La inflación no cesa y el Gobierno del estado mantiene su compromiso de actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC, un hecho que choca directamente con la demanda de control del presupuesto de la Comisión Europea, situado en un máximo del 3,3% actualmente, y con un nuevo factor que puede ser decisivo: la jubilación prevista del 50% del funcionariado en 2023.

El escenario inflacionario que vivimos desde hace meses sitúa la economía de la mayor parte de países de la UE en una posible fase de estanflación que inevitablemente puede conducir a una inminente recesión que, hasta el momento, se ha conseguido contener. La Comisión Europea plantea que la solución pasa por el control del presupuesto: mantener el déficit público por debajo del 5% el 2023, y del 3,9% en el 2024, y lograr que el gasto no aumente más del 3,3%, entre otras medidas.

Nos situamos en España, donde este control del gasto público no puede superar el 3,3%, y deja el país con un margen de unos 20.000 millones para el gasto de la Administración Pública. Una cifra insuficiente que irá orientada a cubrir las pensiones casi de forma íntegra. A la alta cifra de gasto que suponen, por si, las pensiones, se suman dos factores clave: la intención del Gobierno de actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC y el aumento previsto de personas jubiladas de cara en el próximo año.

Las pensiones crecen al ritmo del IPC

Este es el escenario que contempla el Gobierno de España, con un aumento previsto de las pensiones equiparable al crecimiento de la inflación, y así no caer en el empobrecimiento de este gran parte de la sociedad. Una acción que supone todo un reto, teniendo en cuenta que en caso de finalizar el año con un porcentaje del 10,8%, como el del mes de julio, la partida destinada a las pensiones también tendría que crecer con este margen. Con esta medida, el desembolso previsto para las pensiones, que suponen un tercio del gasto total de la administración, podría ascender a 17.000 millones de euros.

Un coste elevado que se puede disparar si crece el número de pensionistas, que hoy en día se sitúa en unos 8,99 millones de personas, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del diciembre de 2021. España ya sufrió una situación similar en el 2020, durante la pandemia, cuando más de 10.500 funcionarios pidieron la prejubilación voluntaria ante la incertidumbre que provocó el traspaso de la gestión de jubilaciones de Hacienda a la Seguridad Social. Esto hizo incrementar las peticiones un 22% respecto a los años anteriores.

El 50% del funcionariado prevé jubilarse en el 2023

La situación actual prevé que en el 2023 podemos situarnos de nuevo en un escenario con un alto porcentaje de funcionariado que prevé jubilarse de forma anticipada. La edad de jubilación por el funcionariado es de 65 años para los que son anteriores al 2011 y de 66 para los que entraron posteriormente. Igual que el resto de asalariados, estos tienen que haber cotizado 15 años para recibir una prestación. Existe otro caso, más preocupante para el Estado, como es la jubilación anticipada, a la cual se pueden acoger las clases pasivas, y que permite a los funcionarios una jubilación anticipada a partir de los 60 años, siempre que hayan cotizado un mínimo de 30 años.

La prestación mediana para los funcionarios se suele situar en 2.300 euros, según la estadística de pensiones que elabora mensualmente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un 64% más alta que la que reciben los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social, situado en 1.400 euros de media, también en este primer trimestre del año.

Actualmente, la plantilla de funcionariado asciende a unos 2,6 millones de personas, de las cuales más de un millón tienen entre 50 y 59 años, hecho que prevé un aumento en el flujo de jubilaciones puede precipitarse en los próximos años. En un intento de frenar este escenario, el Ministerio de Seguridad Social estudiará implementar incentivos para que los funcionarios de clases pasivas alarguen su vida laboral más allá de los 60 años. La propuesta del CSIF, lo mayor sindicato del colectivo de trabajadores públicos, pasa por un incentivo del 5% anual acumulable.

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