El reglamento sobre la identidad digital recientemente aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea da la luz verde a que los ciudadanos de la UE dispongan de un monedero virtual vinculado a su identidad. Permitirá guardar documentos oficiales digitalmente y hacer trámites con un alto grado de seguridad.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para la creación de un monedero de identidad digital que tendrá validez legal y operativa en cualquier país de la Unión Europea. Esta identificación electrónica tendría que posibilitar que los ciudadanos puedan hacer trámites en servicios en línea, públicos y privados, de una manera fiable y segura que garantice la protección de sus datos personales.

Se trata de aplicaciones que permitirán a los ciudadanos almacenar y gestionar sus datos de identidad y documentos oficiales en formato digital. Documentos como el DNI, un carnet de conducir, la firma electrónica o certificados de estudios podrán ser guardados de manera virtual en una aplicación en el móvil, para ser usados directamente y sin la necesidad de compartir datos con terceras partes.

De este modo se agilizarían muchos trámites burocráticos en nuestro país y cuando viajamos por otros estados miembros de la UE. Se facilitaría el proceso de registrarse como residente, abrir una cuenta bancaria, pedir un préstamo, una hipoteca o pagar desde un monedero digital. Además, supondría una alternativa al monopolio tecnológico que tienen las empresas de los Estados Unidos y de China, el dominio del cual preocupa a la Unión Europea y ha sido uno de los detonantes de esta iniciativa.

¿Para cuándo estará disponible?

Para el 2024, todos los estados miembros de la UE tendrán que poner un monedero de identidad digital a disposición de todos los ciudadanos que lo deseen. Una tarea que no será fácil si tenemos en cuenta que, actualmente, solo el 14% de los principales servicios públicos de todos los estados miembros de la UE permiten la autenticación transfronteriza con identificación electrónica.

En este contexto, los reguladores de la UE tienen la intención de convocar a 140 entidades públicas y privadas de 19 estados de la Unión Europea para resolver cuestiones técnicas, empresariales y normativas en torno a la provisión de una identidad digital.

Las pruebas piloto en 25 estados miembros de cuatro proyectos a gran escala se pusieron en marcha el 1 de abril de 2023, con el fin de explorar la practicidad de las carteras de identidad digital en escenarios de la vida real que alcanzan a diferentes sectores. El objetivo es que al menos el 80% de los ciudadanos de los estados miembros tengan acceso a una identidad digital inter-operable de aquí a 2030.

Protección de datos y derecho al anonimato

La implantación generalizada de un nuevo sistema de identificación digital de la ciudadanía puede plantear problemas de seguridad y de anonimato. ¿Quién tendrá acceso a nuestros datos? ¿Qué uso se podrá hacer de estos datos?

En una declaración conjunta a propósito del nuevo reglamento de la UE sobre la identidad digital, científicos e investigadores de 39 países avisan que “La propuesta actual amplía radicalmente la capacidad de los gobiernos para vigilar tanto a sus propios ciudadanos como a los residentes en toda la UE, al proporcionarles los medios técnicos para interceptar el tráfico web cifrado, además de socavar los mecanismos de supervisión existentes en los cuales confían los ciudadanos europeos.

Por otro lado, las autoridades europeas afirman que esta herramienta respetará plenamente la elección del usuario de compartir o no datos personales -certificado de manera independiente- y que ofrecerá una mejor protección contra usos indebidos, rastreo o interceptaciones. Añadiendo que “la ley revisada preserva las actuales normas y estándares de seguridad muy establecidos en el sector”.

Con la privacidad como una de las principales preocupaciones en torno a la introducción de un euro digital, la aprobación de un nuevo reglamento sobre la identidad digital de la ciudadanía que, potencialmente, puede facilitar todavía más el control y la vigilancia masiva de la población por parte de los gobiernos, un debate entre todas las partes implicadas no solo es necesario sino imprescindible.

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