La economía ha sido una de las grandes protagonistas de la relación entre Cataluña y España. Realizando un ejercicio de síntesis, recopilamos nueve de estos momentos clave de nuestra historia. Quizás no son los más conocidos, pero, sin duda, sí son los que han marcado un antes y un después. Uno tras otro, ofrecen una cronología de encuentros y desencuentros.

“Mientras España no comprenda el hecho catalán,
España estará sometida a todos los infortunios.”
Américo Castro, 1924

1479. La construcción de un Estado dinástico

Después de la Guerra Civil castellana, los dos reinos más extensos de la Península Ibérica (Castilla y la Confederación Catalana) crearon juntos una nueva entidad política conocida con el nombre de Monarquía Hispánica. Este Estado dinástico se configuró a partir de la unión de tan solo dos elementos: el ejército y la política exterior. Respecto al resto de elementos que configuran un Estado moderno, como fronteras, monedas, leyes e instituciones, permanecieron totalmente separados. Así, en cuanto a la configuración y reparto del poder, hay que tener presente que, mientras Castilla se articulaba según la autoridad de la reina (Isabel), siempre por encima de la nobleza y la iglesia, en cambio, la Corona de Aragón se organizó alrededor de la Constitució de l’Observança, que obligaba al rey (Ferran) a gobernar y pactar de acuerdo con las leyes del Principado. He aquí una primera diferencia en el sistema de organización político y económico entre España y Cataluña.

1556. La deriva de la historia

Con la muerte de la reina castellana (Isabel), el Estado dinástico peninsular estuvo a punto de deshacerse. Después de vicisitudes familiares, el trono lo acabará ocupando el nieto, por incapacidad de la hija (Juana) y por la muerte del yerno (Felipe). De este modo, la unión dinástica entre los dos reinos quedó confirmada definitivamente en las personas de Carlos (futuro emperador) y sus sucesores. Durante años, el emperador Carlos buscó consolidar la idea de una monarquía universal que fuera políglota y abierta para todo el territorio del imperio de Habsburgo. La política del emperador se encaminó a cambiar el rumbo de la historia europea. De nada le sirvió creer que era posible la convivencia entre los derechos de las ciudades y de las regiones con la estructura imperial, dado que la idea del Estado-Nación se estaba imponiendo, empujada en gran parte por la Reforma. Tampoco consiguió nunca crear las complicidades necesarias entre castellanos y catalanes para forjar un país común.

1585. La perversidad del sistema

En otoño de 1585, el rey Felipe II de Castilla presidió la celebración de las Cortes Generales de la Confederación Catalana en Monzón. Siguiendo la tradición instaurada por su padre (Carlos), Felipe II reconocía así la dualidad de poder en el territorio peninsular que conformaban las coronas de Castilla y Cataluña. El sistema parlamentario siempre comporta tensiones —porque el debate es lo que tiene—, pero parecía que se llegaría a un acuerdo. El problema surgió cuando los oficiales reales intentaron boicotear descaradamente las resoluciones de las Cortes. Y todavía es más perverso cuando la Monarquía —de manera unilateral— decide manipular y volver a redactar los acuerdos tomados por las Cortes Catalanas para favorecer sus intereses. Entre las alteraciones más destacadas y que afectaron a toda la Confederación Catalana, se encontraban aquellas relativas al control del comercio, al aumento del gasto de la Real Audiencia en territorio catalán y que diluyeron el control que la Diputación del General (la Generalitat) pudiera tener sobre el Santo Oficio (la Inquisición), el brazo represor de la monarquía.

1626. Hacia una unidad centralizada única

En marzo de 1626, Barcelona recibe al rey de Castilla, Felipe IV, que había llegado a la ciudad para jurar las Constituciones catalanas. El motivo no fue otro que poder desencallar el ambicioso plan del ministro del rey, el conde duque de Olivares. El proyecto, conocido como la “Unión de Armas”, pretendía que cada reino que formaba parte de Castilla —o sea, principalmente, la Confederación Catalana— aportara un número determinado de dinero y soldados. Pero lo que no calibraron bien las oligarquías castellanas fue que si Felipe IV juraba las Constituciones catalanas, ciertamente se le otorgaba automáticamente el título de conde de Barcelona, cosa que lo obligaba a fiscalizar sus recursos. Por lo tanto, los catalanes estaban más interesados en que se aprobaran sus propuestas de nuevas Constituciones catalanas y que se atendieran sus agravios, que no en participar en guerras absurdas. Curiosamente, dos décadas más tarde, el territorio norte-catalán será arrancado del cuerpo principal de manera deshonesta. Y no será hasta cuarenta años más tarde que Castilla notificará oficialmente a la Generalitat la pérdida del territorio norte-catalán.

1760. Las reglas del juego cambian

Desde hacía unas décadas, una nueva familia de origen francés ostentaba el trono de Castilla, los Borbones. Atrás había quedado la disputa abierta sobre aquel ascenso, hasta el punto que se había tenido que dirimir en el campo de batalla. Pasadas cuatro décadas del Decreto de Nueva Planta, el rey Carlos III convocó las Cortes Generales en Madrid. En aquel nuevo paradigma político surgido del campo de batalla, los representantes de los antiguos territorios de la Confederación Catalana —formada por Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca— presentaron juntos un memorial que contenía una crítica frontal al sistema borbónico vigente. Simplificando mucho, el documento conocido como “Memorial de Agravios” defendía que el nuevo Estado tenía que velar por la pluralidad territorial y tenía que alejarse de estructuras centralistas y unificadoras.

1810. La construcción de una nueva realidad política

En un contexto de guerra europea, llegaron hasta Cádiz más de 240 diputados de todo el territorio convencidos que iban a hacer historia, porque se iba a redactar una moderna Constitución. El rey Carlos IV de España había sido depuesto por absolutista, después de la ocupación francesa del territorio peninsular. En las Cortes de Cádiz se estableció que el poder residía en el conjunto de los ciudadanos, representados por las Cortes. Pero Cádiz también supuso —por primera vez— la oportunidad real para que los políticos catalanes fueran invitados a participar activamente en el nuevo sistema político español que se estaba creando. En aquel revolucionario contexto, la delegación catalana defendió abiertamente la propuesta de modernizar España de acuerdo con el proyecto austriacista liquidado hacía menos de un siglo. Por lo tanto, había que fundamentar el desarrollo económico y social de acuerdo con la industrialización de los territorios. Pero por el Tratado de Valençay se restituyó en el trono a Fernando VII como monarca absoluto, y frustró todas aquellas ideas modernas surgidas de las Cortes de Cádiz y de su revolucionaria Constitución, que había sacudido España.

1870. La historia siempre da una segunda oportunidad

Aquel verano de 1870 en París, María Isabel Luisa de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, reina de España, abdicó. Esa renuncia de poder —igual que el emperador Carlos— era la consecuencia de un intenso debate político sobre cómo se tenía que articular la modernidad de España. La disputa entre carlistas y liberales se había dirimido en los campos de batalla durante las últimas tres décadas. Pero durante las décadas siguientes el callejón sin salida continuaría. España había entrado en un laberinto del cual tardará cien años en salir. La modernidad comportó una profunda transformación estructural, incluido el reparto de poder. La historiografía ha abordado este periodo desde la perspectiva de la primera crisis del capitalismo español. Pero, en realidad, en el origen del problema económico se encontraba la corrupción. 

Políticos, militares y nobles especularon tanto en las compañías ferroviarias como en la construcción, hasta el punto que a finales de la década hubo un crac bursátil de dimensiones bíblicas. La Guerra Civil de los Estados Unidos provocó un aumento de los precios de la materia prima —el algodón—, motor de la industria textil catalana, que —por carencia de previsión del Estado— provocó la ruina de muchos empresarios de este sector. Y un periodo prolongado de malas cosechas provocó un aumento estrepitoso del precio de los alimentos básicos, que afectó negativamente a las clases más populares. En este contexto tan difícil y puesto que el Estado estaba tan endeudado, se aportaron dos soluciones: por un lado, aumentar la presión fiscal sobre las clases populares y, por otro, embarcarse en una aventura colonial como fue la Guerra de las Islas Chincha, ante las costas del Perú.

1931. La montaña es un buen lugar para pensar

Aquella primavera de 1931, España optó por gestionar el poder siguiendo una fórmula fracasada en el pasado. La corrupción había agotado el sistema de la Restauración borbónica y, por lo tanto, había que buscar una nueva relación con el poder. La pregunta que se planteaba entonces —y todavía hoy— era si España podía ser una federación de naciones. ¡Había que probarlo! En este contexto, se instalaron en el Santuario de Nuria los diputados del recientemente creado Gobierno de la Generalitat de Cataluña, encargados de redactar una propuesta de relación entre Cataluña y España. Todo el mundo tenía la certeza de estar ante un momento histórico. 

El resultado fue un texto constitucional que respondía a la voluntad de Cataluña y a su legítimo derecho de ejercer la autodeterminación. Se estaba proponiendo una situación de igualdad jurídica y política respecto a los otros pueblos del Estado. Se planteaba ampliar la mirada. Pero el Estado se puso nervioso. Un año más tarde, las Cortes españolas aprobaron un Estatuto que ya no tenía nada que ver con el que había refrendado meses atrás el pueblo de Cataluña. Se rechazaba la fórmula federal, se reducían competencias de la Generalitat y se instauraba la cooficialidad del catalán y el castellano en un modelo bilingüe. Cataluña quedaba reducida a una “región autónoma dentro del Estado español”. Fue entonces cuando en la lejanía empezó a oírse ruido de sables que obligaron a España a volver al campo de batalla.

2004. Hacia un nuevo paradigma histórico

Con la resaca de los acontecimientos de la última década del siglo pasado, todo el mundo creyó que España había optado por reconocer su diversidad. La lengua catalana se hablaba —incluso— en los círculos más íntimos de la oligarquía castellana. En un clima de pujanza económica, estabilidad social y de reconocimiento mutuo, Cataluña creyó que podía volver a plantear su relación con España. ¿Era posible? La escrupulosidad de la misión —igual que en el pasado—, en la elaboración de un nuevo marco constitucional como fue el nuevo Estatuto de Cataluña, supuso un importante esfuerzo para encontrar un punto de encuentro donde estuvieran representados todos los estratos sociales. Cómo sigue esta historia es conocido por todo el mundo. El 1 de octubre de 2017 es la constatación de la imposibilidad del diálogo y la necesidad de volver al inicio de todo: a mucho antes de la Guerra Civil castellana de 1479.

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