La apropiación del poder gubernamental por parte de las grandes corporaciones no es ninguna novedad, aun así, un informe de Oxfam Intermón presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas advierte que la influencia de la oligarquía global se ha disparado y está conformando las reglas del juego a su favor, a expensas del resto de la población.

Algunos de los datos presentados en el informe de Oxfam, “Multilateralismo en una Era de Oligarquía Global”, son alarmantes: el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el 95% restante, posee el 43% de todos los activos financieros globales y dos multinacionales son propietarias del 40% del mercado mundial de semillas.

El estudio elaborado con datos de UBS concreta que más de un tercio de las 50 mayores empresas del mundo tienen a un mil millonario como director ejecutivo o accionista principal y que la capitalización bursátil total de estas empresas asciende a 13,3 billones de dólares. Además, las tres grandes corporaciones gestoras de fondos —BlackRock, State Street y Vanguard, que colectivamente poseen el 89% del S&P 500— gestionan 20 billones de dólares en activos, cerca de una quinta parte de todos los activos de inversión en todo el mundo.

Esta concentración extrema de la riqueza y del poder económico en manos de pocas personas y corporaciones no solo les otorga una influencia desproporcionada sobre los gobiernos y las decisiones políticas a escala global, sino que alimenta la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos.

“La sombra de la oligarquía mundial plana sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los ultrarricos y las mega-emprendidas que ellos controlan están conformando las reglas del juego a su favor, a expensas del resto de la población. Las Naciones Unidas están perdiendo capacidad de acción frente al poder creciente de los mil millonarios”, afirma Franco Cortada, director de Oxfam Intermón.

Necesidad de un cambio hacia el multilateralismo

Este nuevo modelo gubernamental —según el cual el poder y la toma de decisiones no están en manos de gobiernos democráticos sino de grandes corporaciones y una pequeña élite económica— forma las bases de una corporatocracia que se ha globalizado y donde los intereses de las grandes corporaciones y de los más ricos a menudo se priorizan por encima del bienestar colectivo.

En este contexto, las políticas públicas se encaminan a favorecer la desregulación, la reducción de impuestos para los más ricos y las grandes empresas, mientras que la inversión en servicios sociales, educación y sanidad queda en un segundo plan. Según Oxfam, se calcula que cada año se pierden billones de dólares en ingresos de impuestos a causa de la evasión y elusión fiscal. Esta pérdida de ingresos públicos afecta directamente la capacidad de los gobiernos para financiar servicios esenciales.

“En los últimos años, los ultrarricos y las empresas con más poder han utilizado su enorme influencia para frenar los esfuerzos para resolver los principales problemas del planeta, como la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, asegurar que las vacunas contra la COVID-19 sean accesibles para todas las personas, o cancelar las deudas insostenibles de los países del sur global”, ha explicado Cortada.

Es por eso que Oxfam insta a una acción conjunta y multilateral para impulsar un nuevo marco de fiscalidad internacional, la cancelación de la deuda pública y nuevas leyes de propiedad intelectual frente a futuras pandemias.

Cuando menos, el director del ONG deja claro que el actual sistema económico no es sostenible y que “solo un multilateralismo basado en la equidad y justicia puede revertir la intensificación del poder de una oligarquía global”. Y añade que “algunos líderes mundiales están demostrando ser conscientes de esto y han incrementado sus esfuerzos contra la desigualdad. Pero tienen que ser más y con mayor fuerza.”

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