La minería urbana, que consiste en recuperar y reaprovechar los metales presentes en vehículos, motores, electrodomésticos, baterías y dispositivos electrónicos, podría cubrir todas nuestras necesidades de metales como el oro o el cobre, sin necesidad de abrir nuevas minas. Muchos inmigrantes irregulares, unos 50.000 solo en Barcelona, sobreviven gracias a esta actividad en condiciones precarias. 

La elevada demanda de algunos metales está provocando la apertura de nuevas minas, que son poco sostenibles desde un punto de vista medioambiental. De hecho, la minería tradicional genera cada año en la Unión Europea 150.000 millones de toneladas de escombrera y 12.000 millones de toneladas de lodos. Una alternativa sería potenciar la minería urbana. Se calcula que, además de minimizar la generación de residuos, la medida permitiría reducir un 76% la contaminación de los acuíferos y un 40% el consumo de agua.

A pesar del aumento de la demanda previsto para las próximas décadas, un informe de Ecologistas en Acción advierte que la minería urbana bastaría para cubrir el 100% de las necesidades de metales como el oro o el cobre, y más de la mitad de las de neodimio y níquel. En el caso del cobalto y el litio, cuya demanda está creciendo exponencialmente, la recuperación serviría para cubrir el 8,3% y el 2,7%, respectivamente. Sin embargo, gran parte de estos metales acaban desaprovechados en vertederos.

Ni pagados ni reconocidos

A pesar de que el oro se encuentra 100 veces más concentrado en un teléfono móvil que en las minas de mayor ley, la recuperación de metales como este se ve frenada por motivos económicos: con la legislación actual, sale más barato extraerlos de las minas que recuperarlos de los aparatos desechados. Y eso que parte del proceso suele hacerse de forma informal.

Solo en Barcelona puede haber más de 50.000 personas que cada día realizan largas jornadas recogiendo piezas metálicas, como explica Federico Demaria, profesor de Economía ecológica y Ecología política de la Universidad de Barcelona. En muchos casos son subsaharianos sin papeles que no pueden regularizar su situación. De hecho, el 1 de marzo se celebra el Día Mundial del Reciclador por el servicio que prestan este tipo de personas al medio ambiente y a la sociedad de forma precaria. Sin ellos, gran parte de la chatarra acabaría en vertederos.

A diferencia de algunas empresas privadas que cobran de la Administración por recoger, transportar y reciclar esos materiales, estos recicladores informales contribuyen a la economía circular sin ningún tipo de ayuda. Se limitan a recoger el material metálico de pisos y locales en obras, o el que encuentran en la calle, para venderlo a pequeñas chatarrerías legalizadas. A su vez, estas lo canalizan hacia la industria recicladora establecida, que mueve miles de millones de euros.

Una vida precaria

Un estudio del Gremio de Recuperación de Cataluña calcula que del más de medio millón de toneladas de residuos metálicos que se recuperaron en Cataluña en 2013, por lo menos una quinta parte la habían recogido los recicladores informales.

Hace unos años el Ayuntamiento de Barcelona impulsó la creación de Alencop, una cooperativa pionera que regularizó la situación de una treintena de estos recicladores informales. Aunque esta iniciativa tuvo que cerrar sus puertas a raíz de la pandemia, parte de su plantilla se integró en una empresa privada sin ánimo de lucro llamada Andròmines. 

Estos empleados se pueden considerar unos privilegiados dentro de un colectivo que malvive por las calles de la Ciudad Condal. Y la situación podría empeorar para muchos de ellos por su falta de visibilidad. No hay que olvidar que existen grandes intereses económicos en torno a la industria del reciclaje. Las empresas de gestión de residuos, la mayoría privadas y con plantillas subrogadas, pueden mover ficha para que el modelo de recogida se amolde todavía más a sus intereses y empuje todavía más hacia los márgenes a los recicladores informales.

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