La crisis de la vivienda en España no solo ha creado una coyuntura de desigualdad y precariedad que golpea especialmente las clases medias y bajas, sino que también puede castrar la recuperación económica del país, convirtiéndose en un lastre para el crecimiento del PIB.

El coste de la vivienda, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, sigue por las nubes. Según datos del Banco de España, durante el 2023, los hogares españoles destinaron de media un 39,2% de su renta para hacer frente al coste de la vivienda, un 15% más que el 2022, y necesitan 7 años y medio de salario bruto para adquirir una vivienda, el esfuerzo más grande que se registra desde finales de 2011.

El Colegio de Registradores constata que el precio de la vivienda se ha encarecido un 2,9% en el segundo trimestre del año en relación con el primero, acelerando su ritmo de subida, que se había incrementado un 0,8% entre enero y marzo. El precio medio ya ha superado los 2.000 euros por metro cuadrado, situándose en los 2.057 euros, frente a los 1.998 del trimestre anterior.

En cuanto a la capacidad de emanciparse por parte de los jóvenes de entre 16 y 29 años, España sigue a la cola de las economías avanzadas. Solo el 16,3% de los jóvenes españoles están emancipados, lejos del 31,9% de media de la Unión Europea, y estos, tienen que destinar el 92,1% de su salario a la vivienda, tal como se desprende del último informe sobre el Balance General del Observatorio de Emancipación Juvenil que hace un seguimiento periódico de las opciones de acceso al mercado laboral y al mercado de la vivienda de las personas jóvenes.

El punto débil de la recuperación económica

La crisis de la vivienda no solo afecta al individuo, sino que también tiene repercusiones socioeconómicas en el ámbito colectivo. El incremento de los precios recorta la renta disponible de las familias, contribuyendo a la expulsión de las clases medias y bajas de los centros urbanos hacia las periferias, a la vez que disminuye el consumo agregado de la economía y limita el crecimiento.

Lo advirtió hace unas semanas el Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria sobre la situación económica y laboral de España: “La extrema escasez de vivienda de alquiler social y asequible existente en España, además de ser un problema social de primera magnitud que limita la emancipación de los jóvenes, la creación de hogares y el aumento de la natalidad, puede convertirse en un cuello de botella estrangulador del crecimiento.”

El gobierno del presidente Sánchez reconoce el problema y lo quiere convertir en un tema destacado de su legislatura, “en un contexto de crecimiento económico tan dinámico y equilibrado tenemos que evitar que la vivienda se convierta en un cuello de botella”, dijo a principios de agosto. Mientras que su homólogo en Cataluña, Salvador Isla, se ha comprometido a hacer adelantos en esta materia a cambio de ser investido.

La gran preocupación de algunos economistas es que la escasez de oferta, agraviada por el déficit de mano de obra y el incremento de demanda prevista para los próximos años, todavía empeorará más el problema, convirtiéndose en un lastre para el crecimiento económico.

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