes. Pero en el ecosistema digital esta función se ha ido diluyendo. No porque el Estado haya desaparecido, sino porque ha cambiado de rol.

Los gobiernos ya no controlan las infraestructuras clave de la economía digital; más bien las utilizan o las subcontratan, e incluso las imitan. De este modo encontramos administraciones públicas que dependen de nubes privadas o servicios esenciales que funcionan con tecnologías ajenas o datos ciudadanos alojados en sistemas que no responden a soberanía democrática directa.

En lugar de cuestionar el poder de las plataformas, el Estado a menudo se adapta a ellas. Legisla tarde, regula a remolque y, en algunos casos, consolida el modelo. La digitalización institucional —necesaria en muchos aspectos— corre el riesgo de reforzar la misma lógica que dice querer controlar: centralización, trazabilidad total, dependencia tecnológica.

El problema no es que el Estado utilice tecnología. El problema es quién controla la arquitectura. Porque cuando la infraestructura no es pública ni neutral, el poder político deja de ser soberano y se convierte en gestor de un sistema que no ha diseñado.

El dinero como herramienta de control

Ningún sistema de poder está completo sin controlar el dinero. Y en el nuevo orden digital, ese control ya no pasa solo por los bancos tradicionales, sino por los canales tecnológicos que permiten —o impiden— el acceso a la economía.

Pagos digitales, plataformas financieras, identidades electrónicas, dinero programable. Todo esto puede aportar eficiencia, pero también puede introducir una capa de condicionalidad sin precedentes. No solo qué puedes comprar, sino cuándo, cómo y bajo qué normas. En el sistema feudal, el señor tenía poder porque controlaba la tierra; en cambio, en el sistema actual, el poder real es controlar los flujos: de información, de dinero o de acceso. Y cuando esos flujos son digitales, el control puede ser total, instantáneo e invisible.

De este modo, la libertad económica no desaparece de golpe o se va restringiendo, con la excusa de la seguridad, la eficiencia o el progreso común. Hasta que un día descubrimos que salir del sistema ya no es una opción viable.

¿Ciudadanos o usuarios?

Todo ello tiene un impacto directo sobre la ciudadanía. No solo como consumidores, sino como sujetos políticos y económicos. En un entorno dominado por plataformas, la figura del ciudadano libre tiende a diluirse, emergiendo la figura del usuario, sin derechos políticos y con condiciones de uso. Este ya no negocia, solo acepta, porque ya no participa en la definición de las normas: las padece o las asume. Y cuando algo falla, no hay espacio para el conflicto democrático, solo un formulario de atención automática.

Esta transformación es sutil, pero profunda. Porque una sociedad de usuarios es más fácil de gestionar que una sociedad de ciudadanos, menos crítica y más dependiente. El nuevo vasallo digital ya no necesita ser reprimido, solo necesita conexión.

Sin soberanía, no hay libertad

La tecnología no es el enemigo, pero tampoco es neutral, porque todo depende de quién controla las reglas, las infraestructuras y los beneficios. El problema del tecnofeudalismo no es digitalizar la economía, sino hacerlo sin soberanía.

Cuando no controlamos las plataformas donde vivimos digitalmente, no somos libres. Cuando no controlamos los canales por los que circula el dinero, no somos independientes. Cuando el valor que generamos se extrae sin retorno ni decisión, no somos actores económicos, solo somos recursos, y recuperar soberanía no es volver atrás: es entender el sistema, reducir dependencias y tomar conciencia de que la libertad económica no es abstracta, porque esta se construye, se protege, pero también se puede perder. Los nuevos vasallos digitales no llevan cadenas visibles. Llevan contraseñas. Y quizá el primer paso para dejar de serlo es dejar de creer que todo esto es inevitable.

Recuperar el control: una decisión consciente

El tecnofeudalismo no se impone con violencia, sino que se instala con comodidad, con servicios gratuitos, con interfaces amigables, con la promesa de que todo será más fácil si renunciamos a una parte del control. El problema es que esa renuncia no es simbólica, sino más bien estructural, porque cuando delegamos el acceso a la información, al trabajo, al consumo y al dinero en infraestructuras que no controlamos, cedemos poder real. Y sin poder económico no hay libertad efectiva, sino solo dependencia gestionada.

La buena noticia es que este proceso no es inevitable, pero tampoco es automático. Recuperar soberanía —digital, económica y personal— exige conciencia, criterio y decisiones informadas. Entender cómo funciona el sistema es el primer paso para no quedar atrapado en él.

En 11Onze hace tiempo que se advierte de este riesgo. No desde el miedo, sino desde el conocimiento. Porque proteger el ahorro, diversificar con sentido, reducir intermediarios innecesarios y apostar por modelos más transparentes no es una cuestión ideológica: es una cuestión de autonomía.

En un mundo que tiende a convertir ciudadanos en usuarios y ahorradores en vasallos digitales, recuperar el control sobre el valor propio es un acto de responsabilidad, pero también de libertad. El futuro no pertenece a quienes se adaptan mejor al sistema, sino a quienes entienden cómo funciona y deciden no vivir siempre en tierras ajenas.

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Si hoy hablamos de los Tres Reyes como quien habla de parientes lejanos, es porque desde hace casi dos mil años Europa necesita creer en visitantes que vengan de más allá del mapa. A partir de un relato breve y poco detallado —cuatro líneas en el Evangelio de Mateo— la tradición ha edificado una de las ficciones más duraderas de nuestra cultura: tres figuras exóticas, coronadas, que atraviesan desiertos para homenajear a un niño anónimo en un rincón marginal de Judea.

Lo sorprendente no es que este relato haya persistido, sino lo que revela su persistencia. Cada generación ha reescrito a los Reyes de Oriente para responder a sus propios miedos y deseos. En la Antigüedad tardía, eran astrólogos persas; en la Edad Media, reyes feudales; en la Modernidad, bondadosos salvadores que traían regalos. Siempre el mismo esquema: proyectar fuera aquello que no entendemos dentro.

Lo que raramente recordamos es que, en tiempos de Jesús, “Oriente” no era un punto cardinal, sino un imaginario moral. El Imperio romano había heredado de los griegos la convicción de que los secretos más antiguos —la ciencia, la magia, la sabiduría— procedían de aquellos territorios donde nace el sol. Oriente servía, pues, como escenario mental para situar los conocimientos que Europa aún no se atrevía a llamar propios. Era un lugar seguro donde colocar la sabiduría sin tener que confrontar la ignorancia local.

De ahí que el relato de los magos funcionara como una especie de frontera simbólica entre aquello que Europa quería ser y aquello que aún no podía asumir. Vinieron de Persia, de Arabia o de la India, aportaban una autoridad externa que permitía validar un nacimiento que, a ojos romanos, no tenía ninguna relevancia. Es significativo que Mateo apenas describa el paisaje ni la ruta: no le hace falta. Oriente no es un itinerario, es una justificación. Un marco conceptual que permite que un niño desconocido quede inmediatamente inscrito dentro de la geopolítica de la trascendencia.

Umberto Eco —en Baudolino— lo había intuido con ese humor que disecciona mitos sin romperlos: las sociedades no solo inventan relatos, sino que inventan geografías que los hagan verosímiles. Y quizá por eso los Tres Reyes siguen caminando: porque todavía buscamos un Oriente que nos explique qué nos falta en Occidente.

Una historia improbable con función precisa

El relato tradicional nos dice que los Tres Reyes son tres, que son reyes y que vienen de Oriente. La historia, en cambio, camina por un terreno mucho más pedregoso. La fuente original de Mateo es de una austeridad reveladora: no habla de reyes, no fija ningún número y tampoco identifica ningún origen geográfico concreto.

Ha sido la tradición posterior la que ha proyectado una exuberancia iconográfica que dice más de las necesidades políticas y culturales de cada momento que de los hechos. El cristianismo naciente tenía más que ganar con un relato flexible que con una crónica precisa. La imprecisión era una oportunidad: permitía adaptar el mito a los públicos y, sobre todo, a los poderes.

Los primeros testimonios cristianos oscilan entre dos, cuatro o doce magos, según la comunidad y el calendario litúrgico. El “tres” emerge en el siglo III como una solución narrativa elegante: tres regalos, tres figuras, tres continentes. El número no explica el pasado; ordena el imaginario. Incluso la simbología teológica —oro para la realeza, incienso para la divinidad, mirra para la muerte futura— se incorpora más tarde, cuando la liturgia necesita un guion estable. El relato, por tanto, no es memoria: es arquitectura.

Cuando Mateo dice “magoi”, habla de sabios-sacerdotes de tradición iraní, figuras que combinaban astrología, ritual y conocimiento natural. Pero la cultura medieval —sobre todo a partir de la época carolingia— los eleva a la categoría de reyes. Qué casualidad que esto ocurra justo cuando las monarquías necesitan legitimar su poder con precedentes bíblicos. Convertir magos en reyes permitía a los carolingios establecer un paralelismo útil: si incluso los monarcas de tierras lejanas se postran ante Cristo, cualquier rey cristiano podía presentarse como continuador natural de ese gesto fundacional. La fe se convertía en una hoja en blanco para el orden político.

No venían de Oriente: venían de una idea de Oriente. La geografía aquí es secundaria: Persia, Arabia, Etiopía, la India… cada siglo ha escogido su mapa. En la Edad Media, los tres continentes conocidos —Europa, Asia, África— debían reflejarse en tres personajes, convertidos así en símbolos de universalidad. Una invención brillante que transforma la historia en un alegato: “toda la humanidad reconoce la verdad de Cristo”. Pero esta universalidad imaginada revela un mecanismo aún más profundo: Europa siempre ha proyectado aquello que necesita confirmar hacia ese Oriente moral, tan lejano que nadie puede discutir sus detalles.

Lo realmente original —si leemos la tradición como un palimpsesto— es que el relato de los magos no funciona como una escena de devoción, sino como una crítica disimulada a la ceguera del poder. Herodes, a pocos kilómetros del nacimiento, no sabe nada de lo que ocurre; unos extranjeros, en cambio, lo han descubierto leyendo las estrellas. Es un sarcasmo político antiguo: el poder local, obsesionado con conservarse, es incapaz de reconocer lo que nace a su lado. Los magos buscan a un rey y encuentran a un niño; Herodes busca a un niño y solo reconoce una amenaza. Todo ello es más que teología: es diagnóstico.

Este desplazamiento irónico —los poderosos que no saben, los extranjeros que entienden— dota a la historia de una profundidad inesperada. Los magos no llegan para confirmar un milagro, sino para corregir una percepción errónea del mundo. Y es, quizá, esta función crítica —más que su apariencia exótica— lo que ha mantenido vivo el relato: la idea de que la verdad llega a menudo desde fuera porque por dentro somos demasiado dependientes de nuestros propios miedos.

Lo que buscamos y lo que no sabríamos ver

Quizá lo más fascinante de los Tres Reyes no es su llegada, sino la incapacidad contemporánea para entender qué buscaban realmente. El relato insiste en una estrella, como si la verdad necesitara siempre una luz exterior para hacerse visible. Pero la paradoja es que, cuando los magos finalmente llegan a Belén, lo que encuentran no es una epifanía resplandeciente, sino un niño vulnerable y una familia que intenta sobrevivir en medio de un orden político hostil. Los extranjeros ven la promesa; los habitantes del lugar, solo la precariedad. Es un mecanismo universal: la esperanza suele necesitar ojos de fuera, porque los de dentro están demasiado contaminados por la necesidad de seguridad.

Esta historia, leída con perspectiva larga, incómoda porque rompe el mito de la clarividencia del poder. Herodes consulta a sus sabios y solo obtiene miedo; los magos consultan los astros y encuentran sentido. Es un choque de cosmologías: el poder lee el mundo para defenderse, mientras el sabio lo lee para comprenderlo. Y aquí el relato se vuelve actual sin forzarlo: en un tiempo que confunde información con criterio, las sociedades vuelven a sospechar de cualquier verdad que no confirme sus inercias. La estrella, hoy, no es un símbolo religioso, sino un recordatorio incómodo: la luz no dice lo que queremos oír; dice lo que no sabemos interpretar.

El milagro de los magos no es su llegada, sino su capacidad de ignorar el ruido del mundo y seguir una intuición. Mientras Herodes convierte cada rumor en amenaza, ellos transforman una luz fugaz en orientación vital. Quizá por eso la tradición los ha convertido en figuras bondadosas: necesitamos creer que aún existen humanos capaces de leer el cielo sin convertirlo en instrumento de poder. Pero el subtexto es más incisivo: los magos no actúan por fe, sino por conciencia. Y esta distinción moral, tan frágil y tan actual, mantiene el relato en tensión.

Al final, la historia de los Reyes nos enseña que aquello que buscamos a menudo no es aquello que encontraríamos si supiéramos mirar. Que la verdad nunca es espectacular: es discreta e incómoda. Que el poder prefiere interpretar antes que entender. Y que la sabiduría no consiste en seguir una estrella, sino en saber qué hacer cuando la luz ya no está.

Porque, si algo nos recuerdan los magos, es que el camino de la verdad es corto cuando hay luz, pero eterno cuando tenemos miedo.

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Dicen que la Constitución de 1978 es el pilar de la democracia española. Tal vez lo sea, pero también es su cinturón de castidad. Todo lo que intenta respirar fuera del centro es reprimido en nombre de la unidad. Lo que se redactó para garantizar la autonomía ha acabado convirtiéndose en un mecanismo de sumisión: un texto que confunde lealtad con obediencia y convivencia con silencio.

Cuando el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó que “todo el dinero de los catalanes es nuestro”, no hacía una boutade electoral, sino que expresaba sin filtros la verdad más profunda de un sistema diseñado para transformar la solidaridad en apropiación. Desde la centralización borbónica del siglo XVIII hasta el régimen constitucional de 1978, España ha construido un modelo que confunde unidad con sumisión y que encuentra en Madrid su centro gravitatorio. Lo que históricamente fue una necesidad administrativa se ha convertido hoy en una forma de dominación económica y simbólica.

Mientras la capital se proclama motor del progreso, la realidad es más prosaica: Madrid no genera riqueza, la absorbe. Su llamado “milagro madrileño” es el resultado de una arquitectura fiscal y jurídica creada para concentrar poder y renta, asfixiando a los territorios productivos que sostienen al país.

El vínculo directo con la “España vaciada”

Según la Agencia Tributaria, Madrid aportaba el 19,5 % del PIB estatal en 2023, pero declaraba el 24 % de las rentas más altas. La diferencia no es productividad, sino absorción: la riqueza nace en la periferia —Cataluña, País Valenciano y Baleares— y se declara en el centro. El Estado ha construido un modelo radial en el que todo —empresas, instituciones, medios y deporte— orbita en torno a un único núcleo, mientras el territorio se vacía.

Con la bonificación del 100 % en el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones y una fiscalidad a medida para las grandes fortunas, Madrid ha creado un paraíso fiscal interno dentro del propio Estado. Más de 25.000 contribuyentes de alto patrimonio han fijado allí su residencia en la última década. El capital se refugia, la periferia se agota y el Estado observa satisfecho, porque este desequilibrio le resulta funcional.

Esa concentración de riqueza en el centro no solo empobrece a los territorios productivos, sino que acelera el vaciamiento de buena parte del país. Las zonas rurales e industriales, privadas de inversión y de actividad económica, sufren un éxodo constante de población joven y una dependencia creciente de las subvenciones. La llamada “España vaciada” no es un fenómeno natural y demográfico, sino la consecuencia directa de un Estado que chupa recursos, talento y oportunidades hacia Madrid.

Esta competencia desleal no se corrige: se fomenta. La supuesta solidaridad constitucional es, en realidad, un mecanismo de expolio legalizado por todo el territorio. Y cuando algún territorio denuncia el abuso, se le tilda inmediatamente de insolidario. La paradoja es demasiado compleja, porque quien sostiene al Estado es acusado de querer romperlo.

La densidad como estrategia de dominación

La demografía fue su primera consecuencia visible. A partir de 1950, la Meseta comenzó a vaciarse de forma sostenida, empujada por la necesidad de alimentar a Madrid con grandes dosis de capital humano.

Aquel flujo interno de población no fue espontáneo: respondía a una estrategia de Estado destinada a reforzar el centro político y administrativo. Madrid no creció para ser el motor económico del país, sino para convertirse en su sede de poder.

Esa concentración masiva transformó la ciudad en un ecosistema de funcionarios, gestores, servidores públicos y comisionistas, más que en un espacio de productores o innovadores. No fue una casualidad geográfica, sino el resultado de un proyecto político de densidad poblacional, porque allí donde se acumula población, se acumula representación; y donde hay representación, hay legitimidad.

La mayoría parlamentaria que sostiene este statu quo no es fruto del azar. El 45 % de los escaños del Congreso se reparten entre Madrid y las dos Mesetas, una configuración que convierte la concentración demográfica en hegemonía política permanente. La Ley Electoral, diseñada para sobrerrepresentar la provincia como unidad de voto, garantiza que el centro gobierne incluso sin mayoría social.

Así, el bipartidismo —PSOE y PP— actúa como las dos caras de un mismo régimen, alternándose en el poder sin alterar sus cimientos. Madrid no solo se ha blindado con leyes y votos, sino también con la moral del poder, bajo la convicción de que todo lo central es racional y todo lo periférico, sospechoso.

Con el tiempo, esa demografía inducida y esa sobrerrepresentación se convirtieron en la base material y simbólica del poder central. Cuando llegó la democracia, Madrid ya concentraba suficiente peso electoral para condicionar cualquier mayoría. El equilibrio territorial dejó de ser un objetivo para convertirse en una anomalía estadística. Desde entonces, la concentración se interpreta como “eficiencia” y el vaciamiento de la periferia como una consecuencia natural del mercado.

Pero incluso en esto, la lógica es la de siempre, donde la dependencia como método de cohesión. El centro crece a costa de la periferia, y la periferia se mantiene fiel porque depende de las transferencias, los contratos o la presencia institucional. Como en toda estructura histórica de dominación, la corrupción actúa como mecanismo de paz social que compensa agravios, compra lealtades y evita reformas que podrían deshacer el sistema.

Así, la política demográfica, la economía radial y la corrupción estructural forman un único engranaje. El poder no solo se ejerce desde el centro, sino que se fabrica desde el centro, con población, recursos y narrativas puestas al servicio de una misma finalidad: mantener la unidad por medio de la dependencia.

La corrupción como argamasa

Ninguna estructura se sostiene sin cemento, y en España ese cemento es la corrupción. No es un vicio moderno, sino una herencia orgánica. Ya en las Cortes leonesas del siglo XI, el favor era la moneda del poder: la burocracia servía para conceder, no para administrar. Tanto con los Austrias como con los Borbones, aquel sistema cortesano se amplificó y perfeccionó hasta convertirse en un método incrustado en las entrañas del Estado. Cuando España todavía no lo era —cuando solamente era un mosaico de reinos gobernados desde el centro —a través del proyecto fallido de la Monarquía Hispánica— la gracia sustituía al derecho, y la lealtad política pasaba por la obediencia económica.

Este patrón nunca se rompió, solo se modernizó. Donde antes había mercedes reales, hoy hay contratos públicos; donde había virreyes, hoy hay delegaciones del Gobierno; y donde había clientelas, hoy hay partidos. La corrupción actúa como la continuidad histórica del poder personalista, el pegamento invisible que une a las élites del centro con las periferias obedientes.

Y cuando la obediencia falla, el mecanismo es el endeudamiento. Provocar deuda es la forma moderna de someter al territorio. Las autonomías, carentes de soberanía fiscal y obligadas a financiar servicios esenciales con recursos insuficientes, se ven forzadas a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un instrumento creado por el Ministerio de Hacienda para suministrar liquidez… a cambio de dependencia estructural.

A través del FLA, lo que antes se negaba en financiación —imponiendo condiciones y controles— se devuelve como deuda condicionada. Así, la necesidad se transforma en sumisión política y la dependencia, en lealtad forzada. El expolio y el endeudamiento son las dos caras de la misma moneda, donde una que siempre cae de cara para el centro y de cruz para la periferia.

La ley como escudo

El cimiento de esta arquitectura no es económico, sino jurídico. La Constitución de 1978, presentada como pacto de convivencia, consagró la unidad de España como principio dogmático.

El artículo 2 la define como “indisoluble”; el artículo 138 promete equilibrio económico entre territorios, pero sin fijar mecanismos efectivos; y el 156 reconoce la autonomía financiera de las comunidades… siempre que no cuestione la unidad. El resultado es un derecho constitucional al centralismo, donde toda descentralización real se percibe como concesión y no como derecho.

La propia estructura jurídica refuerza esta asimetría. El Estado mantiene competencias “básicas” en casi todos los ámbitos —sanidad, educación, energía, fiscalidad— a través de lo que el Tribunal Constitucional llama “principio de igualdad básica de los españoles”. Este principio, aparentemente neutro, permite recentralizar competencias siempre que el gobierno central considere que es necesario “garantizar la cohesión nacional” o “evitar desigualdades territoriales”. Es el mecanismo jurídico que hace posible que el Estado decida sobre impuestos, infraestructuras o recursos naturales que en otros países federales serían competencia propia de los territorios.

El sistema de financiación autonómica es un ejemplo paradigmático: las comunidades recaudan una parte limitada de los impuestos, pero dependen de transferencias anuales que el Ministerio de Hacienda puede ajustar discrecionalmente. Esto genera una dependencia estructural que transforma el principio de autonomía en una ficción administrativa.

Y en ese engranaje legal y financiero, los bancos juegan un papel esencial. Entidades como La Caixa o el Banco Sabadell —originariamente nacidas para canalizar el ahorro y el crédito productivo del tejido catalán— han acabado actuando como peones estructurales del sistema centralista. No por ideología, sino por necesidad de supervivencia en un marco regulador, fiscal y político que recompensa la sumisión y castiga la disidencia.

El traslado de sedes sociales tras el referéndum de 2017 es la prueba más evidente de ello: una operación jurídica presentada como “decisión empresarial”, pero que respondía a una presión política explícita del Estado y del Banco de España, decidida a utilizar el miedo financiero como herramienta de control territorial.

Así, las propias entidades que nacieron para apoyar la economía productiva catalana se han convertido en garantes del statu quo, asegurando que los flujos de crédito e inversión sigan pasando por el centro y que la estructura de dependencia no se rompa.

De esta forma, Madrid puede actuar como paraíso fiscal, aplicando bonificaciones y rebajas de impuestos que atraen capitales, mientras Cataluña o la Comunidad Valenciana no pueden gestionar íntegramente sus propios recursos sin ser acusados ​​de romper la unidad de España. Entonces, el mensaje está claro: la libertad económica del centro es “eficiencia”; la de los demás, “insolidaridad”.

La ley se erige así en el escudo del privilegio, transformando la desigualdad en norma y la disidencia en delito moral. De esta forma, permite el centralismo no defenderse con el ejército, sino que por medio de códigos legales, bancos dóciles e instituciones económicas disciplinadas que hacen del poder una cuestión de derecho, y del derecho, una herramienta de control.

Cuando el territorio cuestiona el sistema

El movimiento independentista catalán no fue —como quiso presentarse— un delirio identitario, sino una reacción política ante un sistema económico e institucional insostenible.

Durante décadas, Cataluña había confiado en que el autogobierno podía coexistir con la lealtad constitucional, pero la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 contra el Estatuto de Autonomía rompió definitivamente esta ficción.

Cuando el Estado declaró inconstitucionales artículos aprobados en referendo y ratificados por el Congreso, dejó claro que la autonomía tenía límites de cartón: el autogobierno existía solo mientras no pusiera en cuestión el centro. La demanda de una financiación justa no era únicamente una cuestión contable; era, en realidad, una denuncia del modelo extractivo que alimenta el corazón del Estado con los recursos de todo el levante peninsular.

Porque en el centro del debate económico aparecieron las balanzas fiscales, el déficit de inversiones, las infraestructuras radiales, lo que desembocó en un cuestionamiento de soberanía política, puesto que evidenciaba que la dependencia financiera es el verdadero mecanismo de sumisión.

El Proceso de 2017 puso en evidencia que el centralismo no es una disfunción del sistema, sino su esencia fundacional. Cuando una parte del territorio se atrevió a ponerlo en cuestión, el Estado respondió no con diálogo, sino con represalia institucional y movilización judicial. En esa respuesta, la monarquía borbónica jugó un papel especialmente activo, convirtiéndose en garante simbólico del viejo orden.

Con la aplicación del artículo 155, la intervención de la Generalitat y la persecución penal de líderes políticos y civiles mostraron la cruda realidad: la Constitución no es un marco de convivencia, sino un contrato de sumisión que se activa cuando alguien prueba los límites.

Por este motivo, la supuesta “Nueva Financiación Singular” que hoy el PSOE y su filial pregonan a los cuatro vientos, ofreciéndole a Cataluña, es una absoluta contradicción en todos sus términos. Porque si fuera realmente singular, rompería la uniformidad fiscal que garantiza el poder del centro e implosionaría el edificio constitucional sobre el que se construye el régimen del 78.

El sistema no puede reformarse sin destruirse, porque su fortaleza es su rigidez. Este sistema fue creado para vivir de la centralización y la centralización es incompatible con la libertad económica de los territorios.

Detrás del espejismo del 78

Como ya advertía Montesquieu, “cuando el poder se concentra, la libertad se desvanece”. España ha convertido a esta máxima en programa de Estado. Madrid actúa como una metrópoli interior que gobierna por atracción y dependencia: fiscal, mediática, política y deportiva. La corrupción engorda los engranajes, la ley consagra su legitimidad y la demografía garantiza su continuidad.

Por eso, hablar de financiación singular es hoy un oxímoron: ninguna singularidad es posible dentro de un sistema diseñado para anularla. El centralismo madrileño no es una patología, sino que es el corazón mismo del régimen.

Y mientras la riqueza siga viajando del levante peninsular hacia el centro, España seguirá siendo un Estado de dependencias con apariencia de democracia. El verdadero milagro no es Madrid: es que el país aún aguante. Porque —como siempre— el poder no reside dónde se trabaja, sino dónde se arbitra la distribución del mérito. Quizás la pregunta no es si España puede cambiar, sino si realmente quiere hacerlo.

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Des de fa temps, la història ens retorna a un vell debat encara no resolt: què és ben bé Espanya? Una pregunta difícil que han hagut d’afrontar un grapat de generacions. Pel camí hi ha hagut tota meva de debats, promeses, triomfs i derrotes. I, malgrat tot, encara estem lluny de trobar una resposta. 

Després de la llarga nit franquista, a Espanya se li van plantejar nous reptes a partir de 1975. L’Estat havia de trobar l’equilibri entre la reforma que proposava el govern franquista i la ruptura que demanava part de l’oposició. La solució pactada va ser la de transitar plegats cap a un nou règim fonamentat en una nova Carta Magna. La Constitució espanyola de 1978 es va dividir en deu títols i 169 articles. Al text, el terme “nació” apareix tan sols en dues ocasions, mentre que el terme “Estat” conté 90 entrades.

La primera i més important menció a la “nació” és la que obre el Preàmbul. “La nació espanyola, desitjant establir la justícia, la llibertat i la seguretat i promoure el bé de tots els que la integren, fent ús de la seva sobirania…”, comença el text fundacional, tal com si la mateixa nació redactés el que s’hi llegirà. Més endavant, aquesta “nació” autoproclamada expressa la voluntat de “constituir-se en un Estat social i democràtic de dret”, el qual desplegarà tots els seus òrgans i funcions. 

La “nació”, objecte de litigi

Segons sembla, l’al·lusió a “els que la integren” es refereix als individus. En efecte, l’article 2 fonamenta la Constitució en “la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols”, la qual “reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles”. Justament aquest article és objecte de continu litigi. 

Aquest famós article 2, en realitat, sembla que ens està dient que no són els individus els qui decideixen o desitgen una cosa, sinó que és la nació. Perquè la nació és qui ostenta la sobirania, no el poble. I qui anuncia aquesta proclamació de la sobirania tampoc és el poble, sinó que està personificada en la figura del Rei d’Espanya. Per tant, tot allò que integra la nació resulta confús.

El regne de les “nacionalitats”

Certament, l’al·lusió a les nacionalitats i a les regions apunta a la vella idea de la divisió territorial del regne. Aquesta paraula —“regne”— no s’esmenta enlloc a la Constitució. Cosa estranya, atès que Espanya es configura, en la seva forma, com a regne. Regne d’Espanya, en singular. Però aleshores, què són les nacionalitats? Què amaga el terme per referir-se a aquestes entitats orgàniques etnoculturals?

Sembla evident que es tracta d’un expedient púdic per al·ludir, sense anomenar-los, als antics regnes d’Hispània, a part de Castella, formats per: Catalunya, València, Mallorca, Aragó, Navarra, Galícia, el País Basc, Andalusia (i Portugal). Per tant, quin és el sentit i quina és la funció de les nacionalitats i de les regions? Impossible saber-ho, ja que aquests conceptes no tornen a aparèixer en tot el redactat de la Constitució.

Tot gira entorn de la “reconquesta”

Contra el discurs repetit com un mantra dins del sistema escolar franquista, l’aprenentatge d’Espanya es va articular en funció del concepte de “reconquesta”. Es tracta d’un terme historiogràfic —emprat encara en els currículums de secundària de Castella— que descriu el procés de recuperació del món feudal per sobre del món musulmà i jueu, perquè s’entén que els musulmans no eren els legítims propietaris de la geografia hispànica…

Aquest procés va arrencar poc després de l’arribada dels àrabs a la península Ibèrica al segle VIII i va finalitzar amb els Reis Catòlics al segle XV, els quals acabarien unificant “Espanya” com un Estat integral. Aquesta Reconquesta acabaria forjant “l’esperit espanyol”. O sigui, arguments històrics per justificar el nacionalcatolicisme imposat després de la Guerra Civil.

Tanmateix, no sembla que hagi existit mai ‘de facto’ una “nació espanyola”, és a dir, integradora de nacionalitats i regions, com ens vol fer creure la Constitució actual. Ni tan sols és segur que s’hagi consolidat mai com a Estat-nació, en el sentit modern. Ho veiem a continuació!

De la confederació a l’absolutisme

L’Estat dinàstic, iniciat pels Reis Catòlics, com hem dit, va acabar esdevenint un Estat absolutista. Abans de ser-ho, havia hagut de restringir el poder de la noblesa, forçar l’adscripció a la religió catòlica i cohesionar tot el poder en una devoció lleial al Rei. En contra del que pensen alguns, la llengua va restar al marge d’aquest esquema de poder. Per tant, no va ser mai un element unificador fins a principis del XVIII, encara que el franquisme intentés falsejar la història una vegada més.

El poder es va anar organitzant al voltant de cinc Consells d’Estat: Castella, Aragó, Itàlia, els Països Baixos, Portugal (1580-1640) i les Índies Occidentals. Per tant, els diferents territoris que configuraven la geografia de la Corona d’Hispaniae —plural d’Hispània— mantenien l’administració, la moneda i les lleis pròpies. En aquest sentit, es tractaria d’una mena confederació de nacionalitats, les quals conservaven les seves peculiaritats, furs i tradicions.

El predomini de Castella (que aglutinava Galícia, Astúries i Lleó) sobre els altres regnes existents de la península Ibèrica cada vegada va ser més evident, per extensió i població i, sobretot, després d’incorporar les Índies Occidentals al regne castellà, que ho va fer a títol de “descobriment”, amb tot el que va significar. D’aquesta manera, la progressiva translació de l’economia del mediterrani cap a l’atlàntic va comportar un canvi de paradigma en les relacions entre els diferents territoris que configuraven la Corona Hispànica.

Aquesta pluralitat, no sense sobresalts, va anar derivant cap a una major centralització del poder. Però el salt definitiu va ser després de la guerra de Successió i la subsegüent entronització de la dinastia borbònica al tron castellà. Entre 1707 i 1716, el nou rei Felip V va anar promulgant els coneguts Decrets de Nova Planta pels diferents territoris de la corona d’Aragó com a càstig per la seva rebel·lió i com a dret de conquesta. En canvi, aquesta pèrdua d’autonomia no va afectar mai ni Navarra ni les Províncies Basques, atès que aquests territoris havien estat fidels a la causa borbònica.

Va ser llavors quan Castella es va transformar en l’Espanya borbònica: una monarquia absoluta i fortament centralitzada. Prova d’aquest procés, Felip V escrivia el 1717: “He jutjat per convenient […] reduir tots els meus Regnes d’Espanya a la uniformitat d’unes mateixes lleis, usos, costums i tribunals, governant-se tots igualment per les lleis de Castella”. Així, com a resultat d’una repressió i per dret de conquesta, una Espanya castellanitzada per força es comença a configurar com un modern Estat (d’importació francesa) nacional (d’exportació castellana). Naturalment, la il·lusió va durar ben poc.

La il·lusió fallida de la “república federativa”

L’il·lustrat i escriptor José Marchena (1769-1821), exiliat a Baiona per escapar de la Inquisició, va escriure el 1792 un revelador informe per Jacques Pierre Brissot, un girondí i ministre d’assumptes exteriors de la República Francesa, sobre les dificultats d’implantar a Espanya una constitució semblant a la francesa del 1791. Les seves paraules són força reveladores: “França ha adoptat ara una constitució que fa d’aquesta vasta nació una república unida i indivisible. Però a Espanya, les diverses províncies de les quals tenen costums i usos molt diferents i a la qual s’hi ha d’unir Portugal, només hauria de poder-se formar una república federativa”.

En un sentit similar, el 1808, a Cadis, el cèlebre polític gironí, Antoni de Campmany va escriure, tot just començada la Guerra del Francès, en la famosa publicació ‘El Sentinella’: “… A França, doncs, no hi ha províncies ni nacions; no hi ha Provença ni provençals; ni Normandia ni normands. Tots s’esborraren del mapa dels seus territoris i fins i tot els seus noms […]. Tots es diuen francesos”. I més endavant detalla: “Llavors, què seria ja dels espanyols si no hi hagués hagut Aragonesos, Valencians, Murcians, Andalusos, Asturians, Gallecs, Extremenys, Catalans, Castellans? Cadascun d’aquests noms inflama l’orgull d’aquestes petites nacions, les quals configuren la gran nació”.

Dècada rere dècada, de les nou constitucions espanyoles redactades durant l’edat contemporània (1812-1978), totes tenen en comú —amb petits matisos—, una mateixa afirmació: són una constitució de la monarquia i de confessió catòlica, la religió del Rei i de la nació. Per tant, la unitat de la nació és la unitat de la monarquia.

Existeix, doncs, una nació de nacions?

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Cuando Europa emergió del caos de la Guerra de los Treinta Años, a mediados del siglo XVII, decidió reorganizarse. Con la Paz de Westfalia (1648) y, poco después, el Tratado de los Pirineos (1659), el continente consagró una nueva arquitectura política: cada rey reinaría dentro de su territorio, y este quedaría delimitado por una frontera jurídica. De aquella operación de rediseño territorial nació un mundo nuevo —el de los Estados nación—, un invento jurídico que convertiría la geografía en propiedad y la diversidad en sospecha.

Durante siglos, este sistema ha funcionado con una eficiencia tan brutal como sólida, dando lugar a ejércitos regulares, monedas estables y burocracias capaces de controlar el territorio con la misma frialdad con la que trazaban los mapas. La frontera dejó de ser una zona de intercambio para convertirse en una línea de separación. Y con ella, Europa se creyó inmortal.

Pero el tiempo desgasta todas las geometrías. En pleno siglo XXI, las líneas trazadas en Westfalia han empezado a derretirse, como si las fronteras del mapa político europeo fueran de cera. Esto ha permitido que el capital circule sin dirección, que las empresas operen sin patria y que las personas se muevan más por necesidad que por vocación. En este nuevo escenario, el viejo Estado nación se parece cada vez más a una fortaleza vacía: perfecta en la forma, pero vacía en contenido. De hecho, parece que volvemos a encontrarnos ante “La montaña mágica” de Thomas Mann (1924), donde el autor retrató brillantemente los años veinte como una Europa recluida, enferma y fascinada por su propia fiebre.

La fractura interior

La Europa de hoy sufre una crisis que no es moral, sino demográfica y territorial. Sus sociedades envejecen a un ritmo vertiginoso, lo que provoca que sus espacios interiores se diluyan progresivamente y que el sistema de bienestar —construido sobre la premisa de una población activa abundante— solo pueda mantenerse gracias a la entrada masiva de capital humano.

El hecho de que cada año lleguen cientos de miles de trabajadores de orígenes diversos —que, como los bárbaros del siglo IV, no vienen a destruir, sino a sostener el sistema evita el colapso. Este nuevo capital humano aporta la fuerza laboral necesaria, contribuye netamente a la fiscalidad y permite que las cotizaciones sociales continúen alimentando nuestros servicios públicos. Sin ellos, la rueda del bienestar se detendría en seco, acelerando la decadencia de Europa.

Pero Europa aún no ha entendido que, como la Roma del siglo V, solo podrá sobrevivir si es capaz de transformar su estructura política para integrar de forma orgánica todo ese capital humano.

Esta crisis de población se superpone además a otra de carácter geográfico. El mapa nocturno del continente muestra una Europa litoral iluminada y un inmenso interior oscuro. Las grandes metrópolis —Londres, París, Barcelona, Milán, Madrid, Berlín— concentran la riqueza y el poder, mientras vastas áreas rurales se despueblan hasta convertirse en desiertos humanos. Es la nueva frontera invisible que se está configurando, donde las divisiones ya no son entre estados, sino entre territorios útiles y territorios abandonados.

Los Estados nación, nacidos para defender su unidad, se encuentran ahora divididos por dentro. El equilibrio fiscal, la redistribución y la cohesión territorial que sostenían el pacto social se han resquebrajado. El sur paga la demografía del norte; el oeste vive del trabajo del este; el centro concentra lo que las periferias producen. El resultado es un sistema desequilibrado que recuerda al Bajo Imperio romano: burocrático, endeudado y dependiente de flujos humanos que ya no puede controlar ni comprender.

De hecho, este es el modelo de Estado que el colonialismo del siglo XVIII —francés, inglés u holandés— exportó por todo el mundo. El mismo que, con una arrogancia supremacista, dibujó líneas sobre mapas vacíos e impuso por la fuerza de las armas el principio de soberanía territorial como fórmula universal, despojada de cualquier arraigo local. Así, las potencias europeas proyectaron sobre África, Asia y América su sueño de orden racional mediante la creación de fronteras rectas, trazadas con escuadra sobre desiertos, selvas o montañas desconocidas, aunque ello implicara separar pueblos que compartían lengua, cultura y economía, o juntarlos con enemigos históricos bajo una misma bandera.

El resultado fue una geografía artificial, construida sobre una arquitectura de Estado sin fundamento social. Y cuando aquellas colonias alcanzaron su independencia, lo hicieron bajo una herencia envenenada: el Estado nación había sido un modelo impuesto, pero sin una sociedad que lo sostuviera. Las guerras civiles, los genocidios y las fronteras absurdas del siglo XX son la factura.

Porque Europa, al querer civilizar el mundo, acabó universalizando sus propios errores. Y quizá ahora, ante su propia crisis interna, el Viejo Continente empieza a comprender que aquel patrón de frontera rígida e identidad única no era una verdad histórica, sino una anomalía de su pasado.

El futuro pasa por el limes

Durante el Bajo Imperio, cuando Roma comenzó a desmoronarse bajo su propio peso, los pueblos germánicos cruzaron el limes no para destruir el Imperio, sino para formar parte de él. Querían ser romanos y, contrariamente a lo que a menudo se cree, su aportación —mano de obra, soldados, agricultores y tributos— fue clave para mantener vivo el sistema. A partir de ese momento, este nuevo capital humano permitió seguir roturando tierras y mantener en funcionamiento el Estado.

Hoy, la historia parece volver sobre sus propios pasos. La Europa que inventó el concepto de Estado nación ve cómo su modelo se agota y, al mismo tiempo, como nuevas poblaciones alimentan su continuidad. En el fondo, es el mismo proceso que ya experimentó el Viejo Continente en el pasado, cuando necesitó a aquellos “bárbaros” para seguir siendo.

Quizá este hecho provocará que entremos en una nueva Antigüedad tardía, una especie de momento de transición en el que la soberanía ya no se medirá por el control de un territorio, sino por la capacidad de ordenar los flujos que lo atraviesan —capitales, personas, datos o ideas. Y el Estado que no lo entienda y se enroque estará seguramente condenado a diluirse.

El Mediterráneo, una vez más —que un día fue el corazón económico del mundo— vuelve a tener la llave del futuro. Es el lugar donde se encuentran las dos mitades del viejo sistema: el norte que envejece y el sur que crece. Si Europa quiere renacer, tendrá que volver a mirar hacia su Mare Nostrum y entender que su supervivencia depende de la permeabilidad de aquello que la modernidad quiso transformar en impermeable.

Cuando una civilización entra en decadencia, la historia le ofrece dos opciones: optar por levantar muros o abrir puentes. Roma sobrevivió mientras supo integrar, y desapareció justo cuando empezó a excluir. Aun así, Europa todavía está a tiempo de enderezar la situación. Quizá el final del Estado nación no sea un colapso, sino un retorno: aquel en el que la geografía actúa como verdad y la historia, como advertencia

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A lo largo de la historia, el concepto de frontera ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Para los romanos, la frontera o limas era concebida como una zona de influencia y control, más que como una línea fija. En cambio, en el mundo medieval, la frontera —como marca o extremadura— era un espacio dinámico, flexible, y a menudo cargado de oportunidades comerciales y políticas. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XVII, la frontera se transformó en una línea jurídica de separación entre territorios, adquiriendo un carácter marcadamente administrativo.

Esta nueva concepción fronteriza tuvo consecuencias profundas en la configuración política de Europa. La reorganización del mapa político favoreció la consolidación de nuevas soberanías estatales, pero también significó la ruptura de realidades culturales, sociales, políticas y económicas que habían sido cohesionadas durante siglos. Así, cualquier persona, comunidad o territorio que cuestionara este nuevo principio de soberanía —en la unidad absoluta e indivisible del Estado— se enfrentaba a duras represalias militares y políticas.

Siguiendo esta evolución, el concepto de frontera ha sido ampliamente analizado por diversas disciplinas de las ciencias sociales. Hasta hace poco, estos estudios han estado condicionados por perspectivas político-históricas que han interpretado la frontera como elemento fundamental para la definición de los Estados. Ejemplo de ello son las teorías políticas de los siglos XIX y XX, que justificaron la delimitación precisa del territorio y el uso estratégico de la frontera como instrumento de defensa y afirmación de la soberanía estatal. Con el tiempo, la política permitió que el Estado asociara su identidad con el concepto de Nación, forzando así la unificación de diversas realidades históricas bajo el modelo de Estado Nación, aunque este proceso acabaría generando tensiones internas.

Sin embargo, los estudios más recientes de geografía histórica han permitido reformular la noción de frontera. Se ha demostrado que las fronteras no son simples líneas físicas inamovibles, sino que constituyen espacios de contacto dinámicos en los que se producen interacciones sociales, económicas y culturales constantes. Esta perspectiva desmonta la idea tradicional de frontera como un muro infranqueable y la redefine como una zona de transición y relación. Un ejemplo paradigmático de esta nueva mirada es la tesis doctoral de Oscar Jané Checa, que aporta un análisis riguroso y bien documentado sobre la construcción de la frontera pirenaica en el siglo XVII y su impacto en la realidad catalana. Estudios como este ayudan a comprender que la frontera no es solo una división impuesta, sino también un espacio vivo que modela y transforma a las sociedades que lo habitan.

Elementos geográficos que configuran una identidad

El origen de los Països Catalans se remonta a la época carolingia, cuando, con la política de la Renovatio Imperii, se organizaron los territorios del sur de los Pirineos — desde Pamplona hasta Barcelona— en marcas defensivas frente al mundo andalusí. Hasta el siglo XIII, los condes de Barcelona mantuvieron intereses en el norte de los Pirineos, pero después de la batalla de Muret, la expansión se reorientó hacia el sur peninsular y el este insular. Este proceso fue posible gracias a tres elementos geopolíticos fundamentales.

El primer factor clave fue el mar, entendido como principal eje de comunicación y vertebración territorial. Esto permitió establecer un triángulo de riqueza entre Valencia, Mallorca y Barcelona, ​​un modelo que —pese a los embates centralistas—, todavía persiste hoy como referente económico y cultural.

El segundo factor determinante fue la diferencia de altitud entre la Meseta castellana y el litoral mediterráneo. La estructura física de los Països Catalans ha favorecido, desde la antigüedad, una elevada densidad poblacional en las zonas litorales y en los valles bajos, en contraste con las regiones interiores más elevadas y aisladas. Esta realidad geográfica ha dado lugar a modelos de población diferenciados: una costa abierta a las comunicaciones y al intercambio, mientras que el interior ha mantenido una población más dispersa y autosuficiente.

Esta distribución puede observarse claramente en un mapa nocturno de la península Ibérica, donde las zonas más iluminadas corresponden al Valle del Ebro —Zaragoza—, el litoral mediterráneo —desde la llanura del Rosselló hasta Murcia—, el Valle del Guadalquivir, la desembocadura del Tajo, los pequeños valles del litoral cantábrico y el centro peninsular, por ser la capital. El resto del territorio permanece en la oscuridad, indicando una baja densidad demográfica que refleja la realidad de la España vacía.

El tercer factor clave es la presencia de un gran desierto demográfico. Esta área, conocida como la Serranía celtibérica, presenta una densidad de población extremadamente baja y ha sido históricamente desconectada de otras regiones peninsulares. Se trata de la segunda zona menos poblada de Europa, solamente por detrás de la Laponia finlandesa. Este desierto se extiende desde Tortosa, al norte con Zaragoza, al oeste con Madrid y al sur con Ciudad Real. Este vacío poblacional ha actuado a lo largo de los siglos como una barrera natural que ha preservado a los Països Catalans del contacto directo con el interior peninsular, reforzando su singularidad geopolítica.

Y esa separación física también se ha reproducido en el norte, donde el mediodía francés presenta características similares, aunque en menor medida. Esto explicaría por qué los territorios catalanes del Estado francés (Rosselló) y del Estado español han vivido históricamente aislados unos de otros. Solamente algunos accesos, como el Valle del Ebro —siguiendo la vía fluvial— a través del eje Tortosa-Lleida-Zaragoza y la huerta de Alicante, han permitido una cierta conexión con el interior.

Este marco geopolítico, junto a la lengua como elemento distintivo, ha consolidado la idea de un país con una estructura homogénea y con sentido propio. Más allá de la unidad lingüística de Salses a Guardamar, la configuración geográfica explica la continuidad territorial de la lengua catalana, que se expandió siguiendo un recorrido lógico sin obstáculos naturales significativos.

Rivalidades dinásticas y enfrentamientos familiares

Después de la Guerra Civil castellana (1475-1479), los dos territorios más extensos de la península Ibérica —el reino de Castilla y la Confederación Catalano-aragonesa— crearon juntos una nueva entidad política conocida como la Monarquía Hispánica, a la que pronto se añadirían Granada (1492), Portugal (1497) y Navarra (1512). Este nuevo estado dinástico se configuró a partir de dos elementos clave: el ejército y la política exterior. Por contra, otros aspectos fundamentales del Estado moderno, como las fronteras, la moneda, las leyes y las instituciones, permanecieron totalmente separados. La Confederación Catalano-aragonesa, a pesar de formar parte de esta estructura dinástica, mantuvo inicialmente sus propias instituciones y sistemas jurídicos, generando tensiones recurrentes con la monarquía hispánica durante los siglos posteriores.

El descubrimiento de importantes yacimientos de metales preciosos —entre México y Perú— propició la fundación o refundación de ciudades americanas, que adquirieron un papel territorial estratégico para garantizar un flujo constante de riqueza hacia Castilla. Esto convirtió a Castilla en un actor económico con grandes recursos, pero también en un estado que gastaba sumas desorbitadas para construir su propia idea de civilización, basada en el catolicismo. Esta obsesión, a menudo descontrolada, le llevó a embarcarse en numerosos conflictos de diversa índole, como disputas teológicas, enfrentamientos dinásticos, asuntos comerciales y proyectos arquitectónicos monumentales. Además, a principios del siglo XVI, las principales Comunidades de Castilla se vieron obligadas a asumir un impuesto considerable para financiar la compra del título imperial por parte de la familia de los Habsburgo, lo que desató la famosa Revuelta de los Comuneros.

Con la adquisición del título imperial, Francia —gobernada en ese momento por la dinastía Valois— percibió a los Habsburgo como su principal enemigo, ya que con aquella compra, la familia de los Austrias pasaba a controlar la mayor parte de los territorios que rodeaban el reino francés. Esta situación agravaba aún más los retos económicos de Francia a mediados del siglo XVI, pues los Habsburgo, de forma indirecta, condicionaban la movilidad comercial y restringían las oportunidades de crecimiento.

En consecuencia, sectores fundamentales como la agricultura —especialmente la vid, el trigo y otros cereales— y la manufactura textil, que constituían el motor económico del reino francés, se vieron limitados por las dificultades de acceso a los mercados de Italia y de las Provincias Unidas. Ciudades clave como Lyon, París y Marsella experimentaron los efectos de este bloqueo, viendo coartada su libertad comercial y su capacidad de expansión económica.

Por este motivo —a pesar de ser una sociedad eminentemente católica— Francia apoyó a las facciones protestantes holandesas y alemanas, a fin de contrarrestar el expansionismo hispánico. Esta estrategia se inscribía en el principio geopolítico del “Grand Dessein”, que buscaba rodear los dominios hispánicos con aliados hostiles para desgastar la influencia de los Habsburgo en Europa. Como consecuencia, durante los siguientes siglos, la Monarquía Hispánica y Francia se enfrentarán enconadamente por el control de Europa.

Cambio en la dinámica económica europea

A principios del siglo XVII, las minas americanas empezaron a mostrar signos de agotamiento, una tendencia que se acentuaría a medida que avanzaba el siglo. Esta desaceleración en la entrada de metales preciosos puso en peligro la economía de la Monarquía Hispánica, que —para mantener su elevado ritmo de gasto— se vio obligada a acudir al préstamo de bancos alemanes y la banca genovesa. Esta dependencia financiera derivó en una subida generalizada de los impuestos y una fuerte presión fiscal sobre toda la sociedad hispánica. Así, la monarquía se vio forzada a buscar nuevos mecanismos de financiación, lo que le llevaría a exigir mayores contribuciones a los distintos reinos de la Monarquía Hispánica.

En este contexto, en marzo de 1626, Barcelona recibió al rey Felipe IV, quien había llegado a la ciudad para jurar las constituciones catalanas. Sin embargo, el verdadero objetivo de la visita era desatascar el ambicioso plan del ministro del rey, el conde-duque de Olivares. El proyecto, conocido como la “Unión de Armas”, pretendía que cada reino de la Monarquía Hispánica, incluida la Confederación Catalano-aragonesa, contribuyera con un número determinado de dinero y soldados, una carga que hasta entonces había recaído principalmente sobre Castilla, dado que tenía el monopolio exclusivo de los metales preciosos americano.

Sin embargo, las oligarquías castellanas no calibraron bien las implicaciones del juramento de las constituciones catalanas. Mientras este otorgaba a Felipe IV el título de conde de Barcelona, ​​también restringía su capacidad de disponer libremente de los recursos económicos de Catalunya. Esto significaba que el monarca necesitaba el consentimiento de la Diputación del General y de Les Corts para obtener nuevos impuestos o solicitar recursos extraordinarios, lo que limitaba considerablemente la capacidad de la monarquía para ejecutar el proyecto de Olivares.

Durante aquella visita, las instituciones catalanas le mostraron al rey más interés en la resolución de agravios que ellas consideraban esenciales que el hecho de contribuir a los conflictos militares de interés exclusivamente monárquico. Entre estas reivindicaciones destacaban la demanda de bloquear las injerencias del Consejo de Castilla en los asuntos del Principado —iniciadas en tiempos de Felipe II— la protección del comercio catalán, la limitación de los privilegios de la Mesta castellana y otros monopolios que beneficiaban a Castilla en detrimento de Catalunya, así como medidas para proteger el comercio mediterráneo ante la piratería y la competencia francesa y genovesa. De hecho, Catalunya nunca se negó a defenderse de posibles amenazas, pero rechazaba una imposición fiscal y militar que vulnerara su ordenamiento jurídico.

Sin opciones claras en el horizonte y excesivamente condicionada por su política internacional, la Monarquía Hispánica acabó por imponer una militarización forzada y un aumento de la presión fiscal —sin negociación previa— con las instituciones catalanas, lo que alimentó aún más la tensión entre el gobierno central y Catalunya Esta coyuntura de malestar fue percibida por la monarquía francesa como una oportunidad para debilitar el poder hispánico en la Península Ibérica. Desde hacía décadas, Francia buscaba fisuras en la Monarquía Hispánica y la situación en Catalunya le proporcionó el pretexto ideal para intervenir.

La oportunidad se presentó en 1639, cuando la crisis social e institucional catalana se convirtió en el terreno fértil para la insurrección. Francia actuó con una estrategia calculada de desestabilización, basada en tres grandes ejes. Primero, ofreció apoyo diplomático y político a Catalunya reconociendo su soberanía bajo protección francesa. En segundo lugar, intervino militarmente en el Rosselló y otras zonas catalanas, lo que reforzaba la percepción de que Francia podía ser un aliado contra Castilla. Por último, fomentó la división interna en Catalunya, jugando con la rivalidad entre los partidarios de la resistencia y aquellos que veían en una alianza con París una opción política viable. Con estos movimientos, Francia logró debilitar la presencia hispánica y situarse como actor clave en el conflicto catalán. 

Identidades en conflicto

Ante la represión de Felipe IV y la política centralizadora de los Austrias —encabezada por el conde Duque de Olivares—, Catalunya proclamó a Luis XIII como conde de Barcelona en 1641. Esta decisión implicó una reformulación del discurso identitario catalán, situado entre la defensa de sus instituciones propias y la necesidad de una alianza estratégica con Francia.

Sin embargo, esta vinculación con Francia no fue homogénea ni exenta de tensiones. La presencia francesa en Catalunya no supuso una integración plena dentro de la monarquía francesa, sino que generó descontento entre varios sectores de la sociedad, porque a medida que el apoyo militar francés se fue transformando en una ocupación efectiva, la desafección hacia Francia fue creciendo, favoreciendo finalmente el retorno de Catalunya bajo soberanía castellana en 1652.

La tesis de Oscar Jané Checa pone de manifiesto que la redefinición de las identidades no se produjo solo en Catalunya, sino también en Francia y Castilla. Para Castilla, Catalunya se convertía —y todavía hoy— en una región rebelde que cuestionaba el proyecto imperial de los Austrias. Mientras que para Francia, la Catalunya nororiental era un territorio que podría convertirse en un territorio fronterizo que había que administrar y asimilar. Y Catalunya —como siempre— fue oscilando entre la defensa de sus instituciones y la necesidad de encajar de alguna forma entre una de las dos monarquías vecinas.

Paralelamente, la situación financiera de la Monarquía Hispánica fue deteriorándose. Ante la incapacidad de hacer frente a las deudas contraídas, el Estado entró en un ciclo de bancarrotas sucesivas (1627, 1647, 1652 y 1662), lo que mermó su credibilidad ante las cancillerías europeas y debilitó su posición internacional. En cambio, Francia empezó a aplicar el colbertismo, una forma de mercantilismo que fomentaba la industria, las manufacturas de lujo y la navegación, convirtiéndola en poco tiempo en la gran potencia económica europea de la época de Luis XIV.

Una mañana en la isla de los Faisanes

El 7 de noviembre de 1659, la isla de los Faisanes, un islote fluvial situado en la desembocadura del río Bidasoa, entre Hendaya e Irún, se convirtió en el escenario de un momento crucial para la historia de Europa: la firma del Tratado de los Pirineos. Este acuerdo ponía fin a la larga guerra entre las monarquías hispánica y francesa, un conflicto iniciado en 1635 en el contexto de la Guerra de los Treinta Años.

La isla de los Faisanes, de dimensiones modestas, había sido elegida por su ubicación estratégica como territorio neutral entre ambas potencias. Por un lado, Luis de Haro, marqués del Carpio y hombre de confianza de Felipe IV, representaba una monarquía hispánica agotada por décadas de guerras e inmersa en un declive inexorable. Por otro, Jules Mazarin, el poderoso primer ministro de Luis XIV, defendía los intereses de una Francia en ascenso, consolidada como potencia emergente en Europa.

Francia, además, llegaba con los deberes hechos. Desde hacía meses, el jurista, historiador y eclesiástico Pierre de Marca, comisario real, trabajaba en la delimitación de la nueva frontera entre el Reino de Francia y la Monarquía Hispánica, especialmente en lo que se refiere a la incorporación del Rosselló y la Cerdanya. Su obra póstuma, “Marca Hispánica” (1688), se convirtió en una referencia fundamental en el estudio de la frontera pirenaica y en la construcción de la identidad territorial francesa. Pese a no ser geógrafo ni cartógrafo, su influencia en la configuración política del territorio le convirtió en una figura clave de la geopolítica del siglo XVII.

Cuando las plumas se unieron al papel, se confirmaba la cesión de varias plazas fuertes y territorios que reconfiguraban la realidad política de la Península Ibérica. Castilla cedía a Francia el condado del Rosselló, el Conflent, el Vallespir y parte de la Cerdanya, consolidando así la división de Catalunya. Paralelamente, el tratado estipulaba el matrimonio de María Teresa de Austria, infanta de Castilla, con Luis XIV de Francia, un enlace dinástico que pretendía sellar la paz mediante la unión familiar.

Mientras notarios y testigos certificaban el acuerdo, en Madrid y París se preparaban las celebraciones. Sin embargo, para los habitantes de las regiones afectadas, especialmente en Catalunya, la firma de ese tratado representaba una herida profunda. Y tendrán que pasar más de cuarenta años para que la Monarquía Hispánica notifique oficialmente a la Generalitat la cesión de aquellos territorios. La nueva frontera pirenaica suponía un corte definitivo en el territorio histórico, al tiempo que una brecha por donde se encendería, décadas más tarde, la guerra de Sucesión Hispánica (1701-1715). Este conflicto, con trágicas consecuencias para la Confederación Catalano-aragonesa, acabaría por instaurar el modelo borbónico en la Península Ibérica, alterando de manera irreversible el equilibrio político y nacional de la región.

La fractura económica e institucional de la frontera

Uno de los elementos clave en la integración de la Catalunya Norte en la órbita francesa —aparte de la construcción de infinidad de fuertes y fortalezas como Montlluís, Bellegarde, Prats de Molló, Vilafranca del Conflent, Perpinyà, Salsas o Colliure— fue la fiscalidad, especialmente a través del impuesto de la sal, un producto esencial para conservar los alimentos. Mientras en el resto de Catalunya, la sal —proveniente de las minas de Súria y Cardona— seguía sometida al sistema fiscal hispánico, los nuevos territorios franceses se incorporaron al régimen de la gabelle, una alta tasa sobre la sal impuesta por el Estado francés, que a partir de entonces la consumirán de las salinas de Peyriac-de-Mer, Sigean y Gruissan. Este cambio obligó a los habitantes de la región a modificar sus estructuras comerciales y reforzó su dependencia económica de la monarquía francesa.

En consecuencia, muchos productos que antes circulaban libremente entre los territorios del norte y del sur de los Pirineos quedaron sujetos a tasas y regulaciones impuestas por ambas monarquías. Sin embargo, estas restricciones generaron nuevas dinámicas comerciales al margen de las leyes estatales. El contrabando se convirtió en una actividad económica de gran importancia para muchas comunidades fronterizas, que encontraban en esta práctica una forma de supervivencia y prosperidad.

Con el paso de los años, esta fractura económica se consolidó con una progresiva asimilación institucional y cultural. La administración francesa desmanteló las instituciones propias del Rosselló y la Cerdanya e impuso progresivamente la lengua francesa en la educación y los ámbitos oficiales. Este proceso selló la separación definitiva entre la Catalunya del sur y la del norte, generando una nueva frontera que trascendía la geografía y se convertía en una fractura política e identitaria que aún hoy perdura.

Última reflexión sobre la frontera contemporánea

Más de tres siglos después, la frontera trazada en el siglo XVII sigue teniendo implicaciones significativas. La Catalunya Norte, integrada administrativamente dentro del Estado francés, conserva rasgos culturales e históricos comunes con el resto de los Països Catalans, pero su integración en la República Francesa ha ido erosionando progresivamente sus especificidades. La frontera, que en el pasado era una barrera administrativa y económica, se ha convertido hoy en una separación simbólica que marca la distancia entre dos realidades políticas y jurídicas diferentes.

Estas fronteras, fijadas con la Paz de Westfalia (1648) y reforzadas por el Tratado de los Pirineos (1659), fueron concebidas como líneas infranqueables en un mundo dominado por los Estados Nación. Sin embargo, este modelo estatal ha entrado en crisis. La globalización, la construcción europea y las reivindicaciones de identidades nacionales cuestionan los límites fijados hace siglos. Alejandre Deulofeu, con su teoría de “La matemática de la historia”, afirmaba que los imperios y las naciones siguen ciclos previsibles de subida y decadencia, y que el modelo construido en Westfalia de soberanías estatales forzadas está destinado a desaparecer.

En un contexto europeo en el que las fronteras se redefinen constantemente, la Unión Europea ha permitido una mayor permeabilidad territorial, pero las tensiones identitarias y las luchas por la autodeterminación demuestran que la frontera no es solo un límite geográfico, sino también una construcción política e histórica mutable. Así como el siglo XVII fue determinante para la configuración de Estado Nación moderno, el siglo XXI plantea nuevos desafíos sobre la soberanía, identidades nacionales y el papel de las fronteras en una Europa en transformación.

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Quin abast històric té el relat que apareix a la “Cronica Fratris Salimbene di Adam Ordinis Minorum” la qual en dona fe d’una hipotètica ascensió del rei En Pere II el Gran al cim del Canigó, l’any 1285? I quina relació hi ha entre aquesta narració i la revolta popular esdevinguda a Sicília la primavera de 1282, coneguda com les vespres sicilianes?

A finals del segle XIII, el vell frare franciscà Salimbene d’Adam o de Parma (1221-1290), reclòs en el monestir de Montefalcone (Itàlia), tot realitzant un acte de memòria, redacta les seves impressions personals sobre la seva atzarosa vida. No es tracta d’un cronista apocalíptic, sinó profètic. No proposa una visió tremendista del seu món, sinó que narra uns fets per a la seva posterior reflexió. La seva “Cronica Fratris Salimbene di Adam Ordinis Minorum” escrita entre 1283 i 1290, és una mica de tot: autobiogràfica, història de l’orde, història de les ciutats del nord d’Itàlia, crònica universal del temps de Frederic II Hohenstaufen “stupor mundi” o diari de viatges a França i Itàlia.  

L’origen del mite

La tardor del 1889, G. Uzielle publicava dins del “Bollettino” del Club Alpí Italià un extens article titulat: “Leonardo da Vinci e le Alpi”. Aquest treball estava complementat per tres apèndixs, el tercer dels quals responia al títol: “Ascensione di Pietro III d’Aragona al Canigou”. De fet, es tracta d’un fragment (pàg. 354 – 355 de la primera edició) de la cèlebre crònica d’en Salimbene d’Adam. 

La primera edició moderna de la crònica es va realitzar dins de l’obra “Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinensem pertinentia, III” (Parma, 1857). La segona edició, més completa i elegant, fou dirigida per Oswald Holder-Egger i la podem trobar al “Monumenta Germania Historica: Scriptores, llibre XXXII” (Hanover, 1906). Així doncs, la importància de Salimbene d’Adam pel Pirineisme es deu al foli 459 (pàg. 597 – 599 de la segona edició) que duu per nom: “Sobre la mort del rei Pere d’Aragó”.

El context en el qual apareix l’article d’Uzielle al “Bollettino” italià és el context en el qual s’està a punt de materialitzar la gran obra del Pirineisme escrita per Henri Beraldi: “Cent ans aux Pyrénées”. Amb l’edició d’aquesta magna obra —set volums en total— es comença a edificar el corpus de coneixements que posteriorment coneixerem com a Pirineisme el qual es tracta d’una barreja entre la pràctica esportiva combinada amb l’emoció estètica i cultural, sempre desenvolupada dins la serralada dels Pirineus. D’alguna manera, el Pirineisme va ser creat com l’antagònic a l’Alpinisme perquè aquest només representava la pràctica esportiva.  

Beraldi, com a bibliòfil empedreït, crea tot aquest món; rescata personatges del passat: De Carbonnières, Russell, Cadier, Passet, els enginyers geodèsics, Brulle o Lister, etc. Els grans mites de les grans gestes pirinenques hi són presents. Però la cosa no acaba aquí. Cap a 1911, Beraldi signa un article titulat “Tentative de Pierre III au Canigou”, publicat a “Le passé du Pyrénéisme”, on escriu: “Finalment, ens trobem davant d’un primer fet ben caracteritzat d’alpinisme. Pujar per pujar, per conquerir un cim. Tres anys després de les Vespres Sicilianes. Ascensió per Vallmanya o Taurinyà, ascensió dels Cortalets seguida fins al clot dels Estanyols, un lloc molt impressionant amb un temps fosc; sobrevinguda brusca d’una broma negra. Amb poques paraules, temptativa al Canigó el 1285.”

Així doncs, arran d’aquests dos articles i de posteriors treballs més actuals, la historiografia situa com a primera ascensió al cim d’una muntanya la protagonitzada pel rei En Pere II el Gran l’any 1285, al cim del Canigó. Com veurem, el foli 459 de la crònica de Salimbene d’Adam ha estat erròniament interpretat com a verídic, quan en realitat és un tractament metafòric de les disputes de poder entre dos reis —Pere de Catalunya i Carles d’Anjou— i dos territoris, Catalunya i França.

La tessitura a la qual Salimbene d’Adam escriu la seva crònica es realitza dins d’un context molt particular. I és per això que cal analitzar tot el text de la crònica amb rigor i contextualitzar el succés narrat dins d’ella amb la mentalitat social i política del segle XIII. La mirada del present cap al passat s’ha de fer amb ulls crítics perquè, si no ho fem, estem condemnats a deformar la realitat històrica.   

Per tant, tot el que estigui fora d’aquesta línia de treball —rigorositat i contextualització— genera un debat estèril. La principal tasca de l’historiador és crear coneixement i, per a fer-ho possible, no hem de desvincular els esdeveniments ni del seu espai ni del seu temps. Perquè això no succeeixi, tenim al nostre abast un conjunt d’eines —documents, cròniques, anals, cronologies, restes arqueològics, història oral— que ens ajudaran a apropar-nos amb la transparència possible a l’estudi del passat. Però això no acaba aquí. Així doncs, apareix la segona norma que hem de seguir: la lectura de la documentació. La simple lectura no ens porta enlloc, sinó tan sols a la distorsió històrica. Per tant, cal saber llegir entre línies. I aquest és l’error el qual es pretén reparar.

Una mirada rere la crònica

Per a comprendre el rerefons que amaga la crònica de Salimbene d’Adam sobre la narració del Canigó, hem de realitzar un doble esforç: per una banda, hem d’entendre el context sociopolític en la qual fou redactada la crònica i, per l’altre, hem d’analitzar pacientment els successos esdevinguts entre 1280 i 1285. Aquests cinc anys són la clau que ens permetrà desemmascarar el mite.     

El foli 459, apartat A, comença amb el significatiu títol: “De la mort de Pere, rei d’Aragó”. Malgrat aquest inici, Salimbene ja ens ho adverteix en el foli 445, apartat B, quan ens comenta: “Coneixent per avançat, que en menys d’un any, quatre il·lustres personatges, seran lliurades a la mort per voluntat de Déu, allí on es troba el sepulcre de tot vivent” seguit de “El primer serà el rei Carles, el segon el papa Martí, el tercer Felip, rei de França, el quart Pere, rei d’Aragó.” Així doncs, el rei En Pere d’Aragó (de Catalunya) serà la quarta persona rellevant del panorama polític internacional de l’època que passà a millor vida durant aquell any de 1285. 

Recordant el que s’escriu anteriorment, Salimbene comença el text dient-nos que “De la mateixa manera, en el present mil·lenni, durant la vetlla del beat Martí, Pere, rei d’Aragó, va tancar, va concloure amb la seva pròpia mort, el darrer dia; en aquest, el menor dels germans, el guardià que el va escoltar en confessió; fou enterrat a Vila-Nova, en el mateix lloc que els germans menors.” Efectivament, el rei En Pere II de Catalunya va morir la nit del 10 a l’11 de novembre de 1285 —diada de Sant Martí— a Vilafranca del Penedès, encara que el cronista escrigui Villa-nova. De fet, ja feia unes setmanes que havia caigut greument malalt mentre es dirigia cap a Salou per embarcar-se direcció a Mallorca, per arreglar les qüestions familiars amb el seu germà Jaume, donat que aquest havia pres part activa en favor de la croada francesa contra ell rei En Pere. Feia una mica més d’un mes —l’1 d’octubre— que l’exercit del rei En Pere havia vençut les tropes croades al Coll de Panissars.

Les vespres sicilianes 

Però els conflictes no només es reduïen a qüestions familiars. A l’origen de la croada s’hi trobava la qüestió siciliana. Veient-se la mort de prop i sota pressió, el rei En Pere va demanar que Sicília tornés a l’Església i va demanar “enviar una ambaixada al papa Honori —quart—, per a obtenir concòrdia entre els fills de Pere d’Aragó i els fills de França que es comentava que eren consanguinis” i així resoldre el conflicte polític. 

Finalment, el darrer problema que havia de solucionar —arran de la croada francesa— era la qüestió castellà per la Regió de Múrcia. Però ni els problemes familiars, ni la qüestió siciliana i, ni de bon tros, els problemes amb Castella pogué fer-se’n càrrec, ja que la malaltia va posar fi a la seva vida.

El foli 459, apartat B, comença amb el suggerent títol: “Sobre la recomanació de Pere, rei d’Aragó, que queda evidenciat amb un exemple del que s’ha exposat amb anterioritat”. Aquest exemple és el que més controvèrsia ha suscitat dins del panorama historiogràfic.

Salimbene d’Adam ens presenta el protagonista de la seva narració, elogiant-lo de manera heroica “Aquest rei Pere d’Aragó fou un home de gran cor, un fort soldat, i savi en la guerra” i demostrada per mitjà d’actes passats. “Doncs aquest home tingué una gran audàcia, i molta empenta”, i més concretament pel “… que es fa palès en l’empresa del regne de Sicília, que contra el rei Carles —d’Anjou— i el papa Martí —quart— es va atrevir a envair-los.” Al llarg de tota la crònica, Salimbene d’Adam ens descriu detalladament tot aquest afer. De fet, el tema sicilià serà un dels grans conflictes del segle XIII. A l’origen del conflicte s’hi troba la qüestió de qui ha de posseir l’illa. L’interès sobre Sicília es deu, principalment, a què l’illa és el graner de la Mediterrània i la clau de la ruta del comerç cap a orient.

Carles d’Anjou havia cercat projectar la seva persona per tota la Mediterrània per mitjà d’una nova croada. Amb la intenció de donar un cop d’efecte als seus adversaris, projectava un nou saqueig sobre Constantinoble, reproduint els esquemes de la quarta croada (1204). Però la situació es va torçar quan el sud italià s’enfrontà obertament a la seva política personal. Els sicilians havien començat a comprendre que la seva projecció com a república —similar a la de Gènova o Venècia— estava en greu perill. Aquest debat, Carles no el va entendre i va preferir destruir tal iniciativa.

Seguint la política insular del seu pare —el rei En Jaume el Conqueridor—, el 30 d’agost de 1282 un poderós estol català comandat pel rei En Pere va desembarcar a les costes de Sicília —concretament a Trapani—, provinent de la costa tunisenca d’Al-Coll, on hi havia anat a ajudar el seu vassall i aliat Abu-Bekr, senyor de Constantina. Un cop a Sicília, el rei En Pere es dirigirà cap a Palerm per ser coronat rei el 27 de setembre de 1282. La seva presència allí no era gratuïta: la seva esposa era Constança de Sicília, neta de Frederic II Hohenstaufen “stupor mundi”. Amb aquest acte, el rei En Pere reivindicava la memòria del passat de la família Hohenstaufen a l’illa, el passat que havia intentat esborrar la política de Carles d’Anjou. Els sicilians estaven convençuts que aquesta —la catalana— era la millor opció i la més encertada per a forjar el seu projecte. És per això que els sicilians, el 31 de març de 1282, s’havien alçat en armes contra el domini francès a l’illa. Aquest fet fou conegut com la revolta de les vespres sicilianes.

El conflicte va posar en escac la política de Carles, conduint-lo a una situació tensa. La negativa del rei En Pere d’abandonar Sicília el va conduir a dos nous horitzons: la disputa bèl·lica contra Carles i la disputa legal contra el papa. D’ambdues en va sortir victoriós. Mentre que a Carles el va esclafar a Nicotera —Calàbria— a les forces del papa les va destrossar a Panissars.

Un exemple per l’audiència 

Salimbene ens explica que per a demostrar tot això, posarà un altre exemple sobre la valentia demostrada pel rei En Pere: “Evident, encara que seguit d’un altre exemple, amb això que clarament exposem”. Cal dir que a l’edat mitjana era molt normal recórrer a exemples fantàstics, impossibles de realitzar pels mortals, un terreny reservat tan sols per als herois. La finalitat de l’exemple és captar millor l’atenció del lector, com així ha estat. Aquest recurs de ficcionar un episodi per reforçar la imatge d’un rei valent no és un cas aïllat en la literatura medieval. Per exemple, en la tradició francesa, es troben històries similars sobre Carlemany i la seva llegendària ascensió als Pirineus, on es diu que va rebre una revelació divina sobre la seva missió a Hispània. Aquesta narració simbolitza la seva campanya per expandir el cristianisme i el seu paper com a defensor de la fe. De la mateixa manera, també es poden trobar paral·lelismes amb Ricard Cor de Lleó i les seves aventures a Terra Santa, així les novel·les cavalleresques franceses, situa l’heroi dins d’un espai d’incertesa —d’aventura— com és el bosc, per reafirmar el seu poder i coratge.

Salimbene ens situa el seu exemple en un espai concret “En els confins de Provença i d’Hispània” i ens presenta l’objectiu “s’aixeca una alta muntanya, que la gent del país l’anomena Mont Canigó” i l’envolta de misteri “encara que nosaltres podríem anomenar-la Mont Tenebrós.” Atès que el protagonista de l’exemple és el rei català, Salimbene, segurament va optar per escollir un espai geogràfic del territori del rei.

Des de temps llunyans, el Canigó havia estat considerada com la muntanya més alta de la serralada dels Pirineus, impossible d’arribar-hi. Però per si no havia quedat prou clar que l’empresa és molt arriscada, recorre a una descripció geogràfica que li ofereix el gram geògraf grec del segle II, Ptolemaeus d’Alexandria a la seva “Geographia” el qual va recollir observacions empíriques que permetien identificar punts de referència geogràfics rellevants per a la navegació: “Doncs, aquesta muntanya que els mariners veuen primer a l’arribada, després de partir és el darrer punt que podem veure, perquè quan ha desaparegut, cap altre és visible.” D’aquesta manera, l’objectiu impossible ha quedat fixat. Malgrat haver tingut alguns problemes interns, com ara les guerres amb els sarraïns, la revolta dels barons o els problemes familiars, la política insular iniciada pel rei En Pere arran del seu casori amb Constança de Sicília —el 13 de juny de 1262— ja no tindrà fre. El rei En Pere seguirà la seva política fins a les darreres conseqüències, encara que això esdevingui una qüestió personal.

Després d’emfasitzar sobre la perillositat de l’empresa plantejada pel rei En Pere, el cronista continua escrivint: “Mai cap home hi ha habitat, ni cap fill d’home s’ha atrevit a pujar-hi a causa de la seva alçada extraordinària, per la dificultat de l’itinerari i per l’esforç”. Malgrat haver tingut alguns recels importants a l’interior del reialme, sobretot per part de l’Església sobre les seves intencions d’envair Sicília, el rei En Pere va persistir en la idea inicial i va decidir tirar endavant amb l’aventura. En un primer moment, el rei En Pere comptarà amb el suport polític de dos importants aliats: Castella i Constantinoble. És per això que Salimbene ens diu: “Doncs bé, Pere d’Aragó havent decidit a pujar a la muntanya va cridar al seu costat a dos cavallers, amics íntims, que ell honrava amb el seu afecte, cosa que li prometeren no separar-se mai d’ell.”

Com ja hem dit abans, la campanya de Sicília va començar el 30 d’agost de 1282. Un cop iniciada, aturar-la era quasi impossible, malgrat l’excomunicació papal del 9 de novembre de 1282. En aquest punt, Salimbene ens parla que “Mentre pujaven sentiren trons espantosos i del tot terribles sentiren trons espantosos i del tot terribles” fins que els seus companys “caigueren a terra, morts de por sota el pes de la por i de l’espant d’allò que els havia vingut” que malgrat els esforços del rei En Pere per a restituir la situació, els dos companys “fins a perdre el coratge.” En realitat, les dues aliances que havia signat amb Castella i Constantinoble mai arribaren a fer-se efectives. Per altra banda, vist que l’excomunicació papal no havia donat resultats, el papa va lliurar els regnes del rei En Pere a qualsevol príncep cristià que els volgués conquerir. Per això, el 27 d’agost de 1283 l’oferia al rei de França i el 27 de febrer de 1284 —en una cerimònia celebrada a París— donava la investidura a Felip III de França, l’Ardit. Des d’aquell moment, la croada començava a dibuixar-se. Malgrat tot això, el rei En Pere va continuar amb la seva empresa.

El desafiament de Bordeus 

Però hi ha un fet que encara honra més la figura del rei Pere. Al foli 427, Salimbene ens explica amb gran detall el famós desafiament de Bordeus. Carles d’Anjou havia comunicat, per mitjà d’una ambaixada al rei En Pere, que aquest no havia estat cavalleresc i que havia entrat a Sicília sense raó. Per tant, aquesta qüestió l’havien de solucionar cavallerosament —o sigui, a cops d’espasa— i per aquest motiu se citaren per l’1 de juny de 1283 a la ciutat de Bordeus amb la finalitat de solucionar la qüestió siciliana. Ràpidament, el rei En Pere, s’adonà que es tractava d’una maniobra de distracció del rei francès per allunyar-lo i matar-lo lluny del seu regne —com li havia succeït al seu avi a Muret— cosa que l’alertà a marxar prematurament de Bordeus. I preveient la imminent invasió de Catalunya per les trobes croades del papa i del rei francès, el rei En Pere va demanar ajuda als seus aliats. La negativa fou total i al rei En Pere no li va quedar cap altre remei que afrontar la situació tot sol. És per motiu que Salimbene ens diu que davant d’aquest fet “Pere va decidir pujar amb grans dificultats tot sol.”

Així doncs, el rei En Pere va disposar el seu exèrcit —per tal de barrar al pas a les tropes croades— en els principals colls de la serra de l’Albera: Panissars, Pertús i Banyuls. Malgrat els intents dels croats per passar-hi, les tropes del rei En Pere van poder frenar els intents. Però va ser l’abat de Sant Pere de Rodes qui va mostrar a les tropes croades el pas del Coll de la Maçana —prop el castell de Requesens—, la qual cosa els va permetre travessar l’Albera —12 de juny de 1285— i arribar ràpidament fins a Girona per posar-hi setge. Després d’uns mesos d’intensos combats —terrestres i navals— les tropes catalanes venceren les tropes croades. Potser, de totes elles, la coneguda és la batalla del Coll de Panissars de l’1 d’octubre de 1285. 

El doble sentit de la crònica

I ara entrem en la qüestió més delirant de la narració. Salimbene ens explica que “I quan fou al cim de la muntanya —el rei En Pere—, hi va trobar un llac” i en veure’l “aquell lloc, hi va tirar una pedra. Aleshores sortir un drac horrible, de gran dimensió que es va posar a volar per tot l’aire que omplia d’ombres i que l’enfosquia amb el seu alè. Després —d’aquest succés— el rei En Pere va iniciar el descens.”

Aquest és el fragment on rau la gran metàfora que amaga el text de Salimbene per explicar el regnat d’En Pere II el Gran. La política insular del rei En Pere el va conduir a fitxar com a objectiu principal Sicília (el llac); després de temptejar la zona amb les campanyes de Tunísia, finalment hi ha el desembarcament a Trapani (tira la pedra); el papa Martí IV l’excomunica i posa tot els seus regnes sota la jurisdicció del rei francès (surt un gran i horrible drac); els francesos envaeixen Catalunya seguint la proclama de la croada dictaminada per la Santa Seu (el cel s’enfosqueix amb l’alè del drac); finalment, el rei En Pere surt victoriós de Bordeus i de la croada contra Catalunya (inicia el descens).

Finalitzada la seva aventura, Salimbene li reconeix els seus mèrits i les compara amb les empreses realitzades pel gran heroi llatí: Alexandre el gran. És per això que Salimbene ens diu: “Segons jo —Salimbene—, la gesta de Pere d’Aragó es pot comparar amb les gestes d’Alexandre, que amb moltes terribles empreses i gestes es va esforçar per a merèixer els elogis de la posteritat.”

La fi del mite

La figura del rei En Pere II el Gran de Catalunya no deixa de ser interessant pels esdeveniments que són lligats a ella. No es va astorar davant de tantes adversitats, arribant a meravellar als seus adversaris. Va saber afrontar el seu repte i el va superar. I aquesta és la seva metàfora; la seva existència personal. I aquesta és la mirada que recull Salimbene a la seva crònica. És per això que el context en la qual apareix la figura del rei En Pere II de Catalunya (d’Aragó) dins la crònica és sempre relatiu a la problemàtica siciliana. Aquesta qüestió, Salimbene la descriu d’una manera clara, descrivint l’evolució des de l’època de l’emperador Frederic II Hohenstaufen “stupor mundi”, passant pel període del rei Manfred i Carles d’Anjou fins a arribar al rei En Pere II de Catalunya.

Salimbene intueix que el rei En Pere II el Gran de Catalunya —igual que ho serà Carles d’Anjou— serà un dels personatges rellevants del panorama polític del segle XIII. Ho creu perquè coneix de primera mà els esdeveniments. Sap que el rei En Pere va haver de recórrer un llarg camí i va haver d’afrontar-se a tota mena de penalitats per assolir el seu objectiu final. És per això que Salimbene, reconeixent-li la seva tenacitat i la seva convicció de si mateix, ens mostra una certa simpatia vers el rei català. I per aquesta raó no ens ha d’estranyar la lloança metafòrica que realitza a la seva crònica un cop s’assabenta que el rei ha mort.

El problema —com sempre— rau en la mirada amb la qual ens apropem al passat. Des d’un punt de vista rigorós, tothom sap que l’existència d’un llac al cim d’una muntanya és més que improbable, perquè si així fos estaríem desafiant a les lleis de la física. És de sentit comú. Per no parlar sobre l’existència de dracs. Si neguem aquestes dues premisses, el nostre pensament com a historiadors ens ha de situar enfront d’una pregunta clau: Què ens intenta explicar el cronista a través de la seva narració? 

En canvi, si no realitzem aquest petit esforç i reconduïm la narració fictícia cap a la realitat, amb la finalitat de donar-li veracitat, ens endinsem per un camí molt perillós. Malgrat això, hom s’hi ha endinsat. És per això que trobem datacions a l’acció que narra en Salimbene. Ni el 1276, i encara menys el 1285 són possibles. No ho són perquè mai va existir l’aventura del Canigó, encara que la idea romàntica d’un feudal davant la muntanya sigui tan suggerent: La veritable aventura fou Sicília. El Pirineisme comença quan l’home té curiositat per entendre la realitat i es llança a l’aventura de l’observació, però… això són figues d’un altre paner. 

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El segle XV, Catalunya va començar amb el Compromís de Casp, una assemblea de notables convocada amb l’únic objectiu d’escollir el següent rei de la Corona catalanoaragonesa. La mort de Martí l’Humà sense descendència legítima i sense haver nomenat oficialment successor al candidat natural Jaume d’Urgell, va donar molta força a la candidatura de Ferran d’Antequera, regent de Castella. I tot plegat, quina relació existeix amb el descobriment d’Amèrica?    

Al final del segle XIII, va cessar abruptament el procés expansiu que de manera sostinguda havia afectat tot Europa durant els dos segles anteriors. Era el primer símptoma de l’esgotament del sistema feudal. Des d’aleshores, les grans fams i epidèmies dels segles XIV i XV, posarien en evidència els forts desequilibris d’un sistema ja obsolet. 

La crisi generalitzada del feudalisme va afectar totes les estructures materials, socials i mentals. Fams i epidèmies determinaren reajustaments dels sistemes d’explotació agraris, el caràcter contradictori dels quals va fomentar les lluites camperoles i les reaccions senyorials, típiques del període. Les ciutats, beneficiades al començament pel fluix migratori camperol, es veieren commogudes per les tendències immobilistes de les oligarquies i els programes democratitzadors d’amplis sectors socials urbans.

Les monarquies europees es van trobar atrapades en aquest context de conflicte. La seva autonomia d’acció els exigia un drenatge més eficaç de recursos, que superés la vella malla de drets feudals, de gestió complexa i de rendiments incerts, encara que clarament insuficients. El concepte, tantes vegades repetit, que el rei “deu viure de lo seu” va constituir un hàbil estratagema per a limitar la monarquia, sostraient-li el control dels recursos financers.

La desigual textura econòmica i social dels països que componien la Corona catalanoaragonesa va determinar cronologies i desenvolupaments específics de la crisi. L’any 1333, “lo mal any primer”, va romandre com a símbol de la crisi agrària catalana, situació extensible a Mallorca; però Aragó, i també València, experimentaren greus dificultats arran de la crisi de les Unions (1347-48) i de la Guerra dels Dos Peres (1356-75). La diversitat social i institucional de la Corona va imposar continguts diferenciats a la crisi: el problema de remença fou una qüestió específica de Catalunya; a Mallorca, el camperolat era de condició lliure; i a Aragó i València, els mudèjars van constituir la massa dels treballadors en condicions de servitud rigorosa. Per això mateix, a Catalunya es va lluitar per l’adquisició de drets econòmics i jurídics. A Mallorca, els forans van combatre, al so de “qui deu que pac”, contra la corrupció administrativa generada pel deute públic i l’administració dels impostos. I a Aragó i València, no hi hagué lluites camperoles, exceptuant anècdotes aïllades, durant els segles XIV i XV.

El marc politicoinstitucional de la Corona catalanoaragonesa

La unió dinàstica d’Aragó i Catalunya, el 1137, determinà l’estructura politicoadministrativa de la Corona. Tant Aragó com Catalunya s’incorporaren, en aquella data, com a entitats que mantenien íntegres les seves disparitats econòmiques, fiscals i institucionals. Es tractava d’una confederació. Les conquestes de Mallorca i València, al segle XIII, no quedaren com a prolongacions de Catalunya o d’Aragó, sinó que ambdues entitats se sumaren a la Corona en qualitat de regnes dotats d’autonomia interna. Sicília, Sardenya i Nàpols, també amb el títol de regnes, s’incorporaren posteriorment a aquesta peculiar estructura. 

Darrere d’aquesta façana institucional, tanmateix, Catalunya va exercir la direcció durant bona part del segle XIV. El disseny de l’expansió mediterrània fou obra seva. Mallorca, poblada aclaparadorament per catalans, fou en alguns aspectes una prolongació del Principat; sense corts privatives, quan acudia a les convocatòries generals els seus representants se sumaven a la representació catalana, encara que esporàdicament fes valer la seva condició de regne separat. Durant el segle XV, València va assumir el paper econòmic de Catalunya, però no el lideratge que aquesta havia tingut dins la confederació.

L’estructura federativa de la Corona i les diferents circumstàncies de la incorporació de territoris determinaren la desigual intensitat de l’acció monàrquica en cada regne. Resulta evident la distinció entre els territoris units mitjançant pacte dinàstic, Aragó i Catalunya, i els territoris conquerits, València i les illes Balears. En aquests darrers, per norma general, la monarquia operà amb menys contribucions. Ni Mallorca ni València no van conèixer figures equiparables la justícia d’Aragó o a la Diputació del General de Catalunya. A Mallorca i València el rei va arribar a designar els càrrecs rectors dels municipis i els components de les assemblees per assegurar-se la continuïtat del drenatge econòmic. Per aquestes raons, Mallorca es doblegà a les demandes financeres de la monarquia, a la segona meitat del segle XIV, fins al límit de les seves possibilitats. Durant el segle XV, València en va prendre el relleu; la seva contribució a les empreses d’Alfons el Magnànim i, sobretot, de Ferran el Catòlic, va portar el municipi vora la fallida.

Malgrat l’eficàcia desigual de la monarquia en la captació de recursos, l’acció de la Corona en el terreny legislatiu, judicial i financer estigué sotmesa a control. Fou la teoria del pactisme. El principi va ser enunciat clarament per Francesc Eiximenis, que va assenyalar que tota autoritat emanava de la comunitat, ja que aquella no era sinó la síntesi de l’exercici de la llei que, a la vegada, era el conjunt de costums. El poder reial provenia d’un contracte tàcit entre el monarca i el poble, i ambdós s’obligaven al compliment de la llei. El sistema operava, a la pràctica, de manera que el rei no era proclamat fins després d’haver jurat els furs o constitucions. Tampoc no podia establir o abolir disposicions generals sense el coneixement i consentiment de les corts. L’aplicació i administració de la llei, és a dir, la justícia, estava limitada per la trama de jurisdiccions feudals de vell encuny, pel seguiment realitzat per les corts, i per institucions com ara la justícia d’Aragó.

En tot cas, la gestió executiva dels monarques quedava particularment limitada per l’escassetat de recursos ordinaris a la seva disposició. Com a tota monarquia feudal, el rei disposava d’un patrimoni privat, format per monopolis, drets sobre l’activitat agrària i comercial, taxes judicials i altres ingressos aleatoris. Les creixents necessitats econòmiques conduïren a una millora de la gestió i coordinació financeres, amb la creació del mestre racional al final del segle XIII. Però el sistema, malgrat les seves virtualitats, va mostrar aviat que era limitat. El disseny d’una política imperialista a la Mediterrània, durament combatuda per Gènova, exigí esforços financers colossals amb relació a les possibilitats que oferia el patrimoni reial. Aquest patrimoni estava adaptat a circumstàncies històriques superades, perquè tenia una base agrària que el feia poc adaptable. Però la seva magnitud permetia certs marges de maniobra, tot i que sempre perillosos, com a garantia de préstecs hipotecaris i hipoteques i, en darrera instància, la venda de drets i jurisdiccions.

Els Trastàmara arriben a la Corona catalanoaragonesa

Juntament amb el tractat de Corbeil (1259), que va comportar la renúncia al predomini català al sud de França, possiblement el Compromís de Casp ha estat el segon gran tema objecte de polèmica per la historiografia catalana.

Després de la mort de Martí el Jove, el 1409, Martí l’Humà posà en marxa diverses iniciatives successives: el seu matrimoni amb Margarida de Prades i el nomenament de Jaume d’Urgell com a governador i lloctinent general, càrrec reservat generalment als hereus. Cap no donà resultat. Ni el rei obtingué la successió desitjada, ni Jaume d’Urgell va saber assegurar-la-hi des del seu càrrec de privilegi. Pocs mesos abans de la seva mort, el rei intentà encara una nova fórmula, que consistia a reunir una assemblea de notables per assessorar-lo en el tema de la successió. L’assemblea no arribà a reunir-se a causa de la mort del monarca al final del 1410. La qüestió successòria quedà, doncs, oberta. 

Després d’un dramàtic interregne, la primavera de 1412 es reuniren a la vila aragonesa de Casp els representants dels parlaments català, valencià i aragonès per escollir, entre els quatre candidats —Ferran d’Antequera, Jaume d’Urgell, Alfons de Gandia i Frederic de Luna—, el nou rei de la Confederació. A instàncies dels aragonesos i recolzats per l’exèrcit castellà, els mallorquins havien quedat exclosos de l’elecció amb la clara intenció d’impedir un possible empat. Per tant, transcorreguts tres mesos de deliberació, els representants van triar en Ferran d’Antequera, cosa que suposava per primera vegada l’entronització d’una dinastia castellana —els Trastàmara— per a governar la Corona catalanoaragonesa.

L’esclat de la revolta urgellista

De fet, la candidatura Trastàmara a la Corona catalanoaragonesa ja havia estat planejada per Enric III de Castella —pare d’en Ferran—, però les seves ambicions sempre havien topat amb l’oposició de la noblesa i la societat catalana, en general. Una situació que el controvertit Compromís de Casp va aconseguir capgirar, trasbalsant violentament Catalunya.

La negativa de no acceptar la resolució de Casp va conduir a bona part de la societat catalana a enfrontar-se obertament contra el nou rei Ferran. D’aquesta manera, esclataren infinitat de revoltes —fonamentades per les més que evidents argúcies castellanes emprades en l’elecció— les quals foren encapçalades pel mateix comte d’Urgell. Per aquest motiu, la revolta (1412-1414) enfrontà els partidaris de la causa urgellista contra les tropes Trastàmara, i va derivar en violents enfrontaments. Després de quasi dos anys de sagnants combats, les tropes castellanes —i aragoneses— imposaren la seva superioritat, detingueren el comte d’Urgell, com a principal instigador i l’empresonen a perpetuïtat.

Havent sufocat les aspiracions urgellistes, el regnat de Ferran I es va caracteritzar per no dur a terme ni consolidar cap acció política concreta. I en pujar al tron el seu fill Alfons el Magnànim el 1416, la situació s’agreujà més quan el rei va fomentar un clima d’incomunicació, a vegades de confrontació, entre el rei i els estaments catalans. A més, amb el trasllat de la Cort a Nàpols, l’allunyà definitivament de la realitat dels seus regnes ibèrics, cosa que contribuí a l’aparició de noves revoltes, aquest cop protagonitzades per la pagesia, o sigui els remences.

La guerra civil catalana

A la mort del rei Alfons el Magnànim el 1458, el va succeir el seu germà en Joan II, el qual es va trobar amb una oligarquia catalana encara més recelosa contra les polítiques del Trastàmara, sobretot pel que fa a les seves pràctiques autoritàries. Per aquest motiu, i de manera progressiva, l’oligarquia catalana va anant decantar-se cap a l’opció que representava el príncep Carles de Viana —amb un tarannà més dialogant—, que encara essent fill de Joan II, hi estava obertament enfrontat. Les disputes entre pare i fill es van anar accentuant, cosa que va acabar amb l’empresonament del príncep i, per tant, la vulneració dels fonaments de les constitucions catalanes. O almenys, aquesta va ser l’excusa per la qual la Generalitat es va alçar en armes contra el rei Joan II, iniciant així la guerra civil catalana (1462-1472).

Durant el conflicte, la Generalitat va intentar desvincular el rei Joan II de la Corona catalanoaragonesa, per mitjà de l’oferiment d’aquesta, primer a Pere de Portugal, com a net del comte Jaume d’Urgell i que governaria fins a la seva mort, el 1466; i segon al duc de Provença, en Renat d’Anjou, el qual aportaria tropes franceses al contenciós bèl·lic. Malgrat això, la victòria es decantà del bàndol de Joan II, el qual va prometre un perdó general i fidelitat a les lleis i constitucions catalanes.

Mentrestant, però, Joan II havia casat el seu fill Ferran amb la seva cosina segona, la infanta Isabel de Castella el 1469, que cinc anys més tard accediria al tron castellà. Així, a la mort de Joan II, el 1479, Ferran va pujar al tron de la Corona catalanoaragonesa, cosa que va suposar la unió dinàstica d’ambdues Corones, però no territorial.  

La consolidació de la dinastia castellana dels Trastàmara al tron de Catalunya va anar acompanyada de constants revoltes i enfrontaments armats. Això és important per entendre la desconfiança mútua que planava en totes les relacions entre el rei Ferran el Catòlic i l’oligarquia catalana. En aquest context, s’ha d’emmarcar el regicidi frustrat que, el 7 de desembre de 1492, va patir el rei Ferran quan fou apunyalat pel remença en Joan de Canyamars enmig d’una audiència pública celebrada a Barcelona. I fou en aquesta atmosfera política, l’època en la qual es va forjar l’empresa colombina de descoberta.

Una família barcelonina del segle XV

L’existència d’abundant documentació referent a la família barcelonina dels Colom és molt extensa i contrastada. El seu àlbum familiar el formen humanistes, diputats, diplomàtics, mercaders, navegants, bisbes, almiralls, militars, cosmògrafs, bibliòfils i banquers. Els Colom, de fet, van ser els fundadors de la Taula de Canvi, la primera banca moderna d’Europa. És a dir, era una família extremadament vinculada a la cort reial i a la fiscalitat.  

Segons les cròniques, el Descobridor estava vinculat a les quatre grans corts europees: la portuguesa, la francesa, l’anglesa i espanyola (o sigui, la catalana). Se sap del cert que el barceloní Cristòfol Colom estava vinculat als Urgell, que es va casar amb una Coïmbra —Felipa— que el lligava a la cort portuguesa i, de retruc, a l’anglesa, perquè la família reial de Portugal eren els Lancaster, la dinastia reial anglesa, i que tenia entrada a la cort francesa, atès que els Urgell i els Anjou eren parents.

Tot plegat està àmpliament documentat, però la historiografia oficial no en fa cas perquè parteix de la premissa que el Descobridor no podia ser català. Però, està clar, que els historiadors han estat incapaços de justificar totes aquestes vinculacions reials amb el Colombo llaner, inculte i plebeu. Per a ells, la Cort, en lloc de ser l’extensió política de la família reial —com afirmen els experts—, és una mena de beneficència, on s’acull qualsevol rodamon, se’l manté durant set anys i se li paguen els vicis nàutics.

En resum, la documentació relativa a la família barcelonina dels Colom palesa l’existència d’un personatge molt destacat en la navegació i en el comerç, el qual va emprendre el seu camí formatiu com a mariner des de ben jovenet. A través del llibre de comptes de la família Colom —senyal de família important— se’n dedueix que va voltar per tota la Mediterrània —des de Barcelona fins a Grècia, passant per Egipte— i per l’Atlàntic —des de Groenlàndia fins a l’Àfrica equatorial— cosa que el Colombo genovès no es va moure mai de Gènova. Per tant, és grotesc pensar que un home a qui els reis van atorgar els càrrecs de virrei i almirall menteixi sobre la seva trajectòria, experiència i tradició familiar.

El darrer reducte rebel

L’Empordà —sempre favorable a la Generalitat— va ser el darrer reducte dels catalans fidels a Renat d’Anjou, a l’hora de rendir-se davant les tropes del rei Joan II Sense Fe. De fet, esdevingué un important focus en el qual hi acabà vivint una part de l’oligarquia catalana —contraris als Trastàmara—, conjuntament amb un contingent de tropes franceses i un important grapat de corsaris portuguesos, vinguts durant l’època de Pere de Portugal. I entre aquells “rebels” hi trobem els Ianes o Yàñez Pinçon —un d’ells, capità del castell de Palau-saverdera— o En Pero Vasques de Saavedra, sotasignant del document de rendició —signat a Peralada— del qual les cròniques en parlen com a “que era alcalde de la vila y fortaleza de Palos”. No cal recordar que el Palos andalús mai va tenir muralles.

A més, serà el mateix Descobridor qui a través d’una carta adreçada a En Ferran el Catòlic, li explicarà que amb anterioritat havia dirigit una operació naval, a prop de Marsella, a les ordres del rei Renat d’Anjou quan aquest va ser proclamat rei per Generalitat el 1466. A més, també aprofitarà per descriure amb gran detall altres batalles navals i fets històrics que ocorregueren durant la guerra civil catalana.

Tanmateix, acabada la guerra, el rei Joan II Sense Fe va exigir a tots els pobles rebels, el pagament d’una multa com a compensació per la traïció als Trastàmara. Per aquest motiu, hi ha infinitat de documents que parlen d’aquests pagaments de multes o les reclamacions d’aquestes. Per tant, també encaixa amb les referències històriques que expliquen que “esta villa de Palos, como tenía una fuerte deuda por sus acciones contrarias a la Corona…” faci referència al Pals empordanès.

I encara resulta més evident que durant les negociacions amb la monarquia per materialitzar l’empresa de descoberta, el Descobridor demanés explícitament als monarques que permetés que “Palos salde su deuda con la Corona ofreciendo hombres para la expedición” i quan la reina Isabel respongui ho faci amb d’aquesta manera: “la reina y señora de Palos confirma que la deuda que teníais con nos, queda redimida pero la tendréis que pagar con hombres”.

Finalment, quan es redactin les Capitulacions de Santa Fe, aquesta clàusula quedarà escrita en la forma i en el contingut sencer. D’aquesta manera, el Descobridor s’assegurava que els Reis Catòlics no aprofitarien la seva marxa per a manllevar-los les propietats, com a revenja per la seva rebel·lió. La malfiança que demostra aquesta clàusula només s’entén en un context d’enfrontament i de desconfiança política, com el que s’havia viscut a Catalunya amb els Trastàmara.

I què hauria passat si En Colom hagués pogut executar les clàusules contingudes dins les Capitulacions de Santa Fe? No ho sabrem mai! Però sí que sabem que sense saber-ho, els Reis Catòlics havien signat un contracte —les Capitulacions— amb el Descobridor que permetria el naixement d’una nova dinastia reial, ja que les Índies esdevindrien un nou regne i En Colom en seria el virrei vitalici. I a més, el càrrec seria hereditari.

Tal com explica la crònica del Pare Casaus, l’or que va arribar del segon viatge d’en Colom va ser requisat íntegrament pels oficials i duaners del regne, cosa que va permetre sufragar la campanya de recuperació de la Cerdanya i el Rosselló els quals havien estat empenyorats per Joan II per a finançar la guerra civil contra la Generalitat. Però el fet més preocupant succeirà en el decurs del tercer viatge, quan en Francisco de Bobadilla —amb amplis poders per jutjar l’Almirall— confiscarà la totalitat de la seva mercaderia argumentant que no s’havien enviat totes les riqueses promeses a la Corona. D’aquesta manera va començar una autèntica campanya de desprestigi públic que acabaria amb la detenció d’en Colom.

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La historiografía española tradicional, articulada en torno a la Real Academia de la Historia —con sede permanente en Madrid—, todavía en el siglo XXI sigue sosteniendo el concepto de “Reconquista”. Un término cargado de intencionalidad política, que sirve para alimentar a los postulados más unitaristas de la política española —especialmente de la derecha y la ultraderecha—, lo que permite perpetuar una visión monolítica y teleológica del pasado peninsular.

Por suerte, desde el fin de la dictadura franquista, una nueva generación de historiadores rompió con los dogmas impuestos por el régimen, inspirándose en las metodologías de la Escuela de los Anales y del modelo científico francés. Este giro supuso asumir que las fuentes documentales no reflejaban la totalidad de la realidad social, sino únicamente lo que el poder había decidido registrar. Así, la mayor parte de la sociedad —sobre todo las comunidades campesinas— había quedado deliberadamente excluida de ese relato épico oficial.

La progresiva incorporación de la arqueología como fuente primaria permitió compensar el sesgo documental. Esta mirada renovada desmontó la narrativa tradicional y abrió la puerta a estudiar formas de organización social y modelos de asentamiento históricamente invisibilizados. Gracias a ello, pudieron investigarse dinámicas productivas, procesos de distribución y reorganizaciones territoriales que hasta hace pocas décadas permanecían escondidos.

Además, esta metodología ha ido evidenciando las contradicciones flagrantes entre el registro documental y los restos arqueológicos, poniendo al descubierto numerosos casos de documentación falsificada, especialmente en litigios entre instituciones eclesiásticas y comunidades campesinas, sobre todo en lo que se refiere a propiedades, derechos de explotación o límites territoriales. Este hecho ha puesto de manifiesto que el poder no solamente controlaba la producción del excedente, sino que legitimaba su derecho a hacerlo.

Hoy en día, el consenso historiográfico está claro: la formación del feudalismo en la península Ibérica no puede entenderse como un proceso lineal ni homogéneo. Las investigaciones más recientes muestran que no hubo un único “modelo feudal peninsular”, sino una constelación de procesos territoriales con cronologías, intensidades y formas de articulación diversas. Lejos de una simple importación del modelo franco, el feudalismo castellanoleonés se construyó sobre una base compleja en la que confluyen estructuras heredadas de la Antigüedad tardía, transformaciones internas derivadas de la presión militar en la frontera con Al-Ándalus y la concentración del poder territorial en manos de una minoría de élites locales.

En definitiva, estos estudios han mostrado que, a lo largo de los siglos, las estructuras de poder han ejercido una coerción sistémica sobre las capas subalternas, imponiendo progresivamente la generación de excedentes para sostener a los sectores más improductivos de la sociedad. Solo a través de una mirada poliédrica —económica, social, cultural y mental— será posible comprender la complejidad de una realidad peninsular radicalmente plural y diversa, muy alejada de la simplificación que pivota sobre la supuesta e inalterable esencia de España.

La creación de una nueva realidad histórica

La expansión castellano-leonesa puede ser leída —si se quiere— como una historia del Far West por la sorprendente similitud entre ambas expansiones, tanto en la dinámica de empleo y transformación como en su posterior consolidación territorial. Así, si se sustituye las cimitarras árabes por arcos y flechas indios, las espadas por revólveres de cowboys y los castillos de piedra por los fuertes de madera del séptimo de caballería, el resultado es un relato digno de la industria cinematográfica del western.

Sin embargo, esta analogía debe servirnos para alejarnos de la épica española fundamentada en el “destino en lo universal” y asumir —de una vez por todas— que el proceso vivido por el mundo astur a finales del siglo VIII no es un hecho aislado ni, con mucho, el resultado de una idea sustancial inmundo. Se trata, más bien, de eventos plenamente similares a los que se produjeron en otros territorios del solar hispánico.

Un caso paradigmático fue el reino de Pamplona, ​​que, solo medio siglo más tarde, adoptó un mecanismo de legitimación muy parecido: la proclamación regía —sin aval carolingio ni presión califal inmediata—, sustentada por la Iglesia y por un relato heroico —Roldán y Roncesvalles— que, a imagen del modelo asturiano real.

A partir de este postulado, podemos entender cómo se gestó la nueva realidad política del noroeste peninsular a partir del siglo IX. La aparición de una nueva oligarquía de magnates ovetenses, enriquecidos gracias a una eficiente economía del pillaje — sobre tierras califales— alteró el status quo tribal de elección colectiva, sustituyéndolo por la transmisión hereditaria del poder dentro de una sola familia. Esta ruptura con el pasado tomó forma concreta y perdurable con la fundación de una nueva capital sobre los restos de un antiguo campamento militar romano. De este modo, León se convirtió en el nuevo epicentro del poder regio astur-leonés.

El gesto no solo implicó el desplazamiento del epicentro político de Oviedo a León, sino también la adopción de una nueva intitulación —Rex Hispaniae—, lo que evocaba la noción plural de la Hispania, configurada a partir de las antiguas provincias tardorromanas. Sin embargo, los navarros proclamarán a Eneko Aritza —o Íñigo Arista— como Rex Pampilonensium, una titulación que subrayaba su autonomía y que, a su vez, reivindicaba un poder anclado en un territorio concreto y en una comunidad política diferenciada. La coexistencia de estas dos fórmulas —una de alcance peninsular y otra de raíz estrictamente regional— ilustra perfectamente la fragmentación del poder y la pluralidad de proyectos políticos que caracterizaron a la península Ibérica en la alta edad media. En definitiva, la noción de “Hispania” quedaba lejos de unificarse bajo una sola corona, sino que se convertía en un espacio disputado, donde cada reino buscaba legitimarse a partir de su propia tradición y genealogía.

La nueva dinastía leonesa reorganizó su espacio político en cuatro territorios: Galicia, Asturias, Cantabria y Bardulia— partir del siglo X, conocido como Castilla— articulados mediante una moderna red urbana concebida para satisfacer las necesidades de una aristocracia cada vez más dependiente de la política expansiva real. En paralelo, el sur fue objeto de un intenso encumbramiento militar para garantizar la seguridad del reino. Desde entonces, aquel territorio situado al sur de la frontera fue conocido— tanto como entidad política sino como espacio de marca defensiva— con el nombre de Extremadura, del latín Extrema Durii, “el extremo del Duero”

A diferencia de los valles asturianos del norte, esta Extremadura —es decir, la franja comprendida entre los ríos Duero y Tajo— ofrecía amplias llanuras y bosques aptos para imponer, de forma progresiva y coercitiva, la producción cerealística y ganadera a gran escala, base de la supervivencia del reino leonés.

Únicamente esa mirada explica el porqué del enorme dinamismo económico que la dinastía leonesa experimentó a lo largo de los siglos X–XII. Por tanto, continuando con la analogía del Far West —como un buscador de oro enloquecido—, el reino de León siempre necesitó nuevos territorios para seguir alimentando su codicia y la de sus aliados, a fin de mantener la estructura política, económica y cultural del reino.

La propaganda como arma de destrucción masiva

Cada vez que las arcas del reino leonés exigían mayores ingresos, la receta era invariable: expandirse a costa de las tierras bajo jurisdicción califal. Esta sed constante de recursos obedecía —sobre todo— a los caprichos de las élites: la ampliación de algún palacio o catedral, el encargo de una pintura mural que respondía a gusto puramente ornamental e ideológico, la adquisición de reliquias de procedencia más que dudosa, la compra de fastuosas joyas para con especies venidas de Oriente, y —aún más importante— varios viajes devotos —y muy costosos— para venerar al Santo Sepulcro de Jerusalén. En resumen, gastos absolutamente imprescindibles para la buena marcha de la economía interna del reino.

Además, era necesario mantener una élite guerrera que garantizara el estatus de las élites, lo que representaba una sangría económica tan grande para las arcas reales —y, de paso, para las comunidades campesinas— que la única manera de legitimarla era tener a estos guerreros siempre en movimiento. No vaya a ser que, aburridos, empezaran a buscar enemigos dentro de casa, como muestran numerosos episodios documentados en el siglo XI. Ante este peligro, las élites leonesas optaron por canalizar la violencia feudal hacia afuera, inventando y magnificando a un enemigo externo: el infiel del mundo califal que, al defenderse de los ataques feudales, justificaba aún más la política expansiva leonesa.

Pero ninguna conquista puede perdurar sin un relato que le dé cobertura moral. Las crónicas —como hoy la televisión o el cine— eran el amplificador perfecto: escogían el plan, recortaban la realidad, hinchaban la victoria más escasa y escondían la derrota más humillante. Todo envuelto en un discurso heroico que convertía un saqueo en obra pía y una maniobra indigna en gesta fundacional. No explicaban lo que ocurría, sino lo que convenía que quedara para la posteridad.

Y aquí es donde entran en escena las crónicas Albeldense, Rotense y Sebastianense: plumas que escriben al ritmo que marca la espada, redactadas ex post para levantar una memoria hecha a medida. Gracias a ellas, la usurpación se disfrazó de gesta y la dinastía leonesa se autoproclamó heredera directa del legendario reino de los vasos. Paradoja suprema: la misma dinastía que, en su momento, había hecho todo lo posible para diferenciarse —o incluso renegar— de ese legado, ahora le reivindicaba como pedigrí fundacional.

Para dar cuerpo a la leyenda, no dudaron en inventar héroes como Pelayo y batallas como Covadonga —episodios que, en el mejor de los casos, solo aparecen mencionados de paso en relatos redactados siglos después de los hechos que pretenden describir. De hecho, las crónicas árabes contemporáneas ni siquiera hacen mención de ello, lo que revela hasta qué punto estos mitos son construcciones políticas más que testigos históricos.

Estas crónicas— fundamento sobre el que se levanta la idea historiográfica de la “Reconquista”— no son una ventana transparente al pasado, sino un escaparate de propaganda política y económica al servicio de una dinastía y de una aristocracia con hambre de tierras y con voluntad de perpetuar su estatus. Lejos de limitarse a explicar acontecimientos, anclan la ficción de una misión histórica y construyen un derecho inventado para intervenir sobre territorios y comunidades que, hasta entonces, habían vivido al margen de la nueva maquinaria de poder. Una ficción que, más de un milenio después, todavía respira… y que, en algunos ámbitos académicos castellanos, sigue siendo venerada con la fe ciega de un dogma.

Un territorio de “personas libres”

Desde el inicio de la expansión feudal —a inicios del siglo IX— los territorios del noroeste peninsular se configuraron bajo la fórmula jurídico-administrativa —fundamentada en el derecho romano— del dominium, lo que designaba que, como titular de la propiedad de la tierra, había un dominus o señor. Por tanto, el rey o el conde se convirtió —desde el principio— en el propietario final de todas aquellas tierras que se fueran expropiando.

Ningún señor tendría interés en poseer tierras, aguas, rebaños o molinos si no hubiera campesinos capaces de organizar procesos de trabajo estables que convirtieran el esfuerzo en renta. Por eso, a partir del siglo X, la política expansiva leonesa se ejecutó por medio de las comunidades de “villa y tierra”, que se convertirían en el elemento clave de organización político-jurídica dentro de los nuevos territorios expropiados.

Contrariamente a lo que sostiene la historiografía tradicional, estos territorios no eran un desierto en el sentido literal de la palabra, es decir, completamente vacíos de población. El término desierto se ha utilizado de forma interesada para justificar el empleo, cuando en realidad hacía referencia a zonas que no se encontraban bajo jurisdicción efectiva del poder leonés o castellano. Vivían comunidades campesinas libres, con formas propias de autogobierno y gestión de recursos, que escapaban al control fiscal y jurisdiccional de los nuevos señores.

El verdadero peligro para la aristocracia no era, pues, un supuesto vacío demográfico, sino la existencia de estos grupos independientes a someter. Para conseguirlo, se crearon mecanismos de endeudamiento brutal —cartas de poblamiento, contratos de “presura”— que inmovilizaban a la población, la adscribían a la tierra y permitían imponer la producción cerealista y ganadera a gran escala, con el objetivo de asegurar la continuidad de las rentas de los señores.

Con el tiempo, las tierras terminaban cedidas a otros señores, entidades eclesiásticas o monasterios, generando la diversidad de regímenes de propiedad —realense, abadense, solariego, behetría— que, a partir del siglo XIV, desembocarían en la concentración de poder y tierra en pocas manos. La historiografía ha definido este proceso como señorío.

Pero, a principios del siglo XIII, esta política territorial acabó ahogando a la sociedad leonesa. La ambición de los rentistas —nobleza y clero— exigía más tierras y, por tanto, más campesinos que las convirtieran en renta. Sin embargo, puesto que parte de la población autóctona había sido expulsada o masacrada, León —ahora sí— se encontró con amplios territorios despoblados. Además, la población leonesa no tenía capacidad demográfica suficiente como consecuencia de una natalidad insuficiente que impedía revertir la situación. Por este motivo, el modelo feudal leonés se convirtió, a la larga, en poco flexible; y, a pesar de aportar estabilidad social, acabó por frenar la innovación y la capacidad expansiva.

En paralelo, el feudalismo castellano —el cual también había nacido en la frontera con Al-Ándalus— se configuró a partir de una sociedad aún más militarizada, donde los campesinos eran agricultores y soldados a la vez, obligados a defender el territorio mientras producían el excedente. Por tanto, en cada nueva conquista se exigía levantar fortificaciones y establecer poblamientos que transformaban comunidades enteras en unidades defensivas.

Esta dinámica convirtió a Castilla en una sociedad extremadamente adaptable a las diferentes coyunturas expansivas de los sucesivos siglos. Por este motivo, tanto la aristocracia— y eclesiástica— como los campesinos compartían la misma función social: garantizar el dominio territorial. Mientras León preservaba un feudalismo conservador, Castilla desplegaba un sistema feudal mucho más agresivo, adaptable y dinámico, capaz de proyectarse hegemónicamente sobre el resto de territorios. Este modelo funcionó mientras hubo territorio suficiente para implementarlo, es decir, hasta el siglo XIV.

Ante este panorama de agotamiento estructural, la familia real leonesa optó por una solución “pragmática”: vender el reino de León en Castilla por una suma anual de 15.000 maravedises —unos 2 millones de euros actuales— para cada miembro de la familia hasta su muerte. El acuerdo quedó sellado en la Concordia de Benavent (1230).

El modelo extractivo castellano

Tras la compraventa del reino de León, su integración en la órbita castellana no solo transformó el equilibrio político peninsular, sino que marcó un punto de inflexión en el modelo de explotación del territorio. La antigua diversidad de estructuras políticas y económicas quedó absorbida por un sistema de gobierno que concentraba el poder y la tierra en manos de una minoría rentista, a menudo absentista, que vivía alejada de la actividad productiva. Estas élites, ya fueran la monarquía, la gran nobleza o la alta jerarquía eclesiástica, se desvinculaban progresivamente de las necesidades materiales de la población y se centraban en la perpetuación de sus privilegios.

La economía peninsular castellana evolucionó hacia un modelo extractivo en el que la riqueza no provenía de la innovación, la manufactura o el comercio interno, sino de la capacidad de extraer rentas agrarias y fiscales de unas masas campesinas sometidas, después de haber experimentado el proceso de señorío o pérdida de libertades. Ahora el territorio era percibido como una fuente inagotable de explotación, y no como un espacio de innovación. Esta lógica consolidó una estructura de desigualdad sistémica, en la que el trabajo productivo quedaba relegado a las capas más bajas, mientras las élites concentraban la riqueza y el poder político.

Cuando, a partir del siglo XVI, empezaron a llegar a la península las remesas masivas de oro y plata procedentes de América, este colosal influjo de metal precioso no se destinó a diversificar la economía, crear infraestructuras o impulsar una base industrial propia. Al contrario: se convirtió en combustible para financiar guerras lejanas, sostener una corte profundamente corrupta, mantener una aristocracia cada vez más parasitaria y pagar deudas perpetuas con banqueros alemanes e italianos. La corrupción no era una desviación del sistema, sino un pilar de su funcionamiento: el reparto de honores, cargos y privilegios servía para asegurar lealtades políticas y perpetuar el círculo rentista. El resultado fue que, mientras las arcas reales castellanas veían entrar toneladas de oro, las estructuras productivas internas seguían ancladas en patrones medievales y dependientes de la extracción de rentas.

Así, a su llegada al siglo XVIII, Castilla arrastraba un déficit estructural que convertía la debilidad del tejido urbano, la fragmentación de los mercados y la persistente concentración de la tierra en obstáculos insalvables para la modernización y la industrialización. Las estructuras señoriales, la falta de una burguesía autónoma capaz de desafiar al poder aristocrático y la preeminencia de rentas agrarias sobre la producción manufacturera habían moldeado un país dual: un norte con algunos núcleos urbanos dinámicos pero sin capacidad de tracción, y un sur dominado por grandes latifundios improductivos.

Este desequilibrio no era fruto de circunstancias puntuales, sino la continuación —bajo nuevas formas y nuevos nombres— del modelo económico y político nacido con la integración de León en Castilla. Un modelo que sobrevivió intacto a cada cambio de dinastía y que, con la llegada de los Borbones, no únicamente no se reformaría, sino que acabaría amplificándose.

Una dinámica que pervive hasta la fecha

A principios del siglo XVIII, la muerte del último Austria desencadena una cruenta guerra sucesoria. Cuando finalmente el trono hispánico pasa a manos de los Borbones, muchos creyeron que sería el inicio de una reforma profunda del Estado, dado que Felipe V heredaba una hacienda saneada gracias a la gestión de su predecesor, Carlos II, ya la primera deflación controlada documentada en Europa occidental. Las arcas reales presentaban superávit, una situación inaudita para un monarca acostumbrado a la corte francesa permanentemente endeudada por los lujos pantagruélicos de Luis XIV.

Pero en poco menos de diez años, aquella almohada económica se volatilizó. El centralismo borbónico no reformó el sistema, sino que lo blindó. El Estado siguió viviendo de las rentas y dependiendo de recursos externos, mientras el patrimonio público seguía al servicio de los intereses privados de los círculos de poder —una inercia que, de hecho, ha llegado hasta nuestros días.

El nuevo aparato administrativo, calco del modelo francés, marcado por la mentalidad del hexágono francés —aquella concepción de que Francia no es solo un estado, sino un proyecto territorial que siempre se quiere más compacto, más controlado y con fronteras “perfectas”— sirvió para controlar más directamente todos los territorios peninsulares y el flujo de riqueza que se generaba. Por tanto, este sistema no fue empleado para modernizar la economía, y menos aún para redistribuir oportunidades. El clientelismo, la corrupción y el reparto de cargos a fieles no solamente se mantenían: se convirtieron en una estructura sistémica. De esta forma, el desequilibrio histórico entre los territorios peninsulares se consolidó de forma perpetua.

El hexágono que nunca se cierra

En definitiva, el cambio de dinastía no supuso el nacimiento de una España moderna, sino la continuidad de un mecanismo secular, ahora con acento francés y envuelto en un relato más pulido. Un relato que bebía de la mentalidad expansionista del hexágono, pero todavía hoy inacabado.

Siguiendo esta lógica política, Castilla llegó hasta las Cortes de Cádiz (1812) —en plena guerra contra Napoleón— para formular por primera vez “España” como estado unitario. El objetivo de fondo era la homogeneización territorial, algo que nunca llegó a alcanzarse debido a la existencia de una diversidad lingüística, jurídica, cultural y económica interna.

La derrota de Napoleón y el posterior Congreso de Viena (1814–1815) dibujaron un nuevo mapa continental. Las grandes potencias europeas, obsesionadas con contener a Francia, crearon varios “estados tapón” —como Países Bajos, Baviera o Piamonte-Cerdeña— para frenar posibles expansiones futuras francesas. En este contexto, Cataluña, por su posición geográfica, identidad histórica y tradición política, tuvo la posibilidad de convertirse en la cuarta pata de este cinturón defensivo en el sur. Pero la combinación de una España gobernada por un Fernando VII absolutista y desacreditado, y de unas élites económicas catalanas más interesadas en mantener los privilegios comerciales en el imperio que en redefinir su soberanía, cerraron aquella oportunidad histórica. Un episodio que demuestra que las fronteras no siempre las marca la geografía, sino las decisiones —y a renuncias— políticas.

Desde entonces, el sistema clientelar y la corrupción estructural española no sólo han sobrevivido, sino que se han adaptado a cada régimen: de las redes de influencia tejidas durante la expansión feudal, evolucionadas después por el proceso de señorío del Antiguo Régimen, a los caciques del siglo XIX, a las elites de la Restauración, a los intermediarios XX y XXI. El mecanismo ha sido siempre el mismo: concentrar poder y recursos en una minoría afín, mientras se proclama un discurso cohesionador que ignora o borra las diferencias internas.

Y aquí es donde el concepto de “Reconquista” se convierte en la pieza clave de toda la ideología política española de los últimos doscientos años. A través de un relato aparentemente histórico—con una duración ininterrumpida de unos mil años— este concepto fue utilizado por las élites castellanas no solo para justificar la unidad, sino para presentarla como condición indispensable para sostener la propia estructura del Estado. Esta estructura se alimenta creando dependencias económicas y políticas de las élites territoriales frente al centro: privilegios, contratos, cargos y ayudas que aseguran su lealtad y neutralizan cualquier disidencia. Sin esta red de dependencias —donde la corrupción actúa como cemento—, el sistema se convertiría en ingobernable.

Asimismo, esta dinámica del Estado español también ha generado una resistencia interna en algunos territorios que, pese a las presiones, han sabido luchar por preservar su singularidad, lengua, cultura e instituciones propias. Pero esta resistencia —a menudo menospreciada— también ha tenido que combatir no solamente la ofensiva del centro, sino la traición de aquellos que, sin escrúpulos, han vendido su país a cambio de favores y rentas perpetuas.

Así, la imposición de la supremacía castellana sobre la pluralidad peninsular es el mecanismo que permite perpetuar esa arquitectura de poder. El hexágono todavía está inacabado, no por falta de voluntad centralizadora, sino porque la realidad peninsular —radicalmente diversa desde sus orígenes— nunca se ha acabado homogeneizando hacia el centro. Únicamente una mirada poliédrica permitiría a España vertebrarse definitivamente.

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