Internet nació con una promesa poderosa: democratizar el conocimiento, reducir intermediarios y empoderar al individuo. Una tecnología horizontal para una economía más libre. Veinte años después, el balance es más incómodo. Nunca habíamos estado tan conectados, y nunca tan dependientes. Y tampoco habíamos tenido tantas herramientas, y nunca tan poco control sobre ellas.

No es solo una cuestión de privacidad. Ni siquiera de consumo. Lo que está en juego es la propia naturaleza del poder económico. Cada vez más, nuestra vida cotidiana —trabajar, comunicarnos, comprar, ahorrar— pasa por infraestructuras digitales que no controlamos, porque no accedemos a ellas como propietarios, sino como usuarios condicionados. Entramos en territorio ajeno.

Durante décadas hemos explicado esta realidad con el mismo relato, que trataba del capitalismo digital, de economía de plataformas o de innovación tecnológica. Pero estas palabras ya no describen lo que nos está pasando. El mercado, tal como lo hemos entendido hasta ahora, se está disolviendo, porque, de alguna manera, la competencia ha dejado paso a la dependencia. El precio, a la renta. La propiedad, al acceso temporal.

Algo se ha roto en el contrato implícito entre economía y libertad. Y quizá el problema no es que el capitalismo se haya vuelto más agresivo, sino que ha mutado en otra cosa. Un sistema en el que ya no compramos productos, sino que habitamos plataformas; en el que ya no somos clientes soberanos, sino usuarios tolerados; en el que el poder ya no se ejerce desde el mercado, sino desde la infraestructura.

La pregunta, pues, no es si la tecnología nos hace la vida más fácil. La pregunta es otra, mucho más incómoda: cuando todo funciona gracias a plataformas privadas, ¿quién manda realmente? Y, sobre todo, ¿qué somos nosotros dentro de este sistema?

No es capitalismo, es una mutación

Durante demasiado tiempo hemos intentado entender el presente con palabras del pasado. Hablamos de capitalismo digital, de neoliberalismo tecnológico, de mercados globales hiperconectados. Pero estos conceptos ya no explican el funcionamiento real del sistema. El capitalismo clásico —con todas sus desigualdades— se basaba en una idea fundamental, que era el mercado. Oferta, demanda, competencia, precios. Imperfecto, sí, pero reconocible.

Hoy ese marco se está desvaneciendo. Las grandes empresas tecnológicas no compiten en mercados abiertos, sino que controlan infraestructuras. No venden productos puntuales, sino acceso continuado. Por tanto, ya no dependen tanto del consumo como de una nueva dependencia. Porque el beneficio ya no proviene principalmente de producir mejor, sino de cobrar por el simple hecho de estar dentro.

El economista Yanis Varoufakis lo resume con una idea incómoda: el capitalismo ha dejado paso a un sistema basado en rentas privadas. Quien controla la infraestructura —la nube, la plataforma, el ecosistema digital— no necesita competir, porque solo tiene que asegurarse de que no puedas salir. Por tanto, estamos ante una evolución natural del mercado. O, mejor aún, una mutación en la que una nueva lógica empresarial se parece menos a la fábrica y más al peaje, menos al intercambio libre y más al cobro recurrente. En definitiva, menos al cliente soberano y más al usuario cautivo.

Del feudo a la plataforma

Dentro del sistema feudal, la tierra —mayoritariamente— no era propiedad del campesino, sino solo el lugar donde vivía y trabajaba. Principalmente, dependía de ella, además de estar obligado a pagar rentas y debía obedecer los delirios del señor. Y por su parte, el señor feudal no producía nada, solo controlaba el acceso a la tierra. Por tanto, el sistema estaba organizado en la medida en que quien quería sobrevivir tenía que pasar por las manos del señor. Por eso, hablar de libertad —lejos de la realidad proyectada por Hollywood— es totalmente irreal, dado que la posibilidad de estar al margen del sistema era casi imposible.

Hoy la tierra ya no es agrícola, sino digital, funcionando de manera sorprendentemente similar. Las plataformas digitales no son espacios neutrales, sino territorios privados. Entramos en ellas para trabajar, para comunicarnos, para vender, para informarnos o simplemente para existir socialmente. No somos propietarios, sino huéspedes, porque el acceso está condicionado por unas normas que pueden cambiar unilateralmente, sin negociación ni alternativa real.

Si el señor feudal ofrecía protección, ahora las plataformas nos ofrecen visibilidad. Si el vasallo pagaba una parte de la cosecha, ahora el usuario paga con datos, tiempo, comisiones o suscripciones. Si el campesino no podía abandonar la tierra sin perderlo todo, ahora el usuario tampoco puede salir del sistema sin quedar excluido. Por tanto, la única diferencia es la tecnología, pero la relación de poder, no.

Aun viviendo en una economía de libre mercado superavanzada, vivimos en una economía de acceso condicionado. De alguna manera, ciertos aspectos nos recuerdan vivir dentro de un feudalismo, sin castillos ni espadas, pero con algoritmos, contratos de adhesión y dependencia estructural. Un sistema en el que la libertad formal convive con una sumisión práctica cada vez más profunda.

Del esfuerzo al rastro: cómo se extrae el valor hoy

En el capitalismo industrial, el mecanismo era relativamente transparente. El valor se extraía del trabajo a través de tiempo, esfuerzo y producción. Podíamos discutir salarios injustos o condiciones abusivas, pero la fuente del beneficio era clara. Hoy, en cambio, el valor ya no se extrae principalmente de lo que hacemos, sino de lo que dejamos atrás.

Cada clic. Cada búsqueda. Cada desplazamiento o interacción digital genera un rastro. Un rastro que no se desvanece, sino que se acumula, se analiza y se monetiza. El gran recurso del siglo XXI no es el petróleo ni el trabajo cualificado. Son los datos. Y estos datos no se producen en una fábrica, sino en la vida cotidiana.

Lo más revelador es que este proceso no requiere consentimiento activo. No hace falta firmar ningún contrato laboral. Basta con existir dentro de la plataforma. El usuario trabaja sin saberlo, consume mientras produce y participa mientras es analizado. El tiempo libre se convierte en materia prima.

Esto explica una paradoja inquietante: cuanto más usamos estos servicios, más valor generamos… pero menos poder tenemos. El beneficio no se redistribuye, sino que se concentra. Y lo hace sin conflicto visible, porque no parece explotación clásica. No hay turnos, ni fábricas, ni huelgas, solo dependencia.

El resultado es un nuevo tipo de extractivismo, no territorial, sino más bien digital. Este no está basado en recursos naturales, sino en comportamientos humanos. Un sistema que no desgasta la tierra, pero sí la autonomía individual, convirtiendo al usuario en una combinación inquietante: cliente, producto y fuerza de trabajo invisible.

Cuando el mercado desaparece

Este modelo no solo cambia la manera en que se crea el valor. Cambia, sobre todo, la manera en que se organiza la economía. Porque cuando el valor proviene del control de la infraestructura, el mercado deja de ser necesario.

En teoría, el mercado funciona gracias a la competencia. Diversos actores ofrecen productos similares y el consumidor decide. En la práctica digital, esto ya no ocurre. Las grandes plataformas no compiten en igualdad de condiciones, ya que pueden comprar rivales, copiar funcionalidades o expulsarlos a través de normas internas. De este modo, no juegan al mercado, sino que lo sustituyen.

Los precios dejan de ser el resultado de oferta y demanda, convirtiéndose en variables opacas y definidas por algoritmos. Las condiciones cambian sin aviso. Las comisiones suben cuando la dependencia ya es total. Y el usuario no puede negociar, porque no tiene alternativas reales. Salir del sistema no es una decisión libre, sino más bien un salto al vacío. Perder visibilidad, contactos, clientes, datos acumulados. Como en el feudalismo, la existencia fuera del territorio dominante es formalmente posible, pero materialmente inviable.

Así, el capitalismo de mercado da paso a un sistema de rentas. Quien controla la plataforma cobra por el simple hecho de permitir el acceso. No hace falta innovar constantemente. Solo hay que mantener la dependencia. El progreso deja de ser una exigencia; la estabilidad del dominio, el objetivo. El poder económico, pues, ya no se disputa en el terreno de la producción, sino en el del control. Control de canales, de datos, de normas. Y cuando el control se consolida, la libertad económica se convierte en una ilusión funcional.

El Estado dentro del sistema: de contrapeso a gestor

Durante mucho tiempo hemos confiado en que el Estado actuaría como contrapeso natural ante los excesos del poder económico, con las tareas concretas de regular, arbitrar y garantizar derechos y deberes. Pero en el ecosistema digital esta función se ha ido diluyendo. No porque el Estado haya desaparecido, sino porque ha cambiado de rol.

Los gobiernos ya no controlan las infraestructuras clave de la economía digital; más bien las utilizan o las subcontratan, e incluso las imitan. De este modo encontramos administraciones públicas que dependen de nubes privadas o servicios esenciales que funcionan con tecnologías ajenas o datos ciudadanos alojados en sistemas que no responden a soberanía democrática directa.

En lugar de cuestionar el poder de las plataformas, el Estado a menudo se adapta a ellas. Legisla tarde, regula a remolque y, en algunos casos, consolida el modelo. La digitalización institucional —necesaria en muchos aspectos— corre el riesgo de reforzar la misma lógica que dice querer controlar: centralización, trazabilidad total, dependencia tecnológica.

El problema no es que el Estado utilice tecnología. El problema es quién controla la arquitectura. Porque cuando la infraestructura no es pública ni neutral, el poder político deja de ser soberano y se convierte en gestor de un sistema que no ha diseñado.

El dinero como herramienta de control

Ningún sistema de poder está completo sin controlar el dinero. Y en el nuevo orden digital, ese control ya no pasa solo por los bancos tradicionales, sino por los canales tecnológicos que permiten —o impiden— el acceso a la economía.

Pagos digitales, plataformas financieras, identidades electrónicas, dinero programable. Todo esto puede aportar eficiencia, pero también puede introducir una capa de condicionalidad sin precedentes. No solo qué puedes comprar, sino cuándo, cómo y bajo qué normas. En el sistema feudal, el señor tenía poder porque controlaba la tierra; en cambio, en el sistema actual, el poder real es controlar los flujos: de información, de dinero o de acceso. Y cuando esos flujos son digitales, el control puede ser total, instantáneo e invisible.

De este modo, la libertad económica no desaparece de golpe o se va restringiendo, con la excusa de la seguridad, la eficiencia o el progreso común. Hasta que un día descubrimos que salir del sistema ya no es una opción viable.

¿Ciudadanos o usuarios?

Todo ello tiene un impacto directo sobre la ciudadanía. No solo como consumidores, sino como sujetos políticos y económicos. En un entorno dominado por plataformas, la figura del ciudadano libre tiende a diluirse, emergiendo la figura del usuario, sin derechos políticos y con condiciones de uso. Este ya no negocia, solo acepta, porque ya no participa en la definición de las normas: las padece o las asume. Y cuando algo falla, no hay espacio para el conflicto democrático, solo un formulario de atención automática.

Esta transformación es sutil, pero profunda. Porque una sociedad de usuarios es más fácil de gestionar que una sociedad de ciudadanos, menos crítica y más dependiente. El nuevo vasallo digital ya no necesita ser reprimido, solo necesita conexión.

Sin soberanía, no hay libertad

La tecnología no es el enemigo, pero tampoco es neutral, porque todo depende de quién controla las reglas, las infraestructuras y los beneficios. El problema del tecnofeudalismo no es digitalizar la economía, sino hacerlo sin soberanía.

Cuando no controlamos las plataformas donde vivimos digitalmente, no somos libres. Cuando no controlamos los canales por los que circula el dinero, no somos independientes. Cuando el valor que generamos se extrae sin retorno ni decisión, no somos actores económicos, solo somos recursos, y recuperar soberanía no es volver atrás: es entender el sistema, reducir dependencias y tomar conciencia de que la libertad económica no es abstracta, porque esta se construye, se protege, pero también se puede perder. Los nuevos vasallos digitales no llevan cadenas visibles. Llevan contraseñas. Y quizá el primer paso para dejar de serlo es dejar de creer que todo esto es inevitable.

Recuperar el control: una decisión consciente

El tecnofeudalismo no se impone con violencia, sino que se instala con comodidad, con servicios gratuitos, con interfaces amigables, con la promesa de que todo será más fácil si renunciamos a una parte del control. El problema es que esa renuncia no es simbólica, sino más bien estructural, porque cuando delegamos el acceso a la información, al trabajo, al consumo y al dinero en infraestructuras que no controlamos, cedemos poder real. Y sin poder económico no hay libertad efectiva, sino solo dependencia gestionada.

La buena noticia es que este proceso no es inevitable, pero tampoco es automático. Recuperar soberanía —digital, económica y personal— exige conciencia, criterio y decisiones informadas. Entender cómo funciona el sistema es el primer paso para no quedar atrapado en él.

En 11Onze hace tiempo que se advierte de este riesgo. No desde el miedo, sino desde el conocimiento. Porque proteger el ahorro, diversificar con sentido, reducir intermediarios innecesarios y apostar por modelos más transparentes no es una cuestión ideológica: es una cuestión de autonomía.

En un mundo que tiende a convertir ciudadanos en usuarios y ahorradores en vasallos digitales, recuperar el control sobre el valor propio es un acto de responsabilidad, pero también de libertad. El futuro no pertenece a quienes se adaptan mejor al sistema, sino a quienes entienden cómo funciona y deciden no vivir siempre en tierras ajenas.

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