La industria de la automoción europea se encuentra en un momento crítico a consecuencia de los altos costes de producción, la pérdida de competitividad en verso las marcas chinas y de las polémicas exigencias legislativas de la UE. El nuevo reglamento europeo antiemisiones que entra en vigor en enero de 2025 pretende avivar unas ventas de coches eléctricos estancadas y vendrá acompañado de multas multimillonarias que pueden acabar de hundir unos de los pilares de la industria europea.

La Unión Europea abre el 2025 con la puesta en marcha de la normativa CAFE (por las siglas en inglés, Clean Air for Europe) que obliga a que la media de emisiones de CO₂ en los vehículos de cada fabricante se reduzca en un 15 % en comparación con los niveles del 2021. Entre 2030 y 2034, se exigirá una reducción del 55% de las emisiones de los turismos nuevos y del 50% en caso de furgonetas.

La normativa CAFE se aprobó en 2019 y prevé un plan de reducción gradual de las emisiones de los vehículos nuevos comercializados en la Unión Europea con el objetivo de prohibir las ventas de vehículos de combustión de gasolina, diésel e híbridos a partir del 2035.

Hasta ahora, este tope estaba en 115,1 g/km y desde el enero 2025 se reducirá hasta 93,6 g/km. Además, las marcas se enfrentan a una multa de 95 euros por cada gramo que supere este límite, multiplicado por el número de coches vendidos.

La industria del automóvil europea entre la espada y la pared

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés) hace tiempo que advierte que la industria del automóvil europea probablemente no será capaz de cumplir el reglamento y que puede llegar a pagar hasta 16.000 millones de euros en multas, cifra que amenazaría la viabilidad de toda la industria automovilística europea.

Según declaraciones hechas por la patronal en Europa Press, las ventas de vehículos eléctricos a Europa están estancadas sobre el 13% de la cuota de mercado, 10 puntos porcentuales menos por debajo del que tendrían que estar: “Una brecha demasiado grande para cerrarla a tiempo”.

Los fabricantes de coches advierten que la adopción masiva del vehículo eléctrico, necesaria para cumplir estas normativas, no está avanzando al ritmo esperado. Esto se debe a factores como el elevado precio de los vehículos eléctricos, la falta de infraestructuras de carga adecuadas y las reticencias de los consumidores.

En este contexto, se crea una paradoja según la cual los fabricantes se pueden ver obligados a parar la producción y ventas de coches de combustión para compensar la falta de ventas de coches eléctricos con el fin de evitar las multas multimillonarias. Aun así, afectando todavía más la poca rentabilidad de las marcas y agraviando las reducciones de plantilla y el cierre de fábricas.

Las grandes marcas europeas hablan de “potenciales daños irreversibles” si no se reducen las exigencias medioambientales y ya hace meses que están anunciando recortes de producción, cierres de fábricas y un replanteamiento de su objetivo de convertirse en fabricantes de vehículos puramente eléctricos antes del final de esta década.

El reto chino y la competitividad en riesgo

La competencia del sector automovilístico de China está erosionando la cuota de mercado de la industria del automóvil europea. Los costes de producción en Europa, incluyendo salarios elevados y precios energéticos disparados gracias al gol en propia puerta que han significado las sanciones contra Rusia, hacen que los fabricantes europeos tengan desventajas respecto a sus competidores chinos. Estos últimos, con el apoyo de una cadena de suministro más eficiente y subsidios gubernamentales sustanciales, están expandiendo rápidamente su presencia en el mercado global.

La Unión Europea (UE) ha reconocido este desafío y está intentando responder con políticas de proteccionismo económico, pero de rebote, también está castigando a los fabricantes de coches europeos que han deslocalizado su producción en China.

Por su parte, algunos países europeos como Francia, Italia y Rumanía han intentado sin éxito presionar en Bruselas para retrasar la aplicación de la normativa o de las multas. Sin embargo, teniendo en cuenta que el sector del automóvil representa el 7% del PIB de la UE y el 6,1% de la ocupación, con 13,8 millones de puestos de trabajo directos o indirectos, no se puede descartar que la Comisión Europea proponga posibles cambios a este reglamento ante el Parlamento Europeo después de redactar su informe evaluando la ejecución de la nueva normativa.

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