Un documento filtrado en la revista Wired muestra como España se posiciona en contra del cifrado de mensajes de extremo a extremo que usan plataformas de mensajería como WhatsApp, poniendo en riesgo la privacidad de millones de ciudadanos.

España es el país de la Unión Europea con la posición más radical en contra de la encriptación de mensajes de extremo a extremo en plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram. Así lo recoge el documento del Consejo de la Unión Europea filtrado en la revista Wired. “En nuestra opinión, el ideal sería impedir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE apliquen el cifrado de extremo a extremo”, afirmaban los representantes españoles en el texto filtrado a Wired.

El documento del Consejo de Europa recoge las opiniones de los países miembros en cuanto al borrador de una nueva ley que regularía la encriptación. Una de las opciones que se tienen que debatir es la posibilidad debilitar el cifrado de mensajes de extremo a extremo bajo la premisa que esto facilitaría la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y la difusión de pornografía infantil. “Las personas abusivas se esconden detrás del cifrado de extremo a extremo”, declaraba Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos interiores.

Según esta encuesta interna, algunos países como Holanda estarían a favor de escanear las conversaciones o los dispositivos móviles para detectar pornografía infantil, pero se muestran en contra de reducir significativamente la protección al consumidor proporcionada por el cifrado. Alemania, Estonia y Finlandia están totalmente en contra, avisando que sería una ley inconstitucional.

No es el caso de España que, según publica Wired, encabeza la posición más extrema, seguida de Chipre, Eslovenia, Lituania, Croacia y Hungría, pidiendo la prohibición de la encriptación de extremo a extremo, un escenario que ni siquiera contempla el reglamento de la UE y que permitiría a los gobiernos espiar los mensajes sin rendir cuentas.

Los catalanes en el punto de mira

Desde que estalló el Catalangate y el portal de investigación Citizen Lab publicara un listado de los 65 catalanes espiados ilegalmente por el Estado español con el software de Pegasus y Candiru, la comisión de investigación de la Eurocámara ha dado por hecho que, efectivamente, el Gobierno español estaba detrás de las escuchas ilegales.

Por lo tanto, no es de extrañar que, aprovechando esta propuesta de cambio de la legislación europea, España quiera legalizar el espionaje masivo a sus ciudadanos, una práctica que ya estaba aplicando anteriormente al margen de la ley. Se trata de un hecho que es especialmente preocupante teniendo en cuenta que está sobradamente demostrado que el Gobierno del Estado, sus fuerzas policiales y su sistema judicial están dispuestos a usar cualquier herramienta para reprimir la disidencia, especialmente cuando la misma tiene acento catalán.

Cómo denuncia la plataforma Octuvre, parece que se quiere imponer un Estado policial, y se está haciendo con el silencio de los medios y la colaboración o la complicidad de partidos políticos de todos colores, incluyendo formaciones políticas catalanas.

Una amenaza al derecho a la privacidad

La plataforma por los derechos digitales Xnet denuncia que esta propuesta de la legislación ataca la confidencialidad de comunicaciones de la Unión Europea y no hará nada más que imponer una vigilancia masiva con la excusa de prevenir el abuso de menores, pero que en realidad “no contiene medidas para prevenirlo”.

Además, afirma que: “La postura de España es la más extrema, avanzando por la derecha a Polonia y Hungría”. Una opinión también compartida por Iverna McGowan, secretaria general de la sucursal europea del Centro para la Democracia y la Tecnología, cuando explica a Wired que: “Acabar con la encriptación de extremo a extremo para todo el mundo no solo sería desproporcionado, sino que sería ineficaz para lograr el objetivo de proteger los niños”.

Queda por ver el texto final de este borrador una vez finalizadas las negociaciones, pero Alemania ya ha avisado que el proyecto de ley tiene que declarar explícitamente que no se usarán tecnologías que interrumpan, eludan o modifiquen la encriptación. Toda una declaración de intenciones que, afortunadamente, contradice la visión autoritaria que profesa el ejecutivo español.

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