La deuda pública acumulada de la zona euro, primero por el rescate bancario y después a consecuencia de estimular unas economías golpeadas por la pandemia sanitaria, sigue a un nivel insostenible. España se mantiene entre los países más endeudados de Europa, con una ratio de deuda sobre el PIB que se vio incrementada en 1,2 puntos respecto al ejercicio anterior en el primer trimestre del año.

La deuda pública es el volumen de dinero que un Estado ha tomado prestado de forma directa o a través de los mercados financieros o, dicho de otra manera, todas las obligaciones de pago no resueltas. Es una herramienta de gobierno para diferir sus gastos en el tiempo y así poder cumplir las funciones en que se ha comprometido.

Por sí mismo, la deuda soberana no es necesariamente una cosa mala, puede servir como lubricante para estimular el buen funcionamiento de una economía estancada o en recesión. A menudo se utiliza en un primer nivel para frenar una desaceleración en situaciones excepcionales a través de ayudas y estímulos fiscales que eviten la destrucción de tejido productivo.

Es lo que pasó durante la crisis sanitaria, cuando gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a inyectar grandes cantidades de dinero a sus economías, incrementando de manera exponencial su deuda soberana para evitar un colapso total del tejido productivo.

Ahora bien, por norma general, esta inversión tiene que venir acompañada de unas reformas estructurales que busquen mejorar la eficiencia y competitividad de la economía. De otra manera, el déficit público se puede descontrolar, perpetuando una deuda soberana que puede acabar siendo insostenible.

Dicho esto, no es lo mismo endeudarse para hacer una inversión que generará valor a la economía, que pedir financiación para cubrir un gasto descontrolado. Así mismo, hay que tener en cuenta que hay algunos países que son capaces de afrontar niveles altos de deuda porque los mercados financieros confían en su capacidad de pago, gracias a la estabilidad de sus economías o de su moneda nacional.

El peso de la deuda sobre el PIB

Aunque se tienen en cuenta otras variables, la ratio de deuda pública sobre el PIB es una métrica fundamental en el análisis de la sostenibilidad de la deuda de un país. En este sentido, los países de la eurozona a duras penas sanearon sus cuentas públicas en 2023.

Según un análisis del Banco de España que consolida las operaciones que guardan entre sí las diferentes capas del sector público, el Estado español ha pasado de tener una deuda pública de 384.662 millones de euros el 2007 a los más de 1.668.440 millones de este año. Se trata de una cifra equivalente al 114,1% del PIB, que supera en casi 7 puntos el dato oficial dado por el Gobierno (107,7% del PIB, un incremento de 1,2 puntos respecto al ejercicio anterior) y sobrepasa de largo la media observada en la UE para este mismo indicador (95,9% del PIB).

En peor situación se encuentran países como Grecia, Italia y Francia, en parte gracias al buen comportamiento de la economía española, que creció un 2,5% el 2023 y superando con creces la media de la zona euro. Esto contribuyó al hecho que la ratio de deuda pública sobre PIB se redujera en 3,9 puntos porcentuales a lo largo de 2023.

Unos desequilibrios fiscales demasiados elevados

En sede último informe presentado el pasado miércoles, el Consejo Fiscal Europeo equivalente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alerta que en los últimos años, el gasto público se ha acelerado significativamente en muchos países de la eurozona, mucho más allá de las medidas temporales adoptadas en respuesta a la crisis de la Covid-19 y la posterior subida de los precios de la energía.

En este sentido, prevé que los déficits fiscales durante el 2024 resulten superiores al que se había previsto y recomendado anteriormente. Y añade que es probable que la zona del euro tenga que entrar el 2025 con un nivel de apoyo presupuestario superior a las previsiones anteriores.

Además, el organismo avisa que España se mantiene entre los países más endeudados de Europa y que más han aumentado su deuda a raíz de la crisis sanitaria. Por lo tanto, tendrá que hacer ajustes de 7.000 millones en el año a partir de 2025, y reclama en el Gobierno español un “esfuerzo extra” de ajuste antes de llegar a este escenario.

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