La primera ley de Newton apunta que un objeto siempre tiende a estar o bien en reposo o bien en un movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que una fuerza externa le obligue a alterar su estado. Por este motivo, si una fuerza centrípeta actúa sobre este objeto, este se verá atrapado por una fuerza invisible llamada central. De este modo, el objeto verá alterado su movimiento, modificada su inercia y se le complicará volver a su estadio físico original.

El economista e historiador aragonés José Larraz López, miembro destacado de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, escribió el 1943 un interesante libro de economía titulado “La época del mercantilismo en Castilla (1500-1700)”. Por quien fue procurador a las Cortes franquistas y ministro de Franco el 1939, apenas acababa la guerra civil —por lo tanto, hombre comprometido hasta el muelle del hueso con la dictadura franquista— a la hora de referirse a la unidad de España argumentaba que aquella realidad política —entre los siglos XV y el XVIII— había estado muy diferente respecto a la de su tiempo. En consecuencia, no era posible hablar de la existencia de un mismo Estado unitario —España— durando todas aquellas centurias, cosa que sí qué pasaría a partir de la llegada de Borbones.

El hecho es que tanto Galicia, Asturias, Cantabria, León y Castilla —el núcleo primitivo del reino— como las tres provincias vascas —Álava, Guipúzcoa y Vizcaya—, más Extremadura, Andalucía y Murcia acabarán formando parte de un mismo cuerpo integrado. De este modo, la parte central de la península Ibérica —el espacio que va desde el litoral cantábrico hasta el estrecho de Gibraltar— acabará compartiendo una misma frontera, y los territorios serán legislados por unas mismas Cortes —las castellanas— que utilizarán una misma moneda y todos juntos seguirán una misma política económica y fiscal. Perdón, menos las tres provincias vascas que, ya desde el siglo XIV, quedarán exentas de todas las cargas impositivas castellanas. Por lo tanto, queda patente que el resto de territorios peninsulares —Portugal y la Confederación Catalanoaragonesa— nunca formaron parte de esta matriz castellana.

Ciertamente, a mediados de siglo XV, la península Ibérica estaba dividida en cinco bloques políticos de importancia desigual: Portugal, los territorios de la corona de Castilla, el reino de Navarra, la Confederación Catalanoaragonesa y el emirato musulmán de Granada. De hecho, a mediados de siglo XV, cada uno de aquellos conjuntos de territorios acabarán para adquirir una personalidad muy diferenciada, y se constituirán en sociedades originales, con sus costumbres, sus particularidades jurídicas, sus propias instituciones y, incluso, con su propia lengua.

Que un historiador de la época más oscura de la dictadura —como es José Larraz López— sirva para combatir la colosal desinformación o ignorancia querida por el españolismo actual. Esto tendría que avergonzar una parte de la clase política, los medios de comunicación —incluidos los “influencers” escondidos detrás las redes— que una y otra vez, desde sus supremas tribunas no se han cansado ni se cansarán nunca de proclamar la existencia de una España unitaria desde hace más quinientos años.

La oligarquía castellana —desde hace demasiado tiempo y aunque hablando catalán en la intimidad— repite una y otra vez el mismo error cuando hablan de España como realidad política ya desde el siglo XV, refiriéndose como “la nación más antigua de Europa”. Si entendieran de una vez por todas que desde el siglo XV hasta principios del XVIII, Castilla llevó a cabo una política de nula de integración del mundo mediterráneo —y portugués—, y que esta solo sería posible gracias al uso de la fuerza. Esta debería ser combinada con una represión persistente y a un expolio constante de los recursos económicos a fin de modular sus legítimas aspiraciones, seguramente los ayudaría a entender muchas cuestiones que nos suceden hoy en día como Estado. Y más concretamente, los ayudaría a entender que el proyecto de España —tal como está planteado desde la llegada de Borbones— es del todo insostenible.

El inicio de las divergencias hispánicas

Después de las Navas de Tolosa, Castilla se adentró definitivamente por el interior de la Meseta inferior, cosa que le provocó una etapa de extrema euforia viendo las posibilidades que le ofrecía el nuevo territorio. Pero pronto se dio cuenta de que, a pesar de tener mucha voluntad, tropezaba con el mismo problema qué había topado León a finales del siglo XII. Después de la Concordia de Benavent —acuerdo de compra del reino de León por parte de Castilla— fue cuando Castilla —excepto el territorio nazarí— adquirió prácticamente el perímetro actual.

La Meseta inferior, con un terreno montañoso y abrupta —sobre todo en las zonas más próximas al sistema Central— disponía de unas tierras poco aptas para la agricultura —excepto el valle del Guadalquivir—, con escasez y poca calidad de los pastos, que sumadas a la fuerte variabilidad climática entre verano e invierno, acontecían factores demasiado adversos para poder tomar el control rápidamente. Además, hay que añadir tres elementos todavía más determinantes como son la baja natalidad de la población del norte, la nula movilidad de habitantes del norte hacia el sur —a pesar de fomentar las “presuras” o repartos territoriales— y las consecuencias de aplicar una política excesivamente represiva contra la población autóctona —argumentando tonterías— que culminará con la expulsión de los moriscos andaluces.

Todos estos factores repercutirán muy negativamente en la economía castellana porque se partirá de raíz cualquier actividad manufacturera y comercial, como por ejemplo el comercio con Oriente o África a través del estrecho. En cualquier caso, la Monarquía —a fin de prolongar su política expansiva —continuó necesitando aumentar sus ingresos regulares, cosa que contribuyó a una situación de extrema inflación, que repercutió en una alteración monetaria y generó un déficit permanente en su balanza comercial.

Como solución, la Monarquía ejerció una fuerte presión fiscal sobre algunos sectores de la población —como por ejemplo los judíos—, pero sobre todo hacia las grandes manadas trashumantes de la Meseta superior, justo en el momento que tanto Flandes como el norte de Italia se convertían en los grandes compradores de la lana castellana. Este tráfico llanero había catapultado Burgos hacia la primera línea de ciudades de Europa y convirtió el cantábrico como un importante eje marítimo verso Europa, cosa que estimuló el nacimiento de una industria textil. Pero todo se desvaneció en el momento que los intereses de la nobleza —propietaria de las tierras, fundamentada en antiguos derechos de conquista— prevalecieron por encima de cualquier iniciativa privada de los llaneros, cosa que imposibilitó el florecimiento económico de los siglos posteriores.

Ante el ahogo económico, la Monarquía —a fin de dinamizar la economía— recurrió al crédito que ofrecían las comunidades judías, asentadas en las principales ciudades hispanas. Así fue, antes que tarde, que tanto reyes, nobles como órdenes militares, comunidades eclesiásticas o “concejos” —e incluso particulares o “situados”, como se los conocía en la época— acabaron abusando del crédito, lo cual aconteció a la larga un verdadero problema interno. Ante el fuerte endeudamiento del tesoro público castellano, la Monarquía —a consecuencia de la generalización de impagos— inició una reforma de su sistema financiero, aunque el verdadero desencadenante fue la promulgación del Edicto de Granada —también conocido como Decreto de la Alhambra— por el cual los Reyes Católicos decretaban la expulsión de todos los judíos de los territorios hispanos, cosa que supuso obtener grandes bienes para la Monarquía a corto plazo.

En cuanto al resto de territorios peninsulares —sobre todo el mundo mediterráneo y el mundo atlántico portugués—, supieron encontrar en el mar una palanca de crecimiento que los permitió continuar con sus políticas expansivas. Por ejemplo, la burguesía comercial catalana supo aprovechar las consecuencias de la guerra con Francia —la famosa cruzada de Felipe Ardid— para potenciar su industria manufacturera. La creación de los Consulados de Mar y la ampliación de antiguas rutas marítimas —comenzadas en el siglo X— fueron los mecanismos de penetración que aprovechó la Confederación Catalanoaragonesa para satisfacer la demanda que tenían sus productos —trapos, herramientas de hierro, corales, cueros, especies o esclavos— tanto en los mercados peninsulares —Lisboa, Donosti, Bilbao o Sevilla— como en los mercados extranjeros de Cerdeña, Sicilia, Brujas, Constantinopla, Túnez o Alejandría.

Un territorio formado por “personas libres”

Desde el inicio de la expansión feudal —a inicios del siglo IX—, los territorios del noroeste peninsular se configuraron bajo la fórmula jurídica administrativa del “dominium”, fundamentada en el derecho romano, cosa que significaba que el titular de la propiedad de la tierra era un “dominus” o señor. Por lo tanto, el rey o el conde —máxima figura en la pirámide social— desde el principio aconteció el propietario final —directamente o indirecta— de todas aquellas tierras que se fueran expropiante.

Tenemos que tener presente que ningún señor tendría el menor interés a poseer tierras, aguas, manadas o molinos si no hubiera campesinos capaces de organizar procesos de trabajo estables que propiciaran la conversión del esfuerzo en una renta. Por lo tanto, con la creación de la Extremadura a partir del siglo IX, la política expansiva castellanoleonesa se ejecutó por medio de las comunidades de “villa y tierra”, las cuales acontecerían el elemento clave de organización político-jurídica dentro de los “nuevos territorios expropiados”. De este modo, el paisaje de la Meseta fue articulado a partir de la fundación de una serie de villas mayores —amuralladas y con representación a las Cortes castellanas— de las cuales dependían seis u ocho aldeas sin muralla situados alrededor de la villa principal.

Para los señores, el verdadero peligro pivotaba en la existencia —dentro de aquel vasto territorio— de comunidades campesinas libres que escaparan de aquella nueva jurisdicción. Por este motivo, crearon mecanismos que supusieran un endeudamiento brutal de aquellas comunidades de “villa y tierra” a través de las famosas cartas de poblamiento o “asentamientos” y de los contratos de “presura”, con el fin de que perdieran toda posible movilidad, quedaran adscritos en la tierra y, de este modo, aseguraran el retorno de las deudas contraídas.

Y como que la vida del rey era tan “sacrificada” —todavía hoy lo es cuando se permiten el lujo de ir a cazar elefantes— estos acababan cediendo las tierras por los servicios prestados a otros señores, entidades eclesiásticas o monasterios. Por lo tanto, dependía de quién era el rentista final —o sea, el propietario— que las tierras eran conocidas como realengas, si era del rey; si era de un abad o de un obispo; de solariego, si era de un noble o una orden militar; o de behetría, si eran los mismos aldeanos quienes escogían el señor. A la larga, toda esta tipología de propiedades contribuirá a la formación de los grandes latifundios mesetarios —conocido como el proceso de señorarización— que a partir del siglo XIV propiciará la concentración de mucho de poder, tanto económico como territorial, en una parte muy ínfima de la población castellana.

Hacia una nueva concepción del Estado

A finales del siglo XV, el mundo castellanoleonés acabará “expropiando” unos 385.000 km² de tierras —entre la Meseta superior y la inferior—, en las cuales vivirán cerca de cuatro millones y medio de personas, incluida la población nazarí. Y al resto de la península, la población estará repartida de la siguiente manera: en los territorios de la Confederación Catalanoaragonesa vivirán cerca de novecientas mil personas en unos 110.000 km²; unos ciento veinte mil personas vivirán en 11.000 km² a Navarra; y en Portugal un millón de personas vivirán en 88.000 km².

Castilla, aunque era el territorio con más extensión de la península Ibérica, continuó experimentando continuos problemas económicos y demográficos, principalmente empujado por el proceso de consolidación del señorío, en detrimento de la agotada economía expansiva, la cual se había basado en la expropiación indiscriminada de tierras y la reasignación de propiedades a través de la coerción física.

Entonces, durante la segunda mitad del siglo XV, la Monarquía castellana inició un proceso de transformación económica a través de una reforma monetaria y fiscal, cosa que le provocó un importante desajuste social, hasta el punto que acabó repercutiendo directamente en los intereses nobiliarios. De este modo estallarán importantes disturbios por todo el reino y, al verse incapaz de calmar los ánimos, la Monarquía aplicará una política de satisfacción señorial a través del ofrecimiento de más tierras, más derechos y más pensiones vitalicias a expensas del erario público y financiado mediante un impuesto especial sobre la población de las ciudades comuneras. Y para remachar el clavo, a principios del siglo XVI, las principales Comunidades de Castilla se vieron obligadas a asumir un considerable impuesto para cubrir la compra del título Imperial —por parte de la familia de los Habsburgo— cosa que desembocó en la famosa Revuelta de los Comuneros.

Aun así, esta política tuvo un impacto insuficiente a la hora de aplacar las ambiciones señoriales, cosa que hizo aflorar la existencia de una división encara mucho más profunda en el seno de la aristocracia castellana. Pronto se palpó la existencia de dos facciones políticamente antagónicas: por un lado, encontramos las familias de los Pacheco, Villena o Girón, los cuales eran partidarios de tomar parte más activa en las grandes decisiones políticas del reino y, por lo tanto, veían necesario debilitar la Monarquía para controlarla. Y por la otra, había los Santillana o los Mendoza, que entendían que había llegado el momento de abstenerse del poder, porque la Monarquía era quien tenía que garantizar la estabilidad del reino a fin de asegurar sus privilegios señoriales… “in saecula saeculorum”.

Después de la Guerra Civil castellana (1475-1479), los dos territorios más extensos de la península Ibérica —el reino de Castilla y la Confederación Catalanoaragonesa— crearon plegados una nueva entidad política conocida con el nombre de Monarquía Hispánica, a la cual pronto le sumarían Granada (1492), Portugal (1497) y Navarra (1512). Aquel nuevo estado dinástico fue configurado con la unión de solo dos elementos clave: el ejército y la política exterior. Para el resto de elementos que configurarán el Estado moderno, como por ejemplo fronteras, monedas, leyes e instituciones, permanecerán totalmente separados.

De este modo, la configuración y reparto del poder —acordado a la Concordia de Segovia por ambas partes— se estructuró de la siguiente manera: mientras Castilla se articulará según la autoridad sacralizada de la reina y siempre por encima de la nobleza y la iglesia —gracias a una eficaz política de adormecimiento de las Cortes—, la Confederación Catalanoaragonesa se organizó alrededor de la Constitución de la Observancia, la cual obligará siempre al rey a gobernar y pactar de acuerdo con las leyes del Principado.

A la larga, Castilla ofrecerá menos resistencia a los monarcas hispanos, cosa que no pasará dentro de la Confederación Catalanoaragonesa, la cual respetando todas sus realidades jurídico-políticas, acabarán limitando las iniciativas no pactadas entre los diferentes brazos —conde-rey, nobleza, clero y ciudadanos honrados— que representarán parte de la sociedad confederada. El historiador John Elliott en su famoso libro “Imperial Spain (1469-1716)” muy acertadamente lo definió de la siguiente manera: los soberanos españoles (castellanos) eran reyes absolutos en Castilla y monarcas constitucionales en Aragón (Cataluña).

El imperio inconsciente

Solo el azar y los alisios condujeron a los primeros navegantes de la Confederación Catalanoaragonesa a la zona más poblada del continente americano. Desde el principio de los viajes hacia el oeste, los primeros navegantes tuvieron la certeza y la conciencia que allí donde habían llegado no eran las Indias Orientales, sino que se trataba de un territorio completamente diferente. Y al darse cuenta de este hecho, la Monarquía castellana desplegó toda su moderna maquinaria jurídica y administrativa para poseerlo legítimamente. Sin encomendarse a nadie y por derecho de conquista, la Monarquía volvió a adjudicarse la propiedad de aquellos territorios, ignorando la población autóctona.

El descubrimiento de importantes yacimientos de metales preciosos —entre México y Perú— propiciará la fundación o refundación de importantes ciudades americanas, las cuales adquirirán otro rol territorial a fin de asegurar considerables flujos regulares de riqueza hacia Castilla. Por lo tanto, actuando como nuevos ricos, Castilla gastará una cantidad indecente de recursos económicos para construir su concepto de civilización, fundamentada en el catolicismo. Esta obsesión —a veces incontrolada— los llevará a embarcarse en infinidad de conflictos de todo tipo, como por ejemplo: disputas teológicas, conflictos familiares, asuntos comerciales o fastuosas construcciones megalómanas.

Pero a principios del XVII, las minas americanas empezaron a mostrar signos de agotamiento, cosa que se acentuará a medida que avanza el siglo. Ante esta desaceleración, y a fin de mantener el mismo ritmo de gasto, la Monarquía recurrirá al préstamo de bancos alemanes —los Fugger o los Welser— y la banca genovesa de los Spínola, Centurione, Balbi, Strata y, sobre todo, Gio Luca Pallavicino. Entonces, se verá obligada a subir los impuestos y a ejercer una presión fiscal sobre el conjunto de toda la sociedad hispánica. Recordamos la famosa “Unión de Armas” de la Cuenta-Duque de Olivares. Ante una avalancha generalizada de impagos, el Estado entrará en un proceso de sucesivas bancarrotas (1627, 1647, 1652 y 1662), cosa que contribuirá a proyectarle una imagen muy desfavorable ante el resto de cancillerías europeas.

La historia de España todavía hoy continúa estigmatizada por una “leyenda negra” concebida entre los siglos XVI y XVII —tanto por los luteranos de Wittenberg como por los holandeses de Dillenburg—, la cual buscaba desmenuzar su hegemonía en el mundo. Posteriormente, con el fin de controlar las materias primas de las colonias castellanas y portuguesas, los ingleses amplificarán la propaganda protestante, como elemento clave de desprestigio ante las élites coloniales, cosa que los ayudaría a iniciar y financiar los procesos de independencia de las colonias hispanas a lo largo del siglo XIX.

La deriva borbónica

De manera reiterada, Castilla —y después España— se ha encontrado siempre ante un peligroso círculo vicioso, en el cual el gasto contraído por el Estado ha estado excesivo, y ha necesitado aumentar continuamente los impuestos para equilibrar los ingresos, cosa que lo ha llevado —de manera prolongada en el tiempo— a una desmesurada presión fiscal sobre el conjunto de la población.

Con la entrada de los Borbones —después de una larga campaña de desprestigio contra los Austrias— los problemas económicos se agraviaron cuando, a través de la utilización de continuos préstamos, représtamos, negociaciones y renegociaciones, estos solo sirvieron para satisfacer su “grandeur” personal, en detrimento de la modernización de la sociedad de acuerdo con el espíritu ilustrado que imperaba en todo Europa.

Los Borbones siempre fueron conscientes de que la única manera de sustentar económicamente todo el reino hispánico era anexionando todos los territorios peninsulares y, de este modo, configurar un nuevo hexágono geopolítico. Pero esto no fue posible porque desde finales del XVII Portugal ya no formaba parte de la Monarquía Hispánica, aunque se intentará anexionarlo en tres ocasiones durante el XIX y XX. Por lo tanto, los esfuerzos solo se pudieron centrar sobre los territorios del Levante peninsular que, primero con la guerra de Sucesión y después con los Decretos de Nueva Planta, permitió a Borbones vincular sectores productivos —maestros, artesanos y mercaderes— al nuevo sistema centralista. Como consecuencia, esta fidelización hacia Borbones les permitió —a los afines al nuevo régimen— acceder a los grandes contratos públicos, cosa que los abocó hacia una dependencia absoluta del nuevo sistema centralista la cual acabará tejiendo una red de corrupción generalizada en todos los niveles de la gestión pública.

De ejemplos no faltan, como cuando a principios del siglo XIX la reina María Cristina —viuda de Fernando VII— libró el poder a los liberales españoles, que a la vez pactaron con la burguesía industrial catalana para forjar una interesada alianza política y sociobiológica que se materializaría con la institución de un sistema proteccionista. De este modo se dilapidaba la tradición mercantil catalana y se traicionaba el espíritu del 1705, porque la negativa borbónica hacia el libre mercado del Principado con Inglaterra y los Países Bajos —sus principales socios comerciales— inició todo el proceso que convergería en el 11 de septiembre de 1714.

Tampoco con la instauración del “régimen democrático del 78” la cosa mejoró por los intereses del Levante peninsular. De hecho, sus consecuencias las sufrimos diariamente los catalanes, valencianos y baleares cuando año tras año aportamos cifras monstruosas de nuestros PIB a las arcas del Estado en pro de una “centralidad solidaria” y recordémoslo, con el visto bueno de políticos, industriales y banqueros. Y la historia continúa hasta la actualidad, cuando después de una década políticamente y social intensa, el Estado acaba de proponerle a Cataluña —pronto también se lo propondrá a València y a las Islas— una financiación singular, seguramente condicionada por una gran solidaridad. ¡En fin!

La historia ya advirtió Felipe II cuando visitó por última vez a su padre, el emperador Carlos de Habsburgo, en el monasterio de Yuste cuando le aconsejó que si quería aumentar el imperio, era necesario que situara la capital en Lisboa, porque esto significaría ligarla con el Nuevo Mundo; si quería conservarlo, la situara en Barcelona, es decir, entroncarla con la tradición clásica; y que si quería perderlo, situara la capital en Madrid. Y, efectivamente, Madrid fue la capital más mal comunicada de Europa hasta comienzos del siglo XX, cuando, gracias al desarrollo de las líneas aéreas y la construcción de los pantanos, se consiguió dinamizar aquella soledad en medio de la Meseta castellana.

Volvemos a Newton. Y ¿cómo pasaremos de una fuerza centrípeta hacia una fuerza centrífuga? Pues esta solo será posible si existe una aceleración tangencial que permita variar el módulo de velocidad del objeto y, de este modo, podrá volver a su estadio físico original. Por lo tanto, ¿será la innovación tecnológica quien provocará una aceleración del movimiento económico que aprovechándose de “el Open Banking” y “el Embedded Finance” acontezcan la fuerza tangencial que posibilite devolver a nuestro estadio original? ¡Conseguirlo está en nuestras manos!

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