¿Qué precio tendrá el rescate del Banco Central Europeo para evitar que se dispare la prima de riesgo de la deuda española? Durante la última década, la Unión Europea ha sido muy tolerante a la hora de exigir a España el cumplimiento de sus compromisos. Pero el volumen de deuda se hace cada vez más insostenible, así que los recortes y las reformas parecen inevitables en un futuro próximo.

El Banco Central Europeo (BCE) anunció a mediados de junio su intervención para evitar que se disparen las primas de riesgo de Grecia, Italia, España y Portugal. En el fondo, se trata de nuevos rescates ante la desconfianza de los mercados hacia unas economías con una deuda disparada y un claro desequilibrio en sus cuentas.

La ayuda no supone un cheque en blanco, como no lo fue ninguno de los rescates anteriores. Todo indica que la manga ancha que se ha concedido a España en la última década a la hora de cumplir sus compromisos de reformas podría acabarse en 2024. De momento, las reglas fiscales que limitan el déficit público al 3 % anual y la deuda al 60 % del PIB seguirán congeladas en 2023.

Un informe de la Comisión Europea publicado en mayo recalcaba que el endeudamiento español supera los “niveles de prudencia”, por lo que podría desestabilizar al conjunto de la UE a causa de los “desequilibrios macroeconómicos”. Los técnicos comunitarios ya han pedido la introducción de medidas para mitigar el riesgo a largo plazo de la sostenibilidad fiscal, que deberían ser adoptadas este mismo año.

Pensiones y mercado laboral

Ante esta situación, los jubilados podrían ser los grandes damnificados. Las pensiones suponen prácticamente un tercio del presupuesto del Estado español, así que resulta la partida con más margen para el recorte. De hecho, el Gobierno ya se plantea la ampliación del periodo de referencia para el cálculo de las pensiones.

El otro gran caballo de batalla de la Comisión Europea es la flexibilización del mercado laboral para reducir el porcentaje de parados, que es el doble en España que en el conjunto de la UE. Obviamente, esta reducción del desempleo para mejorar las cuentas estatales llevará aparejada cierta precarización.

Sea como sea, el objetivo de Bruselas es que la deuda española se sitúe el año que viene por debajo del 114 % del PIB. Y están por concretar las exigencias que realizará al Gobierno español en cuanto al alcance de los recortes y reformas. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el grado de exigencia en el cumplimiento de los compromisos aumentará. El gran crecimiento de la deuda durante la última década no permiten otra opción.

No hay dos sin tres

Este es el tercer “rescate” de España, tras el de 2012 al Gobierno de Mariano Rajoy para salvar a la banca y el concedido hace dos años al Ejecutivo de Pedro Sánchez para afrontar los estragos de la pandemia.

El primero supuso la inyección de 100.000 millones de euros a cambio de la firma de un “memorando de entendimiento”. Aunque este documento se centraba sobre todo en la reforma del sector financiero, también abordaba aspectos macroeconómicos. El acuerdo exigía rebajar el déficit anual del 6,3 % en 2012 al 2,8 % en 2014, con los consecuentes recortes y subidas de impuestos que ello implicó. Además, el documento establecía que se vigilarían “estrecha y regularmente” los progresos en la reducción del déficit y la aplicación de reformas estructurales para”corregir los desequilibrios macroeconómicos”.

También los 140.000 millones de euros que prometió la UE hace ahora dos años a España entre subvenciones y préstamos implicaban condiciones muy similares a las de un rescate completo. Las ayudas se están entregando por tramos y el desembolso se supedita a la aplicación de las reformas prometidas por el Gobierno español. De nuevo, estas acabarán afectando en un momento u otro sobre todo al sistema de pensiones y al mercado laboral.

El Gobierno español debe enviar cada año a la Comisión Europea un plan de estabilidad que examinan con lupa en Bruselas. Y, aunque no hay “hombres de negro” en Madrid, cualquier Gobierno europeo puede paralizar los pagos de los fondos Next Generation si considera que España no cumple lo prometido. 

Las experiencias griega e italiana

¿Hasta dónde podría llegar el plan de ajustes que exija la UE a España? Los casos de Grecia e Italia demuestran que a los tecnócratas europeos no les tiembla el pulso a la hora de tomar medidas para equilibrar las cuentas. 

Entre 2010 y 2018, el país heleno vivió un “corralito”, aplicó múltiples recortes, vendió empresas públicas y redujo las pensiones más de un tercio, además de pasar múltiples crisis políticas. Se calcula que más de 400.000 griegos tuvieron que abandonar el país durante ese periodo. Y, en el caso de Italia, se llegó a forzar en 2011 el cambio de primer ministro y el nombramiento de un Gobierno técnico casi diseñado por Bruselas.

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