El nuevo proyecto de Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el gobierno español pueda embargar dinero y bienes de la ciudadanía en caso de crisis económica. ¿Pero esta y otras leyes estatales pueden condicionar los ahorros en cuentas europeas? Hablamos con Aina Ansó, del departamento legal de 11Onze.

Uno de los rasgos diferenciales de El Canut es la posibilidad de abrir y gestionar cuentas con un IBAN europeo, no solo español. Una función que otorga a la persona el control sobre sus ahorros, y ofrece un amplio abanico de posibilidades que pueden favorecer la gestión diaria de las cuentas, pero también la seguridad y la liquidez de los ahorros. Aina Ansó, del departamento legal de 11Onze, nos da las claves para entender en qué nos afecta el hecho de tener cuentas corrientes en países europeos.

Nuestros ahorros, ¿fuera del alcance español?

La primera incógnita a resolver es si tener una cuenta en el extranjero supone que queda fuera del alcance de España. Ansó explica que, efectivamente, “sí que supone quedar fuera del alcance del Estado en el ámbito fiscal, siempre que la cuantía de esta cuenta no supere los 50.000 euros”. Por encima de esta cifra, sí que habrá que rendir cuentas de la fiscalidad del dinero situado fuera de España.

“En este caso, se deberá informar a la Agencia Tributaria mediante la presentación del modelo 720. Asimismo, si las transacciones con el exterior exceden el millón de euros, será necesario comunicarlo también al Banco de España mediante la Encuesta sobre Transacciones Exteriores. Esto es de aplicación tanto para personas físicas como para entidades residentes en España”, detalla Ansó. Para gestionar bien nuestro patrimonio y desvanecer dudas, la experta legal también nos recomienda buscar asesoramiento. En cualquier caso, se superen o no los 50.000 euros, la ciudadanía seguirá haciendo la declaración de la renta en el país donde reside fiscalmente.

En busca de protección europea

El debate sobre la protección de nuestros ahorros es complejo, y la clave de esta cuestión recae en quien tiene el poder. En este sentido, crece la preocupación de la ciudadanía española frente al anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 22 de junio y que reforma la Ley 36/2015 del 28 de septiembre de Seguridad Nacional.

“El objetivo inicial, tal y como se tenía que hacer desde el año 2016, era especificar qué recursos puede utilizar el gobierno español ante una situación de interés para la seguridad nacional. Es decir, qué intervención específica puede llevar a cabo el Estado en caso de crisis, entendida como una situación que compromete la seguridad del país”. Una intervención que, como remarca Ansó, todavía no se puede concretar en firme: “Para poder saber si finalmente se podrá embargar una cuenta europea o no, habrá que esperar a tener el texto definitivo, aunque, observando los antecedentes, el redactado definitivo podría ser tan ambiguo que no nos permita conocer su alcance real”.

Sin embargo, en declaraciones a 11Onze, el abogado Arcadi Sala-Planell sí que se atreve a predecir que “esta ley no sería de aplicación si el cliente tiene el dinero en un banco extranjero, porque España no tiene competencias fuera de su territorio, y esta es una ley estatal. Por lo tanto, para intervenir el banco central [de otro país] debería ser una ley europea”. “Sería escandaloso”, remacha.

El control de nuestros ahorros

Teniendo en cuenta el anteproyecto, está claro que tener el dinero fuera de España puede asegurarnos más protección para nuestros ahorros. ¿Pero por qué nos protege más? ¿Qué diferencia a España de otros países europeos? Ansó señala que “si tenemos en cuenta el funcionamiento del resto de países de la Unión Europea en relación con cuestiones de seguridad nacional, es cierto que gran parte de estos países reclaman un riguroso control Parlamentario y, en cambio, en el caso de España será únicamente el Consejo de Seguridad nacional quien decida”.

Por cierto, un Consejo de Seguridad formado por el presidente del Gobierno, el vicepresidente, algunos ministros y otras autoridades, como el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado de Seguridad, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y el secretario de Estado de Exteriores, según el anteproyecto de Ley al que tuvo acceso El País.

Amparados por la legislación europea

El sistema de protección del dinero en las fintech se rige por la Directiva de 2015/2366, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior. Esta normativa, desgrana Ansó, “obliga a que los fondos de los clientes estén separados de la empresa de dinero electrónico y se depositen en una cuenta separada de una entidad de crédito”.

Ahora bien, tal y como señala la experta legal, “este dinero también se podría utilizar para invertir en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo”. “Así mismo, también hay que tener en cuenta que la empresa de dinero electrónico tiene la obligación de contratar un seguro, u otra garantía que se pueda comparar, para cubrir el importe equivalente a los fondos, por si la empresa de dinero electrónico quebrara”, añade.

Esta directiva europea, de hecho, está en sintonía con la legislación que deben cumplir las entidades de crédito para asegurar hasta 100.000 euros por depósito, que busca garantías legales para los clientes en relación con sus ahorros.

11Onze se está convirtiendo en un fenómeno como primera comunidad fintech de Cataluña. Ahora, lanza la primera versión de El Canut, la super app de 11Onze, para Android y Apple. Desde El Canut se puede abrir la primera cuenta universal en el territorio catalán.