El anteproyecto para la reforma de ley de seguridad nacional española prevé que, en caso de una crisis grave, los ciudadanos mayores de edad puedan ser obligados a “hacer prestaciones” para el estado, que también podrá intervenir, ocupar o requisar provisionalmente bienes y capital que considere necesarios.

Así lo establece el borrador del anteproyecto publicado por el diario El País, y que modifica la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional. Unas medidas que ya estaban, en parte, contempladas por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil para casos de emergencia, pero que ahora se amplían al ámbito de la seguridad nacional.

Embargar bienes y capital

Uno de los puntos más polémicos y que ha generado más crítica por parte de la oposición, consternación en las redes sociales, y debate entre expertos jurídicos, es en lo referente a la posibilidad, en condiciones extremas, de que el estado tenga potestad para embargar o requisar nuestros bienes y capital. Eso sí, con el derecho a ser indemnizados por perjuicios económicos en la actividad empresarial, pero sin compensación por cualquier obligación de hacer una prestación personal.

Hay que tener en cuenta que se trata de un borrador que todavía no ha sido aprobado y que tiene que pasar a trámite por las Cortes. Sin embargo, la ambigüedad y falta de concreción dan pie a diferentes interpretaciones jurídicas que crean desconfianza.

Cómo nos explica Arcadi Sala-Planell, jefe del Departamento Legal de 11Onze, el anteproyecto de ley es poco preciso. «Está hecho de forma que el Gobierno pueda actuar con total libertad y discrecionalidad, gracias a la imprecisión del articulado, que permite una interpretación jurídica demasiado amplia».

El ex-letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, opina que «la ley tiene que incluir mecanismos para evitar que nadie pueda utilizarla en el futuro para fines desproporcionados o ilegítimos» e insiste que la reforma «tendrá que ser tan detallada como sea posible» y tendría que incluir desde «un listado de catástrofes o emergencias por las que se podría aplicar, hasta qué autoridades están capacitadas para garantizar su cumplimiento e, incluso, el desarrollo de un régimen de sanciones».

Garantizar recursos críticos

Es evidente que lecciones aprendidas durante la pandemia de la Covid-19 y la subsecuente declaración del estado de alarma han influenciado la redacción del texto de este anteproyecto de ley. La especulación a consecuencia del exceso de demanda y la carencia de ciertos productos básicos como las mascarillas o EPI, provocó una subida de precios extravagante y escenas dramáticas de sanitarios trabajando sin los equipos de protección adecuados.

En un contexto de crisis extrema los gobiernos se quieren asegurar de tener suficientes herramientas legales para garantizar recursos críticos. Un concepto que no es nuevo y por el cual otros países, como los EE. UU., ya tienen leyes similares que han utilizado durante la pandemia para instar a las empresas a colaborar con las autoridades estatales en la superación de la crisis.

Dicho esto, estamos hablando de una ley ordinaria, pero que, como han señalado los juristas, puede afectar nuestros derechos fundamentales, y que posiblemente se tramitará como una ley orgánica para evitar problemas jurídicos y tener todas las garantías legales. Una tramitación que tendrá que ir acompañada de un articulado más preciso y detallado para garantizar que no puede haber un abuso de autoridad por parte de los representantes del poder ejecutivo del estado.

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