Los aranceles se presentan a menudo como un impuesto a los productos extranjeros, una herramienta aparentemente sencilla para proteger la industria nacional y penalizar a los competidores de fuera. Pero la realidad es mucho más compleja. El caso de los cerca de 100.000 millones de dólares que la Administración Trump ya ha tenido que devolver después de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos es una lección magistral sobre cómo funciona realmente el comercio internacional. ¿Quién paga un arancel? ¿Quién asume su coste? ¿Y qué ocurre cuando la justicia concluye que aquel impuesto no tenía base legal?

Pocas veces una decisión judicial obliga a un gobierno a devolver decenas de miles de millones de dólares en impuestos ya cobrados. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos después de que, el 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo determinara por seis votos contra tres que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles.

La Casa Blanca había utilizado esta ley de 1977, concebida para otorgar poderes extraordinarios al presidente ante emergencias internacionales, para justificar impuestos generalizados sobre las importaciones procedentes de buena parte del mundo. Trump había calificado el persistente déficit comercial estadounidense de emergencia nacional y había recurrido a esta norma para imponer los denominados aranceles recíprocos.

El Tribunal Supremo, sin embargo, concluyó que el Congreso no había delegado a través de la IEEPA un poder arancelario de alcance prácticamente ilimitado. La sentencia recuerda que cuando el Congreso otorga al presidente capacidad para imponer aranceles lo hace de manera explícita y con limitaciones concretas, algo que no sucede en esta ley.

La consecuencia ha sido enorme. A finales de julio, la Administración ya había tramitado aproximadamente 100.000 millones de dólares en devoluciones, alrededor del 60% de los cerca de 165.000 millones recaudados con los aranceles anulados. 

Cuando la recaudación se convierte en gasto

Este es uno de los aspectos menos visibles del caso. Durante 2025, los aranceles proporcionaron al gobierno federal una recaudación extraordinaria. Los ingresos mensuales por derechos aduaneros llegaron a superar los 31.000 millones de dólares en octubre, reforzando el argumento de la Administración de que estos impuestos podían convertirse también en una importante fuente de recursos para el Tesoro.

La sentencia invirtió el flujo. En junio de 2026, el gobierno recaudó 23.600 millones en derechos aduaneros, pero devolvió 49.200 millones, lo que provocó una salida neta de 25.600 millones de dólares únicamente durante aquel mes. Las devoluciones contribuyeron a elevar el déficit federal mensual hasta los 120.000 millones.

Un instrumento presentado como una fuente de recaudación se había convertido temporalmente en un gasto multimillonario.

Washington, sin embargo, no ha renunciado a su estrategia. Después de la derrota judicial, la Administración ha buscado otros mecanismos previstos explícitamente en la legislación comercial. Entre los más importantes se encuentra la Sección 301 de la Trade Act de 1974, que permite actuar contra prácticas comerciales consideradas injustas, pero obliga a seguir investigaciones, audiencias y procedimientos administrativos previos.

En julio de 2026, la Administración ya había utilizado esta vía para imponer nuevos aranceles a decenas de economías, así como un gravamen del 25% sobre determinadas importaciones de Brasil.

¿Quién paga realmente un arancel?

Aquí aparece una de las grandes confusiones del debate político. Cuando Washington impone un arancel del 20% a un producto fabricado en China, es fácil pensar que es la empresa china quien paga este impuesto. Legalmente, sin embargo, no funciona así.

Quien abona el arancel en la aduana es la empresa estadounidense que importa la mercancía. A partir de aquí, comienza una negociación económica que varía en función del producto, del sector y de la capacidad de cada actor para proteger su margen.

El importador puede asumir una parte del coste, presionar al fabricante para que reduzca el precio, buscar un proveedor alternativo o trasladar el sobrecoste a sus clientes. Muchas veces se produce una combinación de todas estas opciones.

Por tanto, afirmar que un arancel “lo paga China” es una simplificación. El impuesto lo paga formalmente el importador estadounidense y su coste económico acaba repartido entre empresas, proveedores y consumidores. Esta diferencia entre quién ingresa el impuesto y quién acaba soportando la carga es fundamental para entender la paradoja de las devoluciones actuales.

Los aranceles también transforman las cadenas de suministro

El impacto de una política arancelaria no termina con el aumento del precio. Cuando importar desde un país se vuelve más caro, las empresas reaccionan. Buscan nuevos proveedores, trasladan una parte de la producción, sustituyen componentes o adelantan sus compras antes de que entren en vigor los nuevos impuestos.

Este proceso puede modificar profundamente las cadenas globales de suministro. Una empresa que durante décadas importaba componentes de China puede empezar a comprarlos en Vietnam, México o India, no necesariamente porque estos países sean más eficientes, sino porque el arancel altera la ecuación de costes.

Es precisamente uno de los objetivos políticos de Trump: reducir la dependencia exterior e incentivar la producción en Estados Unidos. Pero la transformación tiene un precio. Cambiar de proveedor, reestructurar contratos o modificar procesos industriales exige tiempo, inversión y una nueva logística.

A ello se añade la incertidumbre. Una empresa puede adaptarse a un arancel elevado si sabe que será estable. Es mucho más difícil planificar cuando las tarifas cambian en función de decretos presidenciales, negociaciones diplomáticas o sentencias judiciales.

Cuando la guerra comercial llega al bolsillo

Los efectos tampoco se reparten por igual entre todas las familias. Un hogar con ingresos elevados puede absorber con relativa facilidad el aumento del precio de un electrodoméstico, de un teléfono o de un vehículo. Para una familia con menos recursos, cualquier incremento de los productos cotidianos pesa proporcionalmente mucho más.

Aquí aparece otra paradoja. Una política concebida para proteger a los trabajadores estadounidenses y reforzar la industria nacional puede acabar aumentando también el coste de los bienes que consumen estos mismos trabajadores.

Por tanto, valorar el éxito de un arancel exige mirar más allá de la recaudación o de la reducción de las importaciones. Es necesario saber si ha generado suficiente nueva actividad industrial y empleo para compensar el aumento de precios y los costes que asumen empresas y consumidores.

Un arma económica y geopolítica

Además, sería un error entender los aranceles únicamente como una política fiscal o industrial. Para Trump también son una herramienta de presión geopolítica. Washington puede utilizar el acceso al mayor mercado de consumo del mundo como instrumento de negociación. Amenazar con nuevos aranceles permite presionar a otros gobiernos en cuestiones comerciales, industriales o incluso políticas.

Los nuevos gravámenes adoptados en julio bajo la Sección 301 muestran precisamente esta dimensión. La Administración los ha justificado, entre otros motivos, por la respuesta de otros países al trabajo forzado, prácticas comerciales consideradas injustas o políticas que perjudican a empresas estadounidenses.

Los aranceles se convierten así en algo más que impuestos. Forman parte de la competencia entre potencias por controlar mercados, producción, tecnología y cadenas de suministro.

Y ahora, ¿quién recupera el dinero?

La sentencia del Tribunal Supremo introduce una nueva paradoja. Si buena parte del coste de los aranceles acabó trasladándose a empresas y consumidores, sería fácil pensar que los reembolsos también deberían repartirse entre todos aquellos que los asumieron.

Jurídicamente, sin embargo, esto es casi imposible.

El dinero se devuelve a los importadores porque son ellos quienes efectuaron el pago en la aduana. Pero esto no significa que estas empresas asumieran todo el coste. Una compañía puede haber pagado diez millones de dólares en aranceles y haber recuperado una parte aumentando el precio de sus productos.

Si ahora el Estado le devuelve íntegramente aquellos diez millones, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con los consumidores que pagaron más?

Reconstruir el recorrido exacto del impuesto es extraordinariamente difícil. Habría que determinar qué parte asumió el importador, cuál repercutió sobre el distribuidor, cuál acabó incorporada al precio final y cuál absorbió el fabricante extranjero. El problema ya ha llegado a los tribunales estadounidenses, mientras algunas empresas estudian si trasladar parte de los reembolsos a sus clientes.

Cada producto, cada empresa y cada mercado reaccionan de manera diferente. Por ello, una devolución judicial puede restituir el dinero a quien legalmente pagó el impuesto, pero difícilmente puede reconstruir quién soportó realmente el coste económico.

La batalla por los aranceles continúa

La derrota judicial tampoco significa que Trump haya abandonado su política comercial. Lo que ha desaparecido es una determinada vía legal para aplicarla.

En julio, la Administración sustituyó buena parte de la arquitectura anterior por nuevos aranceles bajo la Sección 301, incluidos gravámenes de entre el 10% y el 12,5% sobre importaciones procedentes de numerosos socios comerciales. La política arancelaria, por tanto, sigue siendo un elemento central de la estrategia económica de la Casa Blanca.

Trump considera los aranceles una herramienta para reducir el déficit comercial, proteger la industria estadounidense, recuperar producción y aumentar la capacidad negociadora de Washington. Sus críticos recuerdan que también pueden aumentar los precios, perjudicar a empresas dependientes de componentes importados, provocar represalias comerciales y reducir el poder adquisitivo.

No se trata únicamente de una batalla jurídica sobre los poderes presidenciales. Es una discusión mucho más profunda sobre qué modelo comercial quiere seguir la primera economía del mundo y hasta qué punto está dispuesta a pagar el coste de proteger su mercado interior.

La gran paradoja de los 100.000 millones

La historia de estos reembolsos deja una lección económica mucho más valiosa que la propia cifra. Un arancel no es únicamente un impuesto sobre las importaciones.

Es una cadena de costes que se va trasladando a lo largo de toda la economía. Lo cobra el Estado, lo paga formalmente el importador, lo asumen parcialmente empresas y consumidores y, cuando los tribunales obligan a devolverlo, el dinero vuelve a quien legalmente lo ingresó, no necesariamente a quien soportó su impacto. Quizá esta sea la mejor demostración de que, en economía, la pregunta más importante casi nunca es quién paga, sino quién acaba soportando realmente el coste.

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