Países como Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Chipre atraen un gran número de empresas multinacionales ofreciendo ventajas fiscales que los permiten reducir significativamente sus obligaciones tributarias. Estas prácticas de elusión fiscal transfronteriza drenan recursos de otros países comunitarios y crean tensiones entre los estados miembros.

La elusión y la evasión fiscal son conceptos jurídicos que pueden parecer sinónimos, pero que tienen una naturaleza legal totalmente diferente. La elusión fiscal consiste a usar prácticas legales para evitar pagar determinados impuestos o reducir al máximo una factura tributaria. A pesar de que esta práctica no es ilegal, muchas veces aprovecha vacíos legales para obtener determinadas exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales. Por otro lado, la evasión fiscal también busca evitar o reducir el pago de impuestos, pero en este caso utilizando prácticas ilegales, por lo tanto, es un delito penal.

Un buen ejemplo de elusión fiscal es lo que hacen muchas multinacionales españolas que tienen filiales en países con baja fiscalidad para reducir la carga de su arquitectura tributaria. Según el último informe “país por país” republicado el mes de abril por la Agencia Tributaria, los trabajadores más productivos de las empresas españolas se encuentran en sus filiales situadas en Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos.

La productividad de estas filiales en refugios fiscales de la Unión Europea que tienen las 123 multinacionales más grandes del Estado español osciló entre los 1,2 millones y los 1,9 millones de euros por trabajador, mientras en otros países europeos que no ofrecen las mismas ventajas fiscales este indicador rondó los 450.000 euros por asalariado.

Esto no pasa por casualidad y tampoco significa que los empleados de estas filiales sean mucho más eficientes que sus homólogos en el territorio español. Estas delegaciones no son centros productivos, sino pequeñas oficinas con poco personal, pero que gestionan mucho dinero. Y de aquí salen las cifras de la elevada productividad de estos trabajadores. Con estas prácticas, España pierde más de 4.700 millones de euros en impuestos en el año.

Ventajas de los refugios fiscales

El caso de Ferrovial, que, a pesar de que había recibido ayudas públicas, cambió su sede social desde España a Países Bajos fusionándose con su filial para cotizar menos, revivió el debate sobre los refugios fiscales en la UE.

La multinacional española alegaba que había elegido Países Bajos como sede por el hecho que este país europeo cuenta con una calificación crediticia triple A (AAA) así como con un marco jurídico “estable”, pero no es ningún secreto que un clima fiscal y regulador más favorable fue el principal desencadenante de la operación de traslado.

Si bien es cierto que el impuesto sobre sociedades está alrededor del 25% en los dos países, los primeros 395.000 euros de ingresos solo tributan un 15% en Países Bajos. Además, el tratamiento fiscal de los dividendos es menos agresivo y existe la posibilidad de reconducir parte de sus bases imponibles a las Antillas Holandesas con un tratamiento fiscal más favorable.

Del mismo modo, Irlanda se ha establecido como la meca de las grandes tecnológicas, financieras y farmacéuticas, atrayendo a más de 1000 multinacionales de estos sectores, en parte gracias a su benévola política fiscal corporativa, pero principalmente porque hasta el 2015 permitía crear dos empresas: una en un paraíso fiscal con los derechos de la propiedad intelectual, y la otra en Irlanda que se usaba para vender al resto del mundo mientras pagaba por estos derechos a la primera.

Nos encontramos con un caso similar en Luxemburgo, Malta y Chipre, donde las empresas españolas pueden llegar a tributar menos de un 3% por su negocio exterior. Estas filiales también destacan por ser las que menos empleados tienen de media. En Malta, el segundo país con menor tipo efectivo y donde las empresas se pueden dividir en dos, como en Irlanda, son 13 empleados de media por filial; mientras que en Chipre son solo 9.

Por último, tenemos el caso de Bélgica, país sobre el cual el Tribunal General de la Unión Europea consideró que las exenciones fiscales que había concedido a empresas multinacionales constituían un régimen de ayudas ilícito, obligando al país a recuperar 700 millones de euros en impuestos no pagados por al menos 35 multinacionales y a cambiar su régimen fiscal. Un caso excepcional en un contexto europeo favorable a los refugios fiscales que da pocas señales de cambiar en un futuro próximo.

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