Se estancan las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, sobre la implementación de la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas. Su potencial impacto en los diversos sectores económicos perpetúa un tira y afloja infructuoso entre estos tres actores.

La propuesta del Gobierno, con el visto bueno de los sindicatos, tiene como objetivo reducir el límite legal de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en dos fases: a 38,5 horas en lo que queda de 2024 y a 37,5 horas semanales máximas de jornada laboral a lo largo de 2025. Esta reducción de jornada laboral no tendría que comportar una disminución salarial.

Si finalmente se implementa la propuesta sobre la nueva jornada laboral, afectará, en teoría, alrededor del 70% de la población activa del Estado español que trabaja por cuenta ajena, equivaliendo en unos 16,1 millones de trabajadores, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al primer trimestre de 2024.

A la práctica, pero, aunque el límite legal actual es de 40 horas, la jornada laboral efectiva media en España ya es de 37,7 horas para trabajos a tiempo completo. Por lo tanto, según la Encuesta de Población Activa (EPA), esta medida afectaría unos 8 millones de trabajadores que actualmente trabajan más de 37,5 horas semanales.

Tiene el apoyo generalizado de la población

Según las encuestas, el 80% de la población activa en España está a favor que se reduzca la jornada laboral si no supone una reducción de salario. Mientras que un 70% seguiría estando a favor, aunque supusiera una reducción salarial.

Por otro lado, casi dos de cada tres pymes y autónomos, un 58,8%, cree que no será beneficiosa. Entre las razones que articulan para defender esta posición, un 40% afirma que no se ajusta al perfil de la empresa, un 17,1% cree que la productividad bajará y un 10,1% cree que provocará problemas económicos.

Se repite un conocido patrón de negociaciones

Tal como pasó cuando entró en vigor la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales el 1983, la nueva propuesta se ha topado con la negativa de la patronal. Representada por la CEOE y la Cepyme, viene a repetir, a pesar de que en términos más políticamente correctos, lo que ya dijo hace más de 40 años: si la gente quiere trabajar menos, tendrá que cobrar menos. Argumentando que la reducción de horas laborales aumentaría los costes de personal y afectaría la competitividad de las empresas.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT muestran su apoyo a la medida, aun así, ante la frustración por la falta de resultados en los avances hacia un acuerdo satisfactorio, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mª Cruz Vicente ha avisado que “Si la negociación no avanza, convocaremos movilizaciones”.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo se muestra dispuesto a facilitar una implementación gradual y adaptada a las necesidades de diferentes sectores económicos, mientras el Gobierno insiste que la reducción de la jornada laboral se implementará, aunque está dispuesto a negociar los detalles y plazos.

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