Llueva, nieve o haga sol, el suministro del agua que consumen más del 80% de los catalanes sigue en manos de empresas total o parcialmente privadas. A pesar de los esfuerzos por recuperar la gestión pública de este servicio, las multinacionales del sector se resisten a perder un negocio millonario.

A través de la empresa pública ONAIGUA, el consejo comarcal de Osona asumió en abril del año pasado la gestión del suministro de agua en esa comarca, con lo que da servicio a 11.400 puntos de consumo y llega a más de 25.000 habitantes. Se convirtió en el primer consejo comarcal en tomar una medida de este calado.

Podríamos decir que se trata de una anomalía del mercado, ya que el suministro del agua en Cataluña está mayoritariamente en manos privadas. Un reducido número de empresas privadas administran y se lucran de este bien preciado en nuestro país gracias a concesiones muchas veces cuestionadas. Y eso que en el mundo la gestión pública surte al 90% de la población y Naciones Unidas reconoce el agua como un derecho humano.

Según los datos de la plataforma Agua es vida, más del 80% de los catalanes obtienen el agua a través de un servicio total o parcialmente privatizado, mientras que los que la reciben por medio de una empresa pública no representan ni el 20% de la población. Este desequilibrio se explica por el dominio del modelo privado en los municipios con un mayor volumen de población, que son los más rentables.

Presión para municipalizar un servicio básico

Ante esta realidad, existe una creciente presión para recuperar la gestión pública de este servicio. La Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP) ya cuenta con 68 miembros y representa al 47% de la población de Cataluña. Recientemente, publicaba un informe con propuestas de reformas legislativas para cambiar esta situación.

Seis municipios, la Asociación de Micropueblos de Cataluña y una nueva empresa pública, se sumaron a esta entidad en 2022. De los nuevos municipios, solo Mieres (La Garrotxa), Collbató (Baix Llobregat) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà) gestionan directamente el agua. Castelló d’Empúries está en proceso de remunicipalizar el servicio, mientras que Manlleu y Sitges todavía están atadas a concesiones por más de una década con Sorea y Agbar. En cuanto a la Asociación de Micropueblos de Cataluña, hay que tener en cuenta que el 70% de los municipios de menos de mil habitantes ya gestionan directamente el suministro de agua.

Casi un monopolio

Aunque las empresas privadas que gestionan el agua en Cataluña se presentan con distintos nombres según el municipio, la mayoría pertenecen al grupo Agbar, que está valorado en unos 3.000 millones de euros.

Este grupo controla totalmente la empresa Sorea y posee casi el 80% de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), el 68% de Aigües de Rigat (Igualada) y el 49% de la Empresa Municipal Aigües de Tarragona (Ematsa). Además, tiene alrededor del 35% de Mina Pública de Terrassa y el 31% de Girona SA.

Sus beneficios no solo provienen de la venta de agua, que el año pasado pretendía encarecer un 7,4% en Barcelona. También a través de la subcontratación de servicios a sus filiales. Esto permite que en la Ciudad Condal, por ejemplo, el coste de los contadores de agua para el usuario final acabe más que triplicando el coste original. Hablamos de unos 17 millones de euros de beneficio adicional al año.

Estrategia de judicialización

Ante un negocio de este tamaño no resulta extraño que Agbar lleve a los tribunales cualquier iniciativa encaminada a recuperar la gestión pública del suministro de agua, como detalla el portal ctxt. Solo en Barcelona, esta multinacional y sus entidades afines han presentado una cuarentena de acciones judiciales.

Su estrategia de empantanar judicialmente estos procesos para dilatarlos o diluirlos le ha llevado incluso a poner un contencioso contra un simple convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana para el intercambio de información entre instituciones.

Uno de los casos más sonados tiene que ver con la consulta que el Ayuntamiento de Barcelona quería impulsar para conocer la opinión de la ciudadanía sobre una eventual gestión pública del agua. Diversas entidades, entre las que se encontraba Agbar, interpusieron recursos. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió el reglamento de participación ciudadana en la parte relativa a las consultas e impidió que la iniciativa saliera adelante.

El caso que afecta a un mayor número de municipios es el que Agbar impulsó contra varios consistorios del Área Metropolitana de Barcelona. Inicialmente, una sentencia del TSJC en 2016 anuló la concesión a Aigües de Barcelona del suministro de agua en varios municipios del cinturón metropolitano, con la que la empresa se aseguraba el servicio a casi tres millones de habitantes durante 35 años y unos ingresos de 3.500 millones de euros. El tribunal veía “motivos de anulación por vicios en el proceso de contratación” cuando se constituyó la empresa mixta en la que participaba Agbar. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esta sentencia en 2019 al considerar que el procedimiento empleado por la Administración para adjudicar el servicio sin concurso público estaba avalado por la Ley de contratos del sector público.

Prácticas turbias

Como denunciaba Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, las turbias prácticas de Agbar para conseguir concesiones la han llevado a estar imputada en tres macrocausas judiciales (Pokémon, Púnica y Petrum), además de ser expulsada en 2017 de la gestión del agua en Girona tras demostrarse su vinculación con la trama del 3%. 

Los informes de esta última causa constataban que, durante más de dos décadas, los gerundenses pagaron más de 1 millón de euros de sobrecoste por el servicio de agua. Además, la Agencia Tributaria advertía que los directivos de la empresa habían cargado gastos personales a la sociedad y concluyó que Girona SA había cobrado centenares de miles de euros por servicios no prestados. 

Como explicamos en el artículo “Los servicios públicos, cada vez más privatizados”, la privatización de servicios esenciales avanza de forma implacable en Europa desde los años ochenta. Y eso está teniendo un precio incuestionable para el conjunto de la ciudadanía. El agente de 11Onze Jordi Coll apunta que este proceso ha supuesto someter la prestación de estos servicios “a la lógica de criterios de mercado y, por lo tanto, de los beneficios privados”.

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