Dicen que la Constitución de 1978 es el pilar de la democracia española. Tal vez lo sea, pero también es su cinturón de castidad. Todo lo que intenta respirar fuera del centro es reprimido en nombre de la unidad. Lo que se redactó para garantizar la autonomía ha acabado convirtiéndose en un mecanismo de sumisión: un texto que confunde lealtad con obediencia y convivencia con silencio.

Cuando el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó que “todo el dinero de los catalanes es nuestro”, no hacía una boutade electoral, sino que expresaba sin filtros la verdad más profunda de un sistema diseñado para transformar la solidaridad en apropiación. Desde la centralización borbónica del siglo XVIII hasta el régimen constitucional de 1978, España ha construido un modelo que confunde unidad con sumisión y que encuentra en Madrid su centro gravitatorio. Lo que históricamente fue una necesidad administrativa se ha convertido hoy en una forma de dominación económica y simbólica.

Mientras la capital se proclama motor del progreso, la realidad es más prosaica: Madrid no genera riqueza, la absorbe. Su llamado “milagro madrileño” es el resultado de una arquitectura fiscal y jurídica creada para concentrar poder y renta, asfixiando a los territorios productivos que sostienen al país.

El vínculo directo con la “España vaciada”

Según la Agencia Tributaria, Madrid aportaba el 19,5 % del PIB estatal en 2023, pero declaraba el 24 % de las rentas más altas. La diferencia no es productividad, sino absorción: la riqueza nace en la periferia —Cataluña, País Valenciano y Baleares— y se declara en el centro. El Estado ha construido un modelo radial en el que todo —empresas, instituciones, medios y deporte— orbita en torno a un único núcleo, mientras el territorio se vacía.

Con la bonificación del 100 % en el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones y una fiscalidad a medida para las grandes fortunas, Madrid ha creado un paraíso fiscal interno dentro del propio Estado. Más de 25.000 contribuyentes de alto patrimonio han fijado allí su residencia en la última década. El capital se refugia, la periferia se agota y el Estado observa satisfecho, porque este desequilibrio le resulta funcional.

Esa concentración de riqueza en el centro no solo empobrece a los territorios productivos, sino que acelera el vaciamiento de buena parte del país. Las zonas rurales e industriales, privadas de inversión y de actividad económica, sufren un éxodo constante de población joven y una dependencia creciente de las subvenciones. La llamada “España vaciada” no es un fenómeno natural y demográfico, sino la consecuencia directa de un Estado que chupa recursos, talento y oportunidades hacia Madrid.

Esta competencia desleal no se corrige: se fomenta. La supuesta solidaridad constitucional es, en realidad, un mecanismo de expolio legalizado por todo el territorio. Y cuando algún territorio denuncia el abuso, se le tilda inmediatamente de insolidario. La paradoja es demasiado compleja, porque quien sostiene al Estado es acusado de querer romperlo.

La densidad como estrategia de dominación

La demografía fue su primera consecuencia visible. A partir de 1950, la Meseta comenzó a vaciarse de forma sostenida, empujada por la necesidad de alimentar a Madrid con grandes dosis de capital humano.

Aquel flujo interno de población no fue espontáneo: respondía a una estrategia de Estado destinada a reforzar el centro político y administrativo. Madrid no creció para ser el motor económico del país, sino para convertirse en su sede de poder.

Esa concentración masiva transformó la ciudad en un ecosistema de funcionarios, gestores, servidores públicos y comisionistas, más que en un espacio de productores o innovadores. No fue una casualidad geográfica, sino el resultado de un proyecto político de densidad poblacional, porque allí donde se acumula población, se acumula representación; y donde hay representación, hay legitimidad.

La mayoría parlamentaria que sostiene este statu quo no es fruto del azar. El 45 % de los escaños del Congreso se reparten entre Madrid y las dos Mesetas, una configuración que convierte la concentración demográfica en hegemonía política permanente. La Ley Electoral, diseñada para sobrerrepresentar la provincia como unidad de voto, garantiza que el centro gobierne incluso sin mayoría social.

Así, el bipartidismo —PSOE y PP— actúa como las dos caras de un mismo régimen, alternándose en el poder sin alterar sus cimientos. Madrid no solo se ha blindado con leyes y votos, sino también con la moral del poder, bajo la convicción de que todo lo central es racional y todo lo periférico, sospechoso.

Con el tiempo, esa demografía inducida y esa sobrerrepresentación se convirtieron en la base material y simbólica del poder central. Cuando llegó la democracia, Madrid ya concentraba suficiente peso electoral para condicionar cualquier mayoría. El equilibrio territorial dejó de ser un objetivo para convertirse en una anomalía estadística. Desde entonces, la concentración se interpreta como “eficiencia” y el vaciamiento de la periferia como una consecuencia natural del mercado.

Pero incluso en esto, la lógica es la de siempre, donde la dependencia como método de cohesión. El centro crece a costa de la periferia, y la periferia se mantiene fiel porque depende de las transferencias, los contratos o la presencia institucional. Como en toda estructura histórica de dominación, la corrupción actúa como mecanismo de paz social que compensa agravios, compra lealtades y evita reformas que podrían deshacer el sistema.

Así, la política demográfica, la economía radial y la corrupción estructural forman un único engranaje. El poder no solo se ejerce desde el centro, sino que se fabrica desde el centro, con población, recursos y narrativas puestas al servicio de una misma finalidad: mantener la unidad por medio de la dependencia.

La corrupción como argamasa

Ninguna estructura se sostiene sin cemento, y en España ese cemento es la corrupción. No es un vicio moderno, sino una herencia orgánica. Ya en las Cortes leonesas del siglo XI, el favor era la moneda del poder: la burocracia servía para conceder, no para administrar. Tanto con los Austrias como con los Borbones, aquel sistema cortesano se amplificó y perfeccionó hasta convertirse en un método incrustado en las entrañas del Estado. Cuando España todavía no lo era —cuando solamente era un mosaico de reinos gobernados desde el centro —a través del proyecto fallido de la Monarquía Hispánica— la gracia sustituía al derecho, y la lealtad política pasaba por la obediencia económica.

Este patrón nunca se rompió, solo se modernizó. Donde antes había mercedes reales, hoy hay contratos públicos; donde había virreyes, hoy hay delegaciones del Gobierno; y donde había clientelas, hoy hay partidos. La corrupción actúa como la continuidad histórica del poder personalista, el pegamento invisible que une a las élites del centro con las periferias obedientes.

Y cuando la obediencia falla, el mecanismo es el endeudamiento. Provocar deuda es la forma moderna de someter al territorio. Las autonomías, carentes de soberanía fiscal y obligadas a financiar servicios esenciales con recursos insuficientes, se ven forzadas a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un instrumento creado por el Ministerio de Hacienda para suministrar liquidez… a cambio de dependencia estructural.

A través del FLA, lo que antes se negaba en financiación —imponiendo condiciones y controles— se devuelve como deuda condicionada. Así, la necesidad se transforma en sumisión política y la dependencia, en lealtad forzada. El expolio y el endeudamiento son las dos caras de la misma moneda, donde una que siempre cae de cara para el centro y de cruz para la periferia.

La ley como escudo

El cimiento de esta arquitectura no es económico, sino jurídico. La Constitución de 1978, presentada como pacto de convivencia, consagró la unidad de España como principio dogmático.

El artículo 2 la define como “indisoluble”; el artículo 138 promete equilibrio económico entre territorios, pero sin fijar mecanismos efectivos; y el 156 reconoce la autonomía financiera de las comunidades… siempre que no cuestione la unidad. El resultado es un derecho constitucional al centralismo, donde toda descentralización real se percibe como concesión y no como derecho.

La propia estructura jurídica refuerza esta asimetría. El Estado mantiene competencias “básicas” en casi todos los ámbitos —sanidad, educación, energía, fiscalidad— a través de lo que el Tribunal Constitucional llama “principio de igualdad básica de los españoles”. Este principio, aparentemente neutro, permite recentralizar competencias siempre que el gobierno central considere que es necesario “garantizar la cohesión nacional” o “evitar desigualdades territoriales”. Es el mecanismo jurídico que hace posible que el Estado decida sobre impuestos, infraestructuras o recursos naturales que en otros países federales serían competencia propia de los territorios.

El sistema de financiación autonómica es un ejemplo paradigmático: las comunidades recaudan una parte limitada de los impuestos, pero dependen de transferencias anuales que el Ministerio de Hacienda puede ajustar discrecionalmente. Esto genera una dependencia estructural que transforma el principio de autonomía en una ficción administrativa.

Y en ese engranaje legal y financiero, los bancos juegan un papel esencial. Entidades como La Caixa o el Banco Sabadell —originariamente nacidas para canalizar el ahorro y el crédito productivo del tejido catalán— han acabado actuando como peones estructurales del sistema centralista. No por ideología, sino por necesidad de supervivencia en un marco regulador, fiscal y político que recompensa la sumisión y castiga la disidencia.

El traslado de sedes sociales tras el referéndum de 2017 es la prueba más evidente de ello: una operación jurídica presentada como “decisión empresarial”, pero que respondía a una presión política explícita del Estado y del Banco de España, decidida a utilizar el miedo financiero como herramienta de control territorial.

Así, las propias entidades que nacieron para apoyar la economía productiva catalana se han convertido en garantes del statu quo, asegurando que los flujos de crédito e inversión sigan pasando por el centro y que la estructura de dependencia no se rompa.

De esta forma, Madrid puede actuar como paraíso fiscal, aplicando bonificaciones y rebajas de impuestos que atraen capitales, mientras Cataluña o la Comunidad Valenciana no pueden gestionar íntegramente sus propios recursos sin ser acusados ​​de romper la unidad de España. Entonces, el mensaje está claro: la libertad económica del centro es “eficiencia”; la de los demás, “insolidaridad”.

La ley se erige así en el escudo del privilegio, transformando la desigualdad en norma y la disidencia en delito moral. De esta forma, permite el centralismo no defenderse con el ejército, sino que por medio de códigos legales, bancos dóciles e instituciones económicas disciplinadas que hacen del poder una cuestión de derecho, y del derecho, una herramienta de control.

Cuando el territorio cuestiona el sistema

El movimiento independentista catalán no fue —como quiso presentarse— un delirio identitario, sino una reacción política ante un sistema económico e institucional insostenible.

Durante décadas, Cataluña había confiado en que el autogobierno podía coexistir con la lealtad constitucional, pero la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 contra el Estatuto de Autonomía rompió definitivamente esta ficción.

Cuando el Estado declaró inconstitucionales artículos aprobados en referendo y ratificados por el Congreso, dejó claro que la autonomía tenía límites de cartón: el autogobierno existía solo mientras no pusiera en cuestión el centro. La demanda de una financiación justa no era únicamente una cuestión contable; era, en realidad, una denuncia del modelo extractivo que alimenta el corazón del Estado con los recursos de todo el levante peninsular.

Porque en el centro del debate económico aparecieron las balanzas fiscales, el déficit de inversiones, las infraestructuras radiales, lo que desembocó en un cuestionamiento de soberanía política, puesto que evidenciaba que la dependencia financiera es el verdadero mecanismo de sumisión.

El Proceso de 2017 puso en evidencia que el centralismo no es una disfunción del sistema, sino su esencia fundacional. Cuando una parte del territorio se atrevió a ponerlo en cuestión, el Estado respondió no con diálogo, sino con represalia institucional y movilización judicial. En esa respuesta, la monarquía borbónica jugó un papel especialmente activo, convirtiéndose en garante simbólico del viejo orden.

Con la aplicación del artículo 155, la intervención de la Generalitat y la persecución penal de líderes políticos y civiles mostraron la cruda realidad: la Constitución no es un marco de convivencia, sino un contrato de sumisión que se activa cuando alguien prueba los límites.

Por este motivo, la supuesta “Nueva Financiación Singular” que hoy el PSOE y su filial pregonan a los cuatro vientos, ofreciéndole a Cataluña, es una absoluta contradicción en todos sus términos. Porque si fuera realmente singular, rompería la uniformidad fiscal que garantiza el poder del centro e implosionaría el edificio constitucional sobre el que se construye el régimen del 78.

El sistema no puede reformarse sin destruirse, porque su fortaleza es su rigidez. Este sistema fue creado para vivir de la centralización y la centralización es incompatible con la libertad económica de los territorios.

Detrás del espejismo del 78

Como ya advertía Montesquieu, “cuando el poder se concentra, la libertad se desvanece”. España ha convertido a esta máxima en programa de Estado. Madrid actúa como una metrópoli interior que gobierna por atracción y dependencia: fiscal, mediática, política y deportiva. La corrupción engorda los engranajes, la ley consagra su legitimidad y la demografía garantiza su continuidad.

Por eso, hablar de financiación singular es hoy un oxímoron: ninguna singularidad es posible dentro de un sistema diseñado para anularla. El centralismo madrileño no es una patología, sino que es el corazón mismo del régimen.

Y mientras la riqueza siga viajando del levante peninsular hacia el centro, España seguirá siendo un Estado de dependencias con apariencia de democracia. El verdadero milagro no es Madrid: es que el país aún aguante. Porque —como siempre— el poder no reside dónde se trabaja, sino dónde se arbitra la distribución del mérito. Quizás la pregunta no es si España puede cambiar, sino si realmente quiere hacerlo.

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