Desde tiempos inmemoriales, aquello que los geógrafos griegos definieron como Península Ibérica, ha pasado a ser el solar donde se ha construido una Historia, la cual ha ido forjando diferentes realidades y maneras de ser. Pero con el devenir de España —a principios del XIX— diferentes concepciones políticas han buscado la manera de vertebrarla a cualquier precio. Por este motivo, algunos se han empeñado en demostrar una ficticia uniformidad histórica y territorial, por el simple hecho de compartir una misma geografía. Cataluña ha compartido este solar, pero su realidad histórica es otra y es bueno recordarlo, ahora que el debate vuelve a estar abierto.

La historia tradicional de España se ha construido de acuerdo con la premisa de otorgar un protagonismo único a Castilla —prolongada con Andalucía y Extremadura— la cual ha sido exclusivamente identificada con España. A la periferia, especialmente el levante mediterráneo y el noroeste peninsular, se le ha permitido tener o bien un papel secundario o bien adquirir cierta relevancia de manera puntual, sobre todo en los momentos donde la decadencia castellana se hacía más patente.

Así pues, Castilla —siempre bajo una óptica negacionista— ha hecho creer que existe una “nación española” y unas identidades “periféricas” que las ha autodefinido como nacionalidades. Pero la realidad es otra. La nación española como la nación catalana o la nación vasca son, existen, porque son vividas y percibidas por quien así mismo dicen formar parte. Por lo tanto, se vuelve a hacer uso de la banalización para confundir la opinión pública e intentar evitar cualquier proceso de autodeterminación legítimo. En este sentido, la construcción identitaria de la nación española se vuelve bien a menudo una destrucción sistemática de las “periferias”, es decir, el españolismo acaba construyendo su identidad reprimiendo las diferencias del territorio que considera nacional.

Esta visión ha puesto de manifiesto el grave problema sobre la realidad histórica de España. En primer lugar, ha evidenciado la imperfección de España como proyecto político dado que ha mostrado reiteradamente los continuos problemas de adaptabilidad al estándar occidental, sobre todo en cuanto a dinámicas de adopción del capitalismo, el liberalismo y el racionalismo en el triple aspecto de lo económico, lo político y lo cultural. Y, en segundo lugar, y todavía más importante, el fracaso más absoluto de Castilla en su tarea de hacer de España una comunidad armónica, plenamente satisfecha con ella misma y tolerante con el resto de territorios que la componen. Si se esconde la plurinacionalidad del estado, se deforma el pasado.

Desmantelando “la unidad de destino en el hecho universal”

Dentro del sistema escolar franquista, la historiografía se articuló en función del concepto de “Reconquista”, el cual se trata de un concepto historiográfico —empleado todavía en los currículums de secundaria de Castilla— que describe el proceso de recuperación —pues los musulmanes no eran legítimos propietarios de la geografía hispánica— del mundo feudal por encima del mundo musulmán y judío. Este proceso arrancaría al poco de la llegada de los árabes a la península Ibérica (siglo VIII) y finalizaría con los Reyes Católicos (siglo XV), los cuales acabarían unificando “España” como un Estado integral. Esta Reconquista acabaría forjando “el espíritu español”.

A mediados de siglo pasado, un conjunto de historiadores —a fin de legitimar los vencedores de la Guerra Civil— emprendieron la tarea de construir los argumentos históricos donde se sustentara el nuevo régimen. El corpus teórico se basó en encontrar “la esencia de España”. Por lo tanto, la historiografía españolista llegó a “demostrar” que realmente existían unas características distintivas de continuidad entre el pasado prehistórico hasta la actualidad, las cuales definen este “espíritu español”.

Actualmente, las investigaciones tienden a romper la homogeneidad territorial de las provincias y muestran una predisposición cada vez más clara en realizar investigaciones que subrayen más las diferencias sociales y territoriales, como por ejemplo los últimos estudios sobre los hispanogodos del siglo VIII, donde se constatan diferencias significativas entre las sociedades peninsulares, principalmente condicionadas por los hábitats donde desarrollan sus actividades. Las evidencias arqueológicas —sin rehuir de las fuentes documentales— demuestran fehacientemente que el proceso de romanización les afectó de manera muy diferente.

Por lo tanto, las crisis de la antigüedad tardía de los siglos III al VIII provocarían cambios mucho más profundos, los cuales afectarían de manera desigual a los diferentes territorios peninsulares. En consecuencia, la llegada de los árabes a la península Ibérica también afectaría estas sociedades de diferente manera, por lo cual, la idea de la continuidad entre el reino visigodo y las consiguientes formaciones políticas se diluiría como el azúcar.

La arqueología ha confirmado que la penetración del mundo musulmán dentro del territorio peninsular no fue tan traumático como se ha querido hacer creer. Los restos arqueológicos revelan que, después de la conquista, el territorio peninsular nunca fue abandonado. Por lo tanto, todo esto demostraría que muchos hispanogodos profesaron la nueva fe musulmana, no tanto por convicción, sino para mantener la propiedad de la tierra. Y esta tierra se verá transformada por la introducción de nuevos sistemas de producción agraria, basados principalmente en la gestión y la fuerza del agua.

Deslegitimar el origen para anular la diferencia

A partir del siglo IX, la mayoría de los territorios peninsulares se organizarán como reinos, y el rey será su máximo representante. En cambio, en los territorios del nordeste peninsular el condado será la estructura administrativa que se implementará, y el conde —impuesto desde Aquisgrán— se encargará de administrar justicia, garantizar el orden público y gestionar la fiscalidad.

Este elemento diferenciador —como fue la organización carolingia del territorio catalán— será ampliamente combatido por la historiografía franquista a través de una política de disminución de su relevancia. Por este motivo, se la considerará una estructura de gobierno con poca relevancia histórica y, por eso, se llevará a cabo una nula voluntad de difusión —tanto en los círculos académicos como en los currículums escolares— lo cual afectará su conocimiento.

Por lo tanto, no nos tiene que resultar extraño que estos de historiadores no quieran entender que nuestra singularidad es el resultado de un encuadre jurídico diferente a la matriz hispánica. El territorio catalán será adscrito siguiendo la política carolingia de la Renovatio Imperii. Seguramente, de aquí vino su nula difusión, dado que ¡la esencia de España quedaba muy lejana!

Ciertamente, el título de rey es uno de los cargos políticos más antiguos y conocidos. La raíz más antigua de la palabra la encontramos en el indoeuropeo REG (regir/gobernar) la cual evolucionará al latín como REX. En el contexto de las transformaciones políticas que se sucedieron a partir del siglo IV en el occidente europeo, amplios territorios serán gobernados por líderes militares de origen germánico, los cuales progresivamente se liberarán del dominio de Roma y se organizarán como reinos. Los nuevos caudillos territoriales —sean godos, francos o suevos— seguirán su tradición jurídica y adoptarán el título de rex como máxima figura política.

Por lo tanto, todos los soberanos peninsulares serán continuadores de su legalidad jurídica. Mientras que las dinastías astur-leonesa o navarra o castellana continuarán utilizando el título de rey, el soberano catalán utilizará el título de conde, dado que legalmente continuará ligado a la dinastía francesa —heredera de la legalidad carolingia a través de la familia Capeta— y legitimada por el Papa, hasta la firma del Tratado de Corbeil y ratificado al Tratado de Anagni de mediados de siglo XIII. En la práctica, todos serán soberanos con la misma potestad, tanto si son reyes como si somos condes.

El hecho más paradójico sobre la historia de España —edificada a partir del concepto historiográfico de la Reconquista— es que se construye a partir de una falsa premisa como es la de asignar una legitimidad continuadora del reino visigodo hacia el reino astur.

Está ampliamente estudiada que esta máxima no es cierta. Los expertos han demostrado que las poblaciones indígenas cantábricas —sean astures, cántabras o vascones— siempre mantuvieron una relación muy distante y bélica con el mundo romano, visigodo, árabe o carolingio. Por lo tanto, su aislamiento se debería más por un problema de escaso encuadre administrativo que no por una resistencia feroz contra unos conquistadores romanos, visigodos, árabes o carolingios. En consecuencia, el panfleto propagandístico que suponen las tres crónicas de Alfonso III de Asturias —sobre todo la Albeldense, que de hecho es de donde sale el famoso concepto de Reconquista— se tienen que leer como aquello que son: una legitimación jurídica ante la opinión pública (y Dios) de la agresión efectuada contra una parte de la población hispánica que lo único que tienen de diferente —respecto al resto de la población— es que profesan una religión diferente.

La voluntad de alterar la realidad

“In Dei nomine. Ego Ramirus, Dei gratia rex aragonensis, dono tibi, Raimundo [Berengario], barchinonensium comes et marchio, filiam meam in uxorem, cum tocius regni aragonensis integritate, sicut pater meus Sancius, rex, vel fratres mei, Petrus et Ildefonsus…”  es, sin duda, uno de los fragmentos claves de la historia de Cataluña que ha suscitado mayor beligerancia historiográfica, sobre todo por la parte aragonesa.

Este fragmento corresponde a las famosas “Capitulaciones Matrimoniales de Barbastro”, las cuales fueron ratificadas con la “Renuncia de Zaragoza” —ambas del año 1137— por la cual el rey Ramiro II de Aragón, el Monje, comunicaba públicamente a sus súbditos que daba su hija, su reino y sus honores al conde Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y que esta donación se sellará a través del matrimonio entre el conde de Barcelona y su hija, Peronella.

En consecuencia, el conde de Barcelona será nombrado príncipe heredero de Aragón, y Ramiro —a pesar de mantener el título— devolverá al monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, de donde salió deprisa y corriendo para ser coronado rey. Por su parte, Peronella —con tan solo un año— será enviada en Barcelona para ser educada como futura condesa consorte de Barcelona y reina de Aragón. Trece años más tarde, el conde Ramón Berenguer se casará con ella en Lleida, una vez tuvo la edad legal para hacerlo, o sea, catorce años. Entonces, será el primogénito de esta unión —Alfonso el Trovador— quien se convertirá en la primera persona que ostentará los dos títulos —el de conde y el de rey— lo cual legitimará la nueva concepción política surgida de aquella donación.

La realidad histórica no manipulada afirma el hecho de que después de la “Renuncia pública de Zaragoza” el reino de Aragón quedó en un segundo plano político, dado que voluntariamente se había desposeído de su valor sucesorio, elemento clave en el siglo XII. A pesar de esto, los sucesivos condes de Barcelona respetarán y mantendrán siempre todas las instituciones aragonesas, marcando el inicio de la Confederación Catalanoaragonesa.

Por lo tanto, es básico no caer en la trampa política que circula entre ciertos círculos españolistas, los cuales argumentan que Peronella de Aragón fue el elemento clave que permitió anexionar los condados catalanes al reino de Aragón. Querer hacer creer que una princesa de un año enamore a un conde de Barcelona de veinticuatro años y que este —en pleno auge de sus dominios— ofrezca sus territorios a Aragón a cambio de obtener “un título de más prestigio”, ¡es ser un necio! Y por si fuera poco, el hecho de construir dos genealogías paralelas —Alfonso I de Cataluña es el mismo que Alfonso II de Aragón— demuestra que existe maldad y voluntad de tergiversar la realidad.

La verdadera problemática a la cual se enfrenta Aragón a principios del siglo XI es la de encontrar una solución jurídica en el testamento del rey Alfonso I el Batallador, el cual habiendo muerto sin descendencia, había dado todos sus territorios a las Órdenes militares, y esto provocó un debacle institucional. Los castellanos —aprovechando este vacío de poder y legitimados por la repudiada exmujer del rey— iniciaron la invasión de Zaragoza, seguida por la desconexión de Navarra a través de la figura de García Ramírez, conocido como el Restaurador. De este modo, Aragón quedaba muy debilitada económicamente con el consiguiente riesgo de desaparecer.

En contra de lo que han difundido los extremistas aragoneses, la unión de Aragón con los condados catalanes fue la única salida viable para la oligarquía aragonesa. Fue la única forma para frenar la presión ejercida, tanto por castellanos como por navarros, y así poder potenciar su economía agraria y ganadera con una salida clara a los mercados mediterráneos.

Poner los límites al poder

A finales del siglo XI, una nueva mentalidad apareció dentro de la sociedad barcelonesa, la cual se basó en el trabajo, la moral empresarial y la amistad. Por este motivo, Barcelona pudo desarrollar una forma propia de acumulación de capitales, asentada en el aumento y la mejora de la producción agrícola de su territorio, cosa que le permitió ser el epicentro administrativo de los condados catalanes. Las nociones de beneficio, de inversión y de capital cristalizan a lo largo del siglo XII y conducen a los condes de Barcelona a la conquista de las ciudades de Tortosa, Lleida y Balaguer, y al intento frustrado de conquistar Mallorca.

Y todo ello será posible gracias a un clima de estabilidad social que, después del desastre político que habían supuesto las revueltas feudales, se acabaron imponiendo las convenientiae o pactos feudales entre iguales. A partir de entonces, la cultura del pacto se fue generalizando por todos los condados catalanes y se convertirá una de las particularidades de nuestra manera de ser. Fruto de aquel pacto, se redactaría la primera versión de los Usatges de Barcelona, base del derecho consuetudinario catalán.

De manera gradual, la soberanía catalana se irá repartiendo entre las diferentes bases —conde, nobleza, clero y ciudadanos honrados— que representarán gran parte de la sociedad. Por lo tanto, esta política constitucionalista será uno de los rasgos distintivos de la Corona que a partir del siglo XIII se irá ampliando a medida que se continúen ejecutando las políticas expansionistas condales. Estos nuevos territorios serán configurados como Estados, donde la Corona velará para mantener las particularidades de cada territorio. Entonces, Cataluña pasará a definirse como Principado, dado que su máxima autoridad será la figura de un príncipe o el primero entre iguales.

A diferencia del resto de territorios peninsulares, —donde la problemática del poder se centrará sobre la sacralización— en Cataluña, el conflicto se situará sobre su uso. La constante evolución del derecho catalán acabará otorgando poder al conde por cesión (entre iguales). Por lo tanto, se lo obligará a gestionar correctamente su gasto y a respetar los diferentes fueros, costumbres, privilegios o usajes de sus territorios. De este modo, se fomentará el pactismo entre iguales, con el fin de equilibrar los intereses económicos entre la nobleza, el clero y la burguesía, a fin de mantener la estabilidad social.

Como resultado —y mucho antes que los ingleses— las Cortes Catalanas serán el modelo perfecto de parlamentarismo, las cuales constituirán el núcleo de la tradición pactista catalana que ha llegado hasta nuestros días. Desgraciadamente, con la derrota del 1714 y la implantación del Decreto de Nueva Planta, la Confederación Catalanoaragonesa fue fulminada y desmenuzada en diferentes provincias de una nueva monarquía centralizada que gobernaría para toda la península Ibérica sin diferencias legales.

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