El campesinado: la otra reserva estratégica

Hay una pregunta incómoda que Cataluña y Europa llevan demasiado tiempo evitando: ¿qué ocurre cuando un país todavía tiene dinero, pero ya no controla lo que come? La respuesta es sencilla y brutal. Que la soberanía es una ilusión. Por eso, cuando en 11Onze defendemos que hay que pensar como el gobernador de tu propio banco central, no hablamos solo de oro. Hablamos también de alimentos. De aquello que no se puede imprimir. De aquello que sostiene la vida cuando las cadenas globales fallan, los precios se disparan o la política da la espalda al territorio.

Durante años, el sector primario se ha tratado como una reliquia romántica. Como si el campesinado fuera un recuerdo del pasado y no una infraestructura crítica del presente. Pero la realidad se ha vuelto tozuda. La inflación alimentaria, la sequía, la dependencia exterior, el envejecimiento del campo y las protestas agrarias en toda Europa han recordado una verdad elemental: sin campesinado no hay seguridad alimentaria, y sin seguridad alimentaria no hay estabilidad económica ni política.

Cataluña lo vive en primera persona. Según el Idescat, el número de explotaciones agrarias ha caído de 54.972 en 2020 a 48.725 en 2023. Es una caída muy rápida en muy poco tiempo. Al mismo tiempo, la superficie agraria utilizada también se ha reducido. No hablamos, por tanto, solo de un cambio estadístico. Hablamos de capacidad productiva que desaparece, de conocimiento que se pierde y de territorio que queda más expuesto.

El dato más preocupante, sin embargo, no es solo cuántas explotaciones cierran, sino quién queda al frente de las que sobreviven. El propio Departamento de Agricultura recuerda, en las nuevas bases de ayuda para la sucesión de explotaciones, que en Cataluña el 40,92% de los jefes de explotación tienen 65 años o más, mientras que los menores de 35 años son solo el 4,12%. Es decir: el relevo generacional no es un reto futuro. Es una emergencia presente.

El campesinado como seguro colectivo

En Europa, el dibujo es parecido. Eurostat constata que en 2020 había 9,1 millones de explotaciones agrarias en la UE, 5,3 millones menos que en 2005. En quince años se ha evaporado cerca del 37% de las granjas europeas. Además, el 57,6% de los gestores agrarios tenían 55 años o más, y solo el 11,9% eran menores de 40 años. Sí, la UE sigue siendo una gran potencia agroalimentaria. Pero lo es sobre una base cada vez más envejecida, concentrada y frágil.

Este deterioro no se explica por una sola causa. Es una suma de asfixias. Por un lado, los agricultores llevan años denunciando precios en origen insuficientes, un poder excesivo de la gran distribución y la competencia de productos importados que no siempre soportan los mismos estándares que se exigen aquí. Esto ya lo advertíamos en 11Onze en 2021: cuando producir deja de ser rentable, el sistema no se abarata, se desmantela.

Por otro lado, Bruselas ha tenido que admitir que las protestas de 2024 no eran ninguna anécdota. La propia Comisión Europea reconoce que el primer año de aplicación de los planes de la PAC coincidió con el impacto de la guerra de Ucrania, el encarecimiento de costes y fenómenos climáticos adversos, y por ello ha impulsado paquetes de simplificación en 2024 y 2025 para reducir la carga administrativa y dar más flexibilidad a los agricultores. Cuando la burocracia tiene que simplificarse con urgencia, es que antes se había convertido en una losa.

El campesinado también es infraestructura estratégica

En Cataluña, además, la sequía ha actuado como un acelerador de todas las vulnerabilidades. La Agencia Catalana del Agua admite que el episodio de sequía vivido entre principios de 2021 y marzo de 2025 ha superado todos los episodios históricos por extensión, intensidad y duración. Esto no es un detalle meteorológico. Es un golpe estructural sobre la producción de alimentos. Y cuando el agua falla, falla mucho más que una cosecha: falla la confianza en la continuidad del sistema.

Por eso es un error pensar el campesinado solo como un sector económico. El campesinado es también una reserva estratégica. Igual que el oro es una reserva monetaria porque preserva valor fuera del sistema de promesas financieras, la producción alimentaria es una reserva física porque asegura el acceso a lo esencial fuera de la fragilidad de las cadenas globales. El oro no se puede imprimir. El trigo tampoco. Una moneda puede perder credibilidad. Una cosecha, si existe y es cercana, sigue alimentando.

Esta es la gran intuición del artículo sobre tu propio banco central: un patrimonio serio no se construye solo con números en pantalla, sino con activos reales. Activos sin riesgo de contrapartida o con utilidad inmediata. El oro cumple la primera función: proteger poder adquisitivo y actuar como seguro frente a los errores del sistema monetario. No es casualidad que en 2025 la demanda global de oro, incluyendo OTC, superara por primera vez las 5.000 toneladas, ni que los bancos centrales añadieran 863 toneladas más. El mercado está diciendo con dinero real que la confianza en los activos tangibles aumenta.

Los alimentos cumplen la segunda función: sostener la vida y la cohesión social. Sin comida, no hay orden económico que aguante. Y por eso es tan grave que Europa haya tolerado durante años la desaparición de millones de explotaciones mientras confiaba en que el mercado global haría el resto. Los mercados globales funcionan muy bien hasta que dejan de hacerlo. Lo vimos con la pandemia. Lo vimos con la guerra. Lo hemos visto con la energía. Y lo volveremos a ver con la alimentación si seguimos arrinconando al campesinado.

Por qué el campo es un seguro de país

Hay quien todavía ve el apoyo al campo como un gasto. Es justo al revés. Es un seguro colectivo. Tener un campesinado local viable significa tener más capacidad para amortiguar choques externos, más control sobre precios y suministro, más empleo arraigado en el territorio y más autonomía frente a decisiones tomadas lejos del país. La DUN de 2026 ya se prevé para 45.000 explotaciones agrarias de Cataluña. La cifra, por sí sola, ya indica dos cosas a la vez: el sector sigue vivo, pero el margen para perder más base productiva es cada vez menor.

El debate de fondo, por tanto, no es agrícola. Es civilizatorio. ¿Queremos ser una sociedad que todavía sabe producir lo que come o una sociedad que solo sabe comprarlo? ¿Queremos tener reservas reales o seguir dependiendo exclusivamente de estructuras financieras, logísticas y políticas que no controlamos? Cuando un país abandona a su campesinado, no solo pierde campesinos. Pierde soberanía. Pierde resiliencia. Pierde futuro.

En 11Onze lo tenemos claro. Si quieres pensar como el gobernador de tu propio banco central, tienes que entender que tu seguridad no depende solo de la cuenta corriente. Depende también de cómo proteges tu ahorro con activos reales, como el oro físico, y de cómo defiendes los ecosistemas que hacen posible la vida, empezando por el campesinado y la producción de alimentos. Porque la riqueza de verdad no es solo conservar valor. Es conservar capacidad de vivir. Y eso significa proteger aquello que no se puede imprimir: el oro que preserva el patrimonio y el campesinado que nos alimenta.

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Ante la emergencia climática, la economía tiende a descarbonizarse a marchas forzadas. En un contexto de crecientes impuestos a las industrias contaminantes, un estudio señala que aumentar el porcentaje de oro en una cartera de inversión diversificada reduce su huella de carbono global sin que se resienta la rentabilidad.

Los datos de la UE confirman que Europa vivió en 2022 su verano más cálido y que las temperaturas en el planeta durante los ocho últimos años han sido las más elevadas desde que existen registros. El ritmo del calentamiento global hace inaplazable una reducción drástica en las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo así se podrán evitar las consecuencias catastróficas asociadas al cambio climático.

Ante esta realidad, el proceso de descarbonización de la economía es una prioridad tan urgente que está condicionando gran parte de las actuales decisiones políticas, empresariales y de inversión. Y, en este sentido, un informe de la consultora Urgentem concluye que la inclusión del oro en una cartera de inversión diversificada “puede tener un impacto positivo en el rendimiento de la cartera desde una perspectiva de transición climática”, ya que reduce la huella de carbono global de la cartera sin que se resienta la rentabilidad. 

Cuanto más oro, menos emisiones

El estudio analizó cuál habría sido la evolución a lo largo de cinco años de carteras de inversión diversificadas con diferentes porcentajes de activos para determinar cómo la inclusión del oro afecta al perfil de riesgo-rendimiento y a la huella de carbono global. 

Su conclusión es que, por ejemplo, en una cartera con un 70 % de renta variable y un 30 % de renta fija, dedicar un 10 % de esa cartera al oro reduciría las emisiones un 7 %, mientras que aumentar el porcentaje de oro al 20 % supondría una reducción del 17 %. Además, hay indicios claros de que la inclusión de oro en la cartera mejora el perfil de riesgo-rentabilidad.

Aunque ninguna de las combinaciones de activos analizadas alcanzaría el objetivo de cero emisiones en 2050, las que más se aproximarían serían las que incluyen un mayor porcentaje dedicado al oro. De hecho, las únicas que consiguen reducir emisiones son las que dedican como mínimo un 20 % de la inversión al oro.

En cuanto a la contribución de las carteras de inversión al aumento de la temperatura global proyectada hasta el año 2100, el oro también tendría un papel muy positivo para mitigar su impacto climático. El estudio calcula que dedicar la mitad de la cartera al oro supondría una reducción del 40 % (más de 1º C) en el calentamiento generado por esa cartera. Una cartera con un 70 % de renta variable y un 30 % de renta fija generaría un incremento de 2,96 °C, mientras que una con un 45 % de renta variable, un 5 % de renta fija y un 50 % de oro solo la aumentaría 1,76 °C.

¿Y si aumentan los impuestos a las emisiones?

Una de las principales herramientas políticas para frenar el cambio climático y acelerar la transición hacia una economía libre de emisiones son los impuestos a la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, el análisis de los precios asociados al dióxido de carbono muestra que una mayor proporción de oro contribuirá a reducir el riesgo de mercado para una cartera. Y cuanto más se endurezcan las políticas de reducción de emisiones, más conveniente será ampliar el porcentaje de oro en la cartera.

Los autores del estudio admiten que el marco temporal limitado (cinco años) de los datos recabados inicialmente y el rendimiento relativamente superior del oro durante este periodo pueden haber sesgado las expectativas de rentabilidad del oro, pero advierten que el análisis a más largo plazo también confirma el efecto favorable de la inclusión de oro sobre el perfil de rentabilidad de la cartera, aunque en menor medida. 

Por otra parte, los autores del informe asumen que un inversor hereda una proporción sustancial de la huella de carbono asociada a la extracción y producción de oro. Por eso, su análisis prospectivo les permite valorar cuánto afectaría a las carteras el potencial de descarbonización de este metal precioso.

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Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la banca participa en hasta 174 empresas del sector energético. El porcentaje de acciones que tienen estas entidades financieras les asegura la toma de decisiones en los Consejos de Administración y Juntas de Accionistas.

Las grandes entidades bancarias participan en un gran número de empresas energéticas a través de acciones o consejeros en lugares clave de su administración, lo cual los permite influir en la dirección de estas compañías y en la manera en que se perfila la gestión de la transición energética.

CaixaBank es uno de los bancos más activos en este sector, participando en empresas como, Naturgy y TotalEnergies. En el caso de Naturgy, CaixaBank fue accionista mayoritario de Repsol hasta 2019. La entidad financiera mantiene su control sobre estas empresas a través de CriteriaCaixa y cuenta con consejeros en lugares clave de las compañías energéticas.

Por su parte, Bankia también tiene miembros en los consejos de administración de la Red Eléctrica de España, mientras que Banco Santander participa en empresas como Endesa en Chile, Técnicas Reunidas y ENCE Energía & Celulosa. El Banco Sabadell también tiene una presencia importante en el sector de la energía, con consejeros en Repsol, ENCE Energía & Celulosa y Enagas.

Conflicto de intereses

Teniendo en cuenta que la crisis energética ha disparado el precio de la energía y, por lo tanto, los beneficios de estas compañías – los grandes bancos y las principales energéticas han acumulado más de 64.000 en beneficios durante los tres años de pandemia y crisis inflacionista – se hace difícil justificar aquellas posiciones alérgicas a la intervención pública de estos sectores económicos.

No deja de ser curioso que los mismos actores opuestos a la intervención del gobierno no parezcan tener ningún problema en perpetuar y justificar las puertas giratorias. Un negocio redondo, que a través de fichar a expresidentes y exministros para las directivas de bancos y energéticas, ha facilitado el oligopolio eléctrico del mercado de la energía en el Estado español, preservando la manipulación precios a expensas del consumidor, y con beneficios extraordinarios para estos dos sectores de la economía.

Las soluciones a los problemas derivados del conflicto de intereses de los accionistas de estas empresas no se pueden limitar a las imposiciones fiscales puntuales al sector financiero y energético, después de que hayan obtenido beneficios extraordinarios. Si queremos eliminar el problema de pura cepa, quizás haríamos bien en preguntarnos qué se está pagando cuando se contrata un político, sin estudios ni experiencia relevante, para un cargo en un banco o compañera eléctrica.

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La transición verde promete energía limpia, soberanía y sostenibilidad. Pero detrás de las placas solares, las baterías y los coches eléctricos se esconden nuevos cuellos de botella geopolíticos. El futuro verde también tiene dueños. Y no son europeos.

La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad política y económica global. Pero reducir este proceso a una cuestión ambiental es un error. La transición ecológica es, sobre todo, una reconfiguración del poder mundial. Y Europa corre el riesgo de sustituir la dependencia del petróleo y del gas por una nueva dependencia “verde” de minerales críticos controlados por terceros países, con impacto directo sobre precios, inflación y seguridad económica.

Durante décadas, la economía global ha girado en torno al petróleo, el gas y el uranio. Estos recursos han determinado alianzas, guerras, inflación y dependencias estructurales. Hoy, el relato es diferente, pero la base material sigue siendo imprescindible. La transición verde no elimina la dependencia de los recursos: la transforma.

Los nuevos protagonistas son el litio, el cobalto, el níquel, el cobre y las tierras raras. Sin estos minerales no hay baterías, ni placas solares, ni aerogeneradores, ni movilidad eléctrica. Ninguna tecnología verde es inmaterial. Todo dispositivo “limpio” tiene detrás una cadena extractiva intensiva, a menudo invisible para el consumidor final.

La demanda de estos recursos crece de manera exponencial. Según datos de la Comisión Europea, un coche eléctrico necesita hasta seis veces más minerales que un vehículo de combustión. El cambio tecnológico es profundo, pero la lógica económica sigue siendo la misma: quien controla el recurso controla el sistema.

El mapa real del poder verde

El relato oficial habla de transición, diversificación y autonomía. Pero el mapa real del suministro de minerales críticos cuenta otra historia. El control está fuertemente concentrado en pocos países, muchos de ellos fuera de la órbita europea.

China es el actor central. Domina el refinado de tierras raras, del litio y del cobalto, y controla etapas clave de la cadena de valor, aunque no siempre sea el principal extractor. La República Democrática del Congo concentra más del 70% del cobalto mundial, a menudo en condiciones sociales y ambientales muy cuestionables. Chile, Argentina y Australia lideran la extracción de litio.

Europa, en cambio, es estructuralmente dependiente. Importa el 98% de las tierras raras que consume y depende masivamente del exterior para la mayoría de los minerales críticos, según datos de la Comisión Europea y del US Geological Survey. La transición verde europea se edifica, paradójicamente, sobre recursos que no controla.

La nueva dependencia verde

Sustituir el gas ruso por minerales chinos o africanos no elimina la vulnerabilidad. La desplaza. Esta nueva dependencia verde expone a Europa a tensiones geopolíticas, restricciones comerciales y chantajes económicos cada vez más frecuentes.

El ejemplo es claro: en 2023, China impuso restricciones a la exportación de galio y germanio, minerales clave para la industria tecnológica y energética. Un movimiento que sacudió las cadenas de suministro globales y evidenció hasta qué punto la transición verde es también un arma geopolítica.

Según el Fondo Monetario Internacional, la fragmentación geopolítica del comercio mundial incrementa los riesgos de escasez, volatilidad de precios y presiones inflacionistas estructurales. La transición energética, sin soberanía material, puede convertirse en una fuente de inestabilidad económica permanente.

¿Quién acaba pagando la transición?

El coste de la dependencia siempre cae hacia abajo. Cuando los recursos se encarecen o escasean, el sistema no absorbe el choque: lo traslada. Energía más cara, costes industriales al alza y subvenciones sostenidas con deuda pública acaban filtrándose inevitablemente en los precios finales. La transición verde, tal como se está desplegando, no es neutra en términos económicos: genera tensiones inflacionistas que impactan directamente en el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Este impacto va mucho más allá de la factura energética. Afecta a los alimentos, la vivienda y la movilidad, y tensiona especialmente a las clases medias, que vuelven a actuar como principal amortiguador del sistema. Los datos muestran que el aumento de los costes energéticos y de los inputs industriales ha sido un factor clave de la inflación reciente, erosionando el ahorro y reduciendo el margen de maniobra de hogares y empresas. La pregunta ya no es si la transición es necesaria, sino quién asume realmente su coste.

Aquí emerge una contradicción estructural: no hay sostenibilidad sin soberanía. Europa habla de reindustrialización y autonomía estratégica, pero llega tarde, con costes elevados y fuertes resistencias sociales. El reciclaje es imprescindible, pero insuficiente para satisfacer una demanda creciente de minerales críticos. Mientras tanto, la carrera global por los recursos avanza y el margen de maniobra se reduce. ¿Podemos hablar de sostenibilidad si dependemos de otras potencias para hacerla posible? Esta es la pregunta incómoda que Europa aún no ha respondido.

El futuro verde también es poder

El futuro verde también es poder. La transición ecológica no es solo una cuestión climática ni tecnológica, sino una cuestión de control, recursos y soberanía económica. Cambiar de modelo energético sin replantear quién controla las materias primas es sustituir una dependencia por otra. Y en este juego de fuerzas, Europa parte con desventaja.

Si el futuro sostenible no se construye con realismo geopolítico, el coste no lo pagarán los mercados ni las grandes corporaciones, sino la ciudadanía. Precios más altos, inflación persistente y una menor capacidad de decisión económica son el peaje de una transición diseñada sin control de los recursos críticos. La sostenibilidad, sin soberanía, se vuelve frágil y socialmente regresiva.

En 11Onze, creemos que hablar de sostenibilidad sin hablar de recursos es autoengañarse. Entender quién controla el futuro es el primer paso para proteger el ahorro, preservar la libertad económica y mantener la capacidad de decisión en un mundo cada vez más tenso y fragmentado. Porque el verdadero progreso no es solo verde: debe ser también justo, resiliente y soberano.

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El 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, y el volumen de negocio que esto puede generar convierte el ecosistema marino en un sector estratégico para desarrollar una economía sostenible.

La economía azul describe todas aquellas actividades económicas vinculadas al mar y a ecosistemas marinos. Incluye actividades portuarias y de logística, la pesca, la industria naval, la producción energética, el deporte, la ciencia y actividades tecnológicas. La principal premisa es la sostenibilidad, ya que de ello dependerá el futuro tanto de este sector económico como del planeta en general. 

Objetivo 2050: el 35% de la energía se producirá en el mar

La Comisión Europea señala la economía azul como agente clave en el European Green Deal (el trato verde europeo), que promueve el desarrollo sostenible de todos los países miembros. El océano actúa de regulador del clima, es indispensable en la producción de oxígeno y ofrece energía, alimentos y otros recursos sin los cuales no podríamos vivir.

Es, por lo tanto, un sector estratégico en la lucha contra el cambio climático que, hoy en día, pone el foco en dos grandes objetivos: desarrollar energía renovable en alta mar, hasta lograr el 35 % de producción energética en 2050 y, por otro lado, hacer más sostenibles los puertos y los transportes, procurando limitar las emisiones de carbono y reducir la huella ecológica de los puertos.

Cataluña cuenta con un proyecto que podría alcanzar el objetivo energético, el llamado Parque Tramuntana. Con la intención de convertirse en un punto de referencia contra el cambio climático, el Empordà presenta esta propuesta para crear un parque eólico marino y flotante en el Golfo de Roses. El proyecto entraría en funcionamiento en 2026 y podría suministrar el 45% de la energía de la provincia de Girona, además de crear 5000 puestos de trabajo y contribuir a la preservación y regeneración de ecosistemas marinos.

¿Qué es el European Green Deal? El European Research Council lo explica en este vídeo.

La Cataluña azul, líder en Europa

En Cataluña, en 2018 se iniciaba el plan para promover la economía azul en el territorio. Desde entonces, el sector ha generado más de 200.000 puestos de trabajo y 35.500 millones de euros de facturación. Una cifra que sitúa Cataluña al frente de los países europeos donde la economía marítima tiene mayor peso interno. La siguen Portugal, Estonia, Grecia, Malta y Chipre.

El peso que tiene es innegable, y la implicación empresarial catalana lo corrobora. Por ejemplo, desde el Puerto de Barcelona se ha impulsado un proyecto para convertirlo en un hub de economía azul, que actúe de punto estratégico para empresas relacionadas con el sector de forma directa o indirecta.

También este año, se ha creado en las tierras del Ebro el Clúster de Empresas de Economía Azul, una iniciativa abierta a todas las empresas de la zona que quieran sumar esfuerzos por la preservación medioambiental del Delta y su actividad económica, mayoritariamente marítima.

Un desarrollo económico sostenible implica aprovechar de forma eficiente los recursos disponibles, y en este sentido Cataluña tiene que aprovechar y utilizar conscientemente todo lo que el mar puede ofrecer. El objetivo será el progreso económico y social, pero con el mismo grado de importancia lo será la preservación medioambiental, porque tal como avisan desde la Comisión Europea, «no puede haber verde sin azul.»

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La inteligencia artificial facilita el cumplimiento del 79% de los objetivos de desarrollo sostenible marcados mundialmente a la Agenda 2030. Analizamos el estudio de Nature Communications para desgranar el porqué de esta cifra y desde qué ámbitos se logrará.

¿Qué se entiende por inteligencia artificial (IA)?

A pesar de que no existe una sola manera de describirlo, una forma certera es la que describe Britannica, entendiendo la IA como la capacidad de un ordenador digital o robot para desarrollar tareas que requieren inteligencia humana. Es decir, aprovechar las herramientas tecnológicas para optimizar tareas humanas y, al mismo tiempo, lograr retos que hasta ahora parecían imposibles. El desarrollo social y económico no se entiende sin estos mecanismos de IA que, hoy en día, ya marcan nuestra vida cotidiana. Reconocimiento facial, dactilar, por voz, predicción meteorológica, comunicación interactiva con máquinas, extracción automática de conocimiento o razonamiento lógico son algunos de los logros que, sin duda, marcarán el siglo. El foco, y el reto, está en crear y utilizar esta tecnología para contribuir a un desarrollo sostenible a escala global.

Los tres pilares del desarrollo sostenible

Sociedad, economía y medio ambiente conforman la base para entender el mundo actual y, por lo tanto, son los puntos clave para desarrollar acciones estratégicas. Desde estos tres grandes bloques se han creado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 17 objetivos y 169 metas conforman los retos presentes y futuros a escala mundial para mantener a raya los adelantos tecnológicos y asegurar que cada paso contribuye positivamente al progreso social.

A través de las 169 metas se tratan todos los ámbitos, como por ejemplo la pobreza, la educación de calidad, el acceso a la alimentación, salud y agua para la población, la energía limpia y asequible o la creación de ciudades sostenibles. El estudio de Nature Communications, basado en más de sesenta fuentes, determina que un correcto desarrollo de la IA puede tener un impacto positivo en 134 de estas metas, el 79%. Los usos de la IA son múltiples y los encontramos representados en aquellas acciones más cotidianas.

IA para reducir las desigualdades sociales

La tecnología se abre para llegar a todos los bolsillos, también desde el punto de vista económico. Actualmente, utilizar IA a través de nuestros smartphones forma parte de nuestra rutina. Reconocimiento de voz, táctil y de impronta, localización de dispositivo, conectividad… las herramientas IA se incorporan a toda velocidad para simplificar la experiencia de los usuarios y conseguir que todo el mundo tenga acceso a la tecnología. El objetivo es reducir, así, la brecha digital.

Pero la IA va más allá y busca crear mecanismos de inclusión para ciertos colectivos. Un ejemplo son las herramientas como Google Lookout o Microsoft Seeing AI que facilitan la percepción del entorno para las personas ciegas gracias a la identificación de objetos, personas o texto.

En casa nuestra, aplicaciones como el Localizador de la Fundació Arrels utilizan la tecnología como mecanismo de atención a colectivos en riesgo, en este caso enfocado a apoyar a personas sin hogar. Otro ejemplo es Refugee Aid App que pone al alcance de personas migrantes la localización de ONG, centros sociales y de ayuda humanitaria donde pueden ser atendidos.

Este es uno de los puntos clave de la IA, favorecer el interconexionado entre usuarios de todo el mundo y facilitar la creación de espacios de encuentro desde donde afrontar, de forma colectiva, un desarrollo social, igualitario e inclusivo. La tecnología pone la plataforma, pero son los ciudadanos quienes tienen que pasar a la acción.

IA para una economía circular

En clave de desarrollo sostenible, aparece el concepto de economía circular en que la producción va alineada con el ciclo de vida de los productos y se aleja del sistema tradicional basado al comprar, utilizar y tirar. La IA incentiva este sistema a partir de las acciones cotidianas más sencillas. Más allá de conectar marcas y consumidores, las plataformas digitales incentivan el intercambio de productos de segunda mano y se ha creado, desde el entorno digital, una tendencia basada en reutilizar productos y promocionar el DIY.

La industria también se apunta a la producción basada en las 7R, y lo hace de formas muy diversas. Las máquinas se ponen al servicio del medio ambiente para llevar a cabo una producción basada en materiales reciclados, desde neumáticos para hacer carreteras hasta prendas de ropa. La tecnología también llega a los métodos de transporte, que cada vez son más sostenibles y fomentan la cooperación por encima de la propiedad privada.

En el ámbito de generación de riqueza, la IA también es clave en el sector empresarial en términos de eficiencia y optimización de procesos, así como en el proceso de selección. Desde unir empresas y buscadores de trabajo hasta crear procesos automatizados de selección de talento. En la misma línea, empresas de inversión como Circularity Capital conectan, a partir de aplicaciones, inversión y proyectos sostenibles. El tejido empresarial se adapta a las necesidades medioambientales con la tecnología como principal aliado.

IA en el medio ambiente: tecnología para entender el mundo

Con voluntad de preservación medioambiental, se han creado plataformas que utilizan el análisis de datos para identificar especies en riesgo de extinción, evitar la desertificación en zonas de riesgo o favorecer el mantenimiento de los bosques. Para un uso más cotidiano, aparecen aplicaciones que incentivan el consumo de alimentos de temporada, promueven el comercio de proximidad o incentivan el consumo de pescado de forma sostenible, sin olvidar la predicción meteorológica que acontece clave en el ámbito marítimo o de montaña.

Al mismo tiempo, desde nuestro móvil y gracias a la IA, podemos calcular la calidad del aire a tiempo real, las emisiones de gases de efecto invernadero o la huella de carbono que generamos diariamente. Todo de facilidades que demuestran que llevar un estilo de vida sostenible está solo a un clic.

La tecnología nos permite entender y saber qué está pasando en todo el planeta, e incluso en otros planetas. Las aplicaciones creadas a través de IA se extienden a todos los ámbitos y la lectura global es positiva: se está consiguiendo crear un tipo de tecnología que facilita la vida a los humanos y, sobre todo, que procura su desarrollo sostenible, pensando en clave comunitaria. El auténtico reto en esta cuestión, y en el que hace énfasis el estudio, es conseguir que la creación y el mantenimiento de esta tecnología no genere un impacto negativo al planeta. La IA puede favorecer al desarrollo sostenible, pero solo se conseguirá si el proceso hasta lograrlo también es respetuoso con el medio ambiente.

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Apple ha publicado este noviembre un comunicado donde anuncia que pondrá al alcance de los usuarios manuales, herramientas y piezas de repuesto para que puedan hacer sus propias reparaciones. Así, los consumidores podrán reparar sus móviles y ordenadores a principios del 2022 en los Estados Unidos, y a finales de año en la Unión Europea.

El programa de autoservicio de reparación anunciado por Apple llega después de años de presión por parte de la Federal Trade Comission de los Estados Unidos, la Unión Europea, y de la plataforma Por el Derecho a Reparar. La noticia ha sido celebrada como una pequeña victoria para el consumidor. Aun así, como explican los responsables de iFixit, el portal de manuales de reparación de productos electrónicos y uno de los principales proponentes del derecho a reparar, nos tenemos que fijar en los detalles del comunicado para entender que no todo es de color de rosa.

“Apple está modelando este servicio de autorreparación siguiendo las líneas de su restrictivo programa Independiente Repair Provider (IRP)”, alerta iFixit. Es decir, solo se pueden comprar recambios nuevos directamente en Apple, a los precios de Apple, y no se permite emplear componentes de otros aparatos o proveedores, y, por lo tanto, elimina cualquier incentivo a la hora de reparar estos dispositivos fuera de los servicios oficiales de Apple.

En 11Onze ya puedes utilizar tu iPhone como si fuera tu tarjeta 11Onze y hacer pagos seguros, rápidos y cómodos en cualquier establecimiento con TPV con ‘contactless’. Si todavía no tienes tu tarjeta 11Onze, aquí te explicamos cómo pedirla. Enseguida que la tengas, podrás empezar a usar tu móvil para hacer pagos.

11Onze se está convirtiendo en un fenómeno como primera comunidad fintech de Cataluña. Ahora, lanza la primera versión de El Canut, la super app de 11Onze, para Android y Apple. Desde El Canut se puede abrir la primera cuenta universal en el territorio catalán.

La subida del precio de la luz ha disparado el interés por el autoconsumo fotovoltaico, que se establece como la mejor opción para esquivar los elevados costes energéticos. En este episodio de La Plaça, hablamos del aumento de la demanda en la instalación de paneles solares con Raúl Rodríguez, director general de la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (FEGICAT).

La creciente tendencia de particulares y empresas en generar su propia electricidad mediante paneles solares ha hecho que la potencia instalada se duplicara en los últimos 12 meses. Este incremento de la demanda ha sido impulsado principalmente por dos factores: por un lado, el descenso de los costes de las tecnologías fotovoltaicas y, por la otra, la inflación que ha afectado especialmente los precios de la energía.

El gran interés para instalar paneles solares, reduciendo la dependencia en el sistema de suministro eléctrico tradicional, ha provocado que las empresas del sector no puedan hacer frente a toda la demanda. La falta de personal cualificado agravia la situación, como explica Rodríguez, “el colectivo de empresas instaladoras está en disposición de incorporar, de forma inmediata, a 18.000 trabajadores”.

Encajar la oferta con la demanda laboral

El reto de la transición energética y de lograr la neutralidad de carbono en 2050, como pide la Unión Europea, significa que en Cataluña “necesitaremos 170.000 trabajadores en el sector”, apunta Rodríguez, y continúa, “estamos hablando de salarios mínimos de 1.500 euros al mes en 14 pagas, y con una proyección de futuro impresionante”.

“Se trata de una oportunidad competitiva de país, siempre que la sepamos aprovechar”, el director general de FEGICAT advierte de la necesidad de equilibrar el mercado con mano de obra cualificada, impulsando la formación de nuevos profesionales. Una oportunidad de país en la que la administración pública ha de jugar un papel fundamental, evitando las trabas administrativas, fomentando la formación, e incrementando los incentivos fiscales.

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Si et preocupa la qualitat de l’aigua que beu la teva família, probablement carreteges grans quantitats de garrafes o d’ampolles d’aigua mineral que al cap de l’any et costen més de 1.000 euros. Amb un filtre a la teva aixeta pots continuar gaudint d’aigua de qualitat, reduir per 15 la teva despesa, ajudar el planeta i estalviar-te maldecaps i d’esquena.

Estalviar no significa necessàriament privar-se de moltes coses. Sovint significa evitar sobrecostos innecessaris en productes essencials. Per això neix Imprescindibles 11Onze, perquè puguis reduir despeses en productes dels quals no pots prescindir.

El primer d’aquests productes disponibles a la web d’11Onze està relacionat amb l’aigua, el líquid essencial per a la vida. Hem de beure’n dos litres diaris i el més habitual és que acabem comprant un munt d’ampolles o garrafes de plàstic, amb el consegüent impacte mediambiental del plàstic que comporten.

Una família de quatre membres hauria de beure una mitjana de 2.920 litres d’aigua a l’any. Això equival a una despesa mínima de 1.196 euros si comprovem els preus de les ampolles d’1,5 litres més populars als principals supermercats d’Espanya i fem la mitjana. 

En termes mediambientals, aquest consum suposa més de 60 kg de plàstic abocats al planeta i una quantitat de CO₂ similar emès a l’atmosfera durant la seva fabricació i transport.

Més de mil euros d’estalvi

És possible beure aigua de bona qualitat, amb bon sabor, estalviar i ajudar a preservar el planeta? La resposta és sí. Tan senzill com substituir el consum d’aigua envasada per aigua filtrada. El filtre Tappwater, que està fet en un 70 % de closca de coco, captura fins a 100 substàncies que podem trobar a l’aigua corrent, metalls pesants inclosos.

Pel que fa a l’estalvi econòmic, la senzilla instal·lació d’aquest filtre, que no requereix cap eina, equival a un estalvi de més de 1.100 euros a l’any per a una família de quatre membres. De gairebé 1.200 euros que suposa la compra d’aigua envasada es passa a menys de 90 euros en total. 

El kit amb el filtre i els recanvis necessaris per al consum anual costen 79,99 euros. I a això només s’han de sumar menys de 10 euros de consum d’aigua de l’aixeta, tenint en compte que el preu mitjà a Espanya és d’aproximadament 0,0019 euros per litre i que amb el paquet anual de Tappwater es poden filtrar fins a 4.800 litres.

El planeta també s’estalvia plàstic i CO₂

 Addicionalment, el medi ambient s’estalvia unes 1.947 ampolles de plàstic que no hauràs de carregar fins a casa i 63 kg de CO₂. I també t’assegures que l’aigua està lliure dels microplàstics que poden desprendre els envasos de plàstic quan es degraden per l’escalfor, i que ja s’ha demostrat que arriben al nostre torrent sanguini. 

Tots els productes de Tappwater passen estrictes proves de qualitat abans de ser enviats als clients, i per això ofereixen una garantia d’un any.

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Los acontecimientos meteorológicos extremos suponen el riesgo más grande para la humanidad durante la próxima década, según constata el último Informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial. Aun así, la desinformación y la incertidumbre económica representan las principales preocupaciones a corto plazo.

El informe anual sobre Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial analiza los principales retos a que se enfrenta el mundo a dos y diez años vista. Así mismo, examina posibles cooperaciones y diferentes enfoques para hacer frente a estos riesgos mundiales.

En la elaboración del informe de 2024 se han encuestado 1.490 expertos del mundo académico, la empresa, la administración, la comunidad internacional y la sociedad civil. Como complemento a estos datos, se ha añadido la Encuesta de Opinión Ejecutiva (EOS) hecha a 11.000 líderes empresariales en 113 economías, para identificar los riesgos que suponen la amenaza más grave para cada país.

Se analizan un total de 34 riesgos globales, entre los cuales se encuentran factores de carácter tecnológico y económico, así como riesgos sociales y geopolíticos. Como riesgo global se entiende la posibilidad que se produzca un acontecimiento o condición que afectaría negativamente una proporción significativa del PIB mundial, la población o los recursos naturales.

Los principales riesgos globales están vinculados al cambio climático

Los cambios relacionados con la emergencia climática, como por ejemplo los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas o la escasez de recursos naturales, representan la amenaza más grande por la humanidad en los próximos diez años.

Dos tercios de los encuestados están preocupados por los acontecimientos meteorológicos extremos durante la próxima década, un factor que también ocupa el segundo lugar en cuanto a riesgo en los próximos dos años. En este caso, 5 de los 10 principales riesgos globales están relacionados con el medio ambiente y el cambio climático.

Entre los responsables de organizaciones de la sociedad civil, Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, avisaba que “a menos que tomemos medidas urgentes, la amenaza solo se intensificará y nos acercará a infligir daños irreversibles a la sociedad y a los ecosistemas”. De hecho, hay estudios que muestran que en la década de 2030 podrían producirse cambios potencialmente irreversibles en el planeta si las temperaturas continúan aumentando.

Aumenta el riesgo de desinformación y polarización social

La desinformación, incluida la generada por la inteligencia artificial, y la polarización social y política ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking de preocupaciones. Las sociedades polarizadas son más propensas a fiarse de información (verdadera o falsa) que confirme sus sesgos. A corto plazo, la desinformación puede afectar a 4.000 millones de personas que votarán en 60 países durante 2024. 

Al informe se avisa que los mismos gobiernos estarán cada vez más en condiciones de determinar qué relato es considerado como “la verdad”, lo cual podría permitir a los partidos políticos monopolizar el discurso público y suprimir las voces discrepantes. Por lo tanto, se prevé que la desinformación continúe siendo utilizada por actores nacionales y extranjeros para ampliar las divisiones sociopolíticas.

En este contexto, la polarización social emerge como uno de los principales riesgos que están interconectados con la recesión económica y la falta de oportunidades. Además, las tensiones geopolíticas y los conflictos armados están afectando gravemente a la subsistencia de millones de personas, e incrementan la posibilidad que estalle una guerra de consecuencias globales.

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