La economía china creció un 5,2% el 2023, logrando el objetivo oficial del gobierno y manteniéndose cómo una de las más resilientes del mundo. Aun así, la crisis del sector inmobiliario continúa siendo un problema que puede socavar el crecimiento económico en un momento en que China no se lo puede permitir, dada la creciente carga de su deuda.

La creciente carga de la deuda china acapara los titulares. Y esto es comprensible, dado que según datos del banco central y de la oficina de estadística recopilados por Bloomberg, la deuda total en porcentaje del producto interior bruto, subió hasta un nuevo récord del 286,1% en el cuarto trimestre.

Sin embargo, el aumento de la deuda china no es nada más que la consecuencia, en gran parte, de las pérdidas acumuladas y asociadas a la mala asignación de la inversión durante la última década. Especialmente en un sector inmobiliario saturado, que ha dejado miles de viviendas vacías y sin propietarios en un cúmulo de ciudades fantasmas, de construcciones abandonadas a medias o en que las viviendas compradas sobre plano ni siquiera se han empezado a construir, desencadenando la suspensión de pagos de grandes promotores.

El gobierno chino ha dado instrucciones en los gobiernos provinciales, fuertemente endeudados, para que retrasen o paren algunos proyectos de infraestructuras financiados por los bancos estatales. Pekín intenta balancear iniciativas para estimular la economía, mientras lucha para contener el riesgo que el fácil acceso al crédito estatal fomente la especulación y la inversión no productiva.

Cronología de una burbuja inmobiliaria

El 9 de noviembre de 2008, el gobierno chino daba a conocer un paquete de medidas de estímulo económico por un valor de 4 billones de RMB (539.000 millones de euros). El objetivo de estos incentivos era invertir en infraestructura y vivienda de bajo coste, ampliando la disponibilidad de crédito.

Dado que los ingresos procedentes del mercado inmobiliario dominan los ingresos de los gobiernos provinciales, estos continuaron promoviendo actividades en el mercado inmobiliario para aumentar sus ingresos para otras inversiones públicas. Recordamos que el sector inmobiliario chino representa un tercio de la economía del país y alrededor del 70% de la riqueza personal de los ciudadanos.

En vez de imponer impuestos sobre la propiedad, los ayuntamientos vendían grandes extensiones de terreno a promotores inmobiliarios y destinaban los ingresos a servicios sociales básicos como el acondicionamiento de carreteras y el pago de pensiones. Por otro lado, los promotores inmobiliarios aprovechaban los ingresos de las ventas sobre plano de viviendas nuevas (entre el 70% y el 80% de las ventas) para financiar nuevos proyectos.

No obstante, este sistema sostenido por la especulación y el crédito fácil, se hundía con la caída de gigantes inmobiliarios como Evergrande y Country Garden, mientras que los gobiernos locales se han visto obligados a pedir rescates e intentar vender activos que han perdido gran parte de su liquidez.

Apoyo gubernamental con un plan de rescate

Después de la implosión del sector, a causa de la saturación del mercado, la especulación y una ralentización del crecimiento económico, el gobierno chino intentó en múltiples ocasiones limitar el crédito que alimentaba la burbuja. A mediados del 2020, la administración estatal anunciaba un paquete de medidas bajo el lema “las casas son para vivir, no para especular”, entre las cuales se establecían estrictas reglas en el acceso a crédito en el sector inmobiliario.

Los máximos dirigentes chinos afirman que es necesario coordinar y resolver los riesgos derivados del sector inmobiliario, limitando el acceso al crédito a proyectos de construcción de viviendas de colaboración pública-privada y también poniendo límites a la inversión en infraestructuras, pero exceptuando el crédito para la construcción de viviendas asequibles.

Por otro lado, desde agosto del 2023 se han incrementado los incentivos fiscales, extendiendo el crédito fiscal sobre el impuesto sobre la renta personal para hogares que renueven sus apartamentos hasta fines de 2025. Así mismo, el gobierno instó a los bancos a facilitar las hipotecas a los nuevos compradores y la renegociación de las tasas de interés a los clientes que ya tengan una hipoteca contratada. En este sentido, Pekín redujo el requisito mínimo de pago inicial en todo el país al 20% para los compradores que accedían a una vivienda por primera vez y al 30% para las compras posteriores.

Después de un pésimo comienzo de año, con un nuevo hundimiento de las ventas de viviendas la semana pasada, el gobierno chino sopesa un paquete de rescate bursátil, movilizando 255.000 millones de euros para estabilizar el sector. Los analistas económicos esperan que el banco central chino recorte el tipo de interés preferencial en un año, el tipo de referencia para los préstamos, en 10 puntos básicos en el primer trimestre para estimular el mercado.

El tiempo dirá la efectividad de estas medidas, pero está claro que Pekín quiere pinchar su propia burbuja inmobiliaria para acabar con la especulación. Con una posición fiscal relativamente fuerte y un banco central con margen para adoptar una política monetaria más expansiva, el gobierno chino tendría que poder facilitar soluciones a los problemas de endeudamiento del sector, aun así, caer en la trampa de utilizar la deuda como motor económico ya no es exclusivo del mundo occidental.

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