El mercado de las criptomonedas no deja de crecer a pesar de la volatilidad. Su regulación está en la agenda política de todo el mundo. Algunos ven en estas iniciativas un intento de proteger a los pequeños inversores, mientras que otros las consideran un intento de proteger al sistema financiero tradicional.

Tras más de una década de existencia, las criptodivisas han demostrado su potencial disruptivo sobre la política monetaria en todo el mundo. Ventajas como la creación de un sistema financiero más transparente y descentralizado o el control de la inflación gracias a los límites establecidos para la emisión de nuevas monedas son evidentes. Sin embargo, persisten problemas como la gran volatilidad del mercado, que afecta a la capacidad de un token para servir como medio de intercambio.

En los últimos años, los criptoactivos han pasado de ser productos de nicho en busca de un propósito a tener una presencia más generalizada como inversiones especulativas, coberturas frente a monedas débiles e instrumentos de pago potenciales. De ahí que los esfuerzos por regularlos ya ocupen un lugar destacado en la agenda política. 

Un mercado difícil de controlar

La supervisión de los mercados de criptomonedas es complicada porque evolucionan muy rápido. El término “criptoactivo” se refiere a un amplio espectro de productos que pueden almacenarse y negociarse utilizando principalmente carteras e intercambios digitales. Pero la terminología utilizada para describir las numerosas actividades, productos y actores involucrados no está armonizada a nivel mundial. 

Para los reguladores es difícil vigilar a miles de actores que pueden no estar sujetos a los requisitos típicos de divulgación o información. Y hay una serie de actores de la criptografía, desde mineros a desarrolladores de protocolos, que no están cubiertos con claridad por la regulación financiera tradicional.

Algunos países, como Japón y Suiza, ya han introducido legislaciones específicas que cubren los criptoactivos y sus proveedores de servicios, mientras que en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países estas regulaciones todavía están en fase de redacción. 

El marco legal en Cataluña

La Comisión Europea hizo pública en 2020 una propuesta de reglamento sobre los mercados de criptoactivos, que pretende aumentar la protección de los consumidores, establecer una conducta clara en el sector de las criptomonedas e introducir nuevos requisitos para la concesión de licencias en los países de la Unión Europea.

Si finalmente se adoptara esta propuesta, su implementación en el Estado español otorgaría competencias de supervisión y control a instituciones tradicionales como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

De momento, la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, obliga a los gestores de criptomonedas a comunicar a la autoridad fiscal datos como las fechas y las transacciones realizadas por parte de sus clientes. Y el Real Decreto Ley 7/2021 obliga a la inscripción en un registro del Banco de España de los proveedores de servicios de cambio y custodia de carteras de criptomonedas.

Poca seguridad para el inversor

A día de hoy, la gran volatilidad del mercado, la complejidad de la tecnología ‘blockchain’ y la falta de transparencia de emisores e intermediarios hacen de los criptoactivos una inversión especialmente arriesgada para los pequeños inversores.

Además, la mayoría de proveedores de servicios de intermediación tienen su residencia legal fuera de España, por lo que los procesos legales en caso de estafa o pérdida de las claves de acceso a nuestra cuenta de criptoactivos pueden ser muy caros.

Clasificar las criptomonedas como un producto de inversión podría ayudar a proteger a los pequeños inversores, ya que sería aplicable la normativa que solo permite la venta de valores a los pequeños inversores que comprendan todas las características y los riesgos asociados a su potencial inversión.

Regulaciones muy dispares

Como advierte el Fondo Monetario Internacional, las prioridades de los reguladores de los distintos países ante el uso actual o previsto de los criptoactivos no son siempre las mismas. Algunos priorizan la protección del consumidor, mientras que otros ponen el foco en la integridad del sistema financiero.

Además, la aproximación a los criptoactivos es muy diferente de un lugar a otro. Mientras que algunos países han sido muy receptivos, otros, entre los que se incluye China, han llegado a prohibir la emisión o tenencia de criptoactivos por parte de los residentes o la posibilidad de realizar transacciones con ellos o utilizarlos para determinados fines, como los pagos.

Hoy por hoy, la fragmentada respuesta global propicia que los actores del sector migren a los países con las jurisdicciones más favorables, sin dejar de ser accesibles a cualquier persona con acceso a Internet. 

¿Un marco regulatorio global?

Por eso el FMI ha pedido una respuesta global que sea coordinada, coherente e integral, para que cubra a todos los actores y aspectos del ecosistema criptográfico. Según este organismo, “un marco regulatorio global pondrá orden en los mercados, ayudará a infundir confianza a los consumidores, establecerá los límites de lo permisible y proporcionará un espacio seguro para que continúe la innovación útil”.

No está nada claro cuáles deberían ser los límites de ese marco regulatorio. Muchas voces advierten del riesgo de desvirtuar el espíritu original de las criptomonedas, que nacieron al margen del sistema financiero tradicional. Y queda también en el aire la pregunta de si deberían ser consideradas monedas de curso legal para poder utilizarlas sin restricciones como medio de pago en el día a día.

Si quieres que tu negocio haga un gran salto, utiliza 11Onze Business. Nuestra cuenta para empresas y autónomos ya está disponible. ¡Infórmate!