Los países de la Unión Europea intensifican las negociaciones para reactivar las normas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento antes de finales de año, suspendidas durante tres años para permitir a los estados miembros aumentar el gasto público a raíz de la crisis sanitaria.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) nace a finales de los 90 con el objetivo de evitar un déficit presupuestario excesivo en la zona euro después de la entrada en vigor de la moneda única. Dicho de otra manera, se quería evitar que los países de la eurozona gastaran por encima de sus posibilidades y así mantener la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria.

Estas normas fiscales establecen que los países que adoptan el euro tienen que mantener sus déficits presupuestarios por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB) y su deuda pública por debajo del 60% en relación con el PIB. Aun así, se aplica a todos los estados miembros de la UE. En el supuesto de que un estado miembro no cumpla la normativa, está previsto abrir un proceso sancionador con una multa equivalente al 0,5% del producto interior bruto. A la práctica, pero, esto se ha aplicado con favoritismos a Alemania y Francia, los dos países que mandan en la UE.

La normativa se reformó para hacer frente al colapso financiero de 2007 y la consiguiente crisis de la deuda soberana, que comportó la adopción de dolorosas medidas de austeridad para frenar el gasto desorbitado de algunos países. De este modo se flexibilizaba el cumplimiento de la directiva sobre el equilibrio presupuestario, permitiendo a los estados miembros aumentar su déficit, siempre que no se superara el límite del 3% del producto interior bruto.

En 2020, la Comisión Europea suspendía las reglas fiscales de deuda y déficit, de manera que los estados miembros pudieran hacer frente al batacazo económico que supuso la crisis sanitaria de la Covid-19. Subsecuentemente, Bruselas alargó durante tres años la suspensión del Pacto de Estabilidad a causa del conflicto bélico en Ucrania y una inflación desbocada.

Una reducción de la deuda que sea sostenible

La Comisión Europea propuso en abril una propuesta de revisión de las antiguas normas fiscales para hacerlas más resistentes a futuras turbulencias económicas, destacando un ajuste anual del 0.5% para los países con demasiado déficit. 

Desde entonces, los 27 estados miembros de la UE han intensificado las negociaciones con el objetivo de acordar un nuevo Pacto de Fiscalidad antes del fin de año. El nuevo pacto entrará en vigor, oficialmente, a partir del 2025, pero la Comisión Europea pidió a los estados que diseñaran sus presupuestos para el año que viene teniendo en cuenta la nueva normativa.

La Comisión Europea ha ido valorando los planes fiscales presentados por los estados miembros. En el caso de España, Bruselas avala el plan presupuestario del Ejecutivo español, considerando que cumple con la recomendación de limitar a un máximo del 2,6% el aumento del gasto público neto. Aun así, considera que España cuenta todavía con una situación presupuestaria “muy difícil” y que, por lo tanto, será necesario que “establezca una estrategia fiscal a medio plazo creíble.”

España, igual que otros países como Francia o Italia, defiende un pacto fiscal más flexible, con las normas adaptadas a las circunstancias de cada economía. Por otro lado, Alemania acepta cierta flexibilidad, pero a cambio de un mínimo ajuste anual. Sea como fuere, la reintroducción progresiva de una mayor disciplina presupuestaria está asegurada.

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