Déficit público UE: ¿vacas flacas para el 2024?

Las nuevas directrices de la Unión Europea dejan atrás la relajación fiscal aprobada durante la pandemia y hacen resurgir el fantasma de las políticas de austeridad.

En marzo del 2020 la Unión Europea suspendió temporalmente las reglas fiscales recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para que los países pudieran aumentar su gasto público para hacer frente al impacto de la pandemia. Esto supuso congelar los límites del 3% y del 60% del PIB para el déficit y la deuda, respectivamente.

La Comisión Europea ha decidido alargar la suspensión de estas reglas fiscales hasta finales del 2023 a causa del impacto del conflicto en Ucrania: “La prórroga de la cláusula general de escape hasta 2023 reconoce el alta incertidumbre y grandes riesgos en una situación en la cual el estado de la economía europea no se ha normalizado”, explicaba el comisario europeo de asuntos económicos, Paolo Gentiloni.

Aun así, quiere que se vuelvan a reactivar a partir del 2024 y ya tiene redactadas las nuevas normas fiscales, incorporando algunos elementos de un nuevo marco en el cual la Comisión Europea está trabajando y que está previsto que entre en vigor el 2025.

Bruselas dará más margen a los estados

La UE relaja las reglas del juego para facilitar que los estados puedan cuadrar sus cuentas evitando los recortes indiscriminados a consecuencia de las agresivas políticas de austeridad adoptadas después de la crisis de 2008, que comportaron miseria para la población y así como provocar una ruptura entre los países endeudados del sur y sus socios del norte.

No obstante, Bruselas ha tenido en cuenta las sensibilidades de países como Alemania que quieren asegurar el cumplimiento de las reglas y delimitar claramente los límites de déficit. En este sentido, incluirá sanciones en caso de incumplimientos y propone una reducción anual del 0,5% de la deuda pública para los estados que la superen el límite acordado.

Del mismo modo, la Comisión se cura en salud y pasa la responsabilidad de asumir los compromisos fiscales en los Estados, que tendrán que presentar sus planes a cuatro años vista y responsabilizarse de futuros recortes sin poder señalar en Bruselas. “Las nuevas propuestas dan más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar sus trayectorias fiscales, pero, como contrapartida, tendrán que rendir cuentas de manera más creíble”, apuntaba Gentiloni.

Sindicatos europeos critican la propuesta

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) argumenta que estas medidas significarán: “más pobreza, menos trabajo y salarios más bajos”, alertaba Esther Lynch, secretaría general de la ETUC. La organización avisa que 10 estados miembros, entre ellos España, tienen un déficit superior al 3%, y tendrán que adoptar recortes de gastos el próximo año, corriendo el riesgo de abrir el camino de retorno a la austeridad.

El organismo ha calculado que la propuesta legislativa de Bruselas obligaría a los Estados miembros con un déficit superior al límite del 3% a recortar el gasto público en 45.000 millones de euros durante el 2024 o a subir los impuestos en una misma cantidad. Además, afirma que esto provocaría que estos estados no puedan cumplir con los objetivos de la UE para la inversión en la economía verde y digital.

En este contexto, la organización pide que se mantenga los fondos europeos para la recuperación, introducidos durante la pandemia como mecanismo de solidaridad para garantizar la igualdad de condiciones en el ámbito de las inversiones entre los Estados miembros. Del mismo modo, proponen “un régimen justo de fiscalidad empresarial que pueda financiar un nivel mínimo de inversiones estatales en los presupuestos nacionales”, evitando la concesión de fondos públicos a empresas que practiquen la evasión fiscal.

La desconfianza de los sindicatos y de algunos países sobre las decisiones el Ejecutivo europeo no son nuevas, pero plenamente justificadas teniendo en cuenta las actuaciones anteriores ante las crisis de deuda. Queda por ver cómo será la aplicación de las nuevas reglas fiscales, por el momento, Bruselas ya ha pedido a España que limite sus planes de gasto público por el 2024 a fin de ceñirse a los próximos ajustes fiscales.

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