El cambio climático viene acompañado de una subida de impuestos y de los derechos de emisión que pagan los grandes consumidores energéticos para emitir cada tonelada de dióxido de carbono. Un fenómeno que pone en evidencia el peligro que supone para la banca tradicional tener millones de euros invertidos en activos de hidrocarburos, que corren el riesgo de convertirse en activos varados, frente a políticas que fomentan una economía verde.

La ‘burbuja del carbono’ es una burbuja coyuntural basada en la valoración de las empresas que dependen en gran medida de combustibles fósiles como factores de producción, pero que también afecta las instituciones financieras que tienen inversiones masivas en activos fósiles, es decir, que usan estos activos como herramientas financieras para préstamos e inversiones vinculadas al sector de los hidrocarburos, principalmente petróleo y gas natural.

El concepto no es nuevo: el 2011 Michael Le Page ya hablaba en un artículo publicado en el ‘Newscientist’, donde el emprendedor y escritor británico Jeremy Leggett afirmaba que “hay un río suicida de capital que fluye hacia los combustibles fósiles”. Una hipotética burbuja que afectaría la estabilidad financiera de la banca tradicional, a causa de la sobrevaloración de los activos basados en combustibles fósiles ante un incremento de iniciativas gubernamentales para pasar a una tecnología más limpia en un futuro próximo.

Aun así, el término está ganando relevancia porque la tendencia no afloja, y como pasó con la crisis de las hipotecas ‘subprime’ del 2008, parece que la banca continúa jugando a la ruleta rusa, facilitada por una carencia de regulación, y quizás por la confianza en que la privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas es un ‘fait accompli’, en caso de quiebra, atendido el rescate bancario a cargo del contribuyente que acostumbra a acompañar los excesos del mundo financiero.

El BCE no lo ve claro y mueve ficha

En junio del 2021 se publicaba un informe, a cargo de investigadores y estudiantes del Instituto Rousseau, del Instituto Léonard de Vinci, del Reclaim Finance, de Friends of the Earth y de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, que daba a conocer el volumen de inversiones que los principales bancos europeos tienen en activos de combustibles fósiles. Concretamente, el informe afirmaba que esta banca tradicional ha acumulado 532.000 millones de euros en activos vinculados al carbón, al petróleo y al gas, un 95% de su capital total.

El peligro que esto representa para estos bancos tradicionales a la hora de soportar una repentina bajada de valor de estos activos es evidente, y así lo entendió el Banco Central Europeo (BCE), que anunció unos tests de supervisión bancaria durante el 2022, para asegurarse que las entidades financieras puedan soportar las crisis financieras y económicas.

Concretamente, el BCE lo hizo para evaluar la sostenibilidad de los modelos de negocio de las entidades financieras, contabilizando sus ingresos procedentes de exposiciones relevantes para el clima, como los préstamos a industrias que emiten grandes volúmenes de gases de efecto invernadero; y para calcular el grado de exposición de la banca tradicional a las industrias intensivas en carbono.

El BCE ha previsto penalizaciones para las entidades financieras que no diversifiquen su modelo de negocio y lo adapten a las políticas medioambientales promovidas por la Unión Europea, pero quizás también habría que cambiar la política monetaria y ser igualmente asertivos a la hora de avisar a la banca que ante otra quiebra de sus inversiones de riesgo, serán las entidades financieras, y no los contribuyentes, las que pagarán los platos rotos.

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