El próximo 17 de febrero la Unión Europea empezará a aplicar la Ley de Servicios Digitales (DSA), mientras que a principios de marzo se aplicará la Ley de Mercados Digitales (DMA). ¿Cómo afectarán estas nuevas reglamentaciones a las grandes tecnológicas y a la competitividad del mercado europeo?

El octubre del año pasado, la Comisión Europea presentaba una primera lista de las multinacionales –Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) y Microsoft– que en un plazo máximo de seis meses tenían que cumplir con las nuevas leyes de mercados y servicios digitales que se adoptarán en toda la Unión Europea.

Algunas de estas plataformas ocupan una posición dominante en el mercado y cuentan con una ventaja desproporcionada sobre sus competidores. Es por eso que Bruselas quiere acotar, todavía más, el papel que juegan las grandes tecnológicas multinacionales, evitando los monopolios y las prácticas anticompetitivas que caracterizan a algunos de estos gigantes tecnológicos.

Además, muchas de las sanciones multimillonarias impuestas hasta ahora a estas empresas a raíz de los procesos administrativos iniciados por la UE durante los últimos años han terminado siendo recorridas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acentuando la necesidad de afinar el marco regulador de los mercados y servicios digitales.

El nuevo reglamento se aplicará a las principales empresas tecnológicas que prestan los denominados “guardianes de acceso” o servicios de plataforma central, más propensas a las prácticas de competencia desleal. Se trata de servicios como los motores de investigación, los sistemas operativos, la computación en la nube, la publicidad en línea, las redes sociales y las plataformas para compartir videos.

Por otro lado, la UE también pretende defender el sector digital europeo frente a los gigantes estadounidenses y proteger los derechos fundamentales de los consumidores. “La UE defiende una competencia basada en los méritos, pero no queremos que las grandes empresas se hagan cada vez más grandes sin mejorar y a expensas de los consumidores y la economía europea”, declaraba Andreas Schwab, eurodiputado alemán a cargo de la Ley de Mercados Digitales en el Parlamento Europeo.

Ley de Mercados Digitales (DMA)

Uno de los principales objetivos de la Ley de Mercados Digitales es evitar las posibles distorsiones del mercado, igualando las condiciones comerciales, de manera que las empresas tecnológicas de menor tamaño puedan competir con las más grandes que actúan como “guardianes de acceso”.

Estos gigantes tecnológicos ya no podrán clasificar más favorablemente sus servicios y productos que otros similares ofrecidos por terceros en la misma página web. Tampoco podrán impedir que los usuarios desinstalen aplicaciones preinstaladas si así lo desean, y tienen que facilitar a los usuarios el traslado de sus datos de sus plataformas a otros servicios.

Adicionalmente, tienen que obtener el consentimiento de los usuarios antes de recopilar o utilizar sus datos y pueden imponer este requisito a terceros que utilicen sus plataformas. En caso de no ser así, las empresas que cometan infracciones en contra de DMA y DSA podrán ser sancionadas con multas de entre el 6% y el 10% de su facturación global.

Ley de Servicios Digitales (DSA)

La DSA es una ley que también tiene como objetivo proporcionar igualdad de condiciones para las empresas que operan en la industria del mercado digital europeo, pero se centrará en la protección de los derechos de los consumidores, las políticas de transparencia, la contención de la desinformación y discursos de odio, a fin de proteger los usuarios de los contenidos ilícitos y pasando la responsabilidad de controlar el contenido a las plataformas.

La definición de que constituye desinformación es un punto contencioso que ha recibido críticas de organizaciones de la sociedad civil y expertos en libertad de expresión. La normativa concede a las autoridades europeas un gran poder casi discrecional para imponer unilateralmente a terceros países una interpretación específica de las normas internacionales sobre libertad de expresión.

En virtud de la Ley de Servicios Digitales, las plataformas en línea y los motores de búsqueda estarán obligados a evaluar y mitigar los “riesgos sistémicos para el discurso cívico”, como los esfuerzos “extranjeros” de desinformación. O dicho de otra manera, alguien podría pensar que la desinformación y la propaganda no son un problema siempre que provengan de los eurócratas y sus socios en Washington.

La guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza han puesto en evidencia la facilidad con que la UE y los gobiernos de sus estados miembros están dispuestos a vetar medios de información y prohibir protestas que no sigan el relato oficial. Las autoridades europeas parecen dispuestas a seguir en la misma línea.

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