El Parlamento Europeo da luz verde a una ley sobre el derecho a reparar reforzada con el objetivo de reducir los residuos, facilitar las reparaciones y ahorrar dinero a los consumidores. La nueva normativa obligará los fabricantes a arreglar un producto, incluso si se ha agotado la garantía legal.

Finalmente, el Parlamento Europeo aprobó el 23 de abril, por mayoría absoluta con 584 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones, la directiva sobre el derecho a reparar que había puesto en marcha en noviembre del 2020. Aun así, hay un plazo de 24 meses para aplicarla, por lo cual no se hará efectiva de manera inmediata en nuestro país y se prevé que se incorpore en la futura Ley de Consumo Sostenible.

La nueva normativa tiene como objetivo reducir los residuos, extender la vida útil de los productos y facilitar sus reparaciones con el fin de avanzar hacia una economía circular y ahorrar dinero a los consumidores. En este sentido, obligará los fabricantes a arreglar un producto, incluso si ha agotado la garantía legal.

Además, los fabricantes tendrán que ofrecer recambios y herramientas a un precio razonable y se prohíbe el uso de cláusulas contractuales o prácticas informáticas para obstaculizar las reparaciones. Concretamente, no podrán impedir el uso de recambios de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones de coste o porque anteriormente fue reparado por terceros.

Facilitar las reparaciones a un precio asequible

Una de las principales novedades es que el fabricante estará obligado a llevar a cabo la reparación por un precio y en un plazo razonables, incluso después del fin del periodo de la garantía, a fin de incentivar los consumidores a optar por reparar el producto en vez de comprar uno de nuevo.

En este sentido, se introduce el concepto de “garantía de calidad”, según el cual se extiende la garantía legal en 12 meses si el consumidor decide que se repare el producto. De este modo, una vez expirada la garantía legal, el fabricante seguirá obligado a reparar productos domésticos comunes y técnicamente reparables, como por ejemplo lavadoras, aspiradoras y smartphones.

Así mismo, la directiva fija que la reparación se tiene que efectuar de manera gratuita o bien “a un precio razonable”, así como en un tiempo determinado. Incluso prevé que el fabricante pueda ofrecer en préstamo un aparato sustitutorio mientras dura la reparación. Además, los fabricantes estarán obligados a proporcionar recambios durante un mínimo de siete a diez años, según el producto.

Estas medidas pretenden evitar que la reparación de un producto no sea factible, ya sea por la imposibilidad de obtener recambios o por el elevado coste de estas. Adicionalmente, están pensadas para dar un empujón al mercado de los productos reacondicionados como una alternativa a los nuevos productos.

¿Cuándo se empezará a aplicar en Cataluña?

Una vez que Consejo adopte formalmente la directiva y se haya publicado en el Diario Oficial de la UE, los estados miembros dispondrán de 24 meses para incorporarla a su legislación nacional. Se prevé que en España se incorpore en la futura Ley de Consumo Sostenible, en la cual ya trabaja el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En el caso de Cataluña, ya hace dos años que la ley general de defensa de los consumidores incluye medidas para proteger el derecho a reparar de los consumidores. Por ejemplo, se amplió de dos a tres años la garantía que cubre cualquier defecto de fábrica.

Por otro lado, los servicios digitales (como por ejemplo suscripciones a servicios de reproducción de contenidos audiovisuales por internet, servicios de almacenamiento en la nube, etc.) y los contenidos digitales (por ejemplo, archivos de música, videojuegos, etc. descargados digitalmente), tienen una garantía legal de 2 años desde la fecha de suministro.

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